Eusebio Martinez Ramirez
Expediente 847/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 847/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eusebio Martinez Ramirez
- EUSEBIO MARTINEZ RAMIREZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA I-D "...VISTO EL ESTADO DE AUTOS Y CERTIFICACIÓN DE CUENTA; SE ADVIERTE QUE, EN LA ESPECIE, EN ACUERDO DE DIECIOCHO DE JUNIO PASADO, SE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA POR EUSEBIO MARTÍNEZ RAMÍREZ; COMO ESA DETERMINACIÓN NO FUE RECURRIDA POR LA PARTE LEGITIMADA PARA HACERLO, A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA Y DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO; CON FUNDAMENTO EN EL NORMATIVO 356 FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE POR REENVÍO DEL NUMERAL 2° DE LA LEY CITADA, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO. POR TANTO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, EL CUAL SE ESTIMA CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, POR LO QUE TRANSCURRIDOS MÁS DE SEIS MESES, CONTADOS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, PROCÉDASE A SU DESTRUCCIÓN, ELLO CONFORME AL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO. HÁGASE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Y EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO..."
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por EUSEBIO MARTÍNEZ RAMÍREZ, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario del Distrito 22, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, presentada el diecisiete de este propio mes de junio, tanto en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, como en este Juzgado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 847/2015 que le corresponde. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, no se analizará la litis constitucional, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo que rige este acuerdo (publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación) en su artículo 107 fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación. Lo anterior es trascendente en la medida que bajo la vigencia de la Ley de Amparo anterior (publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación), los actos de imposible reparación comprendían además de afectación a derechos sustantivos, también los actos procesales o formales cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". Lo anterior, conforme al contenido de las tesis siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo"( Tesis P. LVII/2004, página 9, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época). "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio". (Tesis P. LVIII/2004, página 10, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época) Ahora, los antecedentes que se advierten de las constancias de autos, así como de lo narrado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, son los siguientes: 1. El quejoso demandó ante el Tribunal Unitario Agrario, del distrito 22 de Tuxtepec, Oaxaca, en la vía de controversia agraria a DEMETRIO MARTÍNEZ RAMÍREZ, y LUCIA BAUTISTA GARCÍA; al efecto se inició el expediente agrario número 93/2014. 2. Mediante acuerdo de diez de abril del presente año, dicho Tribunal concluyó el periodo de desahogo de pruebas admitidas y otorgó el término de tres días a las partes para que expresaran alegatos y el diecisiete siguiente turnó el expediente para dictar sentencia. 3. A pesar de lo anterior, el trece de mayo pasado, el Tribunal admitió una documental privada consistente en una constancia expedida los integrantes del Órgano Ejidal del Ejido de San Lucas Arroyo Palomo perteneciente al Municipio de San Juan Bautista, Valle Nacional, Oaxaca, exhibida por la demandada LUCIA BAUTISTA GARCÍA, cuando ya había concluido el término probatorio. 4. La admisión de dicha probanza es el acto reclamado en este juicio. Por tanto, se advierte que la determinación reclamada en este juicio de amparo, no es de imposible reparación, ya que no se trata de violaciones directas a la Constitución, sino al procedimiento, ya que el promovente señala que también se transgrede el normativo 186 de la Ley Agraria. En su caso, existe la posibilidad que obtenga sentencia favorable, pero de no ser así, estará en aptitud de controvertir dicho acto a través del juicio de amparo directo, como una violación procesal, en términos de los artículos 170 fracción I, 171 y 172 fracción VII de la Ley de Amparo . Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA, DE PLANO, la demanda de garantías. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala los estrados de este juzgado, para oír y recibir notificaciones; el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se le practicarán por lista de acuerdos; se tiene por autorizadas para el mismo efecto, a las personas que menciona. De conformidad con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo." MESA I-D
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