Eulogio Isabel Suazo Flores

Expediente 382/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
382/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • Eulogio Isabel Suazo Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Autoridad solicita copias certificadas. Se tiene por recibido el oficio signado por el Visitador adjunto adscrito a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, atento a su contenido, por las razones que expone, como lo solicita lal tratarse de expídasele mediante oficio las copias certificadas que solicita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario María del Rosario Gracia Pérez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Solicitud de autoridad responsable. Se tienen por recibidos los oficios SEMADET/DGJ/251/2022 y SEMADET/DGJ/258/2022 suscritos por el director jurídico de lo consultivo y lo contencioso de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a través de los cuales, solicita en esencia se le permita al titular de la Dirección General de Ordenamiento Territorial adscrito a dicho ente público el acceso a las instalaciones físicas de este juzgado de Distrito o bien el hipervínculo correspondiente para comparecer de manera virtual a la audiencia constitucional programada para las diez horas con veinte minutos del siete de abril de la anualidad en curso, ello a fin de formular alegatos y realizar una presentación mediante proyector, la cual guarda estrecha relación con el fondo del acto reclamado en esta estancia constitucional. a) No ha lugar a proveer de conformidad. Bajo dicha tesitura, indíquesele que no ha lugar a lo pretendido, y para mayor esclarecimiento de la negativa, se encuentra su sustento en lo siguiente: En relación al desahogo de audiencias físicas o por videoconferencia los acuerdos Generales 21/2020 y 12/2020 de Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, prevén lo siguiente: Acuerdo General 21/2020: "Articulo 5. Herramientas para la atención a personas justiciables. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, los órganos jurisdiccionales procuraran encauzar los procedimientos a su cargo de modo tal que: (.) II. Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se pueden practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, sin menoscabo de los casos en los que, suele ocurrir con las audiencias constitucionales o incidentales, puedan llevarse a partir de los escritos presentados físicamente o electrónicamente por las partes. (..) Sección Segunda Desahogo de diligencias y celebración de audiencias y sesiones mediante la utilización de videoconferencias Artículo 25. Utilización de videoconferencias por regla general. Con independencia de que un asunto se tramite bajo el esquema tradicional, bajo el de juicio en línea, o en una combinación de ambos, las y los titulares procurarán que el desahogo de diligencias, alegatos y audiencias se realice utilizando las videoconferencias como regla general. Se podrán realizar a distancia la protesta del cargo de peritos y la ratificación del correspondiente dictamen pericial, siempre que la persona juzgadora se pueda cerciorar de su identidad. Al respecto, deberán seguirse las reglas previstas en el Acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo (en adelante "AG 12/2020"). (.)" Acuerdo General 12/2020: "Sección Segunda De las videoconferencias Artículo 27. Las y los titulares de los órganos jurisdiccionales ordenarán la celebración de audiencias, sesiones y diligencias judiciales a través de videoconferencias en los casos que se encuentre debidamente justificado, conforme a los siguientes supuestos: I. Por disposición de ley. II. Ante una situación de urgencia, emergencia, caso fortuito, fuerza mayor o cualquiera otra que a juicio delas o los titulares, impida o dificulte el desahogo presencial de la audiencia; III. Cuando se estime conveniente para una impartición de justicia más expedita, para facilitar la asistencia de alguna de las partes intervinientes o para la protección de una o varias de las personas involucradas en el proceso, buscando siempre el beneficio para las personas justiciables, especialmente para aquéllas que pudieran encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad, con independencia de que lo soliciten las partes o se decrete de oficio. IV. Ante situaciones de contingencia o emergencia generalizada, previa declaratoria emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. El uso de videoconferencia podrá realizarse en todas aquellas audiencias, sesiones o diligencias en que se estime total o parcialmente procedente, sin ninguna limitación sobre la materia o la naturaleza del asunto, siempre que la o el titular determine que se cumplen las condiciones para la utilización de este método de comunicación y que se cumplen los principios rectores del procedimiento que corresponda. En los casos en que se solicite la intervención de las y los titulares de un órgano jurisdiccional diverso para el desahogo de una audiencia, sesión o diligencia judicial a través de una videoconferencia, la participación de este último se limita a prestar auxilio operativo para su desarrollo, por lo que las y los titulares de los órganos jurisdiccionales que ordenen la celebración de la audiencia deberán desahogar la videoconferencia personalmente y, en su caso, resolver lo conducente, sin delegar esa facultad. Artículo 28. Para la preparación, celebración e integración a los autos de una audiencia por videoconferencia, se observarán las siguientes reglas: I. El órgano jurisdiccional notificará el citatorio para audiencia, el cual permitirá que todas las partes interesadas estén en posibilidad de acudir. El citatorio considerará un lapso de hasta quince minutos previos que permita a los intervinientes prepararse para el desahogo de la audiencia que establezca la normatividad aplicable, así como la implementación de la logística operacional. Tratándose de audiencias o sesiones públicas, podrá generarse una clave de acceso que dará a quien tenga interés en presenciarla la posibilidad de hacerlo, sin que pueda participar en la misma, utilizando el formato comúnmente conocido como seminario o se garantizará con el registro de la videoconferencia para su posterior consulta. II. En el proveído en el que se fije la fecha y hora en la que tendrá lugar, se deberán indicar los datos necesarios para acceder a la respectiva videoconferencia por vía electrónica y se requerirá a las partes para que indiquen, en la promoción electrónica mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. El citatorio se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. III. Previamente al inicio de la audiencia mediante videoconferencia, el responsable técnico y/o el personal de apoyo realizarán las pruebas que permitan confirmar la adecuada calidad del audio y video para su desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Técnico. IV. Transcurrido el lapso de preparación y llegada la hora de la audiencia, la secretaria o secretario encargado de dar fe hará constar las partes que se encuentren presentes, se verificará su identidad, su personalidad y capacidad procesal, y se declarará iniciada. En caso de que ninguna persona adscrita al órgano jurisdiccional esté investida de fe pública, la juzgadora o juzgador deberá hacer constar verbalmente esta situación. V. Durante el desarrollo de la audiencia, las y los titulares deberán verificar que las partes intervinientes estén en posibilidad de observar, escuchar y comunicarse con todas las personas que participan en ésta, de manera clara y simultánea, salvo en los casos en que por disposición de ley sea necesaria la protección de la identidad de quien participa o cuando algunos intervinientes no puedan estar presentes durante el desarrollo de toda la videoconferencia, según lo dispuesto en el siguiente artículo. En todo caso deberá velarse por los derechos de las partes y el cumplimiento a los principios rectores de cada procedimiento. VI. En caso de advertir alguna falla técnica u otra situación extraordinaria que impida el desarrollo de la audiencia, la o el juzgador determinará las medidas que estime necesarias para continuarla o, de ser el caso, suspenderla, supuesto en el que señalará una hora o fecha posterior para su reanudación. En los casos en que a criterio de la o el titular del órgano jurisdiccional resulte imposible desahogar la audiencia previamente ordenada a través del uso de videoconferencia, ordenará su desahogo de manera presencial. En cualquier caso, se fundará y motivará la determinación respectiva, sin que ello implique formal ni tácitamente una revocación de su determinación inicial. VII. Cuando así resulte procedente conforme a la legislación aplicable, en la audiencia se dará cuenta con las promociones y las pruebas ofrecidas por las partes previamente o durante ésta, de conformidad con las reglas aplicables según la materia de que se trate. La DGGJ emitirá lineamientos para que, en adición al registro mismo de la videoconferencia, las pruebas respectivas puedan vincularse con el expediente del asunto respectivo. VIII. Tratándose del desahogo de alegatos orales, el día y hora previsto para el desahogo de la audiencia se dará el uso de la voz a las partes, sus representantes o autorizados. Cuando la diligencia respectiva se desahogue ante tribunales colegiados de Circuito, éste deberá estar debidamente integrado. Consecuentemente, se encuentra prohibida la celebración de audiencias que no hayan sido publicitadas, que pretendan escuchar a una o sólo a algunas de las partes, así como las que se celebren sólo ante uno de los integrantes de un órgano jurisdiccional colegiado. IX. Cuando en una audiencia deba escucharse a niñas, niños o adolescentes, las y los titulares deberán velar porque su comparecencia, aun por videoconferencia, cumpla con los estándares constitucionales que rigen su derecho a participar en los asuntos que afecten sus derechos. De la misma forma, durante el desahogo de la audiencia deberá realizar los ajustes razonables para personas con discapacidad, así como velar por que quienes tienen derecho a ello, cuenten con traductor, intérprete, asesor jurídico, defensor público o con la asistencia o presencia de quienes deban participar conforme a la Constitución y las leyes aplicables. X. Al concluir la sesión se levantará un acta en la que se harán constar las actuaciones realizadas, las personas que intervinieron y las incidencias que pudieran haberse presentado, salvo en aquéllos procedimientos en los que el registro mismo de la audiencia cumpla con dicha finalidad conforme a la legislación aplicable. XI. Las audiencias, sesiones y diligencias judiciales se registrarán y el personal facultado para ello deberá relacionarla con el expediente electrónico respectivo, siguiendo para ambos aspectos las pautas establecidas en el punto 3 del Anexo Técnico. El registro de las diligencias, audiencias y, tratándose de sesiones, de la porción respectiva al asunto del que se trate, será parte del expediente electrónico. La participación de las partes por este medio generará los mismos efectos y alcances jurídicos de la audiencia que se realice con presencia física en los órganos jurisdiccionales conforme a la normativa aplicable. Lo dispuesto en el presente precepto no es aplicable para rendir alegatos orales que no se encuentren previstos en las legislaciones adjetivas que rijan los procedimientos respectivos, ni para solicitar entrevistas con servidoras o servidores públicos del PJF. (.)" De lo anterior se colige que, si bien, derivado del esquema de trabajo implementado con motivo de la pandemia que atraviesa el país, es viable la celebración de audiencias y diligencias de manera física o mediante videoconferencia, lo cierto es que, ello no queda al arbitrio de las partes, sino que se rige por el surtimiento o no, de las hipótesis previstas por los acuerdos citados, en los que se busca garantizar la intervención a las partes en la audiencia de que se trate, siempre que la naturaleza del asunto así lo requiera, para lo cual, el Pleno de Consejo de la Judicatura estableció un proceso de preparación previo a fin de que las partes legitimadas para intervenir estén en aptitud de conocer la dinámica bajo la cual se desahogará la misma, así como para que el personal del órgano jurisdiccional realice las gestiones necesarias para el adecuado desahogo de esta. Supuestos que, no se surten en el caso, pues en principio, la audiencia señalada no se programó en la modalidad física ni por medio de videoconferencia, en razón de que, en esta no se encuentra pendientes de desahogo diligencia alguna, por lo que no se dio a las partes la información necesaria para su intervención, como lo prevé el artículo 28, en sus fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020, por lo que de realizarse en esos términos como lo pretende el promovente se contravendrían tales disposiciones de observancia obligatoria para el suscrito. En esa tesitura, como se adelantó, no ha lugar acordar de conformidad a lo peticionado. Sin que ello límite de forma algún su intervención en la audiencia constitucional de que se trata, pues esta puede realizarse mediante escrito ya sea de manera física o a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con la misma eficacia que cualquiera de las otras formas previstas. Notifíquese.

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