Eugenio Ramon Rojas Gonzalez
Expediente 1016/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1016/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Eugenio Ramon Rojas Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA II SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO: Visto el estado de autos se advierte que en diligencia de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, Eugenio Ramón Rojas González, ratificó el escrito recibido el quince de octubre del año que cursa, registrado con el folio 16517, en el libro de correspondencia de este juzgado; en mérito de lo anterior, se tiene al citado promovente dando cumplimiento a la prevención realizada por este Juzgado en proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciocho (fojas 8-12): al respecto, téngase por satisfecha la misma en los términos solicitados por este Juzgado. En consecuencia, en relación con la demanda de amparo promovida por Eugenio Ramón Rojas González; continúese con el registro número 1016/2018-II-A, con el cual quedó registrada en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado con sede en Altamira, lo siguiente: ? La resolución interlocutoria de doce de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio 269/2018, en la que sustancialmente se declaró procedente el recurso de revocación interpuesto por la parte actora en el litigio de origen en contra del diverso auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho, en el que se tuvo aceptando a Gerardo Abraham Medina Hernández, el cargo del perito en materia de Grafoscopía y Documentoscopía, y en su lugar dejo sin efecto dicha aceptación. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que se actualiza en el presente asunto. Ahora bien, en el presente caso, respecto del citado acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario y en los cuales se establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] De los preceptos anteriores se colige que el juicio de amparo deviene improcedente cuando la causa relativa resulte de alguna disposición de la ley, y que la vía indirecta se surte cuando se reclaman actos emitidos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, se tiene que el legislador definió tales actos, como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, por tanto, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, como lo es cuando producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, página: 11, de rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 232, publicada en la página 157, del tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página: 1539, de contenido siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).". Precisado lo anterior, en el caso en concreto la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de doce de septiembre de dos mil dieciocho, relativa al recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinte de agosto del año en curso dentro del expediente 269/2018. En ese sentido, el promovente bajo protesta de decir verdad, refiere que el proveído de veinte de agosto del año en curso, el juez señalado como responsable tuvo por aceptado el cargo de Gerardo Abraham Medina Hernández, como perito de su intención en materia de Grafoscopía y Documentoscopía y el cual fue dejado sin efecto en la resolución que se reclama, lo que a su criterio lo deja en estado de indefensión. Sin embargo, contrario a lo argumentado por el promovente, tal acto no es de aquellos que se consideran de imposible reparación, ya que no afecta materialmente algún derecho sustantivo, pues versa sobre un derecho adjetivo o procesal, amén de que no se le impide mantener una participación activa dentro del juicio de que se trata. Al respecto, debe indicarse que dichos actos reclamados no afectan directa o inmediatamente los derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales, pues los efectos jurídicos que produce son meramente de carácter intraprocesal, ya que lo que se reclama no es un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues, en todo caso, las violaciones que pudiera entrañar pueden ser remediadas si la sentencia que se emita en el controvertido de origen, le resulta favorable a sus intereses, pero, en caso contrario, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, estará en condiciones de hacer valer el recurso que considere oportuno. Bajo ese panorama, es incuestionable que el acto consistente en la resolución de doce de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del juicio de origen 269/2018, no es de imposible reparación para poder ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto, como lo establece el artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, habida cuenta que dicho acto reclamado no afecta de una manera inmediata y cierta el derecho sustantivo del promovente, al poder o no trascender al resultado del resultado del juicio que se emita, toda vez que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, que no pudieran ser reparadas, lo cual no ocurre tratándose de la resolución reclamada. En esas condiciones, resulta evidente que se surte el motivo manifiesto e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. No se desconoce que inicialmente se previno a la parte promovente; sin embargo, la satisfacción de aquella, no constriñe a este órgano jurisdiccional admitir la demanda de amparo, ya que tal prevención lo fue para satisfacer uno de los requisitos que contempla el artículo 108 de la ley de la materia los cuales resultan ser requisitos sine qua non para proveer en relación a la demanda. Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Eugenio Ramón Rojas González.
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