Eulalia Hernández Pérez
Expediente 576/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 43 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eulalia Hernández Pérez
- Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 576/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal,********************, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, que estima violatorio del derecho fundamental contenido en el artículo 14 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Admisión de demanda. En proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió la demanda con el número de juicio de amparo 576/2022, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la quejosa interponiendo recurso de queja contra el auto de veinte de junio de dos mil veintidós, y por tal motivo se ordenó suspender el procedimiento. Lo anterior, hasta el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en que se recibió testimonio de la ejecutoria pronunciada en la queja 327/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, y en cumplimiento a ella, se ordenó emplazar en su carácter de tercera interesada a ********************, así también, en dicho auto, se tuvo a la quejosa ampliando la demanda de amparo, respecto de las autoridades Director o Coordinador de Desarrollo Urbano, Síndica Procuradora y Encargado de la Dirección Jurídica, todos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca, a quienes se solicitó su informe justificado, y se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal respectiva. En proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo a la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México, informando que resolvió la consulta relativa al conocimiento de este asunto, en el sentido de que corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del mismo. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que tienen su sede dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda y del escrito de ampliación de demanda. ******************** reclama del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca: La omisión de recuperar y sostener su dominio como poder público municipal, de una parte de la ********************calle que colinda con el lado suroeste del inmueble de su propiedad, ubicado en el ********************, y con esa omisión permite que una persona -********************- ocupe esa parte de vía pública mediante un cerco. Del Director o Coordinador Urbano del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca: La determinación de inexistencia de obstaculización de la vía pública respecto de la ********************. De la Síndico Procuradora del mismo Ayuntamiento: La omisión de verificar la identidad de la persona que se ostenta como poseedora o propietaria del terreno vallado localizado en la intersección de la ********************. Del Encargado de la Dirección Jurídica del mismo Ayuntamiento: La omisión de realizar los trámites necesarios para defender la propiedad del propio Ayuntamiento, de la vía pública localizada en la ********************. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. El Coordinador Jurídico y la Síndica Procuradora, ambos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Xoxocotlán, negaron la existencia de los actos que se les atribuye (fojas 107 y 109), el Coordinador Jurídico refirió que no ha recibido documento alguno en el que se le solicite el acompañamiento jurídico para la defensa de los intereses del Municipio, por lo que indica que no existe la omisión que se le atribuye, consistente en realizar los trámites necesarios para defender la propiedad del propio Ayuntamiento, de la vía pública localizada en la ********************. Por su parte, la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Santa Cruz, Xoxocotlán, manifestó además que no es de su atribución legal verificar la identidad o propiedad de las personas dentro de ese municipio, y tampoco recibió solicitud de parte interesada para verificar quién es propietario o poseedor de algún inmueble. Siendo por tanto los actos reclamados a las aludidas autoridades, omisiones jurídicas, entendidas como un estado pasivo por parte de las autoridades, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad legal que las habilita, obliga o les da competencia. Sobre esta figura jurídica la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1aXXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado, y que en estos casos, el deber de la autoridad es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas fácticas y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. En ese tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia. De tal forma, que este Juzgado Federal, ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niega bajo la justificación de que legamente no estaba obligada a actuar en la manera en que lo exige el gobernado; debe analizar precisamente ese aspecto de existencia. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.99/2018, visible en página 926, Libro 59, octubre 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018110, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Es aplicable también la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 53, Tomo VII, junio 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 196080, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En tal sentido este Juzgado Federal analiza las normas aplicables al respecto. En efecto, de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, en su artículo 43, son atribuciones del Ayuntamiento, que en el presente asunto interesan, las siguientes: acordar el destino y uso de los bienes inmuebles municipales; formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal y los programas de obras correspondientes, incorporando los principios de igualdad, no discriminación y derechos humanos, preservando la historia, la cultura, las lenguas indígenas, las tradiciones y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, su protección legal y el respeto a ser consultados para su formulación; emitir los programas de obras públicas, tratándose de instalaciones públicas e infraestructura urbana deberán asegurar la accesibilidad, evacuación, y libre tránsito, para todas las personas con discapacidad, para ello deberán cumplir con las normas de diseño y de señalización que contengan; asimismo, se deberá de proponer las adecuaciones a las instalaciones públicas como infraestructura urbana existente, a efecto de que cubran las necesidades de las personas con discapacidad; administrar, vigilar y evaluar la formulación e instrumentación de los planes de desarrollo urbano, así como los mecanismos que se requieran para la adecuada conducción del mismo, la creación de zonas territoriales, de reserva ecológica y los de alta productividad agrícola, previo dictamen de la autoridad competente; aprobar la denominación o modificación, de las vías públicas y asentamientos humanos ya existentes o de nueva creación; establecer o modificar la nomenclatura de las vías públicas, parques, jardines, plazas, y asentamientos humanos, así como el alineamiento y número oficial de avenidas, calles y predios, conforme al reglamento respectivo. La misma ley municipal establece en su artículo 68 que el Presidente Municipal es el representante político y responsable directo de la administración pública municipal, encargado de velar por la correcta ejecución de las disposiciones del Ayuntamiento, con las facultades y obligaciones siguientes, en las que interesan en este asunto: cumplir y hacer las disposiciones de orden normativo municipal; ejecutar, administrar, vigilar y evaluar la formulación e instrumentos de los planes de desarrollo urbano, la zonificación, la creación de reservas territoriales, el otorgamiento de licencias y permisos para uso de suelo y construcción, así como los mecanismos que se requieran para la adecuada conducción del desarrollo urbano; emitir licencias de construcción; vigilar las nuevas construcciones o edificaciones, incluyendo las sometidas a rehabilitación, que se realicen dentro de su jurisdicción, deberán contar con dispositivos y accesorios hidráulicos y sanitarios que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de ahorro del agua; las obras que se ejecuten sin autorización; que pongan en peligro a los habitantes; o que se realicen en terrenos ubicados en zonas peligrosas o vías públicas se podrán decretar la demolición de los mismos. De lo que deriva que es el Presidente Municipal el responsable directo de la administración pública municipal, y dentro de sus atribuciones está la de acordar el destino y uso de los bienes inmuebles municipales; aprobar el uso de las vías públicas y asentamientos humanos ya existentes o de nueva creación, así como el alineamiento y número oficial de avenidas, calles y predios, conforme al reglamento respectivo. Por tanto, no corresponde a la Síndico Procuradora ni al Encargado de la Dirección Jurídica, ambos del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, defender la propiedad inmobiliaria del municipio, en concreto, la vía pública, ni verificar la identidad de las personas poseedoras de los bienes inmuebles propiedad del municipio; pues no existe disposición alguna que así lo establezca. Ahora, si bien, acorde con lo dispuesto en el artículo 71 de la misma ley municipal, sobre los Síndicos recae la representación jurídica del Municipio y son los responsables de vigilar el patrimonio municipal, ello lo hacen sólo en calidad de mandatarios del Ayuntamiento y desempeñan funciones que aquél les encomiende, como lo es, el regularizar ante la autoridad competente, la propiedad de los bienes de dominio público; previa delegación de facultades. Lo que en caso concreto, no se demostró que existiera en el presente juicio constitucional; por tanto, no es dable considerar que las aludidas autoridades responsables estuvieran obligadas a actuar en el sentido que indica la quejosa. Luego, al no acreditarse tal circunstancia, se tienen por inexistentes las omisiones reclamadas; por consiguiente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de actos reclamados. La Síndica Procuradora, en representación del Municipio de Santa Cruz, Xoxocotlán, negó la existencia del acto que se le atribuye, refiere que mediante oficio MSCX/SP/DJ/0122/2022, dirigido al Coordinador de Desarrollo Urbano del mismo municipio, solicitó que le informara si un particular ocupaba la vía pública de la ********************y por diverso oficio DDIJ/041/2022, de tres de junio de dos mil veintidós, informó que después de realizar una verificación física en la referida colonia, no existe obstaculización en esa vía pública que ocasione impedimento a los particulares (foja 14). El Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, negó la existencia de determinación de obstaculización de la vía pública respecto de la ******************** sin embargo, de lo informado por la Síndica Procuradora en representación del Municipio de Santa Cruz, Xoxocotlán, se advierte que a solicitud de ella, el Coordinador de Desarrollo Urbano del mismo municipio, en oficio DDIJ/041/2022, de tres de junio de dos mil veintidós, después de realizar una verificación física en la referida colonia, informó que no existe obstaculización en esa vía pública que ocasione impedimento a los particulares, y exhibe original de ese oficio (foja 24). Ahora bien, la quejosa ofreció diversas probanzas para demostrar la existencia de los actos reclamados: Inspección judicial, desahogada el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado Federal (foja 186), quien certificó que caminando desde la intersección que forman la Avenida Revolución y la Primera Privada de Revolución y la cerrada de la Primera Privada de Revolución o cerrada de Revolución, en la colonia Francisco Ignacio Madero González de Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca, vio dos inmuebles, siendo el segundo un terreno vallado en unos tramos por malla ciclónica y en otros por lámina de hojalata; al caminar desde la intersección que forman la Primera Privada de Revolución o cerrada de Revolución, y la Cerrada de la Primera Privada de Revolución, hasta el fondo de la cerrada observó dos inmuebles. En el dictamen pericial en agrimensura, topografía, planimetría y fotografía, emitido el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, por el perito oficial René Guendulain Ruiz, determinó que de acuerdo con el plano de asentamiento humano, primera delimitación y asignación de solares, polígono ¼, zona uno, índice de hojas 5/6, del ejido de Santa Cruz, Xoxocotlán; la manzana ciento sesenta y dos, está formada con lote único, y esa manzana colinda con dos calles: al sureste colinda una calle en veintinueve metros con ochenta y dos centímetros, al suroeste colinda con una calle en ********************centímetros; de acuerdo con el título de propiedad 83861, del lote uno, de la manzana ciento sesenta y dos, de la zona uno, expedido el dos de abril de dos mil nueve, por el Delegado del Registro Agrario Nacional, de la calle con la que colinda por el suroeste el lote uno, manzana ciento sesenta y dos, zona uno, ahora ********************, existe una porción de terreno vallado que invade la vía pública, con las siguientes medidas: noreste mide ********************centímetros, sureste mide tres metros con veintiocho centímetros, suroeste mide quince metros, y noroeste mide cuatro metros con noventa y seis centímetros, con superficie total de ******************** centímetros (fojas 278-287). Probanzas que se desahogaron el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, y diecinueve de julio de dos mil veintitrés, respectivamente, con las que se demuestra que en el ejido de Santa Cruz, Xoxocotlán, la manzana ciento sesenta y dos, colinda con dos calles: al sureste colinda una calle en veintinueve metros con ochenta y dos centímetros, al suroeste colinda con una calle en ********************centímetros, y de la calle con la que colinda por el suroeste el lote uno, manzana ciento sesenta y dos, zona uno, ahora ********************, existe una porción de terreno vallado que invade la vía pública, con las siguientes medidas: noreste mide ********************centímetros, sureste mide tres metros con veintiocho centímetros, suroeste mide quince metros, y noroeste mide cuatro metros con noventa y seis centímetros, con superficie total de ******************** centímetros. La quejosa también exhibió copia cotejada por el Notario Público número ********************en el Estado de Oaxaca, del título de propiedad número ********************, expedido por el Delegado del Registro Agrario Nacional, el dos de abril de dos mil nueve, a favor de Eulalia Hernández, de conformidad al acta de asamblea de veintisiete de julio de dos mil ocho, del solar urbano identificado como lote número ********************, Oaxaca, con superficie de ********************centímetros cuadrados, con medidas y colindancias siguientes: Noreste ********************centímetros, colinda con ********************, sureste mide ********************centímetros, colinda con calle sin nombre, al suroeste mide ********************centímetros, colinda con calle sin nombre, y al noroeste mide ******************** centímetros, colinda con ******************** (fojas 49-50). Y plano elaborado por la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la tierra, del Registro Agrario Nacional, respecto del asentamiento humano, primera delimitación y asignación de solares, de la localidad de Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca, de cuya observación gráfica, se advierte la existencia de la manzana ciento sesenta y dos, zona uno, del citado poblado (foja 52). Por tanto, con las probanzas descritas, se demuestra que el solar urbano identificado como lote número ********************, Oaxaca, con superficie de ********************centímetros cuadrados, es propiedad de la quejosa, y colinda por el suroeste, en ********************centímetros, con calle sin nombre, ahora ********************; y en esa privada existe una porción de terreno vallado en unos tramos por malla ciclónica y en otros por lámina de hojalata, que invade la vía pública en superficie total de ******************** centímetros. Lo anterior, desvirtúa la negativa de las autoridades responsables en el sentido de que no existe obstaculización de la vía pública respecto de la ******************** pues las anteriores probanzas demuestran que sí existe invasión de dicha calle. Y derivado de ello, atendiendo a lo informado por las propias autoridades responsables, se demuestra que también existe la omisión del Ayuntamiento de Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca, de verificar la procedencia de tal invasión a la vía pública aludida, la consiguiente omisión de sostener su dominio público sobre esa porción de terreno urbano, y realizar las acciones en defensa de la naturaleza de uso público de esa vía. Aunado a que, como ya se precisó en el considerando que antecede, de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, en su artículo 43, son atribuciones del Ayuntamiento, que en el presente asunto interesan: acordar el destino y uso de los bienes inmuebles municipales; aprobar la denominación o modificación, de las vías públicas y asentamientos humanos ya existentes o de nueva creación; establecer o modificar la nomenclatura de las vías públicas, parques, jardines, plazas, y asentamientos humanos, así como el alineamiento y número oficial de avenidas, calles y predios, conforme al reglamento respectivo. Y que, acorde con el artículo 68, el Presidente Municipal es el representante político y responsable directo de la administración pública municipal, encargado de velar por la correcta ejecución de las disposiciones del Ayuntamiento, con las facultades y obligaciones siguientes, en las que interesan en este asunto: cumplir y hacer las disposiciones de orden normativo municipal; ejecutar, administrar, vigilar y evaluar la formulación e instrumentos de los planes de desarrollo urbano, la zonificación, la creación de reservas territoriales, el otorgamiento de licencias y permisos para uso de suelo y construcción, así como los mecanismos que se requieran para la adecuada conducción del desarrollo urbano; emitir licencias de construcción; vigilar las nuevas construcciones o edificaciones, incluyendo las sometidas a rehabilitación, que se realicen dentro de su jurisdicción, las obras que se ejecuten sin autorización; que pongan en peligro a los habitantes; o que se realicen en terrenos ubicados en zonas peligrosas o vías públicas se podrán decretar la demolición de los mismos. De ahí, que se tienen por ciertos los actos reclamados. QUINTO. Análisis de fondo del asunto. La parte quejosa aduce que se viola en su perjuicio el derecho fundamental previsto en el artículo 14 constitucional, porque con las omisiones reclamadas a las autoridades responsables, permiten el cambio de colindancia de la propiedad de la quejosa, con la vía pública, a colindar con un particular, y ello le priva del derecho de deslindar su propiedad con el Municipio, de hacer su amojonamiento con el Municipio, de usar y disfrutar de la vía pública, tener acceso inmediato a la vía pública, desde su domicilio, conectar los servicios públicos mediante esa vía, ambular por esa parte de la vía pública, sin que haya sido oída en procedimiento alguno. Es fundado el concepto de violación. El artículo 14 de la Constitución General de la República, dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." Dicho precepto constitucional protege el derecho a la propiedad o posesión legal de todas las personas, el cual encuentra su límite en el interés colectivo, pues los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, autorizan al Estado a imponer limitaciones a la propiedad de los particulares a través de un conjunto de medidas jurídicas que afectan su dominio (decomiso, requisición, expropiación, ocupación temporal, servidumbre, restricción o modalidades a la propiedad), las cuales se establecen por la autoridad administrativa a través de un régimen jurídico especial y mediante la declaración legal correspondiente. En el caso concreto, la quejosa con la copia cotejada por el Notario Público número ********************en el Estado de Oaxaca, del título de propiedad número ********************, expedido por el Delegado del Registro Agrario Nacional, el dos de abril de dos mil nueve, a su favor, de conformidad al acta de asamblea de veintisiete de julio de dos mil ocho, ser propietaria del solar urbano identificado como lote número ********************, Oaxaca, con superficie de ********************centímetros cuadrados, con medidas y colindancias siguientes: Noreste ********************centímetros, colinda con ********************, sureste mide ********************centímetros, colinda con calle sin nombre, al suroeste mide ********************centímetros, colinda con calle sin nombre, y al noroeste mide ******************** centímetros, colinda con ******************** (fojas 49-50). Y de las constancias existentes en el presente juicio constitucional, se advierte que exista afectación a ese derecho de propiedad que ostenta la quejosa, con la existencia de los actos reclamados a las autoridades municipales responsables; derivado que la omisión del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, de verificar la procedencia de la invasión a la vía pública localizada en la ********************, en donde existe una porción de terreno vallado en unos tramos por malla ciclónica y en otros por lámina de hojalata, en superficie total de ******************** centímetros; y la consiguiente omisión de sostener su dominio público sobre esa porción de terreno urbano, y realizar las acciones en defensa de la naturaleza de uso público de esa vía; impiden a la quejosa usar y disfrutar de esa vía pública, tener acceso a ella desde su domicilio, conectar los servicios públicos mediante esa vía, ambular por esa calle, y en contrapartida, le impone esa situación, el cambio de colindancia de la propiedad de la quejosa, con la vía pública, a colindar con un particular, y ello le priva del derecho de deslindar su propiedad con el Municipio, de hacer su amojonamiento con el Municipio, sin que haya sido oída en procedimiento alguno. Omisiones administrativas que sí inciden sobre el derecho real de propiedad reconocido a la quejosa, y que sí producen consecuencias de derecho en la propiedad de la quejosa, pues el que las autoridades municipales sean omisas en realizar acciones para impedir la obstaculización de la vía pública con la que colinda el lote de la quejosa, respecto de la ******************** sí afecta el derecho de propiedad de la quejosa que tiene respecto del aludido lote, pues la ********************a la que alude la quejosa, se trata de vía pública, destinada a un servicio colectivo del que ella es beneficiaria. Por tanto, la omisión de las autoridades municipales de Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca, señaladas como responsables, de verificar la procedencia de tal invasión a la vía pública aludida, la consiguiente omisión de sostener su dominio público sobre esa porción de terreno urbano, y realizar las acciones en defensa de la naturaleza de uso público de esa vía; sí afecta el derecho real que tiene la quejosa, reconocido en el artículo 14 constitucional. En esa tesitura, se concluye que los actos reclamados transgreden el derecho humano que hace valer la quejosa en el presente juicio de amparo; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a********************, contra la omisión del Ayuntamiento de Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca, de recuperar y sostener su dominio como poder público municipal, de una parte de la ********************y con ello permite que una persona -********************- ocupe esa parte de vía pública mediante un cerco; para los efectos legales siguientes: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, determine la existencia de obstaculización de la vía pública en la ********************. Verifique la procedencia de la invasión a la vía pública aludida, que colinda con el lado suroeste del inmueble propiedad de la quejosa, ubicado en el ********************. De sostener su dominio público sobre esa porción de terreno urbano, realice las acciones en defensa de la naturaleza de uso público de esa vía, y decrete las medidas conducentes para que esa vía continúe con el uso colectivo público para el que fue destinado. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, y demás relativos, se; R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 576/2022, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a********************, contra los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto de esta resolución, para los efectos puntualizados en la parte final del último considerando de la misma. Notifíquese y personalmente a la quejosa y tercera interesada.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito y anexos de René Guendulain Ruiz, perito oficial en materia de agrimensura, topografía, planimetría y fotografía, mediante el cual emite su dictamen. Asimismo, vista la diligencia de cuenta se advierte, el aludido perito ratificó el dictamen agregado en el párrafo que antecede, en relación a la prueba pericial en materia de agrimensura, topografía, planimetría y fotografía, que fue admitida en proveído de cuatro de enero de dos mil veintitrés; en consecuencia, se tiene al citado perito oficial ratificando el aludido dictamen para los efectos legales a que haya lugar, con lo que se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe el Jefe de la Unidad Jurídica de Caminos Bienestar, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en auto de cuatro de julio actual, remite copia de la notificación realizada al perito oficial ********************, del aludido proveído; lo anterior para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose de los mismos que el perito oficial René Guendulain Ruiz, no ha rendido su dictamen; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al citado perito oficial, para que dentro del término de tres días, siguientes a su legal notificación, rinda su dictamen, contestando todos y cada uno de los puntos que forman el cuestionario propuesto; apercibido que de no cumplir con lo solicitado en el plazo anterior indicado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento del perito oficial, por conducto de su superior jerárquico Director General de Caminos Bienestar, y una vez que realice la notificación relativa deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento a lo ordenado a fin de estar en aptitud de computar el término otorgado. Así también, se hace de su conocimiento que el monto de la multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al valor actual, equivalentes a cinco mil ciento ochenta y siete pesos, moneda nacional ($5,187.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la citada Unidad de Medida ($103.74) por cincuenta (50), el cual es impuesto la persona física que ocupe el cargo en el momento de la omisión. En atención a lo anterior, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y se programan nuevamente las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
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- Eulogio Rodriguez Garza854/2022
- Eusebia Moreno Alejandro1196/2016
- Eusebio Contreras Bolaños1851/2015