Eugenio Morales Hernández

Expediente 66/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
66/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/02/2021

Partes del expediente

  • Eugenio Morales Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a tres de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio con evidencia criptográfica de firma de Edsel Silva Aguirre, personal adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que anexa testimonio certificado de la resolución emitida por ese órgano colegiado correspondiente a la sesión de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en el recurso de queja Q.A. I INCISO B). 25/2021, en el que resolvió lo siguiente: [.] PRIMERO.- Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO.- Se confirma el auto recurrido. [.] Confírmese la recepción y comuníquese la citada resolución a las autoridades señaladas como responsables en la demanda, así como al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, quien por auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 80/2021-IV, de su índice, aceptó competencia para conocer del presente asunto; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio recibido vía electrónica con evidencia criptográfica de firma del Actuario Judicial adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, que contiene el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 80/2021-IV, de su índice, por medio del cual informa que aceptó la competencia y se avocó al conocimiento de la demanda presentada por ***. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el presente asunto como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio recibido vía electrónica, con evidencia criptográfica de firma del abogado legal y representante de la Subdirección de Asuntos Jurídicos en representación de las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra", y, atendiendo que el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, aceptó competencia para conocer del presente asunto, remítase el oficio con folio 429 a dicho órgano jurisdiccional, a fin de que provea lo que en derecho corresponda, previa copia simple obre en su lugar. Hágase del conocimiento al juzgado federal que no es necesario el acuse respectivo de las documentales que se remiten, ya que la constancia de recepción hace las veces de acuse y en ella se asentará el anexo remitido. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito recibido en línea con evidencia criptográfica de firma de Julio César Ortiz Valdez, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintidós de enero de dos mil veintiuno, en el que se proveyó lo relativo a la suspensión de plano solicitada por el promovente del amparo. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso en cuestión. De conformidad con el citado precepto con relación a lo previsto en el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena la habilitación del acceso al expediente electrónico al presente juicio al tribunal colegiado, a fin de que dicho órgano colegiado pueda resolver dicho medio de impugnación. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 123/2012 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es como sigue: QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL QUE SE TURNE EL RECURSO NO PUEDE ALEGAR INCOMPETENCIA LEGAL POR MATERIA SINO QUE DEBE RESOLVERLO DE PLANO, ATENTO A SU NATURALEZA URGENTE. Acorde con los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el recurso de queja es de resolución urgente, y no admite demora, porque la suspensión en el juicio de amparo busca mantener viva la materia de éste; por tanto, el Tribunal Colegiado de Circuito al que se turne el recurso y estime ser legalmente incompetente por razón de la materia para conocer de ese medio de impugnación no debe emitir resolución en ese sentido, sino que debe resolverlo de plano; esto es, no puede anteponer la cuestión de competencia a la resolución del recurso, pues estimar lo contrario implicaría inobservar la naturaleza y fines de la suspensión y la voluntad del legislador de tramitarlo con celeridad. Cabe agregar que el criterio que aquí se fija, en forma alguna implica que al Tribunal Colegiado que resuelva la queja se le atribuya conocimiento previo del asunto y, por ende, se le turnen los diversos medios de impugnación que pudiesen presentarse en el mismo juicio de amparo, pues puede suceder que efectivamente el órgano jurisdiccional sea incompetente por razón de materia. Con apoyo en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 101, de la Ley de Amparo, ríndase vía electrónica el informe con justificación con copia del escrito cuenta, para la substanciación de dicho recurso; asimismo, distribúyase una copia del escrito de cuenta a las autoridades señaladas como responsables. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular del órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se conoce que el cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", por el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en los órganos jurisdiccionales en el Primer Circuito, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Posteriormente, en sesión de ocho de enero del año en curso, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el cual se adoptó tomar medidas especiales del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en el sentido de que se continúa con el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado líneas arriba. Asimismo, en sesión de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el cual se adoptó tomar medidas especiales del diecinueve al veinticinco de enero de veintiuno, en los órganos jurisdiccionales en el Primer Circuito, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. En ese sentido, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia. Debe precisarse que en términos de la Circular SECNO/7/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, al abordar el tópico relativo a juicios en línea en la interrogante 8, se preció en síntesis que un expediente tramitado "en línea" es aquel en el que las partes tienen personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal; por lo que la tramitación y resolución de casos a que alude el capítulo III del AG 8/2020 ("juicio en línea"), se refiere a aquellos juicios donde sea factible su desarrollo total por medios electrónicos, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio, pues de lo contrario se suspenderá la tramitación del asunto. De igual modo, al responder el cuestionamiento aludido en dicha circular, se precisó que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ordenarse que la notificación a las autoridades responsables se realice por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquellas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica y, que el artículo 30 del mismo ordenamiento indica las reglas para las notificaciones por vía electrónica, o las partes podrían solicitar la notificación por la lista, aún de las notificaciones personales. Precisado lo anterior, téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Eugenio Morales Hernández, por propio derecho; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 66/2021 y dese de alta en el sistema correspondiente. NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse en qué consisten los actos reclamados, atendiendo al análisis integral del escrito de demanda. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente del amparo reclama: [.] Poner en riesgo la vida del suscrito por el alto riesgo de contagio de SARS-coV2 "coronavirus". Incumplimiento de la fracción V del artículo primero del acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-cov2, publicado el día 31 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación ante la omisión de otorgar licencia de ausencia con goce de sueldo al personal altamente vulnerable al SARS-coV2. Precisión que se formula con apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. ANÁLISIS DE COMPETENCIA En ese sentido, conviene tener presente que el análisis de la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público y se puede realizar en cualquier momento del procedimiento, ya que su inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez cuya competencia no encuentra justificación. En ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de ocho de julio pasado resolvió la contradicción de tesis 127/2020 entre las sustentadas por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y al respecto en la Contradicción de mérito, de manera sustancial, determinó en lo que aquí importa que: Si bien era cierto, se emitieron diversos Acuerdos que establecen las medidas preventivas que deben implementarse para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19), los cuales derivaron de autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, también lo era, que aquéllas también tienen un impacto en el mundo del trabajo, derivado de lo cual se instruyó a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo a aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19 y, posteriormente, ordenando la suspensión total de las actividades que no fueran esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria. Las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. Las referidas medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Lo anterior derivó en la jurisprudencia 2a./J. 42/2020 (10a.), de rubro siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UN TRABAJADOR LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. En ese orden de ideas, atendiendo a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2020 antes descrita, esta Juzgadora procede a verificar si cuenta con las facultades legales para ejercer su jurisdicción en el presente asunto, lo anterior en atención a lo establecido en la jurisprudencial P./J.21/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas. Así, es conveniente tomar en cuenta la distinción que existe entre los conceptos de jurisdicción y competencia, entendiéndose por jurisdicción la potestad de con que cuentan los juzgadores para administrar justicia, mientras que la competencia se refiere a la facultad que tienen tales juzgadores para conocer de determinadas controversias. Para determinar cuáles son los asuntos que debe conocer un juzgador por razón de competencia, deben atenderse criterios como: a) Materia, la cual se establece en atención a la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio, esto es, las cuestiones jurídicas que constituyen el fondo de la materia en el proceso, de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo; b) Territorio, es decir, el ámbito espacial de validez dentro del cual un juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, el cual puede denominarse de diversas maneras como circuitos, distritos o partidos judiciales. c) Grado, el cual se refiere a la posibilidad de que la decisión sobre una controversia sea sometida a revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a derecho y resuelva si debe o no confirmarse. Los criterios mencionados constituyen factores determinantes de la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho, dentro de un espacio territorial concreto, en una instancia determinada. Ahora, de acuerdo con el artículo 94, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar el régimen de distribución de competencias de los órganos jurisdiccionales de amparo, debe atenderse a las pautas que de manera expresa establezca la legislación ordinaria, específicamente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual regula la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito. En particular, respecto a las materias administrativa y de trabajo, los artículos 52 y 55 de la ley mencionada detallan la competencia de los Juzgados de Distrito en tales materias, de donde se advierte que el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado, así como de la autoridad responsable. Los artículos a que se han hecho referencia son del tenor siguiente: Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme a los preceptos transcritos la competencia para conocer de un juicio de amparo, se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia del Trabajo, entre otros supuestos, cuando se promueva contra actos de autoridad distinta de la judicial. De esa forma, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 83/98, de rubro: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES, determinó que para fijar la competencia por materia se debe atender a la naturaleza de la acción ejercida, sin analizar la relación jurídica existente entre las partes en litigio, en tanto que dicho tema pertenece al estudio de fondo del asunto. En ese mismo sentido, la Segunda Sala emitió la jurisprudencia 2ª/J. 24/2009, de rubro: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS, en la que se concluyó que para determinar la competencia por materia de los asuntos sometidos a los jueces de distrito, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, ya que éste es precisamente el elemento que define la acción constitucional, sin que ello implique el análisis de las expresiones alegadas en contra de aquél. Conforme a lo expuesto, se pone en evidencia que el acto reclamado en la demanda de amparo que se analiza, se encuentra dentro del supuesto resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tanto, esta Juzgadora carece de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto. Lo anterior, pues al resolver una cuestión competencial por razón de materia, debe atenderse fundamentalmente a la naturaleza material del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, de la Ley de Amparo y 55, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa carece de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto, y ordena remitir VÍA INTERCONEXIÓN el expediente formado con motivo del presente juicio al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno; y una vez que el juzgado correspondiente tome conocimiento del presente asunto, se le solicita atentamente informe si acepta la competencia declinada en su favor. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se estima competente. Análisis de la procedencia de la suspensión En otro aspecto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, este juzgado de distrito procede pronunciarse sobre la suspensión de oficio y de plano solicitada, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Del precepto legal transcrito se conoce que, procede la suspensión de oficio y de plano, en los siguientes casos: a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, b) Tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. De la lectura de la demanda se aprecia que el quejoso señaló como acto reclamados los siguientes: [.] Poner en riesgo la vida del suscrito por el alto riesgo de contagio de SARS-coV2 "coronavirus". Incumplimiento de la fracción V del artículo primero del acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-cov2, publicado el día 31 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación ante la omisión de otorgar licencia de ausencia con goce de sueldo al personal altamente vulnerable al SARS-coV2. Y que solicita suspensión de plano para los siguientes efectos: [.] Se ordene que SE PERMITA A LA QUEJOSA GUARDAR RESGUARDO DOMICILIARIO Y NO OBLIGARME A PRESENTARME A MI TRABAJO POR SER ALTAMENTE VULNERABLE AL CORONAVIRUS SIN RESPONSABILIDAD JURÍDICA ALGUNA Y CON EL SALARIO ÍNTEGRO O DE SER POSIBLE, ASIGNAR ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA por lo que los responsables deberán asignar los recursos materiales y administrativos para ejercer mis funciones en vía remota para efecto de no afectar o poner en riesgo mi vida, por lo que deberán emitir las acciones necesarias para otorgarme los medios para ejercer mis funciones de ser el caso, debiendo EN TODO CASO PAGARME ÍNTEGRAMENTE MIS EMOLUMENTOS. SE ABSTENGA DE SANCIONAR O AMONESTAR A LA SUSCRITA, Y MUCHO MENOS DE RESCINDIRME MI RELACIÓN DE TRABAJO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON MOTIVO DE LA PROMOCIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Dado la necesidad nacional de proteger a la población de riesgo. Otorgamiento de Suspensión En el caso, el quejoso Eugenio Morales Hernández, solicita la suspensión de plano para que no se le obligue acudir a su centro de trabajo en el que se desempeña como Médico Especialista "B" en el Servicio de Radióloga de la División de Imagenologia del Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra", con el objeto de que se resguarde en su domicilio a fin de proteger su salud para no ponerla en peligro de contagio de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), atendiendo a que es un adulto mayor de setenta y un años de edad. En ese entendido, con la finalidad de proveer lo que en derecho proceda, es importante dar noticia con los antecedentes destacados del acto reclamado. El Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de marzo de veinte, acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. En la citada sesión, el Consejo de Salubridad General también mencionó que la Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de virus SARS-CoV2 (COVID-19), mismas que definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y su término, así como su extensión territorial. La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en cuyo artículo SEGUNDO, inciso A) señaló los grupos vulnerables que no deben asistir a su centro de trabajo, entre los que se encuentran: "ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico;" mismas que fueron sancionadas por el Presidente de la República a través del Decreto publicado en esa misma fecha en el citado órgano de difusión oficial. El Consejo de Salubridad General emitió el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el treinta de marzo de dos mil veinte. En complemento a dicho acuerdo, el Secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias en el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, el cual prevé el funcionamiento de actividades esenciales, y que son consideradas como las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, entre ellas, las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, se estableció el resguardo domiciliario a los sujetos considerados como vulnerables. El veintiuno de abril de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020", que en esencia estableció que se mantendría la medida señalada en la fracción V del Artículo Primero respecto a la protección de las personas del grupo de riesgo. El veintisiete de julio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de los criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad, del que se observa que las Secretaria de Salud y de Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, darían a conocer dichos criterios en la página web www.coronavirus.gob.mx. El doce de agosto de dos mil veinte, el Gobierno Federal, publicó los "Criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que tiene mayor riesgo de desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo", en los que se estableció que los trabajadores que no cumplieran con éstos, serían considerandos con un riesgo equiparable al de la población en general y podrían reincorporarse en cualquier nivel del semáforo en apego al tipo de las actividades que realizara. Ahora, los valores determinados en dichos criterios de vulnerabilidad están contenidos en su Anexo I, el cual se digitaliza para una mejor conocimiento. De lo relatado, se advierte que se establecieron los lineamientos a fin de mitigar la dispersión del virus, en los que se señaló al Sistema Nacional de Salud como actividad esencial, y el tipo de personas que se consideran vulnerables, entre ellas, adultos mayores de sesenta años sin comorbilidades. En el caso, se advierte que a fin de acreditar su estado de vulnerabilidad, el quejoso Eugenio Morales Hernández, exhibió en copias simples la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, su credencial como Médico Especialista "B" en el Servicio de Radióloga de la División de Imagenologia del Instituto Nacional de Rehabilitación, con los que acredita, al menos indiciariamente, que es un adulto mayor sin comorbilidades. Analizando las condiciones señaladas por la promovente, con el Anexo I de los "Criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que tiene mayor riesgo de desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo", se advierte que se considera, entre otro, como población en situación de vulnerabilidad: a los adultos mayores de sesenta años de edad sin comorbilidades. Atendiendo a los valores mencionados, se observa que el quejoso Eugenio Morales Hernández, sí está en una situación de vulnerabilidad por ser adulto mayor de sesenta años de edad. Consecuentemente, esta juzgadora estima que de conceder la medida cautelar solicitada para los efectos solicitados no advierte que, a partir de un análisis preliminar, pueda producirse una contravención ineludible a disposiciones de orden público, ni que pueda privilegiarse a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni se le causaría un daño que de otra manera no resentiría. En cambio, de no permitir al promovente el resguardo domiciliario mediante el trabajo en casa, con motivo de ser un adulto mayor, y que lo ubica dentro de los grupos de personas vulnerables, se le causaría un mayor perjuicio, que al que pudiera resentir el interés social, porque se podrían causar daños y perjuicios de difícil reparación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que expresa lo siguiente: ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. OBJETO DE AMPARO. No tienen ese carácter los que pueden repararse por medio del juicio constitucional, cuyo objeto es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada. Se estima lo anterior, porque el quejoso, al ser considerado dentro del grupo de personas vulnerables, de contraer la enfermedad generada por el virus COVID-19, podría ser mortal u ocasionarle daños significativos a su salud, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, que establece que los grupos vulnerables no deben asistir a su centro de trabajo, conforme a los "Criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que puede desarrollar una complicación o morir por "Covid-19" en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo", que dispone el trabajo en casa para personas vulnerables en tanto, se considera al semáforo epidemiológico rojo como riesgo alto. En efecto, el nivel de contagio en la Ciudad de México, entidad federativa en la que se encuentra el nosocomio en el que labora, es alto y va en incremento de conformidad con los semáforos epidemiológicos publicados por el gobierno de esta ciudad, por lo que el que tengan que presentarse a trabajar, sólo por el hecho de que laboran en un hospital, compromete gravemente la integridad personal, puesto que pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o incluso la pérdida de su vida. Además, el hecho de que el quejoso tenga que acudir a laborar, aun cuando, en su caso, lo haga dotado de equipo de seguridad, como pudiera ser cubrebocas, careta, guantes etcétera; no deja de implicar un riesgo de contagio del virus de que se trata, aunque éste se reduzca por ésas medidas. En ese sentido con base en el marco normativo producido por causa del control de la pandemia provocada por el virus -"COVID-19"-, una medida de contención y control es el resguardo domiciliario, el cual resulta necesario y estricto en personas en situación de vulnerabilidad, que como se dijo son consideradas como tales, entre otras, las mayores de sesenta años; los que vivan con diabetes y/o hipertensión, lo que impone a las instituciones públicas y privadas, incluida la autoridad responsable a implementar medidas que no expongan a la población vulnerable al contagio viral, como el trabajo desde casa o a distancia, según la alerta epidemiológica correspondiente emitida por autoridad competente. De tal modo que el derecho a la salud, que es el objeto fundamental del juicio de amparo origen del presente recurso, es prioritario en el orden jurídico para preservar la vida humana, sobre todo en las condiciones extraordinarias que representa la pandemia por el virus -"COVID-19. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO DEL ACTO RECLAMADO, para el efecto de que se ordene a las autoridades señaladas como responsables concedan el resguardo domiciliario a favor del quejoso Eugenio Morales Hernández, sin responsabilidad jurídica alguna para ésta y con goce de sueldo, siempre y cuando el quejoso no haya sido vacunado contra el Virus COVID-19; o bien, hasta en tanto, se aplique al quejoso la vacuna respectiva, o las autoridades sanitarias competentes, suspendan o den por concluida la emergencia sanitaria decretada en el país por el virus Covid-19, cuando se decrete el semáforo respectivo, o se dicte la sentencia ejecutoria, lo que suceda primero. No debe perderse de vista que acorde a lo previsto en el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas", se previó como principio rector, privilegiar la salud y la vida en términos del artículo 4º constitucional, y en su punto séptimo se determinaron las poblaciones en situación de vulnerabilidad, y se indicó que son aquellas que debido a determinadas condiciones o características de salud son más propensas a desarrollar una complicación o morir por el virus COVID-19, como por ejemplo mujeres embarazadas o lactando, personas con obesidad, personas adultas mayores de sesenta años, personas que viven con diabetes e hipertensión descontroladas, VIH, cáncer, con discapacidades, trasplante, enfermedad hepática, pulmonar, así como trastornos neurológicos o del neurodesarrollo (epilepsia, accidentes vasculares, distrofia muscular, lesión de médula espinal), y sí como se precisó con anterioridad el quejoso se ubica en los supuestos de padecer factores que lo hacen vulnerable para adquirir la enfermedad de SARS-CoV2 (COVID-19), es que justifica que en este momento no sea posible reincorporarse a su fuente de empleo. Lo anterior, no implica que el quejoso no pueda realizar actividades laborales de naturaleza administrativa relacionadas con su función desde su domicilio, en caso de que la dependencia donde labora así lo estime conveniente. Determinación última que se toma en cumplimiento al criterio sustentado por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver la Q.A. 73/2020 deducida del juicio 470/2020 del índice de este órgano jurisdiccional. Pues de razonar en sentido contrario, se causarían daños de difícil o imposible reparación a la salud del quejoso; además, se pondría en peligro su vida, e incluso a la colectividad, pues al pertenecer a un grupo vulnerable por ser adulto mayor de sesenta años, es factible que corra el riesgo de mayores complicaciones en caso de contraer infección por el virus COVID-19; de ahí que deben tomarse todas las medidas pertinentes para evitarlo. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE" Importa destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: --- (...) --- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a aquél en que queden debidamente notificados de esta determinación, realicen lo siguiente: Informen a este órgano jurisdiccional sobre la forma en la que han dado cumplimiento a la suspensión otorgada. Comuniquen si ya fue otorgada la vacuna contra la Covid-19 al quejoso Eugenio Morales Hernández, en cuyo caso deberán agregar la constancia que así lo acrediten. Apercibidos que de no hacerlo así o en su defecto informar la imposibilidad que tenga para ello, se les impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, por desacato a un mandato judicial. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, a la urgencia de la medida cautelar concedida y a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que notifiquen mediante oficio a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que se dé cumplimiento a los efectos por los que se concede la medida cautelar solicitada, por sí, o bien, girando las instrucciones necesarias a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. En este punto, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el referido artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, siempre y cuando no exista duda y resulte evidente su existencia, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan. Debiendo acreditar tales circunstancias a este Juzgado de Distrito con las constancias fehacientes vía correo institucional 9jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la siguiente a la en que queden legamente notificadas del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, las actuaciones que realizan a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto. Apercibidas que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, el Juzgado de Distrito competente estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. PROVIDENCIAS DE TRÁMITE Por otra parte, sin que sea el caso de acordar respecto del domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, así como de la persona que autoriza; ello, debido a la presente declinación de competencia. No obstante, a fin de no dejar en estado de indefensión al promovente, con fundamento en la última parte del segundo párrafo artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a la persona que menciona. Asimismo, y en atención a las medidas de mitigación del virus COVID-19, se tiene como correo procesal el correo electrónico juliorva.cesar@gmail.com. En otro aspecto, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, así como en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa la consulta en el presente expediente vía electrónica, por medio del usuario JULIORVA. Se exhorta a la parte quejosa a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), continúe con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir presentar recursos, promociones y documentos, recibir notificaciones, lo anterior a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente asunto, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos; asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con la misma salvedad, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En caso de que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso, de los artículos 12 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este juzgado determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni requieran ser acordadas mediante determinación judicial adoptada por este órgano jurisdiccional, -por ejemplo, los acuses de recibo, las autorizaciones de las partes, las notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, etcétera- con excepción de aquellas con las que por disposición expresa de la ley deba darse vista a las partes, se glosarán en el expediente, en términos del artículo 62 del citado código adjetivo, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente la pretensión plasmada en el documento, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante acuerdo del juzgadora y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. HABILITACIÓN DE ACTUARIOS De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se ordena que el presente acuerdo se publique de manera temporal y únicamente con fines informativos bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo, para lo cual, los actuarios de la adscripción deberán fijar una lista al exterior del inmueble -reja perimetral-, misma que podrá ser consultada por las partes interesadas, o bien, si así lo desean podrán ingresar a la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuit os.asp?Cir=1&Exp=1. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la Titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Dinorah Hernández Jiménez, Jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa con la Secretaria Bibiana Guzmán Martínez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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