Eulalio Urrutia Bonilla

Expediente 118/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
118/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/05/2021

Partes del expediente

  • Eulalio Urrutia Bonilla
  • Dirección de Catastro e Impuesto Predial de Ayuntamiento Constitucional de Acapaulco de Juárez, Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido y con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele la documental que solicita, previa copia certificada que quede en su lugar y constancia legal de su entrega, la cual podrá obtener por conducto de la persona que autoriza para ello; en el entendido que para recibirla acorde con el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 deberá generar una cita, la cual estará sujeta a la disponibilidad que arroje el sistema, para lo cual habrá de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema le proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita, haciéndole de su conocimiento que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos , 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2º de la propia ley, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido... Notifíquese.

  3. Principal

    TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA

  4. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA OCHO DE MARZO DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ACUERDO QUE DICE Acapulco, Guerrero; ocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Eulalio Urrutia Bonilla, por su propio derecho, contra actos del Dirección de Catastro e Impuesto Predial de Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 118/2021, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Ahora bien, en el presente juicio se tiene que la parte identifica como acto reclamado lo que denomina como la modificación de la base gravable respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 087-012-001-0005. Lo anterior, sobre la base de que: 1.- El dieciséis de enero del año en curso acudió ante la autoridad responsable a realizar el pago del impuesto predial. 2.- En la misma fecha le fue expedido el recibo de pago por la aludida contribución; documental que se adjunta a la demanda que nos ocupa y de la cual, contrario a lo que señala el quejoso, no se advierte cuál es el importe de la base gravable del impuesto predial pagado. 3.- Que fue informado por los empleados de dicha dependencia que la Dirección de Catastro había reevaluado todos los predios en el municipio, y a razón de ello, la base gravable había sido actualizada. En ese sentido, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, ambos de la Ley de Amparo, ya que lo atribuido a la autoridad responsable no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como se expone a continuación. En primer lugar debe señalarse que en diversas tesis y jurisprudencias, el Máximo Tribunal de la Nación construyó con el devenir histórico la definición del concepto de autoridad para los efectos del amparo, abandonándose el primigenio concepto de fuerza pública para distinguir los actos de autoridad del de los particulares, para arribar a una nueva concepción definida acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, durante la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Luego de que la indicada legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó abrogada con motivo de la entrada en vigor de Ley de Amparo a partir del dos de abril de dos mil trece, en la última de las codificaciones en cita se retomó el criterio antes descrito para definir el concepto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que sobre el particular el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente prevé que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior quiere decir que a partir de la entrada en vigor de la llamada Nueva Ley de Amparo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad con esa naturaleza formal, para los efectos del juicio de garantías, debe considerarse si al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, el ente u organismo del Estado, viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, el invocado artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La anterior porción normativa revela entonces que en tratándose de actos provenientes de entidades estaduales o incluso provenientes de quienes carecen formalmente de tal naturaleza, para ser considerados como procedentes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no solamente debe verificarse si al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, violen los derechos fundamentales constitucional y convencionalmente protegidos, sino también habrá de confirmarse si las funciones que despliega al realizar tales conductas están determinadas por una norma general. En ese sentido, de lo narrado por la promovente del amparo da cuenta de que el impuesto predial, cuya base a su vez se constituye por el valor catastral según lo dispone el artículo 12, fracción III, de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, no fue determinado por la autoridad municipal en el ejercicio de sus atribuciones fiscales, sino que fue el propio contribuyente quien se autoliquidó. Lo anterior adquiere relevancia entonces porque la pretendida determinación que se atribuye a la Directora de Catastro relativa al valor catastral a que se refiere la cuenta 087-012-001-0005 no puede ponderarse de manera aislada sino como parte de la propuesta planteada por la autoridad municipal sobre el importe del impuesto predial, ya que -se insiste- el importe de tal base no se fijó en forma unilateral y obligatoria, y en todo caso, el entero de tal contribución sólo habilita al interesado para impugnar la norma que regule su cálculo. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 367, tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Más aún, tampoco debe perderse de vista que la obtención del valor catastral se encuentra regulado en el artículo 44 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, en tanto que los artículos 16, fracción I, y 42, fracción III, de la aludida legislación permiten que a petición del interesado se lleve a cabo el proceso de valuación o revaluación catastral, de modo que el gobernado no queda en estado de indefensión para el caso de que hubiera dado cumplimiento a la obligación del pago del impuesto predial y estime que se determinó indebidamente el valor catastral que sirve como base de aquel tributo, habida cuenta que el importe de dicho impuesto no derivó de una determinación de la autoridad municipal sino de la propuesta que al efecto le planteó al interesado. En consecuencia, no es factible estimar que la propuesta planteada por la autoridad municipal en torno al importe del impuesto predial, cuya base es el valor catastral, se ubique en el supuesto previsto en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis XXI.2o.P.A.96 A que integró el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa Del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 3166, del Tomo XXX, septiembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PREDIAL. LAS PROPUESTAS DE DECLARACIÓN PARA EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO EMITIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, NO CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley de Hacienda Municipal Número 677; 28 a 32 y 34 del Código Fiscal Municipal Número 152, ambos del Estado de Guerrero, y cuarto transitorio de la Ley Número 547 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de 2008, se advierte que las propuestas de declaración para el pago del impuesto predial denominadas: "liquidación del impuesto predial", emitidas por la autoridad competente del citado Municipio, no representan el producto final de la manifestación de la voluntad de aquélla, pues sólo tienen como propósito facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, por lo que existe la posibilidad de que éstos paguen una cantidad mayor o, incluso, menor al monto propuesto en dicha declaración. Por tanto, no constituyen actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías indirecto que se promueva en su contra ante los Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo." Bajo ese argumento, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Costera Miguel Alemán Valdez, número 180, interior 32, del centro comercial Flamboyant, fraccionamiento Magallanes, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Edgar Shaique Altamirano Ortiz, Jorge Luis Valente Pérez y Gabriel Álvarez Cisneros, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Juan Iván Valente Pérez y Jorge Valente Nava, por no cumplir con el requisito anterior. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN GENERAL. De conformidad con los artículos 22, fracción I, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por su similar 25/2020, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración los avances tecnológicos, continúen con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". En la inteligencia que para ello, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional debe autorizar, para lo cual proporcionarán el nombre de usuario para el uso del sistema de los servicios en línea. Además, se informa a la quejosa que de acuerdo a los artículos 5, fracción I y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por sus similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se le invita para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea propios, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. A su vez, se comunica a la autoridad responsable que el correo electrónico oficial de este juzgado es el 8jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, y que el número de teléfono es 744 435 19 00 extensión 1001, en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos de lunes a viernes, hasta en tanto se encuentre vigente el diverso Acuerdo General 25/2020, que reformó en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial el Acuerdo General 21/2020. Del mismo modo, se les informa a las partes que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general, para la consulta del expediente de manera física previamente deberán generar una cita, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

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