Eusebio González Mendoza
Expediente 681/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 36 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 681/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 25/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eusebio González Mendoza
- Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Sanatiago Juzxtlahuaca, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin haberse interpuesto el recurso de inconformidad contra el proveído de quince de marzo del año en curso, que declaró cumplida la sentencia de amparo. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que en la sentencia se concedió el amparo y protección de la justicia federal, y por otra se sobreseyó el presente juicio; de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en artículo 18, fracción I, inciso b) del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Asimismo, en el presente sumario constitucional en acuerdo inicial se concedió la suspensión de plano; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese mediante lista de acuerdos y por oficio a las autoridades.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vistas las certificaciones de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana el presente incidente, con esta fecha se ordenó su archivo como definitivo; asimismo, que por auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, se concedió y negó la suspensión provisional y mediante interlocutorias pronunciadas el ocho de julio y dieciséis de julio ambos de dos mil veintiuno, se negó la definitiva solicitada. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en este asunto se concedió y negó la suspensión provisional, y se negó la definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que el original de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese mediante lista de acuerdos.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil veintitrés. V I S T O el estado de los autos, este juzgado debe resolver si se ha acatado el fallo protector; con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, 213 y 214 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, por lo que ningún juicio de derechos fundamentales puede archivarse sin que se haya cumplido el fallo protector o sin que se determine que no existe materia para su ejecución. Por tanto, enseguida se dilucidará si la sentencia protectora está puntualmente cumplida, cuestión que requiere esclarecer si los deberes impuestos en la ejecutoria están satisfechos sin excesos ni defectos, como lo exige el artículo 196, párrafo tercero, de la ley de la materia. El treinta de diciembre de dos mil veintiuno se dictó la sentencia en el presente asunto, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección al quejoso; la cual, causó ejecutoria por acuerdo de veintitrés de febrero del año pasado. Obligaciones derivadas de la sentencia de amparo. Conforme al análisis de los efectos del amparo precisados en el último apartado de la sentencia, así como las consideraciones y lineamientos que justifican, precisan y determinan el alcance y sentido de esos efectos, se advierte que el fallo protector obliga a las autoridades responsables Síndico Municipal Constitucional propietario y suplente, así como la Regidora de equidad y género del Ayuntamiento Constitucional de San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca, a realizar lo siguiente: " 1.- Dejen insubsistente el acta convenio de ocho de diciembre de dos mil veinte, en el que se fijó al quejoso la cantidad de doscientos mil pesos, por concepto de pensión alimenticia. 2.- Dicten una nueva determinación en la que deje a salvo los derechos de las partes intervinientes para hacerlos valer ante la autoridad judicial legalmente competente, mediante el procedimiento establecido en la leyes que regulan el pago de alimentos." Conductas realizadas por las autoridades responsables en cumplimiento a la sentencia de amparo. Para acreditar el cumplimiento del fallo protector, las autoridades responsables, remitieron el escrito registrado bajo el número 2113, al que anexaron diversas constancias para acreditar las gestiones realizadas en cumplimiento al fallo protector, en las que se advierte lo siguiente: a) Mediante acta de veintiséis de febrero del año en curso, las autoridades responsables Síndico Municipal Constitucional propietario y suplente, así como la Regidora de equidad y género del Ayuntamiento Constitucional de San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca, dejaron insubsistente el acta de convenio de ocho de diciembre de dos mi veinte; y asimismo dictaron otra determinación, en la que dejaron a salvo los derechos de las partes intervenientes para hacerlos valer ante la autoridad judicial legalmente competente. Por lo que, de las actuaciones enunciadas se advierte que las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de mérito, pues en acato a la misma dejaron insubsistente el acta convenio de ocho de diciembre de dos mil veinte, -en el que se fijó al quejoso la cantidad de doscientos mil pesos, por concepto de pensión alimenticia-; y en su lugar dictaron una nueva determinación, en la que dejaron a salvo los derechos de las partes intervenientes a fin de que se hagan valer ante la autoridad judicial competente, mediante el procedimiento establecido en las leyes que regulan el pago de alimentos. Conclusión. Al comparar los efectos del amparo, con las actuaciones realizadas por las autoridades responsables, se determina que acataron los puntos de la sentencia de amparo. En este contexto, se consideran puntualmente cumplidos los efectos del fallo protector, pues las autoridades responsables dejaron sin efectos el acta convenio de ocho de diciembre de dos mil veinte -en el que se fijó al quejoso la cantidad de doscientos mil pesos, por concepto de pensión alimenticia-. Además, emitieron otra determinación en la que dejaron a salvo los derechos de las partes intervenientes para hacerlos valer ante la autoridad judicial legalmente competente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara puntualmente cumplida la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. Por otra parte, se precisa que la fecha del cumplimiento por parte de la autoridad responsable es el veintiséis de febrero del año en curso, lo que se hizo del conocimiento de este órgano judicial de amparo el veintiocho de febrero del presente año -fecha en que se recibió el oficio por el cual las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo-; lo anterior, con el objeto de registrar dicha información en los libros de gobierno y SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y mediante lista de acuerdos.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Quedan 32 actuaciones en este expediente
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