Eusebia Comonfort Cálvelo
Expediente 2588/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2588/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/12/2019
Partes del expediente
- Eusebia Comonfort Cálvelo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal, se advierte que las autoridades responsables obligadas al cumplimiento de la suspensión definitiva de los actos reclamados, no han acreditado en autos haber acatado el núcleo esencial de la suspensión, y debido a que el cumplimiento de la suspensión definitiva es de orden público e interés general, de conformidad con lo establecido en el artículo 158, en relación con el numeral 209, ambos de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Titular de la Unidad General Administrativa y a la Dirección General de Recursos Financieros, ambos del Tribunal Superior Agrario, para que dentro del término de diez días (dada la complejidad de los trámites que deberán llevar a cabo), den cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en autos; esto es, las dos primeras autoridades, realicen todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a la medida cautelar dictada el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, a efecto de que las quejosas ********** continúen recibiendo el conjunto de conceptos que integran sus remuneraciones -ingresos monetarios, prestaciones y beneficios- en la forma en que lo han venido haciendo, en el entendido de que deberán solicitar, tramitar y gestionar la adecuaciones presupuestarias para realizar los pagos correspondientes de sueldos y prestaciones o en su defecto realizar las medidas necesarias para solicitar ante las instancias respectivas la autorización presupuestaria que sea necesaria; y la tercera de ellas, deberá realizar la ampliación líquida al presupuesto de los Tribunales Agrarios en las partidas del capítulo 1000 "servicios personales", e incluir las de seguros de gastos médicos y seguro de separación individualizado, conforme a lo solicitado por las autoridades del Tribunal Superior Agrario mediante el oficio UGA/0702/2019 de doce de agosto de dos mil diecinueve; Asimismo, manifestar qué procedimiento interno ha instaurado para cumplir con la suspensión definitiva dictada en autos; lo que deberán hacer del conocimiento y acreditar ante este juzgado, con constancias fehacientes, o bien manifestar la imposibilidad que les asista para dar cumplimiento a este requerimiento. Lo anterior a efecto de que se cuente con mayores elementos que permitan verificar el cumplimiento de la medida cautelar otorgada. Resulta aplicable al caso, la tesis P./J.5/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. Criterio que se encuentra contenido en la tesis P.XX/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales sostuvo el criterio predominante de que tratándose de obligaciones de pago derivadas de sentencias de amparo a cargo de las autoridades responsables, no se sancionaría su incumplimiento cuando el pago no se encontrara previsto en el presupuesto autorizado, de manera que la responsabilidad de aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los órganos competentes para que se autorizara el gasto correspondiente. En este sentido se orientan los siguientes criterios históricos, de rubros: "CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN."; "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS."; "SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE EJECUCIÓN DE LAS." e "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.", publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, página 131 y en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, página 2277 y Tomo XLVII, página 4882, y Sexta Época, Volumen LXXVIII, Primera Parte, página 14. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.3o.C.69 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SISTEMAS REGULADOS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 165/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 637, de rubro: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", sostuvo que el cumplimiento del auto de suspensión en materia de amparo está regulado en dos sistemas diferentes que funcionan paralelamente: el primero, previsto en los artículos 104 y 105, párrafo primero, 107 y 111 de la anterior Ley de Amparo, que proporciona al juzgador los medios legales para requerir a las autoridades responsables y lograr de ellas el cumplimiento de la resolución que concedió la suspensión del acto reclamado, sea provisional o definitiva; y el segundo, contenido en el artículo 206 de dicha ley, que establece la forma y momento en que habrá de sancionarse a la autoridad responsable que no dé cumplimiento a esa medida; sistemas que pueden aplicarse paralela y simultáneamente. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente consigna preceptos de similar contenido a los que se interpretaron en la aludida jurisprudencia; así, los artículos 143, 104, 105, párrafo primero; 107, 111, 206, 130 y 139 de la Ley de Amparo abrogada, se corresponden esencialmente (en ese orden), con los numerales 158, 192, 193, 194, 211, 136 y 139 de la ley vigente. No obstante existe una notable diferencia, pues mientras el artículo 143 remitía al capítulo que contenía el procedimiento para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que se empleaba analógica y sólo parcialmente en tratándose de la suspensión, el artículo 158 de la Ley de Amparo en vigor remite al título quinto, denominado "Medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos" y no a las reglas previstas al respecto para lograr a su vez el eficaz cumplimiento de las ejecutorias que conceden la protección constitucional. Sin embargo, con independencia de esto, en la actualidad, con las precisiones legales correspondientes, aún puede afirmarse que el cumplimiento del auto de suspensión está regulado mediante dos sistemas; uno que ve directamente al cumplimiento del auto de suspensión, que no tiene tramitación incidental y otro que ve al desacato de la autoridad responsable, que da lugar a un trámite incidental. Sistemas que el juzgador puede aplicar simultáneamente y que funcionan paralelamente. El primer sistema es el que establece el artículo 158 de la Ley de Amparo, el cual permite al juzgador hacer cumplir la resolución suspensional y/o tomar las medidas necesarias para su cumplimiento y tiene las siguientes características: a) su objetivo primordial no es determinar si se violó la suspensión, sino conseguir su cumplimiento; b) no requiere tramitación incidental; c) es oficioso (orden público), aunque no se excluya la posibilidad de petición de parte; d) es preventivo, pues de su éxito depende que no se promueva el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión; y, e) ante la violación de la suspensión, el juzgador puede declarar la nulidad del acto infractor para volver las cosas al estado que tenían al momento en que se concedió la medida (siempre que la naturaleza del acto reclamado lo permita). Por su parte, el segundo sistema es el que establece el capítulo V del título tercero, denominado "Cumplimiento y ejecución" de la Ley de Amparo, que va del artículo 206 al 209, y regula el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, el cual tiene las siguientes características: a) no es de oficio, puesto que requiere la promoción de parte, lo que indudablemente excluye la posibilidad de apreciar el principio de orden público, evidente en el otro sistema; b) es represivo en la medida de que su principal consecuencia es la sanción a la autoridad que incumplió la orden de suspender el acto reclamado; c) ante la violación de la suspensión, el juzgador también puede declarar la nulidad del acto infractor y, de hecho, es en este sistema donde tradicionalmente se hace dicha declaración (aunque si en el otro sistema se hizo, entonces no habrá necesidad de reiterarla y la resolución incidental se limitará al análisis de la responsabilidad de la autoridad responsable en la violación a la suspensión)." Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que subsiste el apercibimiento decretado en auto de doce de enero de dos mil diecinueve, esto es, que de no hacerlo así en el término citado, o no manifiesten la imposibilidad legal o material que les asiste para ello, se les impondrá a las personas físicas que detenten el cargo de dichas autoridades, una multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, ello con fundamento en los artículos 158, 237 y 259 de la Ley del Amparo; asimismo, podrán ser denunciadas ante el Fiscal Ejecutivo Titular Adscrito (antes Ministerio Público de la Federación adscrito), por el delito que establezca la fracción III del artículo 262 de la ley de la materia Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficios remitido por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; por el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, incluido al Ministerio Público Federal, copia del oficio de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, sin ulterior acuerdo, remítase el original del oficio de expresión de agravios y el cuaderno principal al Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, en turno (por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y del Centro Auxiliar de la Primer Región con Residencia en la Ciudad de México), para su trámite y resolución. Con copia del recurso de revisión y de esta determinación fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, sin que sea necesario agregar alguna otra constancia, toda vez que el expediente se encuentra debidamente digitalizado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0). Asimismo, infórmese a la superioridad que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, ya que se han incorporado al mismo todas y cada una de las promociones, documentos, autos y resoluciones, el cual está a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por tanto, instrúyase al Analista Jurídico a efecto de que realice lo movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Por otra parte, visto el oficio del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del cual solicita se regularice el procedimiento a efecto de que se le llame a juicio al Instituto Mexicano del Seguro Social, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, en virtud de que en el presente asunto ya se dictó sentencia, máxime que dicha prerrogativa es exclusiva de la parte quejosa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el testimonio recibido vía juicio en línea por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del citado Órgano Colegiado, en el recurso de queja número Q.A. 1112/2019 de su índice. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que el citado Tribunal Colegiado, en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, resolvió lo siguiente: "Primero. Se declara fundado el presente recurso de queja. Segundo. Se concede la suspensión provisional al quejoso ***********, en los términos y para los efectos indicados en el último considerando de esta ejecutoria." Háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que en proveído de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, se ordenó suspender el procedimiento en el presente asunto, hasta en tanto el Tribunal de Alzada correspondiente resolviera lo conducente al recurso de queja de que se trata, y toda vez que tal circunstancia acontece; se ordena reanudar el procedimiento en el presente sumario constitucional. Se señalan las diez horas con cuarenta y ocho minutos del dos de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, tomando en cuenta que mediante proveídos de dieciséis, dieciocho, veintidós de julio, uno, dos y siete de agosto, todos de dos mil diecinueve, se reservó el acuerdo relativo a diversas promociones para este momento procesal, al respecto se acuerda: Agréguese a los autos los oficios remitidos por las autoridades responsables Director General Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Titular de la Secretaría de la Función Pública, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Director Jurídico del Banco de México, Gerente de Gestión Presupuestal; Gerente de Remuneraciones y Beneficios; Subgerente de Gestión de Remuneraciones y Prestaciones; Subgerente de Pensiones y Salarios; Subgerente de Presupuestos y Costos, Jefa de la Oficina de Nómina, Jefe de la Oficina de Salarios y Compensaciones y por el Jefe de la Oficina de Prestaciones, todos del Banco de México y Jefe de la Oficina de Presupuestos del Banco de México, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe, por lo que se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la presente ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia se tienen como delegados a las personas que menciona, quienes tendrán las facultades de rendir pruebas, alegar y hacer promociones únicamente en el acto de la audiencia, así como para interponer recursos. Finalmente, agréguese copia certificada del presente auto y de la promoción de cuenta, al incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo y provéase lo que en derecho corresponda. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y al Fiscal Ejecutivo Titular.
- Principal
Ciudad de México, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, registrándolos bajo el toca R.A. 502/2019 de su índice; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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