Eulogio Grimaldo Ramirez
Expediente 1139/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1139/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Eulogio Grimaldo Ramirez
- Junta Especial Número Treinta Y Uno de la Federal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Morelos.
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1139/2020-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinte de abril de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1139/2020-V-B, promovido por EULOGIO GRIMALDO RAMÍREZ, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el día treinta de noviembre siguiente en este órgano jurisdiccional, EULOGIO GRIMALDO RAMÍREZ, por su propio derecho, solicitó el amparo de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Previo desahogo de prevención, por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, emplazar a los terceros interesados y dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, previa reanudación del procedimiento, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable consiste en: La omisión de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos de dictar resolución en forma de laudo en el juicio laboral 1221/2016. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, pues no obstante de encontrarse debidamente notificada, tal como consta del acuse de recibo del oficio con número 20605/2020 que obra en autos, éste fue omisa en rendir su informe justificado. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Así, el suscrito juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la tesis 2a. LXXX/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, Décima Época, Materia Común, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. " Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la agraviada acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Sin embargo, es preciso señalar, que en el caso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo el quejoso se encuentra obligado a justificar que tiene interés jurídico, puesto que reclama actos provenientes de un tribunal laboral, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Ahora, si bien es cierto que con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumió cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, al haber sido omisa en rendir su informe justificado; también lo es, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido vía jurisprudencia, que para los efectos del juicio de amparo, cuando se reclame la omisión de dictar laudo como acto destacado y se presuma por cierto el mismo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponderá al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad dependerá de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 117 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo. Así lo definió la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 50/97, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, página 304, Novena Época, de rubro: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO." En ese orden de ideas, si bien la falta de informe justificado conduce a presumir cierta la existencia del acto reclamado, en este caso, la omisión de emitir resolución en forma de laudo en el juicio laboral de origen, ello no implica que sea así respecto de los hechos afirmados en la demanda de amparo, tales como: a) La existencia de un juicio en el que haya sido parte el quejoso; b) Que se hubiera cerrado la instrucción; y, c) Que hubiese transcurrido el plazo que tenía la autoridad laboral para emitir el fallo definitivo; ya que tales cuestiones indefectiblemente toca demostrarlas al quejoso de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo que en el presente caso no ocurre, en virtud de que la parte quejosa no allegó a este juicio de amparo medio de convicción alguno para demostrar su dicho. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis I.6o.T.299 L, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006,, visible a página 2267, con número de registro 174428, de rubro: "LAUDO. SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE SU DICTADO Y SE TIENE POR PRESUNTIVAMENTE CIERTO EL ACTO POR NO HABER RENDIDO LA RESPONSABLE SU INFORME JUSTIFICADO, ELLO NO EXIME AL QUEJOSO DE DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD, Y SI NO LO HACE NO ACREDITA SU INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO.". Consecuentemente, si el agraviado no aportó elementos de convicción tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de sus aseveraciones, es evidente que no existe una afectación directa en su esfera jurídica y, por ende, no acredita su interés jurídico para promover el juicio constitucional. Sin que se inadvierta la protesta de decir verdad contenida en el escrito de demanda, sin embargo, dicha manifestación no es suficiente para acreditar el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que como se ha dicho, es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. Por similitud, tiene aplicación, la jurisprudencia del índice de la extinta Tercera Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, Materia Común, página 229, con registro 207221, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD." Por lo anterior, se pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia expresada, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se demostró fehacientemente la afectación al interés jurídico. Es aplicable en este punto, la jurisprudencia con número de registro 206338, Localización: Octava Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 82, Octubre de 1994 Página: 17, Tesis: 2a./J. 16/94, Jurisprudencia, Materia(s) Común, con rubro: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.". En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII en relación con el diverso 5 fracción I, esta última a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, decretándose, por ende, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo promovido por EULOGIO GRIMALDO RAMÍREZ respecto del acto reclamado, con fundamento en el ordinal 63 fracción V de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por EULOGIO GRIMALDO RAMÍREZ, respecto del acto precisado y por los motivos señalados en el considerando cuarto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de diciembre de dos mil veinte. SUBSANA PREVENCIÓN. Se tiene por recibido el escrito signado por EULOGIO GRIMALDO RAMÍREZ, mediante el cual en cumplimiento al proveído de uno de diciembre del año en curso, subsana la prevención realizada por este Juzgado Federal; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales a los que haya lugar; en tal circunstancia, se provee lo siguiente: ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los Acuerdos Generales 21/2020 y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, promovida por EULOGIO GRIMALDO RAMÍREZ, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, no se ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Data que se señala, en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales a virtud del fenómeno de salud pública generado por el COVID-19, así como su reanudación en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, sin la asistencia de las partes ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional y la reanudación del juicio; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el mencionado Acuerdo General 21/2020, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Apercibido que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. PRUEBAS. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas la presuncional e instrumental de actuaciones, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarse en la audiencia constitucional. DETERMINACIÓN SOBRE LA PARTE TERCERA INTERESADA. De conformidad con lo establecido en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, asiste el carácter de tercero interesado en la presente contienda constitucional a la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD e INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Con fundamento en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, mediante oficio emplácese a los terceros interesados COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD e INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda para que si a sus intereses conviene comparezca a juicio, haciéndole de su conocimiento que se señalaron las nueve horas con veinte minutos del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia constitucional. Asimismo, por cuanto al emplazamiento de la persona física o moral que resulte responsable, propietaria o explote la fuente de trabajo donde ejecuta sus servicios la parte quejosa en la presente contienda constitucional, este Juzgado Federal se reserva el acuerdo conducente del mismo, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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