Eusebio Manuel Martínez y Otros.

Expediente 1185/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1185/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
25/07/2016

Partes del expediente

  • Eusebio Manuel Martínez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil dieciséis. Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de seis de julio de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ...; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de julio de dos mil dieciséis. Con la demanda de amparo promovida por Eusebio Manuel Martínez, contra actos del Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y otras autoridades, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1185/2016. Ahora bien, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. En primer término, se estima que este juicio de amparo es notoriamente improcedente y, en consecuencia, debe desecharse, con base en lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6° y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se procede a analizar el libelo constitucional del que se conoce que en la especie la parte quejosa señaló como autoridades responsables las siguientes: No. AUTORIDADES RESPONSABLES LAS PRIMERAS TRES COMO ORDENADORAS Y LAS RESTANTES COMO EJECUTORAS. 1 TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y CUYA REPRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA ES LA DELEGACIÓN DE LA SEP EN EL ESTADO. 2 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. 3 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA. 4 TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA. 5 TITULAR DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA. De quienes reclamó: ACTO O ACTOS RECLAMADOS: - - - A) De las autoridades señaladas como ordenadoras: La ilegal orden de retención de mi salario devengado de la quincena del primero de junio al quince de junio del 2016. - - - B) De la autoridad señalada como C. ejecutora: la retención de mi salario pues no me fue depositado el monto de lo devengado en mi cuenta de nómina como se hace habitualmente correspondiente a la quincena del primero al quince de junio del 2016. Ahora, como antecedentes de los actos reclamados, esencialmente la parte quejosa precisa: a) que es Profesor de educación del nivel de telesecundaria desde el año dos mil uno, dependiente del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por lo que en su libelo anexa copia certificada de su hoja de filiación MAMX-7501224D2; b) que habitualmente recibe el pago de su quincena desde hace algunos meses por vía de nómina en el Banco Santander con número de cuenta 56-68668943-7; sin embargo del estado de cuenta impreso, mismo que anexa a su demanda de amparo, no aparece el cargo como depósito de nómina, es decir el monto de su salario devengado en el periodo comprendido del primero al quince de junio de dos mil dieciséis; y, c) que para conocer los detalles del estado de sus salarios, consultó la página electrónica del FONE que es el Sistema de Administración de la Nómina Educativa, que maneja la propia Secretaría de Educación Pública, como registro de personal, y en el mismo aparece su comprobante de pago correspondiente a la quincena del primero al quince de junio del presente año, pero el pago de nómina no le fue depositado. Ahora, resulta conveniente precisar el análisis conjunto e integral de la demanda, correlacionado con la experiencia que este juzgador adquiere con el conocimiento de las distintas demandas de amparo que se presentan en este órgano jurisdiccional, y la inmersión del suscrito en la sociedad Oaxaqueña, permite advertir que el acto efectivamente reclamado por la parte quejosa es: "La retención en el pago correspondiente del salario del quejoso relativo a la quincena comprendida del uno al quince de junio de dos mil dieciséis". Sentado lo anterior, este Juzgador estima que contra el precisado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que el acto reclamado no puede considerarse acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparable a él. De los preceptos normativos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la especie, se estima que el acto esencialmente reclamado consistente en la retención de los salarios de la quejosa, tiene naturaleza laboral y subyace dentro de la relación jurídica derivada de la relación de trabajo existente entre el peticionario del amparo como empleado y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca como patrón equiparado, en donde no obstante la subordinación lógica y legal del empleado al empleador (Ley Federal del Trabajo. Artículo 8°. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado) y la calidad de ente público del segundo, los actos suscitados dentro de tal relación no pueden considerarse como de autoridad, ya que la norma no faculta a los patrones para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica de sus trabajadores, sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. Ello, pues en términos del artículo 123, apartado A, fracción XX, y Apartado B, fracción XII, Constitucional, las diferencias o los conflictos entre los patrones (particulares y públicos) y los trabajadores, se sujetarán a la decisión de los Tribunales laborales competentes, los cuales se integran por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno. En la especie, para sostener lo inicialmente afirmado, es conveniente señalar que de constancias de autos, a las que se les confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: El quejoso se desempeña como trabajador del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en donde eventualmente percibe un salario de manera quincenal, y para ello exhibe su clave presupuestal de cobro 11078779E2781300203502. Que habitualmente recibe el pago de su quincena desde hace algunos meses por vía de nómina en el Banco Santander con número de cuenta 56-68668943-7. El pago de la quincena del uno al quince de junio de dos mil dieciséis, no le fue realizado, y Para conocer los detalles del estado de sus salarios, consultó la página electrónica del FONE que es el Sistema de Administración de la Nómina Educativa, que maneja la propia Secretaría de Educación Pública, como registro personal, y en el mismo aparece su comprobante de pago correspondiente al quincena del primero al quince de junio del presente año, pero el pago de nómina no le fue depositado. De lo narrado se pone de manifiesto que el acto reclamado no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que tiene su origen en la relación laboral que el promovente sostiene con las responsables en su carácter de patrón equiparado (Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca); por lo que las controversias suscitadas entre ellos deben decidirse ante la vía ordinaria ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente y no directamente en la vía constitucional mediante el juicio de amparo. Ello, máxime que la materia del acto reclamado en su caso se instituye como la violación a un derecho laboral a cargo del patrón, específicamente el derecho al salario, protegido por la Constitución en su artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo. De ahí que si el impetrante estima que su patrón le viola su derecho al salario en virtud de que no le ha sido pagado, no obstante la protección constitucional a tal contraprestación por su trabajo personal subordinado, tal conflicto debe ventilarse ante la potestad jurisdiccional ordinaria mediante el juicio laboral correspondiente y no mediante el juicio de amparo, por así disponerlo expresamente el artículo 123, apartado A, fracción XX, y apartado B, fracción XII, de la Carta Magna. Esto es, no basta que el quejoso alegue una violación constitucional o a un derecho humano para hacer procedente el juicio de ampro, sino que es requisito que ese acto se reclame a una autoridad o a un particular que realice actos equiparables, lo que en el caso no acontece, ya que los patrones al efectuar determinaciones en relación a sus empleados no obstante que violen sus derechos humanos, no puede dárseles el carácter de autoridad o ente equiparado a una. Se invoca en apoyo, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Supernumerario en materia del Trabajo del Primer Circuito, visible a página 329, materia laboral, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis, siguiente: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. [Época: Décima Época, Registro: 2007580, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.III.L. J/5 L (10a)., Página: 1224] Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo; y por autorizados para tales efectos con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa y ser el presente asunto de naturaleza laboral. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el Secretario Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.

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