Eulalio Díaz López

Expediente 899/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
899/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Eulalio Díaz López
  • Director del Centro de Reinserción Social, con domicilio en Ensenada, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado de cuenta, rendido por la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba, la documental que se adjunta al informe de mérito, misma que se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia naturaleza por no requerir forma especial para su desahogo, la cual será tomada en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente

  2. Incidental

    R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva que solicita Eulalio Díaz López, respecto del acto reclamado consistente en la reubicación de celda del módulo C-115 al módulo A106, ordenado por razones de seguridad de la prisión en la que se encuentra recluido. Notifíquese.

  3. Incidental

    Ensenada, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos con vista a las partes los informes previos rendidos por las autoridades responsables de cuenta, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, de los cuales se hará nueva relación en la audiencia incidental relativa. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Eulalio Díaz López, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social Ensenada, Baja California y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno bajo número 899/2019. Atento a lo anterior, conviene destacar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que en lo conducente, establece: "[.] Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano [.]" Luego, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, resulta obligatorio realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, en lo que interesa, se desprende que el quejoso reclama del Director del Centro de Reinserción Social Ensenada, Baja California y otras autoridades, lo siguiente: ? Reducción del horario de esparcimiento y de visitas. ? Separación de su trabajo en la cocina, así como de las actividades consistentes en reconstrucción personal, narcóticos anónimos, iglesia, y escuela primaria y secundaria. ? Reubicación de celda del módulo C-115 al módulo A-106, conocido como "pasillo bravo" o de castigo. En el caso respecto a los dos primeros actos señalados con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley [.]" Del referido precepto legal, se establece que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, entre otros supuestos, cuando sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado virtud de algún medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige la tramitación y substanciación del juicio constitucional, salvo los supuestos de excepción correspondientes; de lo contrario, se posibilitaría al impetrante de derechos fundamentales a acudir directamente al juicio de amparo por el sólo hecho de alegar violaciones a la Constitución. En ese sentido, resulta corolario destacar que los artículos 1, 2, 4, 25, 9, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en esencia, prevén un procedimiento relativo a las peticiones que formulen las personas privadas de su libertad a la autoridad carcelaria de que se trate, derivadas de la posible afectación, incluso inconformidad, sobre sus condiciones en reclusión, entre las que destacan el formular peticiones o quejas por escrito, en casos urgentes, por cualquier medio, a las instancias correspondientes. Además, que las peticiones sobre la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el Director del Centro, supuesto en el que la autoridad penitenciaria deberá auxiliar a las personas privadas de la libertad -cuando así lo soliciten- a formular el escrito correspondiente, con la posibilidad de que el interno pueda ofrecer pruebas, mientras que la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Asimismo, la ley citada establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, a saber, recibida la petición la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente; en caso de prevención el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas para subsanarla, de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición; hecho lo anterior, se emitirá la resolución, en caso de no acudir a la citación se desechará la petición. Admitida la petición, el Director del Centro se allegará de la información necesaria dentro del plazo señalado para resolver, considerando la que en su caso, hubiese aportado el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera; el Director del Centro resolverá dentro de un plazo de cinco días y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Lo anterior evidencia que en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se contempla un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, entre otros aspectos, sus condiciones de internamiento, entre ello el lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, horarios de actividades y de visitas, atención médica, alimentación; lo cual debe considerarse como medios de defensa judicializados. Asimismo, se prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, a través de la controversia que se promueva ante el juez de Control o de Ejecución, según sea el caso. Conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, que posibilita a las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas acudir directamente ante el juez correspondiente con el objeto de resolver las controversias suscitadas, entre otros casos, respecto de las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad. De lo anterior se insiste en que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia referida, toda vez que el promovente acudió a la vía constitucional reclamando actos que se relacionan con las condiciones que guarda en el centro penitenciario en el que se encuentra interno; empero, no se advierte que hubiese agotado el procedimiento administrativo ante la autoridad carcelaria, o bien el diverso procedimiento jurisdiccional ante el juez del proceso o bien ante el Juez de Ejecución. En ese contexto, se arriba a la conclusión de que los actos reclamados consistentes en la reducción del horario de esparcimiento y de visitas; separación de su trabajo en la cocina, así como de las actividades consistentes en reconstrucción personal, narcóticos anónimos, iglesia, y escuela primaria y secundaria, son revisables y/o impugnables ante la propia autoridad carcelaria, o bien directamente ante el Juez del Proceso o Juez de Ejecución, (según la situación jurídica del agraviado) al estar vinculados con las condiciones en las que el peticionario de amparo refiere actualmente se encuentra al interior del señalado establecimiento de reclusión, por lo que debe entenderse como una omisión y/o negativa de la autoridad penitenciaria, supuesto en el que, como se vio, tiene expedito su derecho de acudir directamente ante el Juez del Proceso o bien de Ejecución y abrir la controversia respecto de tales omisiones. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales que se analiza respecto a los actos reclamados consistente en la reducción del horario de esparcimiento y de visitas; separación de su trabajo en la cocina, así como de las actividades consistentes en reconstrucción personal, narcóticos anónimos, iglesia, y escuela primaria y secundaria. Con independencia de lo anterior, dada la naturaleza de los citados actos reclamados, remítase copia del escrito inicial de demanda que se atiende al Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, a fin de que en el ámbito de su competencia atienda las solicitudes del privado de su libertad en ese centro penitenciario. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2018548, Diciembre de 2018, Materia Común, cuyo rubro y texto dicen: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Por otra parte, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado consistente en la reubicación de celda del módulo C-115 al módulo A-106, conocido como "pasillo bravo" o de castigo. Tramítese por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión por así haberlo solicitado expresamente. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación del oficio en el que se solicitan; apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el plazo solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se les otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un plazo menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tiene la obligación de recibir el oficio que se les gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 245 y 246 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos, setenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Se señalan las diez horas con seis minutos del trece de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. En otro tenor, se tiene autorizada de su parte en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Johanna Esthela Chávez Jacinto, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Amarani Castillo López y Rafael Verdugo Castañeda, por no tener cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Se autoriza al secretario del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria.

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