Eunice Zavala Merino

Expediente 743/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 27 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
743/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Eunice Zavala Merino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del que se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es depurable en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que sobreseyó y negó la protección constitucional en este juicio de amparo. El original del incidente de suspensión es destruible, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó y negó el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas; glósense los cuadernos incidentales y hágase del conocimiento de las partes lo anterior. Notifíquese y vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de enero de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor trámite el oficio de la Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Quinta del Sistema Acusatorio de la Unidad de Investigación B-1 de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla, mediante el cual informa que el requerimiento realizado en autos ya fue desahogado; toda vez que el veintinueve de diciembre pasado, se dictó sentencia definitiva. Notifíquese y vía electrónica. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4487/2022, del diez de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy Fe.

  4. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las diez horas del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 743/2022-IV, promovido por ********************, por derecho propio, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable al rendir su informe de ley y por la parte quejosa. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin más pruebas que desahogar, se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguno los formuló. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 743/2022-IV; y, R E S U L T A N D O: I. ********************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cinco de Trámite del Nuevo Sistema Oral del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. II. En proveído del veintiuno de junio de dos mil veintidós, se previno la demanda. III. En acuerdo del uno de julio de dos mil veintidós, previo desahogo, este juzgado federal admitió a trámite la demanda de amparo, la registró con el número 743/2022-IV, solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado pertenece al orden penal y se atribuye a una autoridad con residencia en la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable: 1. El aseguramiento dictado sobre el inmueble perteneciente al desarrollo habitacional Cumbres de Saayavedra, ubicado en Paseo de Carreteras, número tres, Vialidad Vesubio, colonia Francisco I. Madero, primera sección, municipio Nicolás Romero, Estado de México. 2. La negativa de aceptar la comparecencia de la quejosa para acreditar la propiedad del departamento 404, torre 7, y del uso de cajón de estacionamiento 112. 3. La negativa de dar acceso a la carpeta de investigación TLA/TL/NIR/063/063/222455/17/10, en la que se dictó el aseguramiento combatido. 4. La omisión de acordar conforme a derecho el escrito presentado el siete de junio de dos mil veintidós. Tercero. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Quinta de Trámite del Sistema Acusatorio Adversarial de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados. Por cuanto hace a los actos reclamados señalados con los numerales 1, 2 y 3, se tienen por inexistentes, toda vez que la parte quejosa no exhibió medio de prueba alguno para desvirtuar tales negativas. Bajo ese panorama, cabe destacar que la demostración del acto reclamado es un hecho que debe acreditarse con las probanzas idóneas, o al menos de forma indiciaria, cuando las autoridades responsables niegan los actos que se les reclama, queda a cargo de la parte quejosa aportar los medios de convicción tendentes a demostrar la certeza de los mismos. En sustento a lo anterior se invoca la jurisprudencia VI.2o. J/308 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice compilacio´n 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, página 77, de rubro: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO." Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, puesto que de las mismas se desprende que se dictó el acuerdo del veintiséis de mayo del año en curso, en el que se ordenó el aseguramiento de diversos departamentos en la carpeta de investigación TLA/TL/NIR/063/063/222455/17/10, más no el que defiende la quejosa ni de la totalidad del desarrollo habitacional. Lo que se corrobora con la impresión siguiente: Aunado a que no se aprecia ni indiciariamente que la quejosa haya intentado comparecer en la indagatoria de que se trata ni su negativa. En esa secuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo, en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cuarto. Previo al análisis de las cuestiones de fondo planteadas, debe precisarse que este órgano jurisdiccional advierte que no se surten diversos supuestos que dispone el artículo 61 de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el último párrafo del citado precepto; por tanto, procede estudiar la constitucionalidad o no del acto reclamado señalado con el numeral 4. Quinto. La quejosa formuló los conceptos de violación contenidos en la demanda, cuya transcripción se estima innecesaria para su estudio, máxime que no existe disposición legal que obligue a actuar en ese sentido, lo cual no implica, en modo alguno, desatender los principios de congruencia y exhaustividad que rigen el dictado de toda sentencia. También se puntualiza que en razón del sobreseimiento de los actos, únicamente se estudiaran los motivos de disenso relativos al cuarto acto reclamado, relativo a la omisión de acordar conforme a derecho el escrito presentado el siete de junio de dos mil veintidós. En ese sentido se advierte que la promovente del amparo consideró afectada en su esfera jurídica los derechos fundamentales contenido en los artículos 8, 14, 16, de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el único argumento de que la determinación recaída a su escrito presentado el siete de junio de dos mil veintidós carece de fundamentación y motivación. Tal motivo de inconformidad es infundado. A fin de dar contestación al concepto de violación propuesto, es conveniente citar el contenido del artículo 8o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Por imperativo constitucional, el Estado (a través de sus funcionarios o empleados) está obligado a dar respuesta a toda petición escrita que le formule el gobernado y así atender el mandato que de la ley fundamental deriva, pero ello exige el cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales enseguida se reseñan: a) Toda petición que se haga a la autoridad, debe constar por escrito y se debe formular de manera pacífica y respetuosa. b) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito, congruente con lo pedido. c) Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. En esas condiciones, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto de la Ley Fundamental al dictar un acuerdo congruente, expresado por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. La obligación impuesta a la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a esa petición, también requiere que lo haga en breve término y que se lo dé a conocer al peticionario, lo que implica que la notificación del acuerdo que recaiga a la solicitud respectiva, es uno de los elementos constitutivos del derecho público subjetivo que se estudia. Además, debe recordarse que no existe obligación a cargo de la autoridad a la que se eleva la petición de resolver en determinado sentido; esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló a que provea necesariamente de conformidad a lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; empero, esa respuesta tendrá que ser congruente con la petición y, además, deberá estar fundada y motivada. En esos términos se instituye el derecho público subjetivo que tutela el artículo 8o constitucional, en la medida que garantiza la emisión en breve término de una respuesta a toda petición que el gobernado eleva ante la autoridad, sólo que el respeto a esa garantía para que adquiera plena eficacia, exige que la respuesta emitida al respecto no sea con evasivas, sino congruente con lo pedido. Por tanto, de los argumentos contenidos en párrafos que anteceden, se aprecia que cuando el solicitante del amparo aduce violaciones al artículo 8o constitucional, el análisis constitucional se limitará a verificar si la respuesta emitida por la autoridad es o no congruente con lo solicitado en el escrito de petición. En ese sentido, es incuestionable que la autoridad ante la que se presente un escrito de petición, en términos del artículo 8° constitucional, se encuentra obligada a emitir una respuesta congruente con lo pedido, pero no -por regla general- a fundar y motivar dicha respuesta. Luego, con base en las consideraciones expuestas previamente en esta sentencia, se colige que no existe violación al principio de legalidad, ni al derecho de petición. Esto, porque el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Quinta de Trámite del Sistema Acusatorio Adversarial de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla, Estado de México, en atención a la petición del siete de junio de dos mil veintidós, emitió la respuesta el nueve de junio del año en curso. En efecto, contrario a lo que afirma la quejosa, la autoridad responsable no vulneró en su perjuicio el artículo 16 constitucional con la emisión del acuerdo que constituye el acto reclamado, ello puesto que invocó los preceptos legales aplicables a la naturaleza de la petición realizada, y motivó su determinación conforme a la petición planteada. Se estima así, pues la quejosa solicitó el reconocimiento como autorizados de las personas que designó en el escrito de referencia. A lo que la autoridad con fundamento en lo dispuesto en los articulos1.8 14. 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, 128, 129 131, 141, 212. 213 214. 215. 216 217 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó improcedente su solicitud, atento al artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no ser sujeto del procedimiento la quejosa, al no habérsele reconocido calidad alguna en la carpeta de investigación misma que se encuentra en etapa inicial, atendiendo al sigilo de la investigación y en consecuencia, hasta en tanto se reconociera una calidad jurídica de la peticionaria, se estaría en posibilidad de acordar de conformidad lo solicitado. En efecto, por una parte, de los preceptos en los que fundó su determinación la representación social, se advierte que son sujetos de procedimiento penal: I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Y que los registros de la investigación, así´ como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables. Entonces, como bien determinó la autoridad responsable investigadora y de una revisión de las actuaciones, se advierte que a la fecha de la interposición de la demanda de amparo, no se le reconoce la calidad de sujeto procesal en la carpeta de investigación y de acuerdo con el numeral 218 de la ley de la materia, dada la naturaleza del procedimiento, solo las partes deben tener acceso al contenido y el ritmo de la investigación, por lo que no es dable dar acceso a los registros de la indagatoria a las personas ajenas a la Litis. Acuerdo que, se notificó vía correo electrónico a la referida promovente en la cuenta proporcionada para tal efecto en esa misma fecha. De ahí que se estima que la respuesta examinada satisface las exigencias del derecho de petición, por lo que resulta infundado que se haya violado en perjuicio de la parte quejosa lo previsto en los artículos 14 y 16 constitucional. Por consiguiente, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que no se haya emplazado al tercero interesado sociedad mercantil *********** sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderada legal ***********, toda vez que si bien es cierto que el emplazamiento a las partes es una regla que norma el procedimiento en el juicio de amparo, también lo es, que uno de los principios fundamentales de la impartición de justicia es que sea pronta y expedita; así que en vista de que la presente sentencia no le es adversa lo cual es razón suficiente para dictar el fallo que en derecho corresponde, fundamentalmente porque en la especie no se deja sin posibilidad de defensa a la referida parte procesal. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de conformidad con el considerando tercero de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese vía electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe. Doy fe.

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