Eulalia Bonilla Huizar
Expediente 722/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 722/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 02/10/2018
Partes del expediente
- Eulalia Bonilla Huizar
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el dieciocho de septiembre del año en curso, la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa (fojas 103 a 105). En relación con lo anterior, por acuerdo de diecinueve de septiembre de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar dentro del presente sumario constitucional, el veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 51 a 74), se determinó conceder a la parte quejosa Eulalia Bonilla Huizar, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "a) Los artículos 23, fracción XXVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, con residencia en esta ciudad, por conducto de quien se encuentre facultado para ello, devuelva las contribuciones erogadas por la amparista el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, las cuales se encuentran detalladas en el recibo oficial, expedido por dicha Secretaría y recepcionado por el Recaudador de Rentas de mérito, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente". De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción XXVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y b) Devolver la contribución erogada, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse incluir la actualización fiscal correspondiente. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado el dieciocho de septiembre del año en curso, la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque generado el tres de septiembre de la anualidad citada, a nombre de la quejosa Eulalia Bonilla Huizar y del que se advierte que devolvió la cantidad de $4,099.60 (Cuatro mil noventa y nueve pesos 60/100 moneda nacional), a la promovente del amparo con su actualización fiscal respectiva (fojas 103 y 104). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $4,069.33 (Cuatro mil sesenta y nueve pesos 33/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho y el tres de septiembre del año en curso se generó el cheque número 0000828 por concepto de devolución de lo erogado; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero al mes de julio, ambos de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado). Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de la presente anualidad entre el índice para el mes de julio del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero del año en curso fue de 132.009; y para el mes de julio del año en curso 132.991. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00743. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $4,069.33 (Cuatro mil sesenta y nueve pesos 33/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $4,099.56 (Cuatro mil noventa y nueve pesos 56/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $4,069.33 (Cuatro mil sesenta y nueve pesos 33/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $30.23 (Treinta pesos 23/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $4,099.60 (Cuatro mil noventa y nueve pesos 60/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el dieciocho de septiembre del año en curso, la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa (fojas 103 a 105). En relación con lo anterior, por acuerdo de diecinueve de septiembre de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar dentro del presente sumario constitucional, el veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 51 a 74), se determinó conceder a la parte quejosa Eulalia Bonilla Huizar, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "a) Los artículos 23, fracción XXVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, con residencia en esta ciudad, por conducto de quien se encuentre facultado para ello, devuelva las contribuciones erogadas por la amparista el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, las cuales se encuentran detalladas en el recibo oficial, expedido por dicha Secretaría y recepcionado por el Recaudador de Rentas de mérito, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente". De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción XXVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y b) Devolver la contribución erogada, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse incluir la actualización fiscal correspondiente. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado el dieciocho de septiembre del año en curso, la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque generado el tres de septiembre de la anualidad citada, a nombre de la quejosa Eulalia Bonilla Huizar y del que se advierte que devolvió la cantidad de $4,099.60 (Cuatro mil noventa y nueve pesos 60/100 moneda nacional), a la promovente del amparo con su actualización fiscal respectiva (fojas 103 y 104). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $4,069.33 (Cuatro mil sesenta y nueve pesos 33/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho y el tres de septiembre del año en curso se generó el cheque número 0000828 por concepto de devolución de lo erogado; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero al mes de julio, ambos de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado). Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de la presente anualidad entre el índice para el mes de julio del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero del año en curso fue de 132.009; y para el mes de julio del año en curso 132.991. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00743. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $4,069.33 (Cuatro mil sesenta y nueve pesos 33/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $4,099.56 (Cuatro mil noventa y nueve pesos 56/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $4,069.33 (Cuatro mil sesenta y nueve pesos 33/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $30.23 (Treinta pesos 23/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $4,099.60 (Cuatro mil noventa y nueve pesos 60/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguense a sus autos el libelo y anexos de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante los cuales la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento total a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, con el comunicado y anexos de mérito, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, informa que se solicitó una nueva dotación de recurso a la Dirección General de Tesorería de dicha Secretaría, para dar cumplimiento a las ejecutorias dictadas en diversos juicios de amparo, lo cual se corrobora con los anexos que adjunta, por lo que solicita una prórroga para estar en condiciones de dar total cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, agréguense a sus autos el comunicado y constancias de mérito, para los efectos legales correspondientes. Por tanto, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado a la disidente y a fin de dar prontitud a la ejecutoria de amparo, de conformidad con los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo en el párrafo que antecede, se le concede una prórroga por el plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que la autoridad responsable esté en condición de acatar la ejecutoria dictada en autos. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor. Se le hace del conocimiento a la mencionada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Juzgado de Distrito, hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el arábigo 193 de la Ley citada.
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