Eunice Veridiana Cardenas Guerrero
Expediente 197/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 197/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Eunice Veridiana Cardenas Guerrero
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, catorce de enero de dos mil veintiuno. Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; agréguese a este expediente principal el cuadernillo original relativo a dicha incidencia, y respecto del duplicado una vez que transcurran más de seis meses de su archivo, destrúyase, lo que tiene apoyo en el punto vigésimo, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 197/2020-2; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veinte, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, y que por razón de turno correspondió conocer del mismo, Eunice Veridiana Cárdenas Guerrero, promovió juicio de amparo contra acto del Juez de Control de la Quinta Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, residente en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en la resolución de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictada en la audiencia de control de garantías, que declaró improcedente la petición de revocar la determinación de archivo temporal decretada el once de noviembre de dos mil diecinueve, en la carpeta de investigación 442/2017. SEGUNDO. Por auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, se admitió la demanda con el número 197/2020-2, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable, se dio a la representante social de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha para la audiencia constitucional (fojas 11 a 14), la cual no se llevó a cabo en virtud de que a partir del diecisiete de marzo de dos mil veinte, mediante Acuerdo General 4/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la suspensión de plazos y términos en los órganos jurisdiccionales. Posteriormente, en virtud de los establecido en Acuerdo General 21/2020, el mismo Pleno, en que se determinó el regreso escalonado de personal y reactivación de la actividad jurisdiccional a partir del tres de agosto de dos mil veinte, mediante auto de siete de agosto de dos mil veinte se señaló nueva fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional (foja 52), misma que se desahogó el quince de octubre del mismo año, en los términos que se anotan (foja 56); y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado tuvo ejecución material en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictada en la audiencia de control de garantías, en la que al resolver el recuso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declaró improcedente la petición de revocar la determinación de archivo temporal decretada el once de noviembre de dos mil diecinueve, en la carpeta de investigación 442/2017. Sirve de apoyo a tal precisión, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Es cierto el acto reclamado, por así reconocerlo el Juez de Control de la Quinta Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado (fojas 22 a 47). Además, dicha certeza se robustece con el índice cronológico de la audiencia relativa que remitió la autoridad judicial en el informe, las constancias de la carpeta preliminar CE/0070/2019, así como del disco óptico "DVD", que contiene la grabación de la audiencia oral de control de garantías relativa a dicha carpeta; con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. CUARTO. Por ser de estudio preferente y constituir un presupuesto procesal que debe analizarse por el juzgador, deviene oficioso el examen de las causales de improcedencia en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones que enseguida se expondrán. El numeral de referencia dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." En lo concerniente, los artículos 5°, fracción I y 6° de la ley de la materia, establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. ." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Así también, con lo dispuesto por el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". De la interpretación gramatical de los preceptos transcritos, se colige que el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional, mismo que como lo dispone el principio de parte agraviada, rector del propio juicio de amparo, deberá promoverse por la persona a quien le irrogue perjuicio la norma general o acto reclamado; entonces, a quien recae tal carácter deberá ser la que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, susceptible de ser reclamado en esta vía. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), visible en la página 1598, libro 64, marzo de 2019, tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (registro 2019456), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", en cuyo texto, en lo que aquí interesa, se establece que los elementos constitutivos del interés jurídico radican en demostrar dos cuestiones, a saber: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y b) que el acto de autoridad de donde deriva el agravio correspondiente, afecta ese derecho. Además, de la lectura del texto de dicho criterio, se desprende que la falta de alguno de esos requisitos conlleva a la improcedencia de la acción constitucional que se intente. Es oportuno precisar que en el caso no se está ante un reclamo de un interés legítimo, ya que la quejosa en su demanda no realizó manifestación alguna en torno a la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele un interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, ni reclamó una transgresión a un interés difuso en lo individual o lo colectivo, de ahí que resulte innecesario abordar cualquier exposición respecto a ello. Precisado lo anterior, queda claro que si la impetrante de amparo ostenta un derecho subjetivo protegido por la norma y el acto de autoridad reclamado representa un menoscabo en su esfera jurídica, podrá reclamar dicha transgresión a través del juicio de amparo, siempre y cuando se encuentre acreditado que tal interés jurídico o derecho subjetivo le fue violentado. Por ello, cuando no se genere un menoscabo en el derecho subjetivo de la parte quejosa, ya sea porque en realidad no ostente dicho derecho, o porque el acto no le imponga obligación alguna, se actualiza la causa de improcedencia señalada previamente para reclamar tal acto en la vía constitucional. En el caso, como se precisó en párrafos que anteceden, la quejosa reclama la resolución de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictada en la audiencia de control de garantías, en la que al resolver el recuso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declaró improcedente la petición de revocar la determinación de archivo temporal decretada el once de noviembre de dos mil diecinueve, en la carpeta de investigación 442/2017, derivado de la ineficacia de los datos de prueba aportados por la ofendida para acreditar el hecho que la ley señala como delito, en el caso el de abandono de obligaciones alimentarias, así como la identificación de quien lo cometió. Este órgano de control constitucional estima que dicha determinación judicial no causa afectación alguna al interés jurídico de la ofendida aquí quejosa, ya que el pronunciamiento del Juez responsable, al confirmar el pronunciamiento de archivo temporal efectuado en la etapa de investigación inicial, no causa por ahora perjuicio, pues es un acto definitivo cuyos efectos sean de imposible reparación. Es así, porque aún efectuado tal pronunciamiento de reserva, subsiste el derecho de la ofendida por sí o a través de su representante legal, para aportar otros datos de prueba en la carpeta de investigación, tendentes a poner de manifiesto la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probable participación de quien lo cometió, para que así el órgano persecutor quede en condiciones, en su momento, decidir nuevamente sobre el ejercicio de la acción penal. Esto va aparejado de la obligación del Ministerio Público de imponerse de los datos que se aporten e impulsar la investigación en términos del artículo 21 Constitucional, el cual lo faculta para investigar los delitos, lo que implica el allegarse de los medios que acrediten el hecho y la responsabilidad del imputado en su comisión. Tan es así, que al respecto en la citada audiencia, la autoridad responsable, además de considerar improcedente el precitado medio de impugnación, contra la determinación de archivo temporal de la investigación; reiteró ofrecimiento efectuado por el Fiscal a la ofendida y sus asesores, de continuar ofertando datos de prueba para que el órgano persecutor quede en condiciones de ejercer la acción penal. Es de puntual aplicación, el criterio sustentado aplicable al caso la tesis I.4o.P.16 P (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2588, libro 54, mayo de 2018, tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (registro 2016863), que dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LLEVAR A CABO LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EN ESTA ETAPA, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, AL NO SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE QUE AFECTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Durante la etapa de investigación inicial instruida ante el Ministerio Público -bajo el sistema penal acusatorio-, la víctima u ofendido del delito tiene el derecho de solicitar al representante social la realización de los actos de investigación que considere pertinentes, ante lo cual, éste tiene la facultad discrecional de ordenar la realización de los que estime conducentes, ello en términos de los artículos 109, fracción XVII, 129 y 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, la negativa a realizarlos constituye un acto emitido dentro de un procedimiento que no afecta derechos sustantivos de la víctima u ofendido por referirse, en esencia, al tema probatorio, y que, en caso de constituir una violación procesal, tiene el carácter de reparable, pues si a la postre el Ministerio Público ejerce acción penal, aquélla no trascendió al resultado de la decisión, y si decreta el archivo temporal o el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido podrá recurrir al control judicial previsto en el artículo 258 del propio código, instancia en la que podrá hacer valer la violación referida. Por tanto, conforme al artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente, y aunque este precepto no prevé que se trate de actos de imposible reparación, tal requisito debe exigirse si el acto fue emitido dentro de un procedimiento, como lo es la etapa inicial de investigación." En otro orden, es pertinente hacer notar que la emisión de un acuerdo de archivo temporal, no causa un perjuicio actual y real como lo requiere el juicio de amparo para su procedencia, pues en el nuevo sistema de justicia penal, igual que en el mixto, la revisión de los actos acaecidos durante la investigación a través del juicio constitucional, es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al órgano investigador de acreditar determinados eventos para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado participó en su comisión. De manera que, en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, es claro que el acuerdo del Ministerio Público que ordena el archivo temporal de la carpeta de investigación, no es sino un acto procesalmente indispensable en la secuencia de tales fases indagatorias y, por ello, reviste el carácter de acto de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de delitos, que es una obligación del representante social. Por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, el aludido acuerdo de archivo no puede considerarse como generador de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos. Por tanto, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica de la ofendida, el juicio de amparo resulta improcedente. Es aplicable al caso la tesis II.2o.P.51 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 2601, libro 47, tomo IV, octubre de 2017, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, (registro 2015368), de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente". En consecuencia, por carecer la quejosa de interés jurídico necesario para instar la acción constitucional, en los términos en que lo previene la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo; debe sobreseerse en este juicio. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 197/2020-2, promovido por Eunice Veridiana Cárdenas Guerrero, respecto del acto reclamado, autoridad responsable y por los motivos anotados en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez,Secretario de Juzgado que autoriza y da fe; hoy veintisiete de octubre de dos mil veinte., en que lo permitieron las labores del Juzgado.
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