Eusebio Atanacio Gómez Valdés
Expediente 115/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 115/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Eusebio Atanacio Gómez Valdés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
V. Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado ******************** contra la sentencia firmada el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito: 1. El expediente físico del juicio de amparo 115/2022. 2. El original del escrito de revisión y de expresión de agravios. 3. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. 4. Un legajo de copias certificadas de la carpeta de investigación ******************** Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Hágase del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el citado Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Fórmese el cuaderno de antecedentes, a fin de que se siga actuando en el mismo. En otro orden, agréguese a los presentes autos el escrito signado electrónicamente por la actuaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante el cual comunica que se concedió el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 2559/2022 del índice de dicho órgano jurisdiccional. En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, a fin que proceda a efectuar vinculación pertinente el expediente electrónico en comento. NOTIFÍQUESE. [...]
- Principal
V. Mérida, Yucatán, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado ********************, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, al cual adjunta su diverso escrito de expresión de agravios. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a las partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase el original del presente expediente, el referido escrito de expresión de agravios, la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación y un legajo de copias certificadas remitidos durante la tramitación del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. En relación a lo anterior, y vista la certificación secretarial que a antecede, de la que se advierte que el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós se tuvo por recibido el expediente de amparo 2559/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán y este Juzgado Federal se avocó a su conocimiento. Ello, en cumplimiento al punto de acuerdo 219/2022 relativo a la Medida de equilibro de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán. Ya que se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para dictar sentencia y continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En consecuencia, mediante atento oficio que para tal efecto se gire, solicítese al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, a efecto de que de no existir inconveniente alguno autorice el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 2559/2022, de su índice, a fin de que este Juzgado de Distrito y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, se encuentren en aptitud de tener la visualización de todas las actuaciones y constancias electrónicas del citado juicio de amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. [...]
- Principal
Se notifica por lista de estrados a la parte tercera interesada ****, el acuerdo de 29 de marzo de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: V. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 115/2022-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra el acto reclamado al Fiscal Investigador asignado a la Agencia Treinta y Dos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en ********************, y de otra autoridad. PRIMERO. Demanda de amparo El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto reclamado al Fiscal Investigador de la Agencia Treinta y Dos del Ministerio Público consistente en el cierre de registro y de partida del predio número ******************** de la calle ******************** de la colonia ******************** de ********************, ordenado en la carpeta de investigación ********************, y su ejecución, que atribuye a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. En auto de veinti******************** de octubre de dos mil veintidós, se registró con el número de expediente 2559/2022-VI-B, y se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien no presentó pedimento; y a ********************, tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables. Finalmente, el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con la eventual cumplimentación y archivo definitivo. Así, mediante acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del juicio de amparo remitido por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, registrándolo con el número de expediente 115/2022-V, y se turnó para el dictado de la sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracciones I, inciso f), y II de la Ley de Amparo; 4******************** y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: [...] TERCERO. Certeza de los actos reclamados El Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Dos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado y la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con la fotocopia certificada de la carpeta de investigación de origen y las constancias remitidas por la autoridad registral; documentales que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuentan con valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. CUARTO. Causas de improcedencia y oportunidad para presentar la demanda La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En el caso del juicio de amparo, en términos del artículo 62 de la ley de la materia, su estudio es de orden público y, por ende, se hace obligatorio aun de oficio, en cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, la autoridad responsable Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Dos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, en su informe justificado señaló que se actualiza la causal de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XIV en relación con el 17, ambos de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa presentó su demanda fuera del plazo de quince días que establece de la Ley de la materia, ya que el acto reclamado surtió sus efectos al momento en el que el Registro Público de la Propiedad realizó el cierre de registro de la conscripción vigente de propiedad, esto es el veintiséis de julio de dos mil dieci********************, y que desde esa fecha el quejoso debió promover su demanda de amparo, por lo que la presentación de la demanda de amparo es extemporánea. Este resolutor desestima la causa de improcedencia invocada, pues la autoridad responsable parte de la base que para el plazo para la presentación de la demanda de amparo, deberá computarse a partir de que surte efectos el acto reclamado, esto es, a partir de que se publicó en el Registro Público el cierre de registro de inscripción reclamado, pues en su opinión a partir de esa fecha el quejoso estuvo en aptitud de tener acceso a la información registral en el Sistema Manual de Información; lo cual se estima incorrecto. En efecto, para el cómputo de los plazos para la presentación de la demanda debe estarse a lo que disponen los artículos 17 y 1******************** de la Ley de Amparo, los cuales establecen los plazos para ejercer la acción de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, y (3) el inconforme se haya ostentado sabedor de los actos. Como se ve, entre los supuestos relativos a la forma en que se computarán los plazos para promover la demanda, se alude a cuando surte efectos la notificación del acto reclamado, y no cuando surte efectos el acto de autoridad, como incorrectamente señala el fiscal investigador responsable. Establecido lo anterior, el acto reclamado en este juicio de amparo, es el acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieci********************, dictado en la carpeta de investigación ********************, en el que se decretó el cierre de registro de un predio, por lo que el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el caso, para el cómputo del aludido plazo debe considerarse la tercera hipótesis que establece el artículo 1******************** de la Ley de Amparo, esto es, a partir de que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado, lo cual ocurrió el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, sin prueba en contrario, habida cuenta que de las constancias que conforman este juicio, concretamente de las remitidas por las responsables, no se advierte constancia alguna relativa a la notificación del acto reclamado a la parte quejosa ni alguna otra que evidencie que haya tenido conocimiento del acto que impugna en esta instancia constitucional. En ese sentido, el plazo para presentar la demanda de amparo trascurrió del veinticinco de octubre al diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 19 de la Ley de Amparo, deben descontarse los sábados y domingos, y los días del treinta y uno de octubre al dos de noviembre pasado, al ser días inhábiles. En el caso particular, la demanda de amparo se presentó el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, por lo que la acción de amparo se ejerció dentro del plazo legal. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el presente asunto no se actualiza la causal de improcedencia señalada, ni se advierte oficiosamente alguna otra que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado Para entender la problemática planteada en el presente asunto, es necesario conocer el origen del acto reclamado, el cual se obtiene de las constancias del expediente natural, de las cuales se advierten los hechos relevantes siguientes: Carpeta de investigación. El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se dio inicio a la carpeta de investigación ********************, con motivo de la querella formulada por ********************, en la que manifestó que respecto de su predio número ******************** de la calle ******************** de la colonia ******************** de ********************, se realizó una escritura de compraventa en fecha doce de agosto de dos mil quince, entre ******************** y el querellante, que fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad, operación que desconoce al no haber realizado ni participado en dicha venta; y de aquel acto jurídico, derivaron tres compraventas posteriores, en fechas treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, celebrada entre ******************** y ********************y ********************; en fecha trece de julio de dos mil diecisiete, realizada entre éstos últimos y ********************; y en fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, celebrada entre ******************** y ********************. Cierre de registro de predio. Por escrito de nueve de mayo de dos mil dieci********************, la asesora jurídica del querellante, solicitó como providencia precautoria, el cierre de partida o registro del predio objeto de la carpeta de investigación, a efecto de que no se siga causando un perjuicio al patrimonio de la víctima. » Ante ello, por acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieci********************, la autoridad ministerial decretó el cierre de partida del predio número ******************** de la calle ******************** de la colonia ******************** de ********************, al restar relacionado con los hechos investigados; asimismo, ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad a fin de que realice la anotación marginal respectiva. Anotación registral. Por oficio de treinta y uno de agosto de dos mil dieci********************, la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, informó a la autoridad investigadora que el veintiséis de julio de dos mil dieci******************** quedó cerrado el registro de la inscripción vigente de propiedad del predio ******************** de la calle ******************** de la colonia ******************** de ********************. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SEXTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado El análisis se realizará a luz de los conceptos de violación expuestos en la demanda, por lo cual es innecesaria su trascripción; simultáneamente, en caso de existir alguna violación que no se haya hecho valer en esos conceptos, pero se haya actualizado, será abordada en suplencia de la queja deficiente, como lo prevé el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El quejoso alega que el acto reclamado vulnera sus derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo considera, ya que el fiscal responsable decretó el cierre de registro de un predio que refiere es de su propiedad al ser un tercero adquirente de buena fe, sin que dicho acto se encuentre debidamente fundado ni motivado. Aunado, señala que la autoridad responsable ministerial debió someter su petición a control judicial para obtener la autorización de un juez de control acorde al Código Nacional de Procedimientos Penales, pues constituye una afectación al derecho de propiedad y posesión. Atendiendo a la causa de pedir, es fundado lo alegado por el quejoso. En efecto, el artículo 16, primer párrafo, de la Norma Suprema, reconoce los derechos de seguridad y legalidad, a efecto de salvaguardar los bienes jurídicos del gobernado, frente al acto de autoridad. Establece que todo acto de autoridad debe precisar los siguientes requisitos: 1. Que el acto de autoridad se exprese por escrito; 2. Que provenga de autoridad competente; y, 3. Que se funde y motive la causa legal de su determinación. Respecto a la fundamentación y motivación, consiste en que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, el fundamento legal y las razones que los motivan; es decir, todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera de derechos del gobernado debe estar apoyado en las disposiciones legales aplicables, y expresar las razones que así lo justifiquen. Ahora, para cumplir con el derecho de seguridad jurídica previstos en el citado precepto constitucional, el acto de molestia debe contener, además, todos los requisitos establecidos por las leyes aplicables y sus reglamentos para su emisión, pues solo de ese modo el acto autoritario será válido y dará certeza jurídica al gobernado que resiente en su esfera jurídica tal afectación, respecto de la competencia de la autoridad emisora, el objeto o fin del acto, circunstancias de modo, tiempo y lugar y en su caso, el motivo de la imposición de sanciones administrativas. Además, debe diferenciarse la transgresión al artículo 16 Constitucional pues puede darse en diversas formas, producto de la falta de fundamentación y motivación; la indebida o incorrecta fundamentación y motivación. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando en el acto de autoridad, se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, se habla de indebida fundamentación y motivación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa. Se habla de incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación, significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. Al respecto, es aplicable por analogía, la jurisprudencia I.6o.C. J/52, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste." Establecido el contenido de los derechos fundamentales que se alegan vulnerados, del análisis del acuerdo reclamado se advierte que éste carece de fundamento legal. En efecto, el cierre del registro en relación con el predio número ******************** de la calle ******************** de la colonia ******************** de ********************, que ordenó el Fiscal Investigador de la Agencia Treinta y Dos del Ministerio Público del Fuero Común responsable, carece de motivación y fundamentación, pues aun cuando de conformidad al artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está facultado para conducir la investigación y ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión; sin embargo, en el acuerdo que pronunció para ordenar aquella medida, omitió exponer las razones por las que consideró que era menester impedir el registro del tablaje en cuestión. Se sostiene lo anterior, ya que se limitó a exponer que: "es de Acceder a su petición realizada por la promovente, por lo que gírese oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Estado de Yucatán, a fin de que se sirva realizar el cierre de partida correspondiente al predio marcado con el número 270 ******************** de la calle ******************** ******************** de la Colonia ******************** de la Ciudad de ********************, toda vez que esto se encuentra directamente relacionado con los hechos que se investigan en la carpeta de investigación marcada ********************". Asimismo, omitió citar el fundamento legal que le permitiera adoptar una medida de ese rango, pues aun cuando en el propio acuerdo citó diversos dispositivos constitucionales y legales, sin embargo, ninguno de ellos le otorgan la facultad que se atribuyó: "Fundamento legal en los numerales 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 127, 129 párrafo III, 130, 131, 212, 215, 216 todos del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor." En ese sentido, no basta mencionar dogmáticamente que un predio pudiera ser objeto de la comisión de un delito para ordenar la aplicación y ejecución de medidas de protección, sino que es menester expresar cuál es la necesidad de la providencia, así como las razones particulares, causas inmediatas o circunstancias especiales que justifiquen su imposición, citando, además, el dispositivo legal que permita adoptar esa postura, ya que los preceptos constitucionales y legales mencionados en el acuerdo ministerial que se analiza, no prevén dicha posibilidad. Ello se explica, porque el precepto 21 de la Constitución Federal prevé las facultades del Ministerio Público para investigar delitos, en tanto que los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales regulan el objeto del código (artículo 2), la competencia genérica del Ministerio Público para conducir la investigación y su obligación de proceder objetiva y oportunamente a investigar ante la noticia criminosa (artículos 127, 129, párrafo tercero, 212 y 216), la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad (artículo 130), así como la obligación de las personas o servidores públicos de suministrar información al Ministerio público con motivo de la investigación de un hecho delictivo concreto (artículo 215). Sin que obste en contrario, la circunstancia atinente a que también se haya invocado el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el mismo relaciona de manera enunciativa las obligaciones del Ministerio Público en el proceso penal acusatorio, pero no lo faculta expresa y directamente a dictar una medida como la que se reclama en la especie. En esas consideraciones, el acuerdo ministerial reclamado infringe el derecho fundamental de legalidad que en favor del aquí quejoso protege el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, ante lo fundado de los conceptos de violación, debe concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, contra el acto reclamado al Fiscal Investigador asignado a la Agencia Treinta y Dos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en ********************, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. Concesión que se hace extensiva, por razones de accesoriedad, respecto del acto atribuido a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, (autoridad responsable ejecutora), al ser consecuencia del mandato ministerial que se estimó ilegal. Similar criterio sostuvo, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el amparo en revisión 215/201********************, al resolver un asunto análogo. SÉPTIMO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese contexto, la protección de la Justicia Federal solicitada es para los efectos siguientes: La autoridad ministerial responsable deje insubsistente el acuerdo que emitió el veinticuatro de julio de dos mil dieci********************, en la carpeta de investigación ********************, y notifique de inmediato a la autoridad ejecutora; sin menoscabo de que, en el ejercicio de sus atribuciones ministeriales, proceda conforme a derecho. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 76 y 77de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra el acto reclamado al Fiscal Investigador asignado a la Agencia Treinta y Dos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en ********************, consistente en el acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieci********************, dictado en la carpeta de investigación ********************, que decretó el cierre de registro de un predio, así como su ejecución que atribuye a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos indicados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. [...]
- Principal
V. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 115/2022-V del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra el acto reclamado al Fiscal Investigador asignado a la Agencia Treinta y Dos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en ********************, y de otra autoridad. PRIMERO. Demanda de amparo El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto reclamado al Fiscal Investigador de la Agencia Treinta y Dos del Ministerio Público consistente en el cierre de registro y de partida del predio número ******************** de la calle ******************** de la colonia ******************** de ********************, ordenado en la carpeta de investigación ********************, y su ejecución, que atribuye a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. En auto de veinti******************** de octubre de dos mil veintidós, se registró con el número de expediente 2559/2022-VI-B, y se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien no presentó pedimento; y a ********************, tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables. Finalmente, el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con la eventual cumplimentación y archivo definitivo. Así, mediante acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del juicio de amparo remitido por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, registrándolo con el número de expediente 115/2022-V, y se turnó para el dictado de la sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracciones I, inciso f), y II de la Ley de Amparo; 4******************** y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: [...] TERCERO. Certeza de los actos reclamados El Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Dos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado y la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con la fotocopia certificada de la carpeta de investigación de origen y las constancias remitidas por la autoridad registral; documentales que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuentan con valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. CUARTO. Causas de improcedencia y oportunidad para presentar la demanda La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En el caso del juicio de amparo, en términos del artículo 62 de la ley de la materia, su estudio es de orden público y, por ende, se hace obligatorio aun de oficio, en cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, la autoridad responsable Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Dos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, en su informe justificado señaló que se actualiza la causal de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XIV en relación con el 17, ambos de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa presentó su demanda fuera del plazo de quince días que establece de la Ley de la materia, ya que el acto reclamado surtió sus efectos al momento en el que el Registro Público de la Propiedad realizó el cierre de registro de la conscripción vigente de propiedad, esto es el veintiséis de julio de dos mil dieci********************, y que desde esa fecha el quejoso debió promover su demanda de amparo, por lo que la presentación de la demanda de amparo es extemporánea. Este resolutor desestima la causa de improcedencia invocada, pues la autoridad responsable parte de la base que para el plazo para la presentación de la demanda de amparo, deberá computarse a partir de que surte efectos el acto reclamado, esto es, a partir de que se publicó en el Registro Público el cierre de registro de inscripción reclamado, pues en su opinión a partir de esa fecha el quejoso estuvo en aptitud de tener acceso a la información registral en el Sistema Manual de Información; lo cual se estima incorrecto. En efecto, para el cómputo de los plazos para la presentación de la demanda debe estarse a lo que disponen los artículos 17 y 1******************** de la Ley de Amparo, los cuales establecen los plazos para ejercer la acción de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, y (3) el inconforme se haya ostentado sabedor de los actos. Como se ve, entre los supuestos relativos a la forma en que se computarán los plazos para promover la demanda, se alude a cuando surte efectos la notificación del acto reclamado, y no cuando surte efectos el acto de autoridad, como incorrectamente señala el fiscal investigador responsable. Establecido lo anterior, el acto reclamado en este juicio de amparo, es el acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieci********************, dictado en la carpeta de investigación ********************, en el que se decretó el cierre de registro de un predio, por lo que el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el caso, para el cómputo del aludido plazo debe considerarse la tercera hipótesis que establece el artículo 1******************** de la Ley de Amparo, esto es, a partir de que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto reclamado, lo cual ocurrió el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, sin prueba en contrario, habida cuenta que de las constancias que conforman este juicio, concretamente de las remitidas por las responsables, no se advierte constancia alguna relativa a la notificación del acto reclamado a la parte quejosa ni alguna otra que evidencie que haya tenido conocimiento del acto que impugna en esta instancia constitucional. En ese sentido, el plazo para presentar la demanda de amparo trascurrió del veinticinco de octubre al diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 19 de la Ley de Amparo, deben descontarse los sábados y domingos, y los días del treinta y uno de octubre al dos de noviembre pasado, al ser días inhábiles. En el caso particular, la demanda de amparo se presentó el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, por lo que la acción de amparo se ejerció dentro del plazo legal. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el presente asunto no se actualiza la causal de improcedencia señalada, ni se advierte oficiosamente alguna otra que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado Para entender la problemática planteada en el presente asunto, es necesario conocer el origen del acto reclamado, el cual se obtiene de las constancias del expediente natural, de las cuales se advierten los hechos relevantes siguientes: Carpeta de investigación. El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se dio inicio a la carpeta de investigación ********************, con motivo de la querella formulada por ********************, en la que manifestó que respecto de su predio número ******************** de la calle ******************** de la colonia ******************** de ********************, se realizó una escritura de compraventa en fecha doce de agosto de dos mil quince, entre ******************** y el querellante, que fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad, operación que desconoce al no haber realizado ni participado en dicha venta; y de aquel acto jurídico, derivaron tres compraventas posteriores, en fechas treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, celebrada entre ******************** y ********************y ********************; en fecha trece de julio de dos mil diecisiete, realizada entre éstos últimos y ********************; y en fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, celebrada entre ******************** y ********************. Cierre de registro de predio. Por escrito de nueve de mayo de dos mil dieci********************, la asesora jurídica del querellante, solicitó como providencia precautoria, el cierre de partida o registro del predio objeto de la carpeta de investigación, a efecto de que no se siga causando un perjuicio al patrimonio de la víctima. » Ante ello, por acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieci********************, la autoridad ministerial decretó el cierre de partida del predio número ******************** de la calle ******************** de la colonia ******************** de ********************, al restar relacionado con los hechos investigados; asimismo, ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad a fin de que realice la anotación marginal respectiva. Anotación registral. Por oficio de treinta y uno de agosto de dos mil dieci********************, la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, informó a la autoridad investigadora que el veintiséis de julio de dos mil dieci******************** quedó cerrado el registro de la inscripción vigente de propiedad del predio ******************** de la calle ******************** de la colonia ******************** de ********************. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SEXTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado El análisis se realizará a luz de los conceptos de violación expuestos en la demanda, por lo cual es innecesaria su trascripción; simultáneamente, en caso de existir alguna violación que no se haya hecho valer en esos conceptos, pero se haya actualizado, será abordada en suplencia de la queja deficiente, como lo prevé el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El quejoso alega que el acto reclamado vulnera sus derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo considera, ya que el fiscal responsable decretó el cierre de registro de un predio que refiere es de su propiedad al ser un tercero adquirente de buena fe, sin que dicho acto se encuentre debidamente fundado ni motivado. Aunado, señala que la autoridad responsable ministerial debió someter su petición a control judicial para obtener la autorización de un juez de control acorde al Código Nacional de Procedimientos Penales, pues constituye una afectación al derecho de propiedad y posesión. Atendiendo a la causa de pedir, es fundado lo alegado por el quejoso. En efecto, el artículo 16, primer párrafo, de la Norma Suprema, reconoce los derechos de seguridad y legalidad, a efecto de salvaguardar los bienes jurídicos del gobernado, frente al acto de autoridad. Establece que todo acto de autoridad debe precisar los siguientes requisitos: 1. Que el acto de autoridad se exprese por escrito; 2. Que provenga de autoridad competente; y, 3. Que se funde y motive la causa legal de su determinación. Respecto a la fundamentación y motivación, consiste en que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, el fundamento legal y las razones que los motivan; es decir, todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera de derechos del gobernado debe estar apoyado en las disposiciones legales aplicables, y expresar las razones que así lo justifiquen. Ahora, para cumplir con el derecho de seguridad jurídica previstos en el citado precepto constitucional, el acto de molestia debe contener, además, todos los requisitos establecidos por las leyes aplicables y sus reglamentos para su emisión, pues solo de ese modo el acto autoritario será válido y dará certeza jurídica al gobernado que resiente en su esfera jurídica tal afectación, respecto de la competencia de la autoridad emisora, el objeto o fin del acto, circunstancias de modo, tiempo y lugar y en su caso, el motivo de la imposición de sanciones administrativas. Además, debe diferenciarse la transgresión al artículo 16 Constitucional pues puede darse en diversas formas, producto de la falta de fundamentación y motivación; la indebida o incorrecta fundamentación y motivación. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando en el acto de autoridad, se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, se habla de indebida fundamentación y motivación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa. Se habla de incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación, significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. Al respecto, es aplicable por analogía, la jurisprudencia I.6o.C. J/52, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste." Establecido el contenido de los derechos fundamentales que se alegan vulnerados, del análisis del acuerdo reclamado se advierte que éste carece de fundamento legal. En efecto, el cierre del registro en relación con el predio número ******************** de la calle ******************** de la colonia ******************** de ********************, que ordenó el Fiscal Investigador de la Agencia Treinta y Dos del Ministerio Público del Fuero Común responsable, carece de motivación y fundamentación, pues aun cuando de conformidad al artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está facultado para conducir la investigación y ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión; sin embargo, en el acuerdo que pronunció para ordenar aquella medida, omitió exponer las razones por las que consideró que era menester impedir el registro del tablaje en cuestión. Se sostiene lo anterior, ya que se limitó a exponer que: "es de Acceder a su petición realizada por la promovente, por lo que gírese oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Estado de Yucatán, a fin de que se sirva realizar el cierre de partida correspondiente al predio marcado con el número 270 ******************** de la calle ******************** ******************** de la Colonia ******************** de la Ciudad de ********************, toda vez que esto se encuentra directamente relacionado con los hechos que se investigan en la carpeta de investigación marcada ********************". Asimismo, omitió citar el fundamento legal que le permitiera adoptar una medida de ese rango, pues aun cuando en el propio acuerdo citó diversos dispositivos constitucionales y legales, sin embargo, ninguno de ellos le otorgan la facultad que se atribuyó: "Fundamento legal en los numerales 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 127, 129 párrafo III, 130, 131, 212, 215, 216 todos del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor." En ese sentido, no basta mencionar dogmáticamente que un predio pudiera ser objeto de la comisión de un delito para ordenar la aplicación y ejecución de medidas de protección, sino que es menester expresar cuál es la necesidad de la providencia, así como las razones particulares, causas inmediatas o circunstancias especiales que justifiquen su imposición, citando, además, el dispositivo legal que permita adoptar esa postura, ya que los preceptos constitucionales y legales mencionados en el acuerdo ministerial que se analiza, no prevén dicha posibilidad. Ello se explica, porque el precepto 21 de la Constitución Federal prevé las facultades del Ministerio Público para investigar delitos, en tanto que los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales regulan el objeto del código (artículo 2), la competencia genérica del Ministerio Público para conducir la investigación y su obligación de proceder objetiva y oportunamente a investigar ante la noticia criminosa (artículos 127, 129, párrafo tercero, 212 y 216), la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad (artículo 130), así como la obligación de las personas o servidores públicos de suministrar información al Ministerio público con motivo de la investigación de un hecho delictivo concreto (artículo 215). Sin que obste en contrario, la circunstancia atinente a que también se haya invocado el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el mismo relaciona de manera enunciativa las obligaciones del Ministerio Público en el proceso penal acusatorio, pero no lo faculta expresa y directamente a dictar una medida como la que se reclama en la especie. En esas consideraciones, el acuerdo ministerial reclamado infringe el derecho fundamental de legalidad que en favor del aquí quejoso protege el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, ante lo fundado de los conceptos de violación, debe concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, contra el acto reclamado al Fiscal Investigador asignado a la Agencia Treinta y Dos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en ********************, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. Concesión que se hace extensiva, por razones de accesoriedad, respecto del acto atribuido a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, (autoridad responsable ejecutora), al ser consecuencia del mandato ministerial que se estimó ilegal. Similar criterio sostuvo, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el amparo en revisión 215/201********************, al resolver un asunto análogo. SÉPTIMO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese contexto, la protección de la Justicia Federal solicitada es para los efectos siguientes: La autoridad ministerial responsable deje insubsistente el acuerdo que emitió el veinticuatro de julio de dos mil dieci********************, en la carpeta de investigación ********************, y notifique de inmediato a la autoridad ejecutora; sin menoscabo de que, en el ejercicio de sus atribuciones ministeriales, proceda conforme a derecho. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 76 y 77de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra el acto reclamado al Fiscal Investigador asignado a la Agencia Treinta y Dos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en ********************, consistente en el acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieci********************, dictado en la carpeta de investigación ********************, que decretó el cierre de registro de un predio, así como su ejecución que atribuye a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos indicados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. [...]
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