Eunice Sangabriel Carreto
Expediente 65/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 65/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Eunice Sangabriel Carreto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Del estado procesal de este asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ya se ordenó el archivo del juicio principal del cual deriva este expediente; en consecuencia, debido a que no existen escritos, pruebas ni diligencias pendientes de desahogar, se ordena el archivo de este cuaderno incidental, como asunto concluido. En razón de lo anterior, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa, es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión solicitada respecto a los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.
- Incidental
Por lo expuesto, además, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva a Eunice Sangabriel Carreto, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales Y.J.B.S. (de quien se omite su nombre en atención a los puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), respecto del acto destacado en el considerando segundo, y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta interlocutoria. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando último, entréguese copia autorizada de esta resolución interlocutoria a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello.
- Principal
La parte quejosa cumple con la prevención realizada en autos; por tal motivo, este órgano jurisdiccional emite el siguiente pronunciamiento. Eunice Sangabriel Carreto, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales Y.J.B.S. (de quien se omite su nombre en atención a los puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), promueve juicio de amparo contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad; con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 35, 108, 110, 115, y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que en el término de quince días, rinda su informe justificado. Dicho informe deberá ser rendido en términos del artículo 117 que antecede, remitiendo a este juzgado: 1) Copia certificada de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completa y legible. 4) Asimismo, cuando la autoridad advierta que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acredite, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, se le impondrá una multa consistente en cincuenta unidades de medidas y actualización, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; ello como la mínima establecida por el legislador para sancionar el incumplimiento a las determinaciones de este órgano jurisdiccional, que podrá incrementarse, dependiendo del actuar de la autoridad requerida. TERCERO INTERESADO Respecto del emplazamiento de quien pudiera asistirle el carácter de tercero interesado, resérvese proveer lo conducente en el momento procesal oportuno. PRUEBAS Como lo solicita, téngase como prueba la documental que anexó a su escrito de demanda; lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, RESPECTO DE LA IDENTIDAD DE LOS MENORES De conformidad con el artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3°, de la Convención sobre los Derechos del Niño, se establece que los tribunales, así como en los expedientes judiciales que ante ellos se radican, debe atenderse primordialmente al interés superior del niño; por lo que se debe ordenar lo procedente para proteger el interés superior de los menores y tomar aquellas medidas necesarias para mantener a salvo sus identidades, ello con la finalidad de velar por el interés superior de estos, por tanto, este juzgado ordena guardar sigilo respecto de cualquier dato o documento que revele la identidad de la menor, atendiendo al interés superior de la misma, por lo que, en un sobre cerrado glósense a los autos las documentales que exhibió la parte quejosa al escrito de demanda. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. NOTIFICACIONES MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a la autoridad responsable, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional se notifiquen a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, interpretado a contrario sensu y 29 de la Ley de Amparo, pues la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercera interesada; máxime que la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuer d_ini.asp. La anterior medida tiende también a contribuir a la protección del medio ambiente, en términos del artículo 4° Constitucional, al evitar consumo de papel, tinta y energía eléctrica innecesariamente. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo cinco, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que los acuses de recibo relativos a acuerdos que no sean trascendentes, por ser de mero trámite, no deberán ser escaneados ni vinculados en el expediente electrónico, pero sí agregados en autos sin mayor pronunciamiento; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta y energía eléctrica empleados por este órgano jurisdiccional; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES Por otra parte, conforme con lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de la autoridad responsable, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que la autoridad que señaló como responsable no exista con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrá por inexistente y suspendida toda comunicación con ésta.
- Incidental
Como está ordenado en el cuaderno principal, se da trámite, por duplicado, al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 65/2017 promovido por Eunice Sangabriel Carreto, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales Y.J.B.S. (de quien se omite su nombre en atención a los puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad. INFORME PREVIO Con fundamento en los artículos los artículos 125, 128, 130, 138 y 140 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable su informe previo, por duplicado, dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS al en que quede legalmente notificada de este acuerdo, anexándole para tal efecto copia simple de la demanda relativa. Se apercibe a dicha autoridad, en el sentido de que la falta de informe en el plazo indicado, no sólo establece la presunción de certeza del acto reclamado en términos del último párrafo del artículo 142, de la Ley de Amparo, sino que además, origina la imposición de una multa, en términos del artículo 260, fracción I, de la citada Ley. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia incidental. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN Para proveer sobre esta medida cautelar, corresponde al juzgador de amparo fijar los efectos y condiciones de la suspensión que se solicita. Es aplicable, en lo conducente, la tesis siguiente: Registro No. 223497 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Febrero de 1991 Página: 130 Tesis: I. 4o. A. J/8 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa, Común "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO PRECISAR SU ALCANCE. En atención a la naturaleza jurídica de la suspensión definitiva que el Juez de Distrito otorga al quejoso, respecto de los actos reclamados atribuibles a las autoridades responsables, éstas, así como cualesquiera autoridad, están obligadas a respetarla, sin que estén facultadas para dejar insubsistente dicha medida cautelar mientras se encuentre vigente y corresponde al Juez de Distrito precisar su alcance, pues considerar lo contrario, a título de que se trata de actos nuevos, se prestaría a dejar en manos de la propias autoridades determinados efectos y alcances de la suspensión definitiva, lo que equivaldría a delegar indebidamente funciones constitucionales que están reservadas al Poder Judicial Federal y no a dichas autoridades, con lo que se desnaturalizan los efectos de la suspensión en el juicio de amparo." HIPÓTESIS NORMATIVA Se tiene en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, los cuales prevén que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación, o interés legítimo con una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica de la parte quejosa); y, b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. HECHOS El acto reclamado consiste en las actuaciones decretadas a partir del veintinueve de julio de dos mil dieciséis, en el expediente civil 1148/2016/III del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, relativo a la jurisdicción voluntaria como acto prejudicial, promovido por César Eduardo Martínez Montiel, por depósito de personas respecto a la guarda y custodia de la menor de identidad resguardada de iniciales B.K.M.B., nieta de la quejosa e hija del promovente de dichas diligencias. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que las determinaciones reclamadas tienen el carácter de actos consumados, pues ya fueron emitidos; por tal motivo, procede negar la medida suspensional solicitada, ya que de concederla, equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la siguiente tesis: Registro No. 217665 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 60, Diciembre de 1992 Página: 51 Tesis: II.3o. J/37 Jurisprudencia Materia(s): Común "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño, lo que implica entre otras cosas tomar en consideración aspectos relativos a garantizar y proteger primordialmente su vida, salud, desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y la Convención sobre Derechos del Niño. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: Época: Décima Época Registro: 159897 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 25/2012 (9a.) Página: 334 "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Acorde con lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 6, 9, 14, 16, 19, 20 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador), el desarrollo y bienestar integral del niño comprende: a) el derecho a preservar las relaciones familiares; b) el derecho a que no sea separado de sus padres excepto cuando tal separación sea necesaria en el interés superior del menor; c) el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su familia; y, d) el derecho de protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Del análisis de los artículos mencionados, se deduce que el establecimiento y definición de los derechos derivados de la patria potestad no sólo se refiere al derecho del niño a convivir con ambos padres o su representación legal, sino también se refiere a la protección integral del menor en sus aspectos físico, moral y social, su guarda y su custodia, la administración de los bienes y el derecho de corrección. Asimismo, hasta este momento no se observa, ni se cuenta con elementos de los que se advierta la actualización de probable causación de daño en la estructura vital de la menor, debido a que de las manifestaciones efectuadas por la parte quejosa únicamente se advierte la existencia del expediente civil 1148/2016/III del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria como acto prejudicial, en que César Eduardo Martínez Montiel promovió el depósito de personas respecto de su menor hija (guarda y custodia), en donde se decretó a favor del promovente el resguardo de la menor de iniciales B.K.M.B.; asimismo, la quejosa aduce que no existe certeza si ya se formó el litigio respectivo, pues no se ha llamado a juicio a su menor hija de iniciales Y.J.B.S.. De igual forma, se destaca que es de estricta facultad de la autoridad responsable, en este caso del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, autorizar la visita y el derecho de convivencia de la quejosa con su menor nieta de iniciales B.K.M.B. (de quien se omite su nombre atendiendo al interés superior de la misma); o bien, la restricción y el lugar donde deba de llevarse la misma, en la forma y términos que en derecho procedan, ya que no obra constancia en autos con que se advierta impedimento para ello, con la salvedad de que exista ante la autoridad responsable una causa comprobada que ponga en peligro a la infante, caso este último en el que la autoridad responsable podrá aplicar las medidas correspondientes a fin de salvaguardar el interés superior de la menor. Lo anterior, sin perjuicio de lo que se resuelva en la suspensión definitiva con mayores datos. Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: Registro No. 162383 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Abril de 2011 Página: 1300 Tesis: I.3o.C.927 C Tesis Aislada Materia(s): Constitucional "DERECHO DE CONVIVENCIA. EL INTERÉS QUE DEBE PRIVILEGIARSE ES EL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, SOBRE LA BASE DE QUE SE ASEGURE SU DESARROLLO Y DIGNIDAD. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO QUE TIENE POR MATERIA LA LIMITACIÓN A ESE DERECHO. Cuando los padres de las niñas y niños pretenden ejercer el derecho de convivencia, el interés que debe privilegiarse es el de las niñas y niños, sobre la base de que se asegure su desarrollo y dignidad. Esto último es lo que justifica el sentido de la medida judicial cautelar que se dicta en el juicio de amparo indirecto para que su goce no sea ilusorio, insuficiente o ineficaz cuando se llegue a decidir la cuestión sustantiva en sentencia definitiva. Así, debe ponderarse que la medida provisional que llegue a dictar un Juez en un juicio determinado para que exista una convivencia entre los padres y las niñas y niños o no se ponga en peligro su goce, se encuentra justificada en atención al derecho de éstos a crecer en un entorno de afecto junto a su familia y a asegurar su goce efectivo. De ahí que, la circunstancia de que sean los padres de las niñas y niños quienes soliciten el reconocimiento de ese derecho de convivencia, no significa que sean estos últimos los titulares absolutos sobre el contenido y alcance de aquél, sino que en todo caso, está subordinado al interés superior del niño y a la etapa de desarrollo en que se encuentra; en relación con esto último, también debe destacarse que la regla establecida en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño es muy general, al comprender como tales a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, a menos que bajo la ley aplicable al niño, haya alcanzado antes la mayoría. Existen diversas etapas en la infancia, que son además relevantes para decidir la forma de ejercicio de la convivencia y determinar la necesidad del menor, entre otras cosas, de vincularse afectivamente con los adultos y, en especial con sus padres y la familia a fin de que pueda relacionarse con seguridad con el mundo que le rodea. La convención de mérito como elemento integrante de nuestro orden jurídico faculta a las autoridades, como la judicial a respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la convención. Y constituye una costumbre ordinaria de la sociedad que el afecto hacia el menor, desde su primera infancia, fluya no sólo de los padres, sino de los hermanos y aquellos que forman parte de la familia extensa si la hay, porque atañe a valores de socialización y convivencia que forman un sentimiento de seguridad y confianza en el mundo que lo rodea, por lo que salvo que esté demostrado que tal situación representa un peligro para el goce de los derechos de la niña o niño, el juzgador no sólo debe asegurar sino incentivar que esa situación se verifique antes del dictado de una sentencia que reconozca definitivamente los términos del ejercicio de una convivencia solicitada, como una vez resuelta en definitiva la controversia planteada. En ese contexto, se parte de la base de que, en condiciones de conflictos sujetos a la tutela judicial sobre convivencia, el niño es quien resiente, desde luego, los efectos de la falta de convivencia con la familia porque constituyendo una etapa de rápido y definitivo desenvolvimiento, que no es factible rehacer o revivir, deben facilitarse los medios para que la convivencia ocurra de modo que el goce de sus derechos como el de ésta no se vea mermado, salvo que esté demostrado que resulta un peligro para el menor." Registro No. 169457 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Junio de 2008 Página: 712 Tesis: P. XLV/2008 Tesis Aislada Materia(s): Constitucional "MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA. De la interpretación del artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria de aquel precepto y con la Convención sobre los Derechos del Niño, se advierte que el principio del interés superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de 18 años deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores. De ahí que para el análisis de la constitucionalidad de una regulación respecto de menores de 18 años, sea prioritario, en un ejercicio de ponderación, el reconocimiento de dichos principios." Registro No. 177259 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Septiembre de 2005 Página: 1289 Tesis: I.6o.C. J/49 Jurisprudencia Materia(s): Civil "MENORES DE EDAD. EL DERECHO DE VISITA Y CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL Y, EN CASO DE OPOSICIÓN, EL JUZGADOR RESOLVERÁ LO CONDUCENTE EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS. De una sana interpretación del artículo 417 del Código Civil para el Distrito Federal, se aprecia que la eficacia del derecho de visita y convivencia contenido en ese numeral, que tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional del menor dándole afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, es una cuestión de orden público e interés social, dado que en su observancia está interesada la sociedad y el Estado, porque de su efectivo cumplimiento, depende el desarrollo armónico e integral del menor que, en ocasiones, por causas ajenas a su voluntad, vive separado de uno o ambos progenitores. Es por eso que el propio numeral contiene normas tendentes a lograr dicha función, ya que el goce y disfrute de esos derechos, no podrá impedirse sin justa causa, pero en caso de oposición de uno de los padres, la autoridad jurisdiccional determinará lo que más convenga al interés preponderante del menor que sólo podrá suspenderse, limitarse o perderse por resolución judicial expresa y cuando se haya perdido la patria potestad. Como se advierte, la teleología del artículo 417, en comento, se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para el pleno desarrollo personal y emocional de los menores que, se reitera, por causas ajenas a ellos, viven separados de alguno de sus padres o de ambos, estableciendo que aun cuando no se encuentren bajo su custodia, si ejercen la patria potestad, tendrán derecho a convivir y disfrutar de momentos en común, en aras de tutelar el interés preponderante del menor, teniendo sólo como limitante para que se suspenda el ejercicio del derecho de visita y convivencia, que exista peligro para el menor, caso en que el juzgador podrá aplicar las medidas correspondientes a fin de salvaguardar el interés superior del menor, contra alguno de los progenitores." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo señala la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Martin Nolasco Olivares, por contar cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a los restantes profesionistas, por no contar con cédula profesional registrada en dicho Sistema. NOTIFICACIONES AUTORIDADES RESPONSABLES Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese el contenido de este proveído a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia incidental se notifique a la autoridad responsable por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, interpretado a contrario sensu y 29 de la Ley de Amparo, pues la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercera interesada; máxime que la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. La anterior medida tiende también a contribuir a la protección del medio ambiente, en términos del artículo 4° Constitucional, al evitar consumo de papel, tinta y energía eléctrica innecesariamente. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de la autoridad responsable, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que la autoridad que señaló como responsable no exista con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrán por inexistente y suspendida toda comunicación con ésta. SOLICITUD DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de este proveído y, entréguese al promovente o profesionista que autoriza para tal efecto, previa constancia que por su recibo se deje en autos.
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