Eulalia Flores Nicolasa

Expediente 2125/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2125/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Eulalia Flores Nicolasa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 214 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio con anexos de cuenta, signado por el Auxiliar de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en auto del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, y, al efecto, remite copia certificada de la diligencia de reinstalación realizada el ocho de febrero y la audiencia incidental de liquidación de laudo de trece de enero en el juicio laboral D-6/309/2020 de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Litis constitucional. Parte quejosa. **** Tercero interesado. **** Autoridad responsable. Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Acto reclamado: La dilación procesal consistente en la omisión de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y reinstalación en complimiento al laudo emitido en el juicio laboral D-6/309/2020, del índice de la responsable. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, siendo que tal hipótesis se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, tratándose de actos dictados en un juicio o en un procedimiento seguido en forma de juicio, por regla general, puede actualizarse tal causa de improcedencia cuando, por ejemplo, se promueve un recurso contra el acto intraprocesal reclamado en el juicio de amparo y aquél se resuelve en un sentido determinado o siendo idóneo el recurso es desechado, ya que ese acto intraprocesal primigenio deja de surtir efectos y se substituye procesalmente por la resolución del recurso interpuesto, que por cierto a partir de que se dicta es la que rige la situación procesal específica. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 77/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 841, Libro XIV, Tomo 1, correspondiente a noviembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." Así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1492, tomo XXX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 2009: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En ese sentido, se considera que se actualiza la causa de improcedencia objeto de análisis, ya que en esta acción constitucional se controvierte la dilación procesal consistente en la omisión de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y reinstalación en complimiento al laudo emitido en el juicio laboral D-6/309/2020; sin embargo, ese acto fue sustituido procesalmente por la diligencia de reinstalación realizada el ocho de febrero y la audiencia incidental de liquidación de laudo de trece de enero, ambos de dos mil veintitrés. Para corroborar lo anterior, se considera necesario relatar los siguientes antecedentes de mayor relevancia. Se dictó laudo dentro del juicio laboral D-6/309/2020, en el cual, entre otras determinaciones, se condenó a la parte demandada a la reinstalación de la quejosa. Por auto de dos de enero de dos mil veintitrés, se señalaron las once horas del día ocho de febrero del dos mil veintitrés para llevar cabo la diligencia de reinstalación, y las once horas del día trece de febrero del mismo año, para que tuviera verificativo la audiencia incidental de liquidación de laudo. Posteriormente, llegada la fecha señalada para llevar a cabo la diligencia de reinstalación, la parte actora y el personal de la Junta responsable, se constituyeron en el domicilio del lugar de trabajo donde debía ser reinstalada la actora; sin embargo, el demandado y condenado no se encontraban, y la persona que atendió dicha diligencia manifestó no tener facultades para realizar la reinstalación, por lo que se tuvo por concluida al negarse la reinstalación ordenada y la parte actora -quejosa- solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento en el sentido de que se condenara a la indemnización. Por otra parte, llegada la fecha para la audiencia incidental de liquidación de laudo, la parte demandada no compareció, a pesar de encontrarse notificada, por lo que se tuvieron por perdidos sus derechos para dar contestación al incidente y ofrecer pruebas, reservándose la junta dictar la resolución correspondiente. Los antecedentes relatados revelan que se actualizó una sustitución procesal que provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas por la dilación procesal reclamada, pues de analizar tal acto, se soslayaría la nueva situación derivada de la diligencia de reinstalación realizada el ocho de febrero y la audiencia incidental de liquidación de laudo de trece de enero, ambos de dos mil veintitrés. Para demostrar lo anterior, conviene reproducir las actuaciones antes mencionadas: [SIN TEXTO] En este orden de ideas, este juzgado federal considera que si se llevó a cabo la diligencia de reinstalación el ocho de febrero de dos mil veintitrés y la audiencia incidental de liquidación de laudo [que la junta determinó que es necesario resolver para despachar la ejecución puesto que la parte actora solicitó que ésta se desahogara con los incrementos salariales] de trece de enero del año en curso, es claro que la situación jurídica ahora se rige por dichas actuaciones y no por la dilación reclamada en este juicio, por ende, se procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Se solicitan constancias. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado, informó que mediante auto de dos de enero de dos mil veintitrés dictado en el juicio laboral ******************** señaló las once horas del ocho de febrero de dos mil veintitrés para el desahogo de la diligencia de reinstalación y las once horas del trece de febrero de dos mil veintitrés para que tenga verificativo la audiencia incidental de liquidación de laudo. Lo anterior cobra relevancia, dado que en el presente juicio de amparo, esencialmente, se reclama la dilación procesal consistente en la omisión de ejecutar el laudo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ésta, se solicita a la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado para que, en el plazo de tres días contados a partir de las fechas señaladas para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación y audiencia incidental de liquidación de laudo, remita copia certificada de su desahogo. Se apercibe a referida autoridad que de no dar cumplimiento a lo requerido en el presente acuerdo en el plazo señalado, se le impondrá una multa de 50 a 1000 veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 124, del Volumen 187-192, Cuarta Parte, Séptima Época, del rubro siguiente: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. El artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles da gran amplitud al Juez para realizar cualquier diligencia o admitir pruebas para mejor proveer, sin limitación temporal, con las solas restricciones de que no se practiquen diligencias o se admitan pruebas que sean contrarias a la ley." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan nueve horas con cincuenta minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de enero de dos mil veintitrés.************************************************************Autoridad remite constancias. ****************************************El Auxiliar en Sustitución de Presidente de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta de diciembre de dos mil veintidós y cinco de enero de dos mil veintitrés y al efecto remite copia certificada del juicio laboral ******************** de su índice.****************************************Ahora bien, tomando en consideración el volumen de la documental en comento, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmese por separado un tomo de prueba debidamente identificado fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio originales.****************************************Notifíquese.****************************************

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