Eulogio Ayala Santoyo

Expediente 934/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
934/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
14/11/2017

Partes del expediente

  • Eulogio Ayala Santoyo

Actuaciones

  1. Principal

    El catorce de noviembre de dos mil diecisiete, la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo, trascurrió del treinta y uno de octubre al nueve de noviembre del año en curso, con exclusión de los días uno, dos tres, cuatro y cinco del mes y año en curso, por ser inhábiles; sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto veintiséis de octubre pasado, en el que se desechó la demanda promovida. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97 de esa propia legislación, contra el auto de veintiséis de octubre pasado, en el que se desechó la demanda promovida por Eulogio Ayala Santoyo, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza. Doy fe. Rosy

  2. Principal

    111 cinco de enero de dos mil diecisiete CUENTA. El veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta al Juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Eulogio Ayala Santoyo registrada con el folio 14296 con anexos y ocho copias que se adjuntan. La circunstancia de que los licenciados Lauro Martínez Flores, José Adán Aguilar Ortiz y Francisco Javier Cabañez Escobedo, tienen registrada su cédula profesional 4097013, 4993766 y 1884210, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así la diversa profesionista Iraida Albertina García López. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Eulogio Ayala Santoyo, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital y otra autoridad; por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 934/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado y autoridad responsable las siguientes: Autoridad responsable: Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital. Notificador adscrito al Juzgado Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital. Acto reclamado: La falta o carencia de notificación de la sentencia de veinte de junio de dos mil trece, recaída en el juicio ejecutivo mercantil 333/2013, del índice del juzgado Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital; y como consecuencia de ello la nulidad de todo lo actuado con posterioridad. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". DESECHAMIENTO. De la lectura integral del escrito de demanda, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Edgardo Robles González, por su propio derecho, dado que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad; como se explicará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra autos o resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, los artículos 178, fracción III y 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicados en forma supletoria al Código de Comercio, en términos de lo dispuesto por el numeral, que disponen: "Artículo 178. Las notificaciones serán nulas cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: III.- La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiera que la ha conocido, pues de lo contrario queda revalidada aquélla de pleno derecho, y [.]" "Artículo 179. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos, cuando se trate de emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juez puede sancionar con multa a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad". Por su parte, el artículo 1054, del Código de Comercio, es del contenido siguiente: "Artículo. 1,054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva." De los preceptos transcritos se advierte que procede el incidente de nulidad de notificaciones en contra de las notificaciones que no se hayan verificado conforme a las disposiciones legales. En el caso, respecto al acto reclamado consistente en la falta o carencia de notificación de la sentencia de veinte de junio de dos mil trece, recaída en el juicio ejecutivo mercantil 333/2013, del índice del juzgado Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital; y como consecuencia de ello la nulidad de todo lo actuado con posterioridad. Ahora, de las manifestaciones del quejoso, mismas que realizó bajo protesta de decir verdad, en el escrito de demanda, se desprende que Eulogio Ayala Santoyo es parte demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 333/2013 del índice del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital, que fue emplazado a juicio y se le embargó un inmueble de su propiedad, concediéndosele un término de ocho días para contestar la demanda, lo cual no pudo hacer por falta de liquidez, y que el auto cuya ilegal notificación se reclama fue practicado con posterioridad a la emisión de la sentencia definitiva -etapa de ejecución de sentencia- y es relativo a la ejecución de ésta. En ese orden, contra el acto reclamado el impetrante se encontraba en aptitud de defenderse e interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 178, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas; sin embargo, no se aprecia que el promovente acudiera al citado medio de defensa, no obstante, de encontrarse en aptitud para ello, al ser parte en dicho expediente, y atendiendo a que el juicio de amparo, como juicio extraordinario únicamente procede en contra de actos definitivos, entendiéndose por estos, aquellos en contra de los cuales no exista recurso alguno o medio de defensa cuya substanciación pueda dar lugar a la modificación, revocación o anulación de los mismos, y como en la especie, era procedente tramitar el incidente de nulidad de notificaciones, y al no haberlo hecho así, el promovente no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia J/27 del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 987, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES PROCEDENTE, DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si la quejosa estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emana el acto reclamado, el incidente de nulidad de actuaciones previsto por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado dicho acto, y si no agotó ese medio de defensa antes de acudir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad, por lo que procede sobreseer el juicio de garantías de conformidad con lo previsto por la fracción XIII del artículo 73 y 74 fracción III de la Ley de Amparo, no obstante de que se reclame la falta de notificación personal de un proveído pronunciado en ejecución de sentencia, pues al caso resulta igualmente procedente dicho incidente cuando sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo." Por otra parte, es menester recordar que, para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, deben de reunirse los siguientes requisitos. a). Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b). Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso particular, la causal de improcedencia referida se actualiza de manera indudable y manifiesta, toda vez que la falta o carencia de la notificación de la sentencia de veinte de junio de dos mil trece, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 333/2013, emana de un procedimiento mercantil; por su parte los artículos 178, fracción III y 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 1054 del Código de Comercio, establece el incidente de nulidad de notificaciones contra las notificaciones que no sean practicas conforme a las leyes; dada la naturaleza del juicio del que emana el acto reclamado sí permite que el incidente de nulidad de notificaciones pueda promoverse dentro de aquél procedimiento; y con el medio de impugnación referido podría lograrse la nulificación de dichas notificaciones. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: El quejoso, al ser parte del juicio natural, no es tercero extraño a éste. La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. Máxime que si lo que pretende el quejoso es que fue ilegalmente notificado de la sentencia referida y que ello motivó que se le dejara en estado de indefensión durante la etapa de ejecución, al haber comparecido al juicio natural, tuvo oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios previstos en la ley, por lo que, carece del carácter de tercero extraño al procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y PROMOVER LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY, AUN CUANDO POSTERIORMENTE HAYA SIDO ILEGALMENTE NOTIFICADO DE DIVERSAS RESOLUCIONES QUE LO DEJARON EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando el quejoso reclama en amparo, entre otros actos, el ilegal emplazamiento, por haberse practicado en contravención a lo establecido por la ley de la materia, y con base en esto, que el juicio fue seguido en su contra, sin su conocimiento, su situación es equiparable a la de un tercero extraño a juicio; sin embargo, si comparece a él, pierde tal carácter, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.". Ahora bien, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución, toda vez que al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios previstos en la ley, por lo que no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo. De esta manera, si el quejoso, después de concluido el juicio y en etapa de ejecución, pretende impugnar actos del procedimiento, no obstante que fue parte en el juicio y no puede ostentarse como tercero extraño por equiparación, es inconcuso que la acción que se dedujo en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 114, fracción V, 158, 159, fracción I y 161, todos de la ley de la materia. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es DESECHAR DE PLANO y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Eulogio Ayala Santoyo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el numeral 61, fracciones XVIII de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tienen como autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Lauro Martínez Flores, José Adán Aguilar Ortiz y Francisco Javier Cabañez Escobedo, toda vez que tienen registrada su cédula profesional 4097013, 4993766 y 1884210, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por no acreditar la anterior circunstancia, se tiene únicamente como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de los autos a la diversa profesionista Iraida Albertina García López y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Saucito número ciento cincuenta y uno (151), zona centro de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

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