Eulalio Medellin Limon
Expediente 697/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 23 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 13/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Eulalio Medellin Limon
- Juez de Ejecuciones de Sanciones del Primer Distrito Judicial En el Estado.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a trece de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio 652/2021 signado por la Jueza de Ejecución Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de ocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta de ejecución 377/2013, relativa al proceso penal 177/2013. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y su anexo, dése vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a sus derechos convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo, resolverá sobre el cumplimiento del fallo proteccionista, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y por oficio al tercero interesado, corriéndoles traslado con copia simple del oficio de cuenta y anexo. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por la Jueza de Ejecución Penal con Jurisdicción en los Distritos Judiciales Primero, Noveno, décimo y Décimo Segundo en el Estado, con residencia en esta ciudad; en el cual solicita que se le informe si esta por cumplida la ejecutoria de amparo. Al respecto comuníquese que el veintiuno de mayo del presente año, se emitió un proveído el cual se tuvo por no cumplida la sentencia de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Juez de Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien días de salario mínimo, vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia que deberá dejar insubsistente el acto reclamado, así como la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del que se advierte que mediante proveído de seis de agosto de dos mil veinte, se dio vista a las partes con: El oficio 237/2020 signado por la Jueza de Ejecución Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través de los cuales, remitió copia certificada de la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictado en la carpeta de ejecución 377/2013, relativa al proceso penal 177/2013. Tal acuerdo se notificó al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito al Juez de Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad el treinta y uno de agosto de dos mil veinte; la parte quejosa Eulalio Medellín Limón, y tercero interesado de iniciales F.B.G., mediante lista de acuerdos publicada el veintisiete de abril del presente año, al no haber comparecido a este órgano de control constitucional en el plazo de dos días, que se le otorgara en el respectivo citatorio; sin que hubiesen desahogado la vista concedida. Consecuentemente, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo a las constancias de autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Al respecto, debe decirse lo siguiente: El Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa, en auxilio de las labores de este Juzgado Primero de Distrito, por sentencia de doce de noviembre de dos mil diecinueve concedió el amparo; inconforme con la anterior determinación, se interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, registrándolo como amparo en revisión 19/2020. Así, mediante ejecutoria de veintiséis de febrero de dos mil veinte, confirmó la sentencia en mención, y concedió el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos siguientes: ".Deje sin efectos la resolución dictada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, al resolver el recurso de reconsideración interpuesto por Eulalio Medellín Limón contra el auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, dictado en la carpeta de ejecución 377/2013, relativa al proceso penal 177/2013. En su lugar, dicte otra resolución en la que analice si se reúnen o no los requisitos establecidos para que el quejoso obtenga el beneficio de la libertad anticipada, conforme lo dispone el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo deberá verificar si se reúnen o no los requisitos exigidos por el articulo 112 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas, para conocer la condena condicional solicitada por el quejoso". El argumento toral que sostiene el citado fallo, es el siguiente: "Ahora bien, resulta desacertado el argumento de que el quejoso no demuestra el interés subjetivo público previo a la existencia de los actos que reclama y su afectación y, por ello, debió sobreseerse. Lo anterior, porque este Tribunal coincide con las consideraciones emitidas por el Juez de amparo, sustancialmente en cuanto a que la libertad anticipada a que se refirió el Juez de amparo prevista en el artículo 141 la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un derecho sustantivo de los sentenciados, como el quejoso, relacionado con el derecho humano a la libertad personal, la igualdad de los sentenciados y su derecho a la reinserción social y, al encontrarse vigente al día veintidós de febrero de dos mil diecinueve data en la cual el inculpado promovió el incidente de sustitución y sanciones; es claro que justificó el interés subjetivo público previo a la existencia del acto que reclama. En lo conducente, se cita por compartir su idea jurídica la siguiente tesis aislada PC.I.P.2 P (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, que: "LIBERTAD ANTICIPADA A QUE SE REFIERE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. EL ACCESO A LA VERIFICACIÓN DE SU PROCEDENCIA ES UN DERECHO SUSTANTIVO RELACIONADO CON EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD. A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, lo que implicó un cambio sustancial en los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en adición al artículo 1o. del mismo Ordenamiento Supremo, respecto a la regularidad de derechos humanos, tanto a nivel constitucional como internacional, lo que lleva a considerar que los beneficios, como el relativo a la libertad anticipada a que se refiere el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, son derechos sustantivos, al privilegiar esa reinserción, esto, aun cuando obtener el beneficio con la simple petición por parte del reo no es un derecho humano, porque el juzgador no está obligado a concedérselo, pero al tener presente la tesis aislada 1a. CLI/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "BENEFICIOS PARA LOS SENTENCIADOS. NO CONSTITUYEN UN DERECHO FUNDAMENTAL.", sí puede considerarse un derecho sustantivo la prevención por parte del Estado de las medidas instrumentales necesarias para lograr la reinserción social, así como que en la ley secundaria se establezcan los beneficios que le son sincrónicos, los cuales deberán concederse en la medida en que se cumplan los parámetros que condicionen su otorgamiento; por tanto, tener acceso a la posibilidad de que un juzgador analice si procede el beneficio que en la ley se establezca sí tiene el carácter de derecho humano, conclusión que se refuerza con el contenido de la sentencia del Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que se infiere que el tener acceso a beneficios es un derecho humano. Asimismo, el derecho sustantivo de los beneficios está relacionado estrechamente con el derecho humano a la libertad personal, lo que hace más importante la transcendencia en su protección, no como una cuestión adjetiva, sino sustantiva, que permite realizar los postulados constitucionales de reinserción social, y la mínima afectación a la libertad personal, que derivan de los artículos 18 y 19 constitucionales." Al respecto, los artículos primero y segundo, párrafos iniciales, transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen lo siguiente: "Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para los efectos señalados en el párrafo tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se declara que la presente legislación recoge el sistema procesal penal acusatorio y entrará en vigor de acuerdo a los artículos transitorios siguientes. Segundo. Las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27; fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 de esta Ley, entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017. Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 de esta Ley, entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018 (.)". De lo transcrito se advierte que, la Ley Nacional de Ejecución Penal entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a nivel nacional y sólo la vigencia de los artículos citados en los párrafos primero y segundo del artículo segundo transitorio, quedó supeditada a que se emitiera una declaratoria para el inicio de vigencia de la citada legislación o de que se cumplieran las fechas señaladas en dicho numeral. Esto en la inteligencia de que si los órganos legislativos correspondientes no emitían la declaratoria respectiva dentro del plazo señalado, los artículos citados en el primer párrafo del referido precepto cobraban vigencia por ministerio de ley a más tardar el diecisiete de junio de dos mil diecisiete, mientras que los señalados en el párrafo segundo, entrarían en vigor en idénticos términos, el diecisiete de junio de dos mil dieciocho. Así, se reitera, la emisión de la Declaratoria de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal a que se hace mención, no constituyó un presupuesto indispensable para que entre en vigor la referida ley, salvo los aspectos que específicamente se han destacado. Y es que, si bien la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema acusatorio penal y el quejoso fue procesado y sentenciado bajo el sistema mixto, esto no es limitativo a las personas procesadas con posterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis, pues la aplicabilidad de la norma no está supeditada al sistema bajo el que son procesadas, pues con independencia de la voluntad política y de la posibilidad material de cada entidad para implementar el nuevo sistema de justicia, la Ley Nacional busca homologar el marco normativo aplicable a las personas privadas de la libertad y a la ejecución de sentencias. Lo anterior, porque cuando el artículo tercero transitorio se refiere a "los procedimientos", alude a aquellos actos procedimentales que pueden acontecer dentro de toda la etapa de ejecución de sentencia y que a la fecha de entrada en vigor de la ley indicada no habían finalizado, mas no a aquellos asuntos cuya sentencia condenatoria haya causado ejecutoria antes de su entrada en vigor y que, por ese motivo, tuviese que aplicárseles forzosamente una de las legislaciones abrogadas en toda la etapa de ejecución. Además, cabe señalar que la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal no se ciñe a los asuntos que causaron ejecutoria después de su entrada en vigor, sino que opera para los procedimientos o actos que surjan en la etapa de ejecución durante su vigencia, con independencia de que las causas penales correspondientes hayan causado estado antes de su entrada en vigor; de otra manera, se correría el riesgo de dejar en un plano de desigualdad ante la ley a personas con condiciones jurídicas idénticas (sentenciados ejecutoriados), sólo porque las causas penales que respectivamente se les instruyeron causaron estado en diferentes momentos en relación con la entrada en vigor de la Ley Nacional aludida, lo cual sería jurídicamente incorrecto; aunado a que no influye a lo anterior el sistema de justicia penal con base en el cual los justiciables hayan sido sentenciados (sistema mixto o tradicional, o bien, acusatorio oral), pues ni en la Constitución ni en la ley, existe un impedimento o restricción para que a quienes se les fijó su situación jurídica conforme al sistema mixto o tradicional, puedan aplicárseles las disposiciones contenidas en la Ley Nacional. Al caso se cita, por compartir su idea jurídica, la tesis del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, en la jurisprudencia PC.I.P. J/43 P (10a.), del siguiente contenido: "LIBERTAD ANTICIPADA. LA APLICACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL A SENTENCIADOS EN EL SISTEMA MIXTO NO ESTÁ RESTRINGIDA POR LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS CUARTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 Y TERCERO DE LA LEGISLACIÓN CITADA (APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE RETROACTIVIDAD DE LEY BENÉFICA Y PRO PERSONA). Cuando el sentenciado en un proceso penal mixto solicita a la autoridad jurisdiccional de ejecución, el beneficio de la libertad anticipada previsto en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, procede analizar si se le concede o no, en virtud de que las normas de ejecución anteriores a la vigencia de la legislación mencionada no la contenían, por lo que la procedencia del análisis del cumplimiento de los requisitos del numeral señalado, tiene como base la aplicación del principio de retroactividad en beneficio que opera en materia penal y el principio hermenéutico de derechos humanos pro persona, porque el artículo cuarto transitorio referido, en cuanto a derechos sustantivos, como lo es la libertad anticipada, no es una excepción al principio de retroactividad penal, pues no constituye una restricción para aplicar reglas posteriores que se consideren más benéficas previstas en el nuevo sistema acusatorio, en virtud de que su contenido y lo dispuesto en el proceso legislativo no representan restricciones a los derechos sustantivos o al derecho humano a la libertad, porque se refieren a la forma de tramitación del procedimiento penal mixto, para concluirlos con las reglas de ese modelo procesal, lo que no puede alcanzar la etapa de ejecución de la sentencia al ser una fase diversa. Así, lo que pretendió el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el contenido del artículo transitorio analizado es prohibir la mezcla de disposiciones del sistema penal mixto con las del sistema acusatorio que rigen el proceso, entonces, esas limitantes no alcanzan a derechos sustantivos o a otros derechos humanos. Así, lo dispuesto en el artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, no impacta en el uso del principio de aplicación retroactiva de ley benéfica, porque el acotamiento de éste se refiere a cuestiones meramente procesales, característica que no tiene la libertad anticipada regulada en el artículo 141 de esa legislación; por tanto, el derecho a que se analice la procedencia de ese beneficio debe hacerse conforme a la ley vigente al momento en que se pida, siempre y cuando resulte de mayor beneficio al solicitante, cumpliéndose con todos los otros temas que definan la competencia de la autoridad jurisdiccional de ejecución y los restantes ámbitos de aplicación de la normativa que se estime benéfica. Esto, porque cuando el artículo tercero transitorio se refiere a 'los procedimientos', alude a aquellos actos procedimentales que pueden acontecer dentro de toda la etapa de ejecución de sentencia y que a la fecha de entrada en vigor de la ley indicada no habían finalizado, mas no a aquellos asuntos cuya sentencia condenatoria haya causado ejecutoria antes de su entrada en vigor y que, por ese motivo, tuviese que aplicárseles forzosamente una de las legislaciones abrogadas en toda la etapa de ejecución. Además, la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal no se ciñe a los asuntos que causaron ejecutoria después de su entrada en vigor, sino que opera para los procedimientos o actos que surjan en la etapa de ejecución durante su vigencia, con independencia de que las causas penales correspondientes hayan causado estado antes de su entrada en vigor. De otra manera, se correría el riesgo de dejar en un plano de desigualdad ante la ley a personas con condiciones jurídicas idénticas (sentenciados ejecutoriados), sólo porque las causas penales que respectivamente se les instruyeron causaron estado en diferentes momentos en relación con la entrada en vigor de la Ley Nacional aludida, lo cual sería jurídicamente incorrecto, aunado a que no influye a lo anterior el sistema de justicia penal con base en el cual el justiciable haya sido sentenciado (sistema mixto o tradicional, o bien, acusatorio oral), pues ni en la Constitución ni en la ley, existe un impedimento o restricción para que a quienes se les fijó su situación jurídica conforme al sistema mixto o tradicional, puedan aplicárseles las disposiciones contenidas en la Ley Nacional. Por otra parte, debe tenerse presente que el Poder Reformador de la Constitución, en la reforma publicada en el medio de difusión oficial mencionado el 8 de octubre de 2013 a su artículo 73, fracción XXI, depositó su confianza en la existencia de una legislación única en materia de ejecución de penas, con el propósito de que ésta fuera un mecanismo efectivo, eficaz y eficiente para lograr la materialización de los extremos en los que descansan los postulados citados, redujera la confrontación de criterios y se aplicara de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el sentenciado y demás intervinientes en el procedimiento." En suma, contrario a la apreciación del recurrente, es infundado que el quejoso carecía de un derecho subjetivo público protegido antes del acto reclamado, ya que la libertad anticipada que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal estaba vigente al momento en que se promovió la incidencia de la que derivó el acto reclamado, salvo los artículos expresamente previstos en el artículo transitorio segundo del decreto por el cual se publicó, por ello, resultando irrelevante que el accionante del amparo hubiese sido procesado conforme al anterior sistema penal o el acusatorio vigente, de tal manera que, la calificación de su observancia deriva de la ponderación de la ley ya vigente a la época de la solicitud, de ahí que el sentenciado sí cuenta con interés jurídico para reclamar el acto. En consecuencia, ante lo infundado de los agravios de expuestos por el recurrente, lo que procede en el caso, es confirmar en la materia de la revisión la concesión de amparo impugnada, para los efectos indicados en la parte final de la sentencia que se revisa." En cumplimiento a la anterior determinación, mediante oficio 237/2020 signado por la Jueza de Ejecución Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictado en la carpeta de ejecución 377/2013, relativa al proceso penal 177/2013, en la que: 1.- Dejó sin efecto la resolución dictada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, relativa al recurso de reconsideración interpuesto por Eulalio Medellín Limón contra el auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, dictado en la carpeta de origen. 2.- En dicha resolución también determinó dejar sin efecto el auto recurrido de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve y en consecuencia, el requerimiento que se le hizo al aquí quejoso en dicho proveído. 3.- Por consiguiente, procedió a analizar el escrito de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, signado por la parte aquí quejosa, en el que le solicitó le fuera sustituida la sanción por una garantía numeraria y que se le sustituyera por trabajos a la comunidad, así como ficha signalética de datos personales y huellas dactilares o las visitas correspondientes, así como estar rindiendo informes por escrito de que sigue viviendo de una forma modesta, familiar y laboral. 4.- Con relación a dicha petición, la autoridad responsable determinó que es improcedente otorgar el beneficio que solicita la parte aquí quejosa, respecto de que se le sustituya la pena de prisión por una multa, por considerar que de acuerdo a lo que dispone el artículo 109 del Código Penal y del 535 del Código de Procedimientos Penales, que si bien la pena de prisión puede ser sustituida por una multa, cuando la penalidad no exceda de dos años de prisión, en el caso concreto, la penalidad excede ya que fue condenado a una pena de dos años, siete meses, quince días. Y, respecto de la solicitud de que la pena sea sustituida por trabajos a favor de la comunidad, refiere que el solicitante no ha justificado la disponibilidad de la institución en donde prestará sus servicios de carácter laboral (artículo 108, fracción II, del Código Penal), así como tampoco procede otorgarle dicho beneficio, ya que cuenta con antecedentes penales, de conformidad con la fracción V, del citado numeral 108. Para posteriormente, concluir de la siguiente forma: "PRIMERO:- En cumplimiento al oficio número 9012/2020 de fecha doce de marzo del año dos mil veinte, signado por la Licenciada MA. ELIZABETH SIERRA CASTILLO, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual informa que la sentencia dictada dentro del Juicio de amparo 967/2019, que fuera promovido por el aquí ejecutoriado EULALIO MEDELLIN LIMÓN, ha causado ejecutoria, por lo cual, se requiere su debido cumplimiento, en consecuencia es que esta autoridad procede a dejar insubsistente la resolución de fecha ocho de marzo del año dos mil diecinueve, en la que se resuelve el recurso de reconsideración que promoviera el quejoso, procediendo a resolver de nueva cuenta. SEGUNDO:- Ha procedido el Recurso de Reconsideración interpuesto, por el ejecutoriado EULALIO MEDELLIN LIMÓN dentro de la carpeta de ejecución número 377/2013, derivada de la causa penal número 117/2013, que por el delito de ROBO CALIFICADO POR HABERSE COMETIDO POR DEPENDIENTE, se instruyó en su contra, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado. TERCERO:- En vista de lo establecido en el punto resolutivo anterior se deja sin efectos el auto de fecha veinticinco (25) de Febrero del año dos mil diecinueve (2019), y en consecuencia el pronunciamiento de aclaración realizado, haciéndose los señalamientos que han quedado puntualizados en líneas procedentes. CUARTO.- Hágasele saber a las partes que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 358 del Código de Procedimientos Penales de Tamaulipas, la presente resolución no admite recurso alguno." Ahora bien, como se advierte de la resolución emitida por la autoridad responsable, para resolver sobre la petición del solicitante del amparo, se fundó en disposiciones diversas a las que se citaron en el fallo protector; en tal virtud, se estima que no ha sido cumplida la sentencia de referencia. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Juez de Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien días de salario mínimo, vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia que deberá dejar insubsistente el acto reclamado, así como la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K, con número de registro: 2007295, publicada en la página 1378, del Tomo II, del mes de agosto de 2014, libro 9, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época, de rubro: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO." NOTIFÍQUESE. Así lo acuerda y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En cumplimiento a la Circular SECNO/1/2021 signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanudan los plazos y términos suspendidos por el período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, por la Circular CAP/3/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial; reanudación que se llevará a cabo con base en lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y diversos Acuerdos Generales 25/2020, y 37/2020 del citado órgano colegiado. Por tanto, visto el estado de autos del expediente en que se actúa, revela que PROCEDE REANUDAR EL PROCEDIMIENTO EN EL PRESENTE SUMARIO en el punto en que quedaron pausados. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obran constancias de notificación de la parte quejosa EULALIO MEDELLIN LIMON, y del tercero interesado de iniciales F.B.G., del acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, por el que se otorgó vista por el plazo de tres días con el cumplimiento dado por la responsable al fallo amparador. Por tal motivo, a efecto de estar en aptitud de estudiar de oficio si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de mérito, hágase del conocimiento a las citadas partes el proveído de referencia corriéndoles traslado con copia simple del oficio 237/2020 signado por la Jueza de Ejecución Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, y anexo de documentales remitidas, para los efectos a que haya lugar. Notifíquese; personalmente a la partes corriéndoles traslado con copia simple del oficio 237/2020 signado por la Jueza de Ejecución Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, y anexo de documentales remitidas.
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