Eulalio Hinojos Apodaca

Expediente 793/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 26 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
793/2015
Año
2015
Actuaciones
26
Última actuación
24/08/2017

Partes del expediente

  • H. Congreso del Estado de Chihuahua
  • Eulalio Hinojos Apodaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Visto el oficio 12228/2017, signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión administrativo 724/2016 y los autos originales del juicio de amparo 793/2015-III, promovido por Eulalio Hinojos Apodaca, hágase del conocimiento de las partes que dicho Tribunal Colegiado, resolvió: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de Eulalio Hinojos Apodada, en contra de los actos que reclamó del Congreso, Gobernador y Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Chihuahua; Director General, Director Médico, Titular del Departamento de Medicina del Trabajo, Director de Prestaciones Económicas, Titular del Departamento de Trabajo Social y Médico de Medicina del Trabajo, todos de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua y Director del Periódico Oficial del Estado, consistentes en la inconstitucionalidad del artículo 25, fracción II del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua. Acúsese recibo de estilo, agréguese el cuadernillo de antecedentes, así como el original del cuaderno incidental y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración por haberse concedido la media cautelar solicitada. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada XXXXXXXX , Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 162 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXXXXXXX . Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obran los acuses de recibo relativos a los oficios *******, *******, ******* y *******, remitidos al Director General de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, Director Médico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, Titular del Departamento de Medicina del Trabajo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua y Director de Prestaciones Económicas de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, a través de los que se ordenó notificarles la interposición del recurso de revisión de la parte quejosa. En tal virtud, requiérase al Administrador de Correos, en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede notificado del presente acuerdo, informe el trámite dado a los citados oficios. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, o no informar las razones que le impidan hacerlo, en términos del artículo 237, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá como sanción una multa equivalente a treinta unidades de medida y actualización, previstas por el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintidós de julio del año en curso. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente recurso, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, los autos originales de este juicio de amparo número ********************, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente, con copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a dicho Tribunal. Por otra parte, las restantes copias del escrito de expresión de agravios deberán distribuirse entre las partes, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 de la citada ley reglamentaria. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de julio de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto *********/2015-III, promovido por ******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, que por razón de turno tocó conocer a este juzgado, *********, promovió demanda de amparo, contra actos del Congreso del Estado, Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Chihuahua, así como del Director General, Director Médico, Titular del Departamento de Medicina del Trabajo, Director de Prestaciones Económicas, Titular del Departamento de Trabajo Social y Médico de Medicina del Trabajo, todos de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, que hizo consistir en la discusión, aprobación, expedición, sanción, firma, publicación, iniciación de la vigencia y aplicación del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, aprobado el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y dos, cuya vigencia inició el diecisiete de enero de mil novecientos ochenta y dos, en específico lo que establece el artículo 25, fracción II, último párrafo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 4 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil quince, se admitió la demanda de amparo, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, se llevó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, de la siguiente manera: a) Del Congreso del Estado de Chihuahua la discusión, aprobación, expedición, sanción e iniciación de la vigencia del siguiente ordenamiento legal: Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, aprobado el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y dos, cuya vigencia inició el diecisiete de enero de mil novecientos ochenta y dos, en específico lo que establece el artículo 25, fracción II, último párrafo. b) Del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y del Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua: Su intervención en la aprobación, expedición, sanción, firma, publicación y ejecución del Reglamento reclamado, en su esfera de facultades. c) Del Director del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua: La publicación del Reglamento reclamado. d) Del Director General, Director Médico, Titular del Departamento de Medicina del Trabajo, Director de Prestaciones Económicas, Titular del Departamento de Trabajo Social y Médico de Medicina del Trabajo, todos de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez: La aplicación de la normatividad impugnada. Sirve de sustento, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, aplicable por identidad de razón, en términos del artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Actos impugnados de inconstitucionales, que se advierten del contenido íntegro de la demanda de amparo, atento a lo expuesto en los capítulos de actos reclamados, antecedentes, preceptos constitucionales transgredidos y conceptos de violación narrados en tal escrito. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1347, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, página 1511, que estatuye: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Congreso del Estado de Chihuahua, en su informe justificado, negó los actos que de manera específica se le atribuyeron, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, sanción e iniciación de la vigencia del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, aprobado el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y dos, cuya vigencia inició el diecisiete de enero de mil novecientos ochenta y dos, en específico lo que establece el artículo 25, fracción II, último párrafo, pues refirió que son facultades de Poder Ejecutivo del Estado, sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba en contrario para desvirtuar esa negativa. Por su parte, el Director General, el Director de Prestaciones Económicas, el Titular del Departamento de Trabajo Social y Médico de Medicina del Trabajo, todos de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, al rendir su informe con justificación negaron el acto que de manera específica se les atribuyó, consistente en la aplicación del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, aprobado el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y dos, cuya vigencia inició el diecisiete de enero de ese mismo año, en específico lo que establece el artículo 25, fracción II, último párrafo, sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba en contrario para desvirtuar esas negativas. En esta tesitura, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, respecto de las autoridades antes señaladas, en términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. No se soslaya que en el oficio *********, que el quejoso señala como primer acto de aplicación, en el que se le informa al Director de Prestaciones Económicas de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, que de acuerdo a la valoración médica en la persona del quejoso *****, de cincuenta y nueve años de edad, de quien se solicita la inclusión al servicio médico de la institución, como beneficiario esposo incapacitado, de **********, con cédula de afiliación número **********, quien es maestra jubilada, por las patologías y deficiencias que presenta, no cumple con los requisitos de inclusión como esposo incapacitado de acuerdo con el artículo 25, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, se menciona a la Doctora Erika Coronado Ramírez, Médico de Medicina del Trabajo, de la Delegación Ciudad Juárez, así como al Doctor Jesús Alfonso Rodríguez Prado, Jefe del Departamento de Medicina del Trabajo, de la Dirección Médica, personas aquí señaladas como autoridades responsables; sin embargo, de ese oficio se advierte que dichos profesionistas sólo valoraron médicamente al quejoso, lo cual no se puede considerar como la aplicación del Reglamento impugnado; por lo tanto, subsiste la inexistencia del acto que se les reclamó. CUARTO. Se desvirtúa inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Director Médico y Titular del Departamento de Medicina del Trabajo, de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se les atribuye, consistente en la aplicación del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, impugnado, en particular lo que establece el artículo 25, fracción II, último párrafo. Empero, tal negativa se desvirtúa, toda vez que suscribieron el oficio *********, dirigido al Director de Prestaciones Económicas de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, que el quejoso señala como primer acto de aplicación, en el como ya se dijo en párrafos precedentes, informan que de acuerdo a la valoración médica en la persona del quejoso *********, de cincuenta y nueve años de edad, de quien se solicita la inclusión al servicio médico de la institución, como beneficiario esposo incapacitado, de **********, con cédula de afiliación número *********, quien es maestra jubilada, le comunican las patologías y deficiencias consistentes en síndrome de abstinencia por abuso de alcohol y tabaquismo crónico, hipoacusia conductiva con vértigo periférico y dislipidemia mixta y que no cumple con los requisitos de inclusión como esposo incapacitado como apto, no inclusión, de acuerdo con el artículo 25, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua; de ahí que se tiene por cierto el acto reclamado a dichas autoridades responsables. Por su parte, el Secretario General de Gobierno y el Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Chihuahua, fueron omisos en rendir su informe con justificación, no obstante que fueron debidamente requeridos para ello, mediante oficios ***** y ****** de veintitrés de noviembre de dos mil quince, como consta en las piezas postales acuses de recibo, mediante las cuales se advierte que aquellos se entregaron el dos de diciembre de dos mil quince (fojas 46 y 47). En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de admisión y se tiene por cierta la existencia de los actos que se les reclamaron consistentes en la aprobación, expedición, sanción, firma, publicación y ejecución del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, aprobado el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y dos, cuya vigencia inició el diecisiete de enero de ese mismo año, en específico lo que establece el artículo 25, fracción II, último párrafo, dado que no obra constancia que desvirtúe la presunción de certeza que subyace de la omisión de rendir el informe con justificación. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada del Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, Volumen 22, Primera Parte, materia común, página 22, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE. SUS CONSECUENCIAS. La autoaplicabilidad de preceptos legales reclamados en el amparo, no depende ni de que se haya omitido rendir informe justificado por algunas responsables ni de que se establezca la certeza de los actos reclamados derivada de la falta de informe, conforme con el artículo 149 de la Ley de Amparo. Este precepto señala las consecuencias que se derivan de la omisión de rendir informes justificados y ellas se reducen a tener como ciertos los mismos hechos o actos presuncionalmente, salvo prueba en contrario, pero de ninguna manera implican consideración alguna acerca de que ya se realizaron actos concretos de aplicación de la ley; tampoco la falta de informes implica considerar que los actos reclamados violen en perjuicio de las quejosas las garantías individuales que invocaron en su demanda, pues esa cuestión atañe al fondo del asunto y debe ser demostrada a la luz de los conceptos de violación expresados y las pruebas que en su caso se llegaren a ofrecer, mas no puede considerarse como una consecuencia establecida en la Ley de Amparo, derivada de la tantas veces mencionada falta de informes justificados. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, aceptó la existencia de los actos que le fueron atribuidos, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, sanción e iniciación de la vigencia del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, que se impugna, en específico lo que establece el artículo 25, fracción II, último párrafo. De manera que, en el ámbito de su competencia, se tiene por acreditada la existencia del proceso legislativo reclamado por la parte quejosa. Además, la certeza deriva no sólo del hecho de que así lo haya reconocido la autoridad responsable que rindió su informe justificado, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del ordenamiento relativo, por tratarse de una normativa general, abstracta e impersonal que no está sujeta a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, conforme a los cuales las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable al caso la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que estatuye: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. SEXTO. Causas de improcedencia que se estiman actualizadas. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; por tanto, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que se estiman actualizadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Improcedencia del juicio respecto de la publicación del reglamento reclamado. En la especie, respecto de los actos reclamados al Gobernador Constitucional, así como al Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial, todos ellos del Estado de Chihuahua (publicación), se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] De los preceptos reproducidos se deduce, en primer término, que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Carta Magna o de la propia Ley de Amparo; en segundo término, que en el caso de que se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en la publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando impugnen sus actos por vicios propios. En la especie, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables antes identificadas, la publicación del Reglamento que tilda de inconstitucional, pero sin impugnar, por vicios propios, esa intervención en el proceso legislativo que le dio origen; de ahí que, se surta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, mayo de 2005, materia administrativa, página 1411, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. En las relacionadas condiciones, al quedar patentizada la actualización de la causa de improcedencia analizada, se impone sobreseer en el juicio respecto del acto de publicación del Reglamento precisado, reclamado al Gobernador Constitucional, así como al Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial, todos ellos del Estado de Chihuahua, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. II. Improcedencia del juicio respecto de la aprobación, expedición, sanción, firma y ejecución del reglamento reclamado. En el caso, en respecto de los actos reclamados al Gobernador Constitucional (aprobación, expedición, sanción, firma y ejecución), así como el que se reclama del Director Médico y Titular del Departamento de Medicina del Trabajo de Pensiones Civiles, todos del Estado de Chihuahua (ejecución), se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Del precepto transcrito se desprende, que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no acredite que los actos reclamados afectan su interés jurídico. Al respecto, cabe apuntar que el referido interés consiste en la prerrogativa que le asiste a un particular para promover el juicio de amparo y reclamar algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, con lo que se ocasiona un perjuicio a su titular. De modo que, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, el acto de la autoridad que afecte dicha prerrogativa, de donde deriva el agravio correspondiente. En ese sentido, cabe destacar que un "derecho legítimamente tutelado", implica la existencia de una prerrogativa protegida por el ordenamiento legal, empero, la existencia de esa facultad no se deduce de la sola manifestación que haga quien dice ser titular de ella, pues se requiere de elementos probatorios aptos para demostrar tal extremo; así, el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas. Se invoca en apoyo, la tesis LXXX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, correspondiente al mes de septiembre de dos mil trece, página mil ochocientos cincuenta y cuatro, cuyo rubro y texto son: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente el criterio de que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo debe acreditarse de manera fehaciente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, dado el carácter excepcional que tiene el referido juicio y los efectos que debe tener la sentencia que conceda la protección constitucional, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos transgredidos por el acto de autoridad. Resulta aplicable, la jurisprudencia 16/94, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, página diecisiete, cuyo rubro y texto son: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. De modo que, el juicio de amparo procede para proteger los derechos legítimamente tutelados - como puede ser el de la salud- que resulten afectados por actos de autoridad, sin respetar las prerrogativas de audiencia y defensa del gobernado. Así, debe tenerse presente que el derecho a la protección de la salud, se elevó a rango constitucional, por virtud del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, con la finalidad que los servicios de salud "alcancen a la población abierta, que no es amparada por los sistemas de seguridad social, a través de los programas asistenciales que lleva a cabo el Gobierno de la Nación", según deriva de la exposición de motivos relativa, en la que además se precisó, que se optó por la "expresión 'derecho a la protección de la salud', porque tiene el mérito de connotar que la salud es una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados", en tanto, "no se puede actuar en contra de la conducta cotidiana de los ciudadanos" y que "una ley reglamentaria definirá las bases y las modalidades de ese acceso para que tengan en cuenta las características de los distintos regímenes de seguridad social, que se fundan en los criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso; de los sistemas de solidaridad social, que usan recursos fiscales, la cooperación comunitaria y la colaboración institucional, y de los sistemas de asistencia, que descansan en el esfuerzo fiscal del Estado". Ahora bien, de lo previsto en los artículos 5º, 6º, fracción I, 23, 24, 27, 34 a 39, 77 Bis 1, 77 Bis 3, 77 Bis 7, 77 Bis 11, 77 Bis 15, 77 Bis 17, 77 Bis 21, 77 Bis 26 y 77 Bis 29, de la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4º, tercer párrafo, de la Constitución General de la República, se desprende lo siguiente: El sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto Federal como Local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, los mecanismos de coordinación de acción y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud, mediante la prestación de servicios de salud a toda la población, entre otras medidas. Los servicios de salud, en términos generales, son todas aquellas acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas y, para los efectos del derecho a la protección de la salud, tienen tal carácter, entre otros, los referentes a la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes; la atención médica integral, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo urgencias, así como la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud. Los servicios de salud, en general, se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social y atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: Servicios públicos a la población general, que son aquellos que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar tales servicios, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recurso para cubrirlas. Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados por éstas a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado en las mismas conforme a sus leyes y a sus beneficiarios, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios. Dichos servicios se regirán por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad social y por las contenidas en la Ley General de Salud, en lo que no se oponga a aquéllas y comprenderán LA ATENCIÓN MÉDICA, la atención materno-infantil, la salud mental, la promoción de la formación de recurso humanos, la salud ocupacional y la prevención y control de enfermedades no transmisibles y accidentes. Servicios privados, que son lo que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convenga con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles. Tales servicios se pueden contratar directamente por los usuarios o través de seguros individuales o colectivos y servicios sociales, que son los prestados por grupos u organizaciones a sus miembros y a los beneficiarios de éstos, mediante la contratación de seguros individuales o colectivos. Otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, las entidades federativas y los propios beneficiarios, excepto cuando "exista la incapacidad de la familia" para cubrir la cuota relativa; siendo pertinente destacar que el ocho por ciento de las cuotas de recuperación se destina al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que son aquellos que "derivan de tratamientos y medicamentos asociados que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren". Lo hasta aquí expuesto, permite arribar a la conclusión que el derecho a la protección de la salud, se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios de salud, que comprenden entre otras cuestiones, la asistencia médica y el suministro de medicamentos y que uno de esos mecanismos, lo constituyen las instituciones de seguridad social; sin embargo, debe advertirse los servicios de salud, podrán ser prestados además, por los institutos públicos de salud, personas físicas o morales mediante la contratación de seguros individuales o colectivos en los términos previstos en la legislación civil y mercantil, o bien por los órganos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, diseñado para todas aquellas personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud. Por tanto, el sólo hecho de que una persona no sea derechohabiente de las instituciones de seguridad social, no puede dar lugar a estimar que se limita o menoscaba su derecho a la protección de la salud, en tanto puede ejercerlo válidamente a través de los distintos mecanismos que para tal efecto prevé la Ley General de Salud, habida cuenta que ésta expresamente señala que los servicios de salud que se presten por las instituciones de seguridad social, se regirán por lo establecido en las disposiciones legales que regulan su organización y funcionamiento, lo que de suyo implica que para tener derecho a la asistencia médica y el suministro de medicamentos por conducto de esas instituciones, es menester que se satisfagan los requisitos que para tal efecto se prevén en la ley que los regula. Precisado lo anterior, debe señalarse que el Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, en sus artículos 1, 2, 3, 8, 22, 25, 26 y 29 prevé en lo que interesa para la solución del presente asunto, lo siguiente: 1. El Reglamento tiene por objeto establecer las bases conforme a las cuales el Estado proporcionará a sus trabajadores servicio médico asistencial. 2. El servicio médico asistencial se prestará por conducto del Organismo Público Descentralizado, denominado Pensiones Civiles del Estado. 3. Tendrán derecho al servicio médico asistencial: Los trabajadores al servicio del Estado; Los pensionados; y Jubilados que hayan obtenido tal carácter como trabajadores del mismo y sus respectivos beneficiarios en los términos de este Reglamento. 4. Son beneficiarios de los asegurados para efectos de la prestación de los servicios médicos, entre otros: El cónyuge, cuando sufra incapacidad total permanente y no esté recibiendo indemnización por ello, o sea mayor de 55 años de edad y no perciba cuando menos el salario mínimo general fijado para la zona económica en que resida. En este caso deberá acreditarse que el beneficiario depende del asegurado y que no tiene derecho por sí mismo a las prestaciones del Reglamento. 5. Para que los trabajadores y sus beneficiarios tengan derecho a los servicios establecidos en el Reglamento, deberán: Afiliarse previamente a Servicios Médicos Estatales en la localidad donde desempeñen sus labores. Presentando para tal efecto, solicitud por escrito, con su firma, en que se contengan los siguientes datos: a) Nombre completo; b) Sexo; c) Lugar y fecha de nacimiento; d) Domicilio; e) Generales de sus beneficiarios y las circunstancias por las cuáles deben gozar de tal carácter. 6. A la solicitud de afiliación deberán acompañarse los documentos idóneos para acreditar los datos a que se refiere el precepto anterior y las circunstancias a que se refiere el artículo 25 del Reglamento. 7. Reciba la solicitud y documentos comprobatorios requeridos, Servicios Médicos Estatales asignará número de registro y la unidad de servicios en que deberán recibirse éstos. 8. Los asegurados deberán dar aviso de cualquier cambio de su situación o de la de sus beneficiarios que ataña a la prestación del servicio médico asistencial. En ese orden, es dable concluir que el quejoso, en su carácter de esposo de la asegurada jubilada ********* del Organismo Público Descentralizado denominado Pensiones Civiles del Estado, carece de interés jurídico para impugnar en el presente juicio de amparo el oficio ********, dirigido al Director de Prestaciones Económicas de dicho organismo público, como primer acto de aplicación del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, en el que se informó a dicho director, que de acuerdo a la valoración médica en la persona del quejoso ********, de cincuenta y nueve años de edad, de quien se solicita la inclusión al servicio médico de la institución, como beneficiario esposo incapacitado, **********, con cédula de afiliación número *******, quien es maestra jubilada, y dadas las patologías y deficiencias consistentes en síndrome de abstinencia por abuso de alcohol y tabaquismo crónico, hipoacusia conductiva con vértigo periférico y dislipidemia mixta, no cumple con los requisitos de inclusión como esposo incapacitado "como apto, no inclusión", de acuerdo con el artículo 25, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua. Ello, porque aun cuando dicha conclusión relativa a que no cumple con los requisitos de inclusión como esposo incapacitado en términos del precepto que se impugna de inconstitucional, pueda traer como consecuencia que se le niegue su derecho a asistencia médica por parte del Organismo Público Descentralizado, denominado Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, dado que si bien es titular del derecho fundamental a la protección de la salud, que consagra el artículo 4º, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, los beneficios económicos y en especie que comprende la seguridad social de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, son personales de la asegurada jubilada y sólo surten efectos hacia terceros en los casos y condiciones que fija el reglamento respectivo, por lo que la inconstitucionalidad del artículo 25, fracción II, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, que trajo como consecuencia la referida declaratoria de no inclusión como beneficiario a su esposo debió ser impugnada directamente por la asegurada jubilada, pues en su caso, sólo ocasiona un perjuicio indirecto al aquí quejoso. Dicho en otras palabras, la titularidad del derecho a la protección de la salud, no es motivo suficiente para tener por demostrado el interés jurídico para impugnar en amparo la determinación de no inclusión como esposo incapacitado, de la asegurada jubilada de acuerdo con el artículo 25, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, aunque ésta conlleve la falta del derecho a recibir atención médica por parte de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en tanto es menester que la afectación a la esfera jurídica de quien promueve el amparo sea directa, lo que no acontece tratándose del esposo de la asegurada jubilada **********, dado que los beneficios de la seguridad social son inherentes a esta. Además, el derecho a la protección de la salud, se puede hacer efectivo a través de diversos mecanismos, como lo son los institutos de salud pública y el Sistema de Protección Social en Salud, previstos para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, mismos que se rigen por criterios de universalidad y gratuidad. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 200/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, enero de dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, página quinientos cuarenta y dos, de rubro y texto siguientes: MILITARES. SUS FAMILIARES CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DECLARATORIA DE RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo, para tener por acreditado el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto de autoridad reclamado lesione de manera directa el derecho del que se es titular. En ese sentido, los familiares -cónyuge, concubina o concubinario, hijos y padres- de los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos carecen de interés jurídico para impugnar en amparo la declaratoria de procedencia definitiva de retiro del militar de que se trate, aun cuando ello pueda traer como consecuencia la pérdida de su derecho a recibir asistencia médica por parte del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, pues si bien es cierto que tienen derecho a la protección de la salud consagrado por el artículo 4o., tercer párrafo, de la Constitución Federal, también lo es que estos beneficios de seguridad social derivan de los que goza el militar, único que puede impugnar la declaratoria de retiro. A mayores datos, debe decirse que las autoridades responsables de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, manifestaron que fue precisamente la asegurada ********, quien solicitó la afiliación de su cónyuge a los servicios médicos que brinda dicha institución, toda vez que con el quejoso ********, no existe relación con ese organismo, por lo que la obligación de dar contestación es a la mencionada derechohabiente, a la que se le dirigió el oficio ******** de veintiséis de agosto de dos mil quince, signado por el Supervisor de Trabajo Social, que a decir de las responsables la asegurada no quiso firmar de recibido, cuando se le entregó, el cual en lo que aquí interesa dice: [.] Comunico a usted, que una vez realizado en todos sus términos el estudio socioeconómico, que solicitó para afiliar en el Servicio Médico como su beneficiario esposo a C.C. ******** el resultado del mismo fue el siguiente: No se acreditaron los extremos necesarios para considerar que dicha (s) persona (s) se encuentre (s) en alguno de los supuestos previstos por el artículo 25 del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, razón por la cual se determina que es IMPROCEDENTE la solicitud por usted presentada y en consecuencia no es factible la inclusión de C.C *********. [.] Por consiguiente, dado que el quejoso carece de interés jurídico en el presente asunto, es evidente que, en la especie, respecto de los actos reclamados al Gobernador Constitucional (aprobación, expedición, sanción, firma y ejecución), así como el que se reclama del Director Médico y Titular del Departamento de Medicina del Trabajo de Pensiones Civiles, todos del Estado de Chihuahua (ejecución), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por ende, resulta procedente sobreseer en el juicio, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento. Así, dada la conclusión que antecede, no es dable analizar las cuestiones de fondo planteadas por el quejoso. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, página cuarenta y nueve, cuyo rubro y texto son los siguientes: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por último, es menester señalar que aun cuando es obligación de los órganos jurisdiccionales promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como el de la salud, lo cierto es que tales extremos por sí mismos no justifican desatender las reglas establecidas en la ley de la materia para determinar la procedencia del presente juicio; en efecto, tal extremo se encuentra sujeto a los supuestos previstos en la legislación aplicable, de lo contrario, se permitiría declarar procedente lo improcedente, lo que significaría transgredir el régimen establecido en la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 98/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, octubre de dos mil catorce, página novecientos nueve, de rubro y texto siguientes: DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, fracción VI, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, es de resolverse y se Resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********, contra los actos y autoridades indicados en los considerandos tercero y sexto de este fallo, por los motivos y razones expuestos en los mismos. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hasta el día de hoy, veintidós de julio de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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