Euripides Astudillo ÁVILA
Expediente 552/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 552/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Euripides Astudillo ÁVILA
- Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veinte de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Desde otro aspecto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo cuarto, séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente, en sus artículos 14 y 21, el juicio de amparo carece de relevancia documental; por tanto, éste es susceptible de destrucción, una vez que cuente con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Antes de proceder a la destrucción de dicho expediente, se deberán generar los siguientes documentos por duplicado: * Acta y relación de expedientes judiciales, depurados o destruidos firmada por el titular de este tribunal y el secretario designado para dar fe. Lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, posteriormente, deberá remitirse el original del acta de depuración y de los listados de los expedientes respectivos al Centro de Documentación y Análisis y del expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, en términos de lo dispuesto en los puntos décimo primero, último párrafo y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se deja a disposición de la parte quejosa el documento que exhibió en este asunto, previniéndola que de no acudir a recogerlo dentro de un término de noventa días transcurridos a partir de que surta efectos la legal notificación de este proveído, dicho instrumento podrá ser destruido junto con el expediente. Se le hace del conocimiento, que para ello, de conformidad a lo establecido en los numerales 3 y 6, fracción II, inciso B, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberá generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de dicha cita. Lo anterior, es un proceso automatizado que otorgará a persona cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Cabe precisar que el Código QR podrá presentarlo electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, para acceder a este órgano jurisdiccional.
- Principal
Con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, así del numeral 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se notifica por medio de lista a la PARTE QUEJOSA, el proveído de VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, en virtud de que no compareció ante este juzgado de Distrito, a notificarse personalmente dentro de los dos días hábiles siguientes, a la fecha en que se dejó aviso en la puerta del domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones. El referido auto en síntesis dice:"Acapulco de Juárez, Guerrero, veinte de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el número 552/2020 que le corresponde y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; para lo cual se forman expedientes, tanto físico como electrónico, acorde a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo... Ahora bien, de la lectura del ocurso que se provee, se aprecia que la parte quejosa, señala como autoridades responsables y actos reclamados los que enseguida se especificarán: *** En ese sentido, a las autoridades responsables en cuestión, en forma específica e individual se les reclama: *** fin de proveer lo que en derecho proceda, debe hacerse la precisión del acto reclamado, en atención a lo antes transcrito, así como a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgador de amparo determina tomar en consideración los datos de dicho escrito en un sentido congruente con todos sus elementos, lo que incluye la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al caso, se estima aplicable, la Jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, se hace la precisión que la parte quejosa se duele, en esencia, la negativa y la omisión de las autoridades responsables de dar cumplimiento a los oficios 18/2/2019, 19/2/2019, 15/2/2019 y 16/2/2019 librados en el expediente 492-2/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad Al respecto, debe señalarse que se actualizan causas notorias, manifiestas e indudables que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El precepto legal antes mencionado es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección Federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. Sobre este aspecto, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo sesenta y ocho, agosto de mil novecientos noventa y tres, página setenta y siete, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda de garantías debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, a criterio del suscrito, el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Conforme al dispositivo transcrito, la instancia constitucional es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, en otras palabras, dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, al existir dicho medio ordinario de impugnación, es evidente que el amparo deviene improcedente. Dicho principio general, se encuentra previsto en el artículo 107, de la Constitución General de la República, el cual tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa. De manera que, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento, pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus derechos constitucionales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto reclamado. Asimismo, se precisa que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, en el caso particular el acto reclamado se constituye en una omisión y, por consiguiente el retraso del procedimiento, de los jueces que señala en su demanda como responsables, sin embargo, se considera que no es una omisión por parte de las autoridades a las que señala como responsables, toda vez, que las pruebas ofertadas fueron dentro el juicio 492-2/2018, por consiguiente el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, es quien ordenó girar oficios 18/2/2019, 19/2/2019, 15/2/2019 y 16/2/2019, a sus homólogos a fin de que estos remitieran las documentales solicitadas. De lo anterior, se evidencia que quien debe de requerir a los jueces respecto del cumplimiento a lo requerido mediante oficios de diecisiete de enero del año en curso, es el juez ante quien se tramita el juicio ordinario civil 492-2/2018, pues fue este el emisor de los oficios. En consecuencia, este juzgador considera que el presente juicio de amparo es improcedente, toda vez que antes de promover esta instancia, el quejoso está sujeto a solicitarle al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, que requiera a las aquí responsables dar cumplimiento al requerimiento efectuado mediante oficios consistentes en el acto reclamado. Empero, del escrito de demanda no se advierte petición al respecto ante la autoridad donde se tramita el expediente 492-2/2018. Luego, se reitera, si en la especie se reclaman de las responsables, la negativa y la omisión para dar cumplimiento a los oficios 18/2/2019, 19/2/2019, 15/2/2019 y 16/2/2019, de diecisiete de enero de dos mil veinte, derivados del expediente 494-2/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, sin comprobar haber acudido previamente a solicitarlo ante el juez donde se tramita el expediente de origen; no es jurídicamente factible tenerse por actualizada las omisiones que en esos términos se atribuyen a las autoridades responsables, puesto que corresponde al actor, acudir ante la autoridad donde se radica el juicio de origen, a solicitarle provea lo que en derecho corresponda, para que adopte las medidas necesarias y logre el cumplimiento del requerimiento efectuado en oficios de fecha diecisiete de enero de dos mil veinte y, si hubiera renuencia por parte de los jueces a los que se les solicitaron los documentos, solicite a esta agote las medidas de apremio que la ley le faculte, a fin de no retardar más el procedimiento. Expuesto lo anterior, es claro que el solicitante del amparo incumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no se puede válidamente abandonar la defensa ordinaria ni promover el juicio de amparo en contra de aquélla, sino que se debe agotar la jurisdicción ordinaria ya que no es optativo cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio. Además, debe atenderse a que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que los actos de autoridad generan en perjuicio de los gobernados, razón por la cual el legislador ha establecido como principio que rige su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso se llegue a pronunciar, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del quejoso, circunstancia que no se puede materializar cuando la propia ley norma que previo a instar el procedimiento de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios previstos como un mecanismo de defensa contra los actos de autoridad. Fundamenta dicha consideración, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 902, tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, que se puede consultar en la página 729 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo 1, Décima Época, del contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Además, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo sesenta y siete, julio de mil novecientos noventa y tres, página cincuenta y uno, cuyo rubro y texto son: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". Aunado a lo anterior, se precisa que el acto aquí controvertido, tampoco se ubica dentro de las hipótesis de excepción al principio de definitividad descritas en líneas que anteceden, para que sea factible su procedencia, pues es claro que, no es de los que importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se está en el supuesto de una persona extraña al procedimiento. Sustenta a dichas aseveraciones, la tesis IV.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible a página 3141, del Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución." En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XVIII y 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda constitucional promovida por Euripides Astudillo Ávila. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Hernández Montufar, respecto de la diversa persona que señala únicamente se le tiene para recibir y oír notificaciones e imponerse de los autos, conforme al precepto 24 de la invocada ley, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el precitado arábigo constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior, la Tesis Aislada I.1°.A.23. K (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, materia común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". De la expedición de copias. De conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal a partir del tres de agosto del año en curso, se da inicio a la tercera etapa de reactivación, en la cual se adopta un esquema de trabajo en el que el Poder Judicial de la Federación cumplirá en su totalidad con la prestación del servicio público de impartición de justicia, aunque con algunos ajustes que requerirán de un inevitable proceso de asimilación por parte del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, al ser un hecho notorio que la pandemia subsiste como un peligro para la salud de todas y todos. De tal forma que la reactivación no se realiza en un contexto de "normalidad", lo que implica que subsistan las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, por lo que se insiste en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. En seguimiento a esas directrices, como una medida que se adopta con la finalidad de proteger tanto a los servidores públicos, a los justiciables y al público en general de los efectos del virus COVID-19, la obtención de copias en esta nueva normalidad, se hará bajo los siguientes lineamientos: Para la obtención de copias simples: 1. Deberán solicitarlas por escrito (presentado vía electrónica o físicamente), en el que deberán proporcionar un correo electrónico o teléfono (que cuente con servicio de recepción de documentos como whatsapp) a efecto de que, una vez autorizada su expedición, ahí les sean enviados los archivos correspondientes para que estén en aptitud de imprimirlas y obtener el número de copias que requieran por sus propios medios. 2. En caso de que se desee obtener copia simple de las constancias consultadas al asistir a una cita de consulta del expediente generada dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio "Servicios Jurisdiccionales", se sugiere el día de la cita programada acudan con memoria USB o algún otro dispositivo de almacenamiento a efecto de que les sea proporcionado el correspondiente archivo digital de las constancias pretendidas (siempre que las mismas se encuentren digitalizadas), para que estén en aptitud de imprimirlas por sus propios medios. 3. En caso de que las constancias de las que se requiera copia simple no se encuentren digitalizadas y por ende, no obren en el expediente electrónico, deberán agendar un cita para consulta del expediente dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio "Servicios Jurisdiccionales", de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, rubro en el cual podrán generar la cita correspondiente. Hecho lo anterior, por lo menos con dos días de anticipación a la fecha de la cita referida, deberán ponerse en contacto con el personal del juzgado al número 744 435 19 00 extensión 1204, para que se gestione en el área de fotocopiado el reporte respectivo, a fin de que en la fecha y horario asignado, sea posible su reproducción y entrega de las mismas, a su costa. En el entendido que de no avisar con la anticipación mínima indicada, deberán agendar nueva cita para su gestión; así como que en caso de que el volumen de las copias solicitadas, o bien, las cargas del trabajo del centro de fotocopiado imposibiliten su reproducción total en el tiempo de duración de su cita, tendrán que agendar las citas que sean necesarias para lograr la expedición de la totalidad de las constancias requeridas. Para la obtención de copias certificadas: 1. Deberán solicitarlas por escrito (presentado vía electrónica o físicamente), en el que deberán proporcionar un correo electrónico o teléfono (que cuente con servicio de recepción de documentos como whatsapp) a efecto de que, una vez autorizada su expedición, ahí les sean enviados los archivos correspondientes para que estén en aptitud de imprimirlas y obtener el número de copias que requieran por sus propios medios. Una vez que reciban los archivos correspondientes, deberán generar cita para consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acudan con las impresiones de los archivos, para obtener la certificación correspondiente, previo su cotejo, siempre que las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional permitan su expedición dentro del tiempo de duración de su cita; en caso contrario deberán agendar nueva cita de consulta de expediente para su entrega. 2. En caso de que se desee obtener copia certificada de las constancias consultadas al asistir a una cita de consulta del expediente generada dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio "Servicios Jurisdiccionales", se sugiere que el día de la cita programada acudan con memoria USB o algún otro dispositivo de almacenamiento a efecto de que les sea proporcionado el archivo digital de las constancias pretendidas (siempre que las mismas se encuentren digitalizadas), para que estén en aptitud de imprimirlas por sus propios medios. Hecho esto, será su obligación obtener la impresión de dichas constancias al exterior de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación y generar nueva cita para consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acudan con las impresiones de los archivos, para obtener la certificación correspondiente, previo su cotejo, siempre que las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional lo permitan dentro del tiempo de duración de su cita; en caso contrario deberán agendar nueva cita de consulta de expediente para su entrega. 3. En caso de que las constancias de las que se requiera copia certificada no se encuentren digitalizadas y por ende, no obren en el expediente electrónico, deberán agendar una cita para consulta del expediente. Hecho lo anterior, por lo menos con dos días de anticipación a la fecha de la cita referida, deberán ponerse en contacto con el personal del juzgado al número 744 435 19 00 extensión 1204, para que se gestione en el área de fotocopiado el reporte respectivo, a fin de que en la fecha y horario asignado, sea posible su reproducción y entrega de las mismas, a su costa. En el entendido que de no avisar con la anticipación mínima indicada, deberán agendar nueva cita para su gestión. Asimismo, que en caso de que el volumen de las copias solicitadas, o bien, las cargas del trabajo del centro de fotocopiado imposibiliten su reproducción total en el tiempo de duración de su cita, tendrán que agendar las citas que sean necesarias para lograr la expedición de la totalidad de las constancias requeridas, así como obtener su certificación, previo cotejo. También, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente.
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