Eugenio Sánchez Maldonado

Expediente 720/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
720/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
23/02/2021

Partes del expediente

  • Eugenio Sánchez Maldonado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 838/2021, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 720/2020-V y adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de cuatro de febrero del año en curso, dentro del recurso de queja administrativa número 191/2020, interpuesto por el quejoso Eugenio Sánchez Maldonado, en contra del auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, por medio del cual se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; acúsese recibo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno; asimismo, comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: "ÚNICO. Resulta infundado el recurso de queja" Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Ahora bien, y toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente original al Tribunal de Alzada, está integrado por copia íntegra del juicio en que se actúa, de lo que se sigue que resulta innecesario que éstas se glosen al presente expediente, por lo que únicamente se agregaran aquellas constancias que en original obren en dicho cuaderno. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte promovente que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio 4952/2020, signado por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 16034, por el que este juzgado rindió informe justificado, y envió el juicio de amparo 720/2020-V, en virtud del recurso de queja hecho valer por el quejoso Eugenio ..., en contra del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte; además que admitió dicho medio de impugnación y se registró con el número 191/2020, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario con quien actúa y da fe.-

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el escrito signado por el quejoso ..., atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en que se desechó por ser notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por el citado promovente; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo en vigor, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno con sede en esta ciudad, el original del escrito de cuenta, así como el informe materia de la queja, acompañándose el expediente original, toda vez que el juicio se encuentra totalmente concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario con quien actúa y da fe.-

  4. Principal

    AMPARO 720/2020-III OFICIO NÚMERO 16034 MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. CIUDAD En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta misma fecha, le envío el original del escrito de queja interpuesto por Eugenio Sánchez Maldonado. Así también, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo rindo el siguiente informe: Es cierto el acto reclamado, toda vez que dentro del juicio de amparo número 720/2020-III, con fecha diecinueve de agosto de dos mil veinte, se dictó un acuerdo que en lo conducente dice: "Morelia, Michoacán, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el escrito signado por el quejoso Eugenio Sánchez Maldonado, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la misma resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XII, en relación con el artículo 5º fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Ahora bien, de lo dispuesto en el artículo 1131 de la Ley de Amparo, se tiene que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia.2 Luego, de la demanda de amparo y escritos aclaratorios que el promovente reclama la aprobación, emisión y ejecución del numeral 2 el Acuerdo por el que se terminan diversas disposiciones para el desempeño de la función jurisdiccional a Partir del doce de octubre del año dos mil veinte, con Motivo de la contingencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19), aprobado en sesión extraordinaria de ese Pleno el día nueve de octubre de dos mil veinte, publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en esa data y la certificación del mismo por parte del Secretario de acuerdos de dicho órgano jurisdiccional. Atento a tal reclamación, como ya se dijo, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no cuenta con interés legítimo para promover el juicio de amparo. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1078, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2014433, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Es así, porque la cuestión planteada por el quejoso en el presente asunto, consiste que en su calidad de abogado litigante, alega que dicho Acuerdo que ordena que hasta en tanto lo acuerde el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y existan las condiciones adecuadas a través el semáforo de evaluación de riesgo epidemiológico, solo se recibirán por vía juicio en línea las demandas, le causa un agravio, como aduce al ser destinatario directo de la norma general autoaplicativa, al ser de 2 Es aplicable la jurisprudencia I.6°.C.J/19, consultable en la página 730, del Tomo X, Septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". observancia obligatoria, lo que además le impide la tramitación de nuevos asuntos por la vía ordinaria. De modo tal, que es necesario analizar si cuenta con un interés legítimo que lo habilite a controvertir el acto que reclama o si por el contrario, tan sólo detenta un interés simple que lo excluye de dicha posibilidad. Al respecto, este juzgador federal considera que el interés mostrado por el quejoso, en relación con lo antes mencionado, califica únicamente como simple y, por consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia inicialmente referida. Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 de la Ley de amparo, establecen que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en dicha norma y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea directamente o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Disposiciones de las que se desprende que el juicio de amparo será procedente únicamente cuando el acto de autoridad combatido afecte algún derecho subjetivo de quien lo promueva -interés jurídico- o incida en su esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden normativo -interés legítimo- y, por ende, si no se actualiza alguna de dichas hipótesis el juicio de amparo será improcedente, como sería en caso de que el quejoso mostrara tener tan sólo un interés igual al de cualquier individuo por el sólo hecho de ser miembro de la sociedad, o sea, simple. Ahora bien, para que exista un interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica entendida en sentido amplio, no precisamente patrimonial -se parte del reconocimiento de un derecho objetivo-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como mera posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia concesoria implicaría la obtención de un beneficio determinado, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. De modo que el individuo que cuenta con dicho interés se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, no tiene que provenir de una facultad otorgada expresamente por el ordenamiento jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación de derechos subjetivos. Sirve de sustento a lo previamente referido, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 60, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con número de registro 2007921 de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". De lo hasta ahora reseñado, tenemos que el interés legítimo tiene dos requisitos de existencia, de los cuales, uno atiende a la relación entre el acto reclamado y el individuo en el que explayan sus efectos y el otro al beneficio obtenido ante una eventual sentencia de protección constitucional, es decir, el primero se relaciona con la naturaleza del acto reclamado y el segundo con la consecuencia y los alcances de la posible concesión del amparo. Ciertamente, para tener por colmado el primer requisito, debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, que sitúe al individuo en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad. Y el segundo de ellos se acredita cuando de ser el caso, la concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico a favor del quejoso, o sea, en un efecto positivo en su esfera de derechos, ya sea actual o futuro, pero cierto y determinado, que debe ser resultado inmediato de la resolución que llegue a dictarse. Existiendo entre ambos requisitos un orden lexicográfico de valoración, al entrar al estudio del segundo de ellos, deben analizarse los efectos y las consecuencias de la posible concesión de amparo desde la perspectiva de la naturaleza del acto reclamado y no de manera aislada o autónoma, dado que sólo de esa forma es posible dotar de contenido real al derecho humano respectivo y, de ser el caso, garantizar su tutela efectiva, pues si se soslaya dicha circunstancia, se podría brindar una protección Constitucional que no traiga un beneficio real al amparista sino tan sólo formal, que genere una indeterminación de la sustancia o núcleo del derecho relativo al desnaturalizarlo o despojarlo de su verdadera esencia, lo que sería contrario a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con su reconocimiento y protección. Ahora bien, las afectaciones a derechos humanos que eventualmente podrían entrañar intereses legítimos para combatirlas vía juicio Constitucional pueden ocasionarse por una importante variedad de actos de autoridad que a su vez llegan a incidir de diversas maneras en tales derechos, por lo que deben abordarse desde una perspectiva diferenciada, que permita determinar la manera en la que interactúan con los derechos en los que impactan y resolver congruentemente en consecuencia; ante esa variedad de afectaciones e interacciones de los derechos humanos, hay casos en los que si bien las referidas afectaciones son a intereses colectivos, el beneficio objetivo de la posible concesión es determinable tan sólo en el ámbito individual de quien promueve el juicio de amparo y no de la comunidad, por depender tal evaluación de cuestiones fácticas, de información empírica o de preferencias subjetivas no medibles bajo parámetros técnicos o estadísticos, circunstancia frente a la cual no es posible sostener que un sólo miembro de la colectividad cuente con un interés legítimo para controvertirlas, puesto que excedería en demasía lo que a su esfera jurídica atañe. Se trataría, pues, de la incidencia de las preferencias de un solo individuo, vía amparo, en derechos de la colectividad que no necesariamente se verían beneficiados objetivamente por una concesión de amparo, incluso podrían verse perjudicados. Lo hasta aquí plasmado, no significa que una persona no pueda defender los intereses propios que comparte con la colectividad vía juicio de amparo, siempre y cuando los efectos concesorios tengan posibilidad de diferenciarse o escindirse del ámbito jurídicamente resguardado de la colectividad, pues en tales casos estamos frente a una interacción diversa entre las consecuencias de los actos de autoridad y los derechos, en la medida en que la incidencia de la afectación si bien podría ser colectiva, es divisible entre los individuos que la integran. Así, tenemos que cuando algún derecho humano sometido a estudio vía juicio Constitucional, cuenta con más de una dimensión, como podría ser una individual y otra colectiva, para determinar si se colma el segundo de los requisitos del interés legítimo, deben de analizarse los efectos de la concesión en relación con la perspectiva correspondiente -individual o colectiva-, o si se prefiere, en caso de que la dimensión en estudio sea la colectiva, para sostener que el quejoso cuenta con un interés legítimo para controvertir el acto de autoridad que afecta al derecho jurídicamente reconocido, debe de considerarse si los efectos de la concesión generarían un beneficio objetivo y determinado en la colectividad correspondiente o sólo al individuo independientemente del resto de los integrantes de su comunidad o a ambos, de modo que la posible concesión que llegue a dictarse sea acorde con la dimensión del derecho humano analizado. Por esto último es que en el caso el quejoso no cuenta con interés legítimo para controvertir el acto de autoridad combatido, consistente en la aprobación, emisión y ejecución del numeral 2 el Acuerdo por el que se terminan diversas disposiciones para el desempeño de la función jurisdiccional a Partir del doce de octubre del año dos mil veinte, con Motivo de la contingencia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19), aprobado en sesión extraordinaria de ese Pleno el día nueve de octubre de dos mil veinte, publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en esa data y la certificación del mismo por parte del Secretario de acuerdos de dicho órgano jurisdiccional, puesto que del análisis minucioso de su libelo Constitucional como de su escrito aclaratorio, no se advierte, afectación alguna a un interés legítimo ni jurídico; lo anterior es así, dado que el citado acto reclamado no implica una intromisión directa en la esfera jurídica de la parte quejosa, derivada de su especial situación frente al orden jurídico, ya que no existe un agravio diferenciado respecto del resto de los integrantes de la sociedad, esto es, la suspensión recibir demandas en la vía ordinaria -ya que se recibirán a través de juicio en línea- en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, afecta en general a todos los litigantes del Estado de Michoacán. Por tanto, el hecho de que las demandas tengan que ser presentadas por juicio en línea, por parte del ahora quejoso, en su calidad de abogado litigante, esa circunstancia por sí sola, es insuficiente, para acreditar el interés legítimo con el que comparece al juicio de amparo, ya que no justifica de ninguna forma cómo es que los actos reclamados generan un perjuicio a su esfera jurídica. De ahí que, no puede considerarse que tiene un interés propio y distinto de cualquier otro gobernado, que ejerce la profesión de abogado litigante, pues el acto que reclama de la autoridad responsable no lo agravia de manera directa ni diferenciada en relación al resto de los litigantes que ejercen la misma profesión en esta entidad federativa. Máxime que, el acuerdo por el que se establece que se presentaran las demandas en línea, atienden a una medida de emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19, lo cual se establece como una medida extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria, para evitar contagios y que se propague el virus, lo que atiende a una situación de emergencia y de carácter nacional, es decir, todos los tribunales del País atraviesan por la misma situación, y no únicamente el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Entonces, al no ser objetivamente determinable que el efecto de la posible concesión sería benéfico para la colectividad mexicana o sólo para peticionario del amparo, es factible sostener que este último no colma los requisitos necesarios para contar con un interés legítimo que lo habilite a controvertir el acto reclamado y, por consiguiente, que tan sólo cuenta con un interés simple al respecto. Sirve de apoya la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página, 27, Volumen 37, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 233517, que dice: "INTERÉS SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCIÓN JURÍDICA DIRECTA Y PARTICULAR. Entre los diversos intereses que puede tener una persona, o sean "situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad", existen los llamados "intereses simples" que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, pero no tienen ningún derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado." Por lo que al actualizarse, de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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