Eusebia Guevara Aguilar

Expediente 745/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
745/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • Eusebia Guevara Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee; se tiene recibido vía ordinaria, el escrito de desahogo, presentado por la quejosa Eusebia Guevara Aguilar. En ese contexto, téngase desahogado en tiempo y forma el requerimiento efectuado en proveído de quince de junio de dos mil veintitrés, y en consecuencia, por ajustado el presente escrito inicial de demanda al artículo 108 de la Ley de Amparo. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. INCOMPETENCIA. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario dilucidar cuál es el acto que el quejoso reclama y estar así en aptitud de decidir si resulta procedente el amparo indirecto y en consecuencia si este Juzgado resulta competente para conocer de la presente demanda de garantías. Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 32, tomo XI, Abril de 2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional: ACTO RECLAMADO.- De la autoridad responsable, reclamo la ilegal sentencia definitiva de fecha dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictado en la toca penal número 1-5/2023, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público y la agraviada, en contra de la sentencia absolutoria de fecha once de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, en la causa penal número 51/2017-1, antes 91/2016-1, instruida en contra de Irma Serrano Ramírez y Angélica Carbajal Organista, por el delito de robo, y Josiel de la Cruz Jacobo, por el delito de daños en agravio de la ahora quejosa, sentencia que se combate por este medio de control carece de fundamentación y motivación, máxime la que juzgo omitió analizar y valorar las probanzas que fueron ofrecidas oportunamente dentro del procedimiento en base al raciocinio, la naturaleza de los hechos, sin que realizara un enlace y concatenación de las probanzas unas con otras para justificar los elementos que integran el cuerpo del delito de robo y daños a la propiedad, y la responsabilidad penal en contra de los procesados previstos y sancionados los artículos 223 fracción 1,así como el artículo 247 fracción I del Código Penal en vigor." En ese orden de ideas, este Juzgador de amparo, estima que en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, la resolución que pretende combatir la impetrante de garantías debe ser impugnada mediante el juicio de amparo uniinstancial ante el Tribunal Colegiado correspondiente, puesto que, el artículo señalado en primer término da competencia al órgano colegiado antes referido para conocer de las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, y el segundo, establece que opera la competencia respecto a las sentencias definitivas que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales ya sea que la violación se cometa en ella o en el procedimiento y que afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, artículos que se transcriben a continuación: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Establece además, que por sentencia definitiva debe entenderse como aquellas que deciden el juicio en lo principal, así como, las resoluciones que ponen fin al juicio y las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Por su parte, el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicio del orden común o federal..." Conforme a las disposiciones, constitucionales y legales transcritas, que regulan el juicio de amparo en la vía directa, se advierte que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se promueve contra resoluciones definitivas, sean éstas sentencias o laudos, así como contra resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En el caso, se observa que el acto reclamado como se expuso con anterioridad, consiste en la sentencia definitiva de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictado en el toca penal 1-5/2023, dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en contra de la sentencia de once de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 51/2017-I, antes 91/2016-I, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad; esto es, se trata de una determinación que puso fin al juicio principal y que puso fin a la causa penal en mención y que fue recurrida a través del recurso de apelación aludido, sin que ésta haya prosperado, por lo que es evidente que el juicio se da por concluido, y en consecuencia dicha resolución adquirió certeza. Así también, sirve de apoyo la tesis siguiente: "Época: Novena Época Registro: 168339 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Diciembre de 2008 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 97/2008 Página: 50 DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por los tribunales judiciales que pongan fin al juicio y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan modificarse o revocarse; asimismo, los artículos 44 y 46 de la Ley citada señalan que puede promoverse amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio, precisando que éstas son las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario. En congruencia con lo anterior, se concluye que la determinación que desecha o declara infundado el recurso de denegada apelación y deja firme el desechamiento de la apelación intentada contra una sentencia definitiva constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, pues al dejar intocada la sentencia de primera instancia que resolvió el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio, además de que tanto los artículos 307 y 308 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, como los diversos 435 a 442 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal que aluden al indicado recurso, no prevén algún medio de defensa en su contra." Por lo expuesto, este Juzgado Federal estima carecer de competencia legal para resolver el juicio constitucional que nos ocupa, pues el acto reclamado se trata de una sentencia definitiva que pone fin al juicio. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el original del escrito de demanda, con todas sus copias, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, a fin de que tenga a bien determinar si confirma o revoca esta resolución. Se solicita el acuse de recibo correspondiente, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal. Cobra aplicación, la tesis siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2008791 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 6/2015 (10a.) Página: 95 "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." AUTORIZADOS. Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a ********************, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, no así no así a ********************, por no contar con el registro anterior, y por así solicitarlo expresamente, sin revocar el nombramiento hecho con anterioridad. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de considerarlo, propongan formas especiales y expeditas de contacto mediante las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.). Además, se hace saber a la autoridad responsable que en caso que desee incorporarse al directorio con los correos electrónicos institucionales de las autoridades de los órdenes federal y local y este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de notificarle por esa vía, podrá realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx y comunicarlo desde luego a este Juzgado de Distrito. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo indirecto promovido por Eusebia Guevara Aguilar, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado federal, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E" como juicio de amparo indirecto 745/2023-IV, y fórmese expediente físico y electrónico que corresponde. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. PREVENCIÓN. Respecto a las formalidades de la demanda de amparo, el que suscribe realizará su análisis en uso de la facultad que le confiere el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, que señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." El dispositivo trascrito otorga al Juzgado la facultad de prevenir a la promovente del amparo a efecto de que aclare su demanda, cuando ésta incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan, para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes dentro del término de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada su demanda. En ese orden, el numeral 108, fracciones IV y V, de la misma ley, señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará I. (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)" Ahora, previa revisión del escrito de demanda, y con fundamento en el numeral 108, fracción IV, en relación con el 114, fracciones I, II, y IV de la Ley de Amparo, lo procedente es prevenir a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, siguientes a aquél en que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad: 1.- Señale con precisión el o los actos reclamados que atribuye a las autoridades designadas como responsable. 2. -De manera pormenorizada narre en forma cronológica los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Lo anterior, en virtud de que una vez analizada la demanda de amparo, se tiene que, el promovente señala como acto reclamado el que a continuación se transcribe: "IV- ACTO RECLAMADO QUE SE REVOQUE LA SENTENCIA DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022, DONDE SE ABSUELVE A LOS INCULPADOS Y SE REVOQUE LA CONFIRMACIÓN DE LA PRIMERA SALA PENAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, POR QUE VIOLAN MIS DERECHOS HUMANOS. SOY LA AGRAVIADA EN ATENCIÓN A QUE RECLAMO EL ACTO RELATIVO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, YA QUE EN FORMA INJUSTA, COMPLICIDAD Y CORRUPCIÓN DE LAS AUTORIDADES REFERIDAS, QUEDARON ABSUELTOS.. ." Sin embargo, en los hechos expuestos y que bajo protesta de decir verdad narra la impetrante entre otras cosas refiere: ".SOLICITO A SU SEÑORÍA LES DICTE AUTO DE FORMAL PRISIÓN A LOS TESTIGOS FALSOS Y A LOS INCULPADOS, REFERIDOS AL RUBRO LES REVOQUE SU LIBERTAD BAJO CAUCIÓN; EN EL MINISTERIO PÚBLICO INTERROGUE A LAS C. ISABEL JACOBO LÓPEZ Y A SU HIJA CELIA DE LA CRUZ JACOBO, POR QUE ELLAS TAMBIÉN PARTICIPARON EN EL DÍA DE LOS HECHOS EN MI AGRAVIO; Y ME PAGUEN TODOS LOS DAÑOS CAUSADOS A MI CELULAR, ME PAGUEN MIS ARETES ARRACADAS DE ORO ( Y MI CADENA DE ORO ASÍ COMO SE LES APLIQUE TODO EL RIGOR DE LA LEY CONFORME A DERECHO. ASÍ MISMO SOLICITO EN ESTE ACTO SE REVOQUE Y SE APLIQUE LA SUSPENSIÓN DE LA QUEJA A MI FAVOR REVISANDO LA PRIMERA SALA METICULOSAMENTE TODO EL EXPEDIENTE TODA VEZ QUE HUBO MUCHAS IRREGULARIDADES EN EL MISMO, PORQUE EL JUZGADOR SE CONVIRTIÓ EN JUEZ Y PARTE, YA QUE HUBO PARCIALIDADES, ENCUBRIMIENTOS, ABUSOS DE AUTORIDAD, ACTOS DE CORRUPCIÓN Y OMISIONES POR PARTE DEL JUZGADOR, VIOLANDO MIS DERECHOS HUMANOS COMO AGRAVIADA ASÍ MISMO EN ESTE ACTO SOLICITO SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DE LOS INCULPADOS JOSIEL DE LA CRUZ JACOBO, IRMA SERRANO RAMÍREZ y ANGÉLICA CARBAJAL ORGANISTA Y SE LES REVOQUE SU LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN POR VARIOS DELITOS COMETIDOS EN MI AGRAVIO HAY FALSEDAD DE DECLARACIONES, TESTIGOS FALSOS ASI COMO FOTOGRAFÍAS DONDE DEMUESTRAN CONTUNDENTEMENTE TODOS LOS AGRAVIOS QUE COMETIERON EN MI CONTRA QUE DEBEN SANCIONARSE." De lo antes descrito, se advierte que la impetrante, hace énfasis a diversos actos atribuidos al Juez penal y al Magistrado de la Sala Penal, y a quienes señala como autoridades responsables, dentro de la causa penal 51/2017-I; situación que genera incertidumbre para este órgano jurisdiccional, dadas las imprecisiones antes apuntadas, pues no se tiene claro cuál es el acto que específicamente reclama, y el cuál considera violatorio de sus garantías constitucionales. En la inteligencia que a desahogar la prevención aludida, deberá exhibir sendas copias del escrito de desahogo a fin de emplazar a todas las partes procesales en el presente asunto. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo aquí ordenado, dentro del plazo indicado, se procederá conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo; es decir, se tendrá no presentada la demanda de amparo por lo que a ella respecta. Lo anterior se insiste, resulta necesario para fijar la litis constitucional en el presente asunto. Así también, hágase del conocimiento a la impetrante que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo vigente que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado calle Morelos, número 24, primer piso, colonia centro, de esta ciudad capital, y como su autorizado en los mismo términos a Carlos Rafael Guerrero Maldonado, toda vez que NO cuenta con registro de cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Se exhorta a la parte quejosa, a fin de que de ser posible, opte voluntaria y expresamente proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, debiendo hacer la solicitud expresa y proporcionar el usuario previamente registrado en el referido portal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por la suscrita Jueza Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis, podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía, ello de conformidad, 77 , 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. LEY DE TRANSPARENCIA. Se hace del conocimiento de acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

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