Eusebia Feliciano Salazar

Expediente 450/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
450/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Eusebia Feliciano Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa, con dos tomos de pruebas; asimismo, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia definitiva; en tal virtud, agréguense al expediente principal el cuaderno de antecedentes que se formó, oficio de cuenta y testimonio de referencia. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee respecto del auto y autoridad precisados en el considerando quinto del fallo controvertido. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eusebia Feliciano Salazar, por el acto y autoridad precisados en el considerando sexto de la sentencia recurrida, en los términos precisados en dicho fallo" En tal virtud, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y sentencia, así como el testimonio que se recibe en esta fecha, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción por lo que glósese al sumario el cuaderno original y una vez que transcurra seis meses a partir del presente proveído destrúyase únicamente el duplicado del incidente, esto al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción III, primer párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Por otro lado, dado que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado las copias certificadas de las constancias que integran la causa penal 16/2017 y el toca penal 13/2018, remitidas por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, como apoyo a su informe justificado constante de dos tomos, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Finalmente, a fin de evitar el volumen innecesario del presente expediente, se desglosan las constancias certificadas que se obtuvieron del expediente original para crear el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión interpuesto; por lo que, únicamente agréguese su respectiva carátula así como las actuaciones posteriores que obran en original, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que en su concepto la misma le causa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del diverso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso.

  3. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA JOSE ESCALANTE FELICIANO Y SARA ANGELINA GUILLEN PEÑUELAS, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que en su concepto la misma le causa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del diverso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso.

  4. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCEWROS INTERESADOS JOSE ESCALANTE FELICIANO Y SARA ANGELINA PEÑUELAS, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE DICE... VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 450/2018, promovido por Eusebia Feliciano Salazar, por derecho propio. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Eusebia Feliciano Salazar, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señalan: AUTORIDAD RESPONSABLE Ordenadora Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con domicilio en esta ciudad. Ejecutora Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad. Director del Centro Regional de Reinserción Social, con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "La Resolución emitida en el Toca Penal I-13/2018, por la que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, CONFIRMA el Auto por el que el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, NIEGA LA ORDEN DE APREHENSIÓN en la causa penal de origen 16/2017-III, en contra de los inculpados José Escalante Feliciano y Sara Angelina Guillen Peñuelas, por el delito de FRAUDE cometido en mi agravio." SEGUNDO. Preceptos constitucionales reclamados. La quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Previo desahogo de prevención contenida en acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por auto de veintinueve de mayo siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada bajo el número 450/2018 en el Libro de Gobierno correspondiente, sin que se tuviera como autoridad al Director del Centro Regional de Reinserción Social al no reclamársele nada; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio tanto al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito como al Agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda Sala Penal responsable la intervención legal correspondiente; se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados José Escalante Feliciano y Sara Angelina Guillen Peñuelas, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en dos ocasiones, se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama la resolución emitida por un tribunal de segunda instancia con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, dentro de un toca penal formado con motivo del recurso de apelación instado por el ministerio público en una causa penal, en el cual el quejoso tiene el carácter de ofendido; lo que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. De las documentales que en apoyo a su informe con justificación remitió la Sala responsable, se obtiene que la quejosa tuvo conocimiento de la resolución reclamada el veintisiete de abril de dos mil dieciocho (foja 175 del tomo II de prueba); en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del treinta de abril al veintiuno de mayo del año en curso, descontándose los días uno, cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de mayo por ser inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el veintiuno de mayo pasado debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis que se realiza a la demanda y a su escrito aclaratorio, se precisa que la quejosa reclama: a) Del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, el auto de ocho de agosto de dos mil diecisiete, por el que se negó la orden de aprehensión solicitada dentro de la causa penal 16/2017, instruida en contra de los aquí terceros interesados José Escalante Feliciano y Sara Angelina Guillen Peñuelas, por el delito de fraude en agravio de la quejosa Eusebia Feliciano Salazar. b) De la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca penal 13/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares y la aquí quejosa, que confirmó el auto precisado en el inciso que antecede. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares y a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en virtud de que así lo reconocieron al rendir sus informes con justificación (folios 26 y 83), esta última por conducto de su Magistrado Presidente, manifestación expresa que basta para tener las conductas que se les atribuyen por plenamente evidenciadas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Certeza que se corrobora además, con las copias certificadas de las constancias que integran la causa penal 16/2017 y el toca penal 13/2018 que al efecto adjuntó la Sala responsable (tomos I y II de prueba), a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, primero debe abordarse el análisis de las causales de improcedencia, según dispone el numeral 62, de la Ley de Amparo. Así, se estima que por lo que hace al acto identificado en el inciso a) se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La anterior disposición establece la imposibilidad de analizar en el juicio de garantías, un acto que ha cesado en sus efectos, hipótesis que se actualiza principalmente en dos supuestos, primero, cuando el acto controvertido constitucionalmente sea destruido de manera total e indubitable mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener por efecto que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido; y segundo, se concreta en el caso de que el acto destacado como reclamado es substituido procesalmente mediante diversa actuación, también posterior, emitida de oficio por la autoridad responsable, o bien, con motivo de la interposición y respectiva resolución de un medio de defensa ordinario, sea por ésta o por su superior jerárquico, aún y cuando en cualquiera de estos dos casos, los efectos del acto primigenio no sean destruidos; por ejemplo, cuando la resolución del medio de defensa hecho valer confirma la primera resolución impugnada, pues la actuación primaria cesa en sus efectos al quedar substituida procesalmente por la posterior, no obstante subsista la afectación o violación que se alegue, solo que ésta tiene lugar, ya no con la primigenia determinación, sino con la segunda que, como se ha expuesto, la substituye, siendo ésta la que debe ser controvertida a través de los medios de impugnación, ordinarios u extraordinarios, de los que se pudiese valer el agraviado, no así la primera que ha cesado en sus efectos. Precisado lo anterior, tenemos que el acto que se analiza en este apartado consiste en el auto de ocho de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares negó la orden de aprehensión solicitada dentro de la causa penal 16/2017, instruida en contra de los aquí terceros interesados José Escalante Feliciano y Sara Angelina Guillen Peñuelas, por el delito de fraude en agravio de la quejosa Eusebia Feliciano Salazar; sin embargo, de las constancias que obran en el presente sumario debidamente valoradas con antelación, se desprende que tanto la quejosa como el representante social adscrito al juzgado de origen interpusieron recurso de apelación en contra del referido auto, el cual fue confirmado por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, mediante resolución de dieciocho de abril del año en curso, dictada en el toca penal 13/2018. En ese sentido, el acto que se atiende cesó en sus efectos, pues quedó sustituido procesalmente por la resolución de dieciocho de abril del año en curso, dictada al resolver el recurso de apelación que implicó su estudio, por lo que sería -en tal caso- ésta resolución, la que sería materia de reclamo en el juicio de amparo, dado que la presunta violación de garantías que se hace valer en esta instancia constitucional, en todo supuesto, ya no la origina el auto primigenio, sino la resolución emitida en segundo término. Ahora bien, aunque es verdad que la afectación que la quejosa reclama no ha sido destruida con motivo de la ulterior actuación, esta situación es completamente diferente a la que se analizó, pues cuando la Sala responsable resolvió el recurso de apelación interpuesto, se produjo una cesación de los efectos del auto primigenio reclamado, pero no en la hipótesis en que la nueva resolución destruya la anterior como si nunca hubiese existido, si no que la Sala responsable al resolver el recurso confirmó o reiteró la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; por lo que aquél ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial, sino la resolución que vino a sustituirlo procesalmente. En las condiciones relatadas al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo respecto del acto identificado en el inciso a), lo que procede es sobreseer el juicio de amparo a su respecto, en términos de la fracción V del artículo 63 de la misma ley. SEXTO. Estudio de fondo. Al no operar diversa causal de improcedencia a la señalada en el considerando que antecede, en este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitada respecto del acto reclamado precisado en el inciso b). De las constancias que allegó la Sala responsable con su informe justificado, a las que se concedió valor en los términos precisados en el considerando cuarto que antecede, se advierten los siguientes antecedentes: 1) Mediante comparecencia de veintiuno de noviembre de dos mil quince, ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común (Sector Zapata) del Distrito Judicial de Tabares, la quejosa Eusebia Feliciano Salazar, formuló querella en contra de los aquí terceros interesados José Escalante Feliciano y Sara Angelina Guillen Peñuelas, por el delito de fraude cometido en su agravio, ordenándose la integración de la averiguación previa TAB/ZAP/01/0458/2015. 2) Seguida que fue la indagatoria, mediante pedimento penal número 96/2017 de siete de junio de dos mil diecisiete, el representante social determinó ejercer acción penal en contra de los aquí terceros interesados, por el delito de fraude cometido en contra de la quejosa. 3) Por cuestión de turno, correspondió conocer de dicho pedimento al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, quien por acuerdo de veintinueve de junio del mismo año, lo radicó con el número de causa penal 16/2017. 4) En resolución de ocho de agosto del año pasado, se pronunció sobre el ejercicio de la acción penal y determinó negar el libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Público consignador, al estimar que los medios de prueba aportados eran insuficientes para demostrar los elementos del delito de que se trata; determinación que se notificó al Agente del Ministerio Público de la adscripción el once de octubre siguiente y a la ofendida, aquí quejosa el veintisiete de noviembre de ese año. 5) Inconformes con esa resolución, tanto el representante social como la ofendida, interpusieron recurso de apelación; medios de defensa que fueron admitidos el once de enero del año en curso por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, bajo el número de toca penal 13/2018. 6) Por resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Sala responsable estimó que los agravios esgrimidos por el representante legal y la quejosa devenían infundados, por lo que confirmó el auto sujeto a revisión. 7) Finalmente, el veintisiete de abril último se notificó de manera personal a la quejosa la resolución relacionada en el párrafo que antecede. Ahora bien, los argumentos que expresa la quejosa son los siguientes: a) La autoridad responsable transgrede en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal y los preceptos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en virtud de que omitió especificar en la resolución reclamada el fundamento legal en que se apoyó para no determinar el cuerpo del delito de fraude y la probable responsabilidad penal, además no estableció las razones, motivos o causas específicas que tomó en consideración para no emitir dichos actos (falta de fundamentación y motivación), denegándole justicia pese a que es una persona de la tercera edad y analfabeta. b) Asimismo, omitió valorar todas las pruebas que ofreció en la etapa de investigación con las cuales se acredita el engaño y el error que provocaron en su contra los aquí terceros interesados José Escalante Feliciano y Sara Angelina Guillen Peñuelas. c) No analizó las formalidades que debe cumplir un poder para actos de dominio de conformidad con la Ley del Notariado, pues de su análisis se advierte que nada dice de la forma en que el notario se cercioró de su entendimiento respecto del alcance de lo que firmaba al ser analfabeta, como tampoco recabó la declaración de dos testigos. Resultan infundados los motivos de disenso planteados por la quejosa, aun suplidos en su deficiencia, en términos del inciso b), de la fracción III, del artículo 79, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen en líneas subsecuentes. Para darles contestación, debe tenerse presente en primer término el alcance que tiene el derecho fundamental de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte concerniente a la fundamentación y motivación de los actos de molestia. "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Tal precepto contiene los derechos de legalidad y debido proceso, los cuales se traducen en que todo acto de autoridad tiene que encontrarse debidamente fundado y motivado, esto es, establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos en donde las circunstancias del caso concreto encuadren debidamente con la norma legalmente establecida, a efecto de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular de que los actos de las autoridades se encuentran debidamente contemplados en la ley que resulta aplicable, a fin de que con ello se asegure la prerrogativa de su defensa, ante el procedimiento legal que se siga. Cabe mencionar que de la lectura de la resolución controvertida se advierte que se encuentra fundada y motivada, pues la Sala Penal responsable citó los preceptos legales aplicables al caso que le dan competencia para emitir una resolución como la examinada, luego invocó aquéllos preceptos que fueron el sustento para confirmar el auto que resolvió el ejercicio de la acción penal y negar la orden de aprehensión solicitada; asimismo, en el cuerpo de la resolución reclamada precisó que los agravios formulados por el Ministerio Público y la ahora quejosa eran infundados en cuanto a que el material probatorio existente en la causa penal de origen era eficaz para acreditar el delito de fraude, ya que de acuerdo a los hechos a que se contrae no se actualiza el elemento engaño por parte de los activos con fines de lucro, lo que se estima acertado. Del mismo modo, la Sala responsable al valorar los medios de prueba que exhibió en la causa de origen la quejosa, indicó que su declaración y las de sus testigos así como los documentos que exhibió no evidenciaban que hubiera sido engañada al otorgar el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, con carácter irrevocable a favor de la inculpada Sara Angelina Guillen Peñuelas, y si bien no analizó individualmente cada una de las documentales que ofreció, a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la Justicia de la Unión para que se corrigiera tal circunstancia, pues como se verá al realizar el estudio de dicha resolución, efectivamente como lo refirió la Sala responsable, en el caso no se acredita el cuerpo del delito de fraude. Finalmente, contrario a lo que refiere la quejosa, la función de la Sala responsable al emitir la resolución reclamada en atención al nuevo marco constitucional de derechos humanos, contemplado en los artículos 1, segundo párrafo, 20, apartado B, fracción II y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente antes de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho, 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José) y 12, fracción II, de la Ley General de Victimas se constriñe en examinar en su integridad la resolución recurrida, para verificar si se fundó y motivó correctamente, si se aplicó exactamente la ley correspondiente, si se observaron las normas sobre admisión, eficacia y valoración de la prueba, si se apreciaron fielmente los hechos y resolver como en derecho corresponda supliendo en su caso, en favor de la ofendida la queja deficiente en sus agravios, lo que así aconteció, sin que tenga que verificar las formalidades que debe cumplir un poder para actos de dominio de conformidad con la Ley del Notariado, dado que ello corresponde a los tribunales civiles (entendidos en sentido amplio), dado que ello podría dar lugar a la nulidad del acto jurídico celebrado. Bajo tales condiciones, resulta inconcuso que la resolución reclamada no infringe el derecho fundamental reconocido en el artículo 16 Constitucional. No obstante en suplencia de la queja y a fin de salvaguardar los derechos de la ofendida este juzgado realizara el análisis oficioso de la resolución de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, que confirmó el auto de ocho de agosto de dos mil diecisiete, por el que se negó la orden de aprehensión en contra de los inculpados José Escalante Feliciano y Sara Angelina Guillen Peñuelas, por el delito de fraude, en agravio de la quejosa, dentro de la causa penal 16/2017. Primeramente, el delito de fraude en análisis se encuentra previsto en el artículo 237 del nuevo Código Penal del Estado de Guerrero, que prevé: "Artículo 237. A quien por medio del engaño o aprovechando el error en que otra persona se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán: I. Prisión de seis meses a un año o de cincuenta a cien días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de cincuenta veces el salario mínimo, o no sea posible determinar su valor; II. Prisión de uno a cinco años y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de cincuenta pero no de quinientas veces el salario mínimo; III. Prisión de cinco a diez años y de doscientos cincuenta a quinientos días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de quinientas pero no de cinco mil veces el salario mínimo, y IV. Prisión de diez a quince años y de quinientos a setecientos cincuenta días multa, si el valor de lo defraudado excede de cinco mil veces el salario mínimo. De dicho precepto se puede determinar que los elementos materiales que constituyen el delito son: a) Una acción del sujeto activo por medio de la cual obtenga ilícitamente alguna cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro. Aquí debe hacerse notar que se trata de un delito de resultado, por cuanto es indispensable que se logre el provecho ilegítimo pretendido. b) Un medio específico de comisión, que lo constituye la existencia del engaño o aprovechamiento de un error. c) La relación de causalidad entre el engaño o aprovechamiento del error y la obtención ilícita de una cosa ajena o el alcance de un lucro indebido. Es decir, que la obtención de la cosa o el lucro indebido logrado por el agente, sea consecuencia directa del engaño empleado por éste, o del aprovechamiento que hace del error en que se encuentra la víctima. d) Un elemento subjetivo específico, es decir, dolo en el sujeto activo. El dolo consiste en el actuar consciente y voluntario dirigido a la producción de un hecho que es delictuoso; en otras palabras, el dolo en el sujeto activo existe cuando desde el momento en que la persona realiza la conducta típica tiene la intención de engañar al sujeto pasivo con el específico fin de hacerse ilícitamente de algo. Luego, a la causa penal de origen se allegaron los siguientes medios de convicción: 1) Querella de la quejosa rendida y ratificada ante la autoridad ministerial en diligencia de veintiuno de noviembre de dos mil quince, en la que se exhibió: 1.1) Copia certificada del contrato privado de compraventa número Z-30313, celebrado en mil novecientos ochenta y nueve, entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Acapulco, como parte vendedora y la quejosa como compradora, respecto del lote 21, de la manzana 22, de la sección I, de la colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad, inscrito el veintiocho de noviembre del mismo año bajo el folio de derechos reales número 44312 del índice del Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero. 1.2) Copia simple de la solicitud número 17069 de once de noviembre de dos mil quince, suscrita por la quejosa y dirigida al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Acapulco. 1.3) Copia simple del recibo oficial número A 440837, expedido el once de noviembre de dos mil quince, por la Administración Estatal número Dos de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. 1.4) Copia simple del formato de solicitud de expedición de copias certificadas al Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Acapulco, respecto del folio de derechos reales número 44312. 2) Declaraciones de las testigos presenciales de los hechos Dulce Verónica Feliciano Lorenzo y Yolanda Lorenzo Huerta, recabadas en diligencia de tres de diciembre de dos mil quince. 3) Nueva comparecencia de la quejosa realizada el ocho de enero de dos mil dieciséis, en la que exhibió: 3.1) Copia certificada del primer testimonio de la escritura pública número setenta y cinco mil seiscientos treinta y dos, de veintitrés de julio de dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público número Siete del Distrito Notarial de Tabares, que consigna el contrato de compraventa celebrado entre Eusebia Feliciano Salazar, representada por Sara Angelina Guillen Peñuelas, como parte vendedora, y esta última, como parte compradora, respecto del lote de terreno y construcciones en el existentes número 21, de la manzana 22, de la sección I, de la colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad, inscrito el veintisiete de agosto del mismo año en el folio registral electrónico número 44312 del índice del Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero. 4) Inspección ocular efectuada por el representante social en diligencia de ocho de abril de dos mil dieciséis. 5) Escrito de trece de abril de dos mil dieciséis a través del cual la inculpada, aquí tercera interesada Sara Angelina Guillen Peñuelas, rindió su declaración ministerial ante el representante social, el cual se tuvo por ratificado en esa misma fecha, al que se anexó: 5.1) Original del certificado de gravamen número 2764/2014 de cinco de marzo de dos mil catorce, expedido por el Delegado del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, respecto del folio registral electrónico 44312 correspondiente al inmueble ubicado en el lote 21, manzana 22, sección I, colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad. 5.2) Copia certificada del primer testimonio de la escritura pública número cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y seis, de veintinueve de marzo de dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario Público número Diecinueve del Distrito Notarial de Tabares y del Patrimonio Inmueble Federal, que consigna el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, con carácter de irrevocable en los términos del artículo 2518 del Código Civil del Estado de Guerrero, que otorgó la quejosa Eusebia Feliciano Salazar, a su favor, respecto de los derechos que le corresponden sobre el lote de terreno y construcciones en el existentes número 21, de la manzana 22, de la sección I, de la colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad, inscrito en el folio registral electrónico número 44312. 5.3) Copia certificada de la sentencia definitiva de dos de febrero de dos mil dieciséis y de la diligencia de posesión física y material de veinticinco de febrero siguiente, emitidas en el juicio especial de desahucio número 345/2015 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, promovido por la citada tercera interesada Sara Angelina Guillen Peñuelas, en contra de la quejosa Eusebia Feliciano Salazar, respecto del inmueble marcado con el número 21, manzana 22, sección I, calle 14, colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad. 5.4) Original del folio registral electrónico número 44312 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Delegación Acapulco. 6) Nueva comparecencia de la quejosa realizada el quince de abril de dos mil dieciséis, en la que exhibió: 6.1) Original del contrato privado de arrendamiento celebrado el uno de junio de dos mil catorce, entre Sara Angelina Guillen Peñuelas, en su carácter de arrendadora y Eusebia Feliciano Salazar, con carácter de arrendataria, respecto de la casa marcada con el número 21, manzana 22, sección I, calle 14, de la colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad, inscrito el veintisiete de agosto del mismo año en el folio registral electrónico número 44312 del índice del Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero. 6.2) Copia certificada del primer testimonio de la escritura pública número cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y seis, de veintinueve de marzo de dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario Público número Diecinueve del Distrito Notarial de Tabares y del Patrimonio Inmueble Federal, que consigna el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, con carácter de irrevocable en los términos del artículo 2518 del Código Civil del Estado de Guerrero, que otorgó a favor de la tercera interesada Sara Angelina Guillen Peñuelas, respecto de los derechos que le corresponden sobre el lote de terreno y construcciones en el existentes número 21, de la manzana 22, de la sección I, de la colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad, inscrito en el folio registral electrónico número 44312. 7) Dictamen pericial en materia de criminalística de campo y fotografía forense suscrito por Pedro Serrano Ramírez, perito adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales, Región Acapulco, de la Fiscalía General del Estado. 8) Dictamen pericial en materia de topografía y avalúo de bien inmueble suscrito por Aurora Villegas León, perito adscrita a la Coordinación Regional de Servicios Periciales de Acapulco, dependiente de la Fiscalía General del Estado. 9) Escrito de veintiséis de abril de dos mil dieciséis a través del cual el inculpado, aquí tercero interesado José Escalante Feliciano, rindió su declaración ministerial ante el representante social, el cual se tuvo por ratificado en esa misma fecha. 10) Nueva comparecencia de la quejosa realizada el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, en la que exhibió: 10.1) Copia certificada de diversas constancias y actuaciones que integran el expediente relativo al juicio especial de desahucio número 345/2015 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, promovido por la tercera interesada Sara Angelina Guillen Peñuelas, en contra de la quejosa Eusebia Feliciano Salazar, respecto del inmueble marcado con el número 21, manzana 22, sección I, calle 14, colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad. 11) Declaración de Rogelio Cortez Bibiano, recabada en diligencia de uno de febrero de dos mil diecisiete. 12) Copias certificadas de la averiguación previa TAB/DES/01/0026/2016, instruida en contra de la aquí quejosa y otros, por el delito de despojo, cometido en agravio de la tercera interesada Sara Angelina Guillen Peñuelas, ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Despojos del Distrito Judicial de Tabares. Precisado lo anterior, contrario a lo que refiere la quejosa, se estima correcto lo señalado por la Sala responsable en el sentido de que con los medios de prueba existentes no se acreditan los elementos del cuerpo del delito de fraude, principalmente el elemento típico consistente en el medio específico de comisión relativo al engaño, dado que los datos que arroja la causa penal de origen de este asunto no permiten considerar que la quejosa al otorgar a favor de la tercera interesada Sara Angelina Guillen Peñuelas, ante el Notario Público número Diecinueve de este Distrito Judicial de Tabares, el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, con carácter de irrevocable en los términos del artículo 2518 del Código Civil del Estado de Guerrero, respecto de los derechos que le corresponden sobre el lote de terreno y construcciones en el existentes número 21, de la manzana 22, de la sección I, de la colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad, hubiere sido engañada, dado que el fedatario ante el cual compareció a otorgar el poder, previo a firmarlo y autorizarlo, en términos de los artículos 119 y 121 de la Ley número 971 del Notariado del Estado de Guerrero, la identificó plenamente y le explicó su contenido y consecuencias legales, de ahí que no pueda decirse engañada respecto a las consecuencias que del poder que otorgó podían derivarse. Ahora bien, es necesario aclarar que por engaño se entiende la acción dolosa cuyo objeto es producir en la víctima una falsa representación de la verdad. Diríase que es una conducta mentirosa empleada por el sujeto activo que hace incurrir en una creencia equívoca al sujeto pasivo, para obtener de él un beneficio ilegítimo; se trata en suma de una acción falaz de carácter positivo, que constituye el medio de comisión del que el delincuente se vale para lograr su objetivo. Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que la quejosa en su querella refirió ser propietaria del predio ubicado en el número 21, de la manzana 22, de la sección I, de la colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad, al tenor del contrato privado de compraventa número Z-30313 celebrado en mil novecientos ochenta y nueve, entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Acapulco, como parte vendedora y la quejosa como compradora, respecto del lote 21, de la manzana 22, de la sección I, de la colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad, inscrito el veintiocho de noviembre del mismo año bajo el folio de derechos reales número 44312 del índice del Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, que en copia certificada exhibió y que el diez de marzo de dos mil catorce, alrededor de las nueve de la mañana, cuando se encontraba en su domicilio en compañía de Dulce Verónica Feliciano Lorenzo y Yolanda Lorenzo Huerta, se presentaron su sobrino José Escalante Feliciano y su esposa (inculpados), con los que platicó en relación a un embargo que presentaba su propiedad, quienes se ofrecieron a ayudarla para realizar todos los trámites correspondientes a fin de destrabar el embargo, diciéndole que para ello tenía que firmarles un poder notarial, que ante la insistencia de los inculpados, el veinticinco de marzo siguiente, aceptó su ayuda, que con motivo de ello el veintinueve del mes y año en cita, los inculpados la llevaron a la Notaría número 19, que les manifestó que no sabía leer ni escribir que únicamente sabía poner su nombre, que los inculpados le dijeron que no había problema, que el poder notarial iba a salir a nombre de la esposa de su sobrino, Sara Angelina Guillen Peñuelas, pues ella directamente iba a hacer los trámites correspondientes para destrabar el embargo, que firmó seis hojas en la Notaría, unas en blanco y otras con letra, desconociendo su contenido, que los inculpados le dijeron que el poder notarial únicamente era para pleitos y cobranzas, que posteriormente al exigirles la documentación de los tramites que estaban realizando, nunca le entregaron nada, lo que la preocupó, y finalmente que el diecisiete de septiembre de dos mil quince, en compañía de Dulce Verónica Feliciano Lorenzo, Ricardo Lorenzo y Yolanda Lorenzo Huerta, acudió al Registro Público de la Propiedad a ver el estado de su propiedad, siendo informada que la misma se encontraba registrada a nombre de la inculpada Sara Angelina Guillen Peñuelas, situación que les reclamó a los inculpados, quienes la han amenazado con sacarla de su propiedad. Por su parte las testigos presenciales de los hechos Dulce Verónica Feliciano Lorenzo y Yolanda Lorenzo Huerta, de manera coincidente refirieron conocer a la agraviada por ser su nieta y nuera respectivamente, que la agraviada no sabe leer y escribir y que el diez de marzo de dos mil catorce se encontraban en el domicilio de la quejosa cuando llegaron los inculpados, que la quejosa les comentó a estos últimos del problema que presentaba su propiedad (embargo), quienes se ofrecieron a ayudarla, que el veinticinco de marzo siguiente cuando se encontraban en el domicilio de la quejosa, acudieron los inculpados y ante su insistencia la quejosa aceptó que la ayudaran a arreglar lo del embargo que tenía su propiedad, que la agraviada les platicó que el veintinueve del mes en cita acudió con los inculpados a la Notaria 19, donde firmó un poder notarial a nombre de Sara Angelina Guillen Peñuelas, y por último, que el diecisiete de septiembre de dos mil quince, acudieron junto con la agraviada al Registro Público de la Propiedad para ver si la casa de esta todavía tenía un embargo, lugar donde esta última fue informada que había sido dado de baja y que la propiedad ahora estaba a nombre de Sara Angelina Guillen Peñuelas. Narrativas que gozan de valor probatorio en términos de los artículos 121 y 127 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, sin embargó resultan ineficaces para demostrar que en el momento de la comisión de los hechos, los indiciados hubiesen ejecutado actos tendientes positivos y directamente encaminados a engañar a la quejosa Eusebia Feliciano Salazar, o bien aprovechar el error en el que ésta se hallara para alcanzar un lucro indebido; pues lo que se demostró es que la querellante otorgó a la inculpada Sara Angelina Guillen Peñuelas un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, con carácter de irrevocable en los términos del artículo 2518 del Código Civil del Estado de Guerrero, respecto de los derechos que le corresponden sobre el lote de terreno y construcciones en el existentes número 21, de la manzana 22, de la sección I, de la colonia Emiliano Zapata, y que ésta haciendo uso de ese poder celebró consigo misma un contrato de compraventa respecto de dicho bien; hechos que se demuestran con la citada querella y testimonios y no un engaño o aprovechamiento del error con el fin de obtener un lucro, dado que la inculpada al momento de celebrar el contrato de compraventa estaba facultada para disponer del bien, por lo que esa conducta no encuadra en el tipo penal de fraude previsto y sancionado en el numeral 237 del Código Penal del Estado de Guerrero. Es decir, de la querella formulada por la ofendida, ahora quejosa, no se desprende ninguna maquinación por parte de los sujetos activos, con el fin de obtener un lucro indebido, ni se acredita que hayan realizado argucia alguna, para que la quejosa firmara a su favor el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, con carácter de irrevocable en los términos del artículo 2518 del Código Civil del Estado de Guerrero, respecto de los derechos que le corresponden sobre el lote de terreno y construcciones en el existentes número 21, de la manzana 22, de la sección I, de la colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad, y que posteriormente fue utilizado por la inculpada Sara Angelina Guillen Peñuelas, para venderse el referido inmueble, pues como lo indicó la Sala responsable, del instrumento público correspondiente se obtiene que el fedatario previo a firmarlo y autorizarlo, en términos de los artículos 119 y 121 de la Ley número 971 del Notariado del Estado de Guerrero, identificó plenamente a las partes y les explicó su contenido y consecuencias legales, de ahí que no pueda decirse engañada respecto a las consecuencias que del poder que otorgó podían derivarse. Lo anterior, en atención al principio general del derecho conforme al cual nadie puede volverse contra sus propios actos, desconociéndolos o pretendiendo que tengan un valor menor al que ordinariamente se le asignó, pues de lo contrario se haría nugatorio el diverso principio de probidad y buena fe que debe regir en el procedimiento o en la celebración de actos jurídicos. Así, conforme a la teoría de los actos propios que ha sido recogida del principio "venire contra factum proprium non valet", existe el deber jurídico de no contrariar la conducta pasada, en la medida en que el ordenamiento estipula que se haga una interpretación de la conducta conforme a estándares determinados, como las costumbres o la buena fe, con la finalidad de alcanzar y de exigir de las personas un mínimo de coherencia de buena fe en sus relaciones con los demás, porque de otro modo se socavaría la convivencia sana y armónica de la sociedad conforme a deberes éticos mínimos, que se traducen en no dañar o perjudicar a los demás, que constituyen pretensiones de corrección de la conducta con relevancia social. Por tanto, la quejosa no pude desconocer las consecuencias del acto jurídico que celebró y aceptó en su momento, mientras éste no haya sido declarado nulo. Aunado a ello, los inculpados Sara Angelina Guillen Peñuelas y José Escalante Feliciano, aquí terceros interesados, al rendir su declaración ministerial, de manera coincidente refirieron que el veintinueve de marzo de dos mil catorce, la quejosa traspasó a la primera de los mencionados, el lote número 21, de la manzana 22, de la sección I, calle 14, de la colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad, otorgándole un poder irrevocable de riguroso dominio, quedando de acuerdo en dejar pendiente la escritura de compraventa, entregándole en esa data la posesión material del inmueble, que la negociación la comenzaron desde finales del mes de febrero de ese año, que por tal motivo, la primera consiguió el certificado de libertad de gravámenes en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, percatándose que el inmueble tenía tres gravámenes con un valor total de $109,000.00 (ciento nueve mil pesos 00/100 M.N.), que finiquitó el veintiocho del mes y año citados, que además la inculpada entregó personalmente a la agraviada la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), y al día siguiente la quejosa firmó el poder en la Notaría Pública número 19, que días antes en el Banco Azteca la inculpada se encontró con la quejosa y le aperturó la cuenta 808914228009130, con número de clave interbancaria 12726101428009130, donde le hizo depósitos relacionados con la compraventa y en virtud de que la casa construida en el inmueble se encontraba deshabitada, la quejosa le propuso a la inculpada que se la rentara, por lo que celebraron un contrato de arrendamiento por un año, sin embargo a poco tiempo de vencerse el contrato, la quejosa le indicó a la primera que ya no le vendería dado que tenía una propuesta mejor de un sobrino de la señora Yolanda Lorenzo Huerta, quien le duplicaba el valor que le había pagado, dejando de cubrir el pago del arrendamiento, por lo que la inculpada tuvo que promover un juicio especial de desahucio en contra de la quejosa, en el que con fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis se realizó la diligencia de lanzamiento y entrega de la posesión física y material del predio, y para demostrar sus asertos exhibieron en original el certificado de gravamen número 2764/2014 y el folio registral electrónico 44312, así como copia certificada del primer testimonio de la escritura pública número cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y seis, que consigna el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, con carácter de irrevocable otorgado por Eusebia Feliciano Salazar a Sara Angelina Guillen Peñuelas, respecto de los derechos que le corresponden sobre el lote de terreno número 21, de la manzana 22, de la sección I, de la colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad, y de diversas constancias que integran la averiguación previa TAB/DES/01/0026/2016, instruida en contra de la aquí quejosa y otros, por el delito de despojo, y del juicio especial de desahucio número 345/2015, promovido por la tercera interesada en contra de la quejosa, documentales que gozan de valor probatorio pleno con apoyo en los artículos 120 y 124 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, y que son útiles para revelar como lo refirió la Sala responsable que la quejosa, en calidad de arrendataria celebró contrato de arrendamiento con la inculpada, ésta como arrendadora, respecto del bien raíz precisado con antelación, por lo que tenía conocimiento de que había transferido sus derechos de propiedad. Asimismo, obran en la indagatoria los dictámenes en materia de criminalística de campo y fotografía forense, y de topografía y avalúo de bien inmueble, suscritos respectivamente por los peritos Pedro Serrano Ramírez y Aurora Villegas León, adscritos a la Coordinación Regional de Servicios Periciales en Acapulco, así como la inspección inspección ocular que el agente del ministerio público investigador practicó en el lugar de los hechos, medios de convicción que gozan de valor probatorio en términos de los artículos 58, 105, 121, 122, 125 y 126 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero; sin embargo no suministran argumentos o razones para tener por acreditado el cuerpo del delito de fraude. También como se adelantó, la quejosa allegó a la causa penal de origen diversas documentales consistentes en copia simple de la solicitud número 17069 suscrita por la quejosa y dirigida al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Acapulco, del recibo oficial número A 440837, expedido por la Administración Estatal número Dos de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y del formato de solicitud de expedición de copias certificadas al Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Acapulco, respecto del folio de derechos reales número 4431, al igual que copia certificada del contrato privado de compraventa número Z-30313, celebrado entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Acapulco, como parte vendedora y la quejosa como compradora, respecto del lote 21, de la manzana 22, de la sección I, de la colonia Emiliano Zapata, en esta ciudad, del primer testimonio de la escritura pública número setenta y cinco mil seiscientos treinta y dos, que consigna el contrato de compraventa celebrado entre Eusebia Feliciano Salazar, representada por Sara Angelina Guillen Peñuelas, como parte vendedora, y esta última, como parte compradora, respecto del aludido bien inmueble, del primer testimonio de la escritura pública número cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y seis, que consigna el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, con carácter de irrevocable en los términos del artículo 2518 del Código Civil del Estado de Guerrero, que otorgó la quejosa Eusebia Feliciano Salazar, a favor de la tercera interesada Sara Angelina Guillen Peñuelas, respecto de los derechos que le corresponden sobre el mencionado lote de terreno y de diversas constancias y actuaciones que integran el juicio especial de desahucio número 345/2015 que promovió en su contra por Sara Angelina Guillen Peñuelas, y finalmente, el original del contrato privado de arrendamiento que en su carácter de arrendataria celebró con ésta como arrendadora, respecto del multicitado predio, medios de convicción los originales y certificados que gozan de valor probatorio pleno con apoyo en los artículos 120 y 124 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, mientras que los que obran en copia simple el de indicios al tenor del artículo 121 del código procesal en cita, empero resultan ineficaces para acreditar el delito de fraude, dado que de ellos se observa que efectivamente la quejosa otorgó un poder irrevocable de riguroso dominio a la inculpada respecto del bien inmueble objeto del delito, y que ésta con las facultades que tenía para ello realizó a su favor un contrato de compraventa respecto del mismo. Por tanto, como refirió la Sala responsable los elementos de convicción existentes en la causa penal de origen no alcanzan eficacia para considerar fraudulenta la conducta de los inculpados. En ese sentido, al no existir en la causa penal de origen datos que lleven a concluir que los ahora terceros interesados hubiesen ejecutado actos tendientes positivos y directamente encaminados a engañar a la quejosa o bien aprovechar el error en el que ésta se hallara para alcanzar un lucro indebido, es indiscutible que la acción emprendida por éstos no puede estimarse penalmente fraudulenta, dado que falta el elemento típico consistente en el medio especial de comisión que es el engaño; es decir, que los activos se hayan servido de este último para obtener de la quejosa un beneficio ilegal. Tiene aplicación al caso concreto, de manera analógica, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 441, tomo XII, Agosto de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que está redactada en los siguientes términos: "FRAUDE. DEBE DEMOSTRARSE EL ENGAÑO PARA QUE SE CONFIGURE EL HECHO DELICTUOSO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De un análisis del artículo 171 del Código Penal del Estado, se advierte que el primer elemento esencial constitutivo del tipo penal de fraude es la existencia de una conducta falsa, engañosa o el aprovechamiento del error en que se encuentra el sujeto pasivo del delito. El engaño consiste en provocar mediante argucias, artimañas, maquinaciones o cualquier otro medio, un falso conocimiento en el sujeto pasivo, a efecto de determinarlo a realizar un acto de disposición patrimonial en beneficio del sujeto activo. El aprovechamiento del error consiste en la situación de que el sujeto pasivo tenga un falso concepto, una creencia errónea y el sujeto activo se aproveche de esta circunstancia para determinar al pasivo a realizar la disposición patrimonial en su beneficio. En razón de lo anterior es indudable que no se encuentra acreditado el hecho delictivo, puesto que al no acreditarse los elementos del tipo antes señalado, se contraviene lo dispuesto por el artículo 16 constitucional para dictar válidamente una orden de aprehensión." Por consiguiente, la resolución reclamada no se considera violatoria de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no advertir queja deficiente que suplir, a la luz del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procede NEGAR EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la quejosa Eusebia Feliciano Salazar. Finalmente, se hace la aclaración que los argumentos expuestos en esta resolución, no tienen como finalidad prejuzgar sobre la validez o eficacia del instrumento jurídico en el que se consignó el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, sino que el sentido de esta sentencia se ciñe a demostrar que los hechos denunciados no son típicos del delito de fraude, y que la solución en su caso respecto a la nulidad de aquél corresponde a los tribunales civiles y no al derecho penal que es de última ratio, de ahí que la quejosa tenga expedito su derecho para hacerlo valer por la vía y forma legal que corresponda. Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, en términos de lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Eusebia Feliciano Salazar, por las razones contenidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano