Eulalia Ramírez Zambrano

Expediente 471/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
471/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Eulalia Ramírez Zambrano

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron el auto dictado por este juzgado el veintiocho de julio del año en curso, donde se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público adscrita fueron notificados el veintiocho y veintinueve de julio siguiente, quedando comprendido dicho lapso del uno al quince de los cursantes. Sentado lo anterior, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto de sobreseimiento de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Sin que para ello resulte inadvertido, que la autoridad responsable foránea no se encuentra notificada del oficio en el que se le comunicó dicha determinación judicial; sin embargo, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; lo que en la especie no ocurre en virtud de que se decretó el sobreseimiento en el juicio. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE, toda vez que se sobreseyó en el juicio en que se actúa.

  2. Principal

    Téngase recibido el escrito signado por la quejosa Eulalia Ramírez Zambrano y otra, mediante el cual pretenden ampliar su demanda de amparo, con la finalidad de integrar a la Litis constitucional una nueva quejosa, nuevos actos reclamados, autoridades responsables y conceptos de violación. IMPROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica contemplada en el artículo 111 de la Ley de Amparo, el cual confiere a la solicitante de la tutela constitucional un derecho para incorporar a la litis ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación, distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de dicha figura jurídica debe sujetarse a determinados requisitos, los cuales consisten en: a) Que no hayan transcurridos los plazos para su presentación; b) Que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados; y, c) Que no se haya celebrado la audiencia constitucional. En ese contexto, quien esto emite estima que no se satisface el requisito señalado en segundo orden, por las razones siguientes: En principio, es menester clarificar que la litis constitucional deducida de la demanda de amparo, se trabó entre Eulalia Ramírez Zambrano por derecho propio, contra los actos que reclamó del Titular de la Delegación Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán y que hizo consistir en la violación a su derecho de petición, con motivo de lo siguiente: "IV. Acto reclamado: a) La omisión de emitir y notificar la respuesta recaída a mi petición por escrito que, en forma pacífica y respetuosa, presenté ante la autoridad responsable, desde el 4 de abril de 2022 solicitando la resolución recaída a la petición de pensión con número de folio 26 003 10 00019." Petición que, en lo conducente, se elevó a la responsable de la siguiente manera: "(.) Eulalia Ramírez Zambrano, por propio derecho, señalando como domicilió para oír y recibir notificaciones el ubicado en (.); expongo lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, desde el día 29 de enero de 2010, presenté "Solicitud de Pensión" de orfandad para mi hija de nombre Julia Lizzette Balcazar Ramírez, a quién personal de este Instituto emitió "Dictamen de beneficiario incapacitado ST-6" por diagnóstico de "retraso mental profundo", contando actualmente con 40 años de edad y la misma condición de discapacidad cognitiva, sin estar en posibilidad de mantenerse o tener trabajo remunerado en virtud de su condición de discapacidad; sin embargo, jamás me fue notificada la resolución o respuesta recaída a mi petición en la cual fuese otorgada dicha pensión o, en su defecto, se me hiciera saber los requisitos faltantes o los motivos por los cuales no fuese procedente dicha pensión. Lo anterior se evidencia con el acuse de recibo del documento denominado "SOLICITUD DE PENSIÓN" con número de folio 26 003 10 00019 con sello de fecha 29 de enero de 2010, así como el "Dictamen de beneficiario incapacitado ST-6" de fecha 18 de diciembre de 2009 y acta de nacimiento de mi hija de nombre Julia Lizzette Balcazar Ramírez. (.)" Ahora bien, en principio, puede advertirse que la eventual violación al derecho de petición de la quejosa únicamente se configuró en su esfera personal jurídica, teniendo en cuenta que ésta fue elevada por derecho propio, aun cuando su pretensión es obtener una resolución sobre la solicitud de pensión que beneficia a la persona incapaz Julia Lizzette Balcazar Ramírez. De manera que, si bajo esa específica calidad y de manera excepcional promovió el juicio de amparo la quejosa únicamente por sí, es patente que la resolución recaída a dicha solicitud de pensión afecta ahora a la persona incapaz Julia Lizzette Balcazar Ramírez quien no es parte en este sumario y no se integró a la litis constitucional inicialmente planteada. Aunado a ello, no debe perderse de vista que si bien el juicio de amparo indirecto procede contra actos omisivos relacionados con las solicitudes elevadas en materia de pensiones, a fin de garantizar la protección efectiva del derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público dé respuesta a la solicitud; no menos verídico es que contra dicha determinación no es procedente ampliación a la demanda de amparo. Pues así lo sostuvo expresamente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 341/2015 y que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, página 898, registro digital 2011948, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Ahora bien, en el libelo de ampliación a la demanda, la quejosa Eulalia Ramírez Zambrano por sí y en representación de la persona incapaz Julia Lizzatte Balcazar Ramírez reclama la aprobación, expedición, promulgación, publicación, refrendo, de la Ley del Seguro Social, específicamente su artículo 150 con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la resolución negativa de pensión, de treinta de abril de dos mil diez. Por consiguiente, el suscrito juzgador estima que el reclamo encaminado a garantizar el derecho de petición de Eulalia Ramírez Zambrano y la resolución que niega la pensión por orfandad a la persona incapaz Julia Lizzatte Balcazar Ramírez, y que dio lugar a la impugnación de la Ley del Seguro Social, si bien guardan un antecedente común, para efectos de este juicio de amparo no se encuentran relacionados para admitir la ampliación a la demanda. Sin que ello implique, desde luego, que dicho libelo no sea susceptible de ser analizado en un juicio de amparo autónomo y remitirse con sus anexos, previa copia certificada que se deje en el sumario en que se actúa, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y se realice el turno correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/2020 (10a.), en materia común, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, tomo I, página 5, registro digital 2022181, de rubro y texto: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Finalmente, al ser patente para el suscrito que el ocurso de petición de la quejosa ya fue atendido por la responsable y notificado a Eulalia Ramírez Zambrano, por las razones expuestas con antelación, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Ello, al ser patente que e la omisión reclamada no es factible examinarla en razón de que ya no puede surtir efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Máxime que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Acude en apoyo de la anterior consideración, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO EN QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Así también, tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Por consiguiente, resulta innecesario esperar a la fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional, para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que se examinó; por ende, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que a esta data no obra la constancia de notificación del oficio 12242/2022, dirigido al Titular de la Delegación Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, con el que se le requirió su informe justificado; en consecuencia, para dar margen a que se la autoridad indicada se imponga de su contenido, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Téngase recibida la demanda de amparo signada por Eulalia Ramírez Zambrano, contra actos del Titular de la Delegación Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, por violación a diversos preceptos Constitucionales, el juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 471/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable de dar respuesta al escrito que presentó el cuatro de abril de dos mil veintidós, así como su debida notificación. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de cuenta. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a partir del tres de agosto de este año, se exhorta a las partes, con la finalidad de que realicen los trámites necesarios para continuar el presente sumario bajo el esquema de "juicio en línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). En tal virtud, se le tiene señalando correo electrónico ricardo.ramirez.dejesus@correo.gob.mx como medio para entablar comunicación no procesal. SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las ONCE HORAS DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado, dejando a salvo los derechos del quejoso para su apertura, en términos del artículo 130 del referido ordenamiento legal. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir dentro de los quince días siguientes al en que reciban el oficio en que se solicita. De acuerdo a lo que establece el ordinal 117 de la Ley de Amparo, la responsable al rendir su informe justificado, deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, asimismo, acompañar, en su caso, copia certificada, completa y legible de las constancias conducentes para apoyarlo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y con fundamento en lo que dispone el precepto 260, fracción II, de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Además, de expresar un hecho falso o de negar la verdad, al rendir el informe de que se trata, incurrirán en el delito contemplado en el arábigo 262 de la legislación reglamentaria invocada, sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la anotada Unidad de Medida y Actualización, y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público. Con la finalidad de agilizar el expediente en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que puede remitir el informe que le fue requerido vía correo electrónico oficial a la dirección electrónica 8jdo12cto@correo.cjf.gob.mx o fax al número telefónico 6699 15 73 20, previa confirmación del mismo con el secretario de guardia. En el mismo orden de ideas, se hace del conocimiento de las autoridades federales, estatales o municipales, que en el presente juicio tengan la calidad de responsable o tercera interesada y que deseen incorporarse al concentrado de correos electrónicos institucionales de la entidades federativas y dependencias locales para la práctica de notificaciones que puedan realizarse en los términos de lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo, o bien, modificarlo, que podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación respectiva al correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS. Se le hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale la parte quejosa, en el entendido de que negarse a recibir dichos memoriales se harán acreedoras a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se les hace de su conocimiento que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, solo deberán notificarse por oficio en su residencia oficial, además del auto de inicio, las resoluciones que por su importancia y trascendencia así lo ameriten, conforme a las reglas previstas para la práctica de las notificaciones de carácter personal. De manera que los autos, resoluciones, decretos o providencias que no reúnan esos requisitos, se notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, tal y como lo dispone el artículo 29 de la propia legislación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." DENOMINACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que se corregirá sin mayor proveído la denominación de aquellas autoridades responsable y tercera interesada que hayan sido señaladas de manera incorrecta, siempre que su denominación correcta sea de obvia y evidente constatación, o cuando la autoridad responsable informe su denominación o domicilio correcto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura el acceso a la tutela jurisdiccional de manera pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones jurídicas que informa, la tesis XXVII.3o.17 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mayo de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO CAUSAS DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO. Asimismo, con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes del juicio, que en caso de que tengan conocimiento de que en el asunto que nos ocupa se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten; pues, de no hacerlo, conforme a lo que disponen los numerales 238 y 251 del ordenamiento legal en cita, se harán acreedoras a una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. TERCEROS INTERESADOS. Por el momento no se advierte su existencia. PRUEBAS. Con las pruebas documentales, que adjunta la parte quejosa a su escrito de demanda, así como las diversas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, hágase nueva reseña en la audiencia constitucional que al efecto tenga verificativo, en términos de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria encargada del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realiza. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 281 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". Asimismo, se habilita a Ricardo Ramírez de Jesús con nombre de usuario "Ricaius" con la finalidad de que acceda al expediente electrónico deducido de este juicio y pueda promover en los términos en que fue previamente autorizado por la parte quejosa y pueda recibir notificaciones a través del citado mecanismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. En la inteligencia de que para su obtención, se ceñirán las reglas del sistema de citas y solo podrán, de momento, ser expedidas los días jueves de ocho y media a diez de la mañana, dada la limitación del personal asignado para la jornada presencial escalonada. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Con copia autorizada de este auto y de la demanda con que se formó el presente expediente, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para la intervención que legalmente le corresponde. INGRESO A LAS INSTALACIONES. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19 . DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Ricardo Ramírez de Jesús, Venancio Baltazar Pérez España, Eduardo Hernández Ramírez, y Román Guadalupe Quintero Torres, con cédulas profesionales 5686472, 2088330, 4449681 y 5571411, que se encuentran reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, así como para oír y recibir notificaciones a Yolanda María Osuna Bogarin, Dara Merari Acosta Rocha, Norma Angélica López González y Zuni Areli Castillo López, por así haberlo solicitado. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Río Baluarte, número 1009, código postal 82017, fraccionamiento Tellería, en esta ciudad. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario y secretario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

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