Eugenio Minvielle Zamudio

Expediente 501/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
501/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
02/12/2021

Partes del expediente

  • Eugenio Minvielle Zamudio

Actuaciones

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por XXXXXXXXXX, también conocido como XXXXXXXXXXX, por conducto de su apoderado legal. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa exhibió escritura pública 91,266 (noventa y un mil doscientos sesenta y seis), de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, otorgada ante la fe del Notario Público número 1 (uno) de la Ciudad de México, sin embargo dado que dicho documento pueden obtenerse o expedirse nuevamente, notifíquese por medio de lista el presente proveído; de igual manera, hágase de su conocimiento que tiene el plazo de noventa días para recoger tal documento, apercibida de que, en caso de no hacerlo, será destruido por el Centro de Documentación y Análisis. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con ??????????????? el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. REUBICACIÓN DE NUEVO TITULAR. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del juez XXXXXXXXXX, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez XXXXXXXXXX, a partir del dieciséis del mes y año en curso. Notifíquese por lista al quejoso.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a dieciséis de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, por medio del cual, desahoga la prevención ordenada en autos, por lo que se procede a proveer respecto de la demanda de amparo en los siguientes términos: CAUSAL DE IMPROCEDENCIA De lo anterior, se advierte que los actos que reclama la quejosa, no le ocasionan una afectación de imposible reparación, debido a que no afecta materialmente alguno de sus derechos sustantivos, por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE AMPARO, CON RELACIÓN AL NUMERAL 107 FRACCIÓN V, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DEL MISMO ORDENAMIENTO. Ahora bien, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, el artículo 107 constitucional establece como regla general que, tratándose de amparo directo, éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio o después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto o bi-instancial. Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquellos por virtud de los cuales se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución definitiva favorable en dicho juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, sin tener que esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por lo tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación sobre derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son estrictamente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y, por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, siempre que se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo adverso. Así, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesariamente debe producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 06 de junio de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En esas condiciones, tratándose de una violación procesal en el juicio, que no afecte materialmente alguno de los derechos sustantivos de los quejosos, deberá reclamarse en la demanda de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, 172 y 174, todos de la Ley de Amparo. En tal virtud, los actos que reclama la parte quejosa en el presente juicio de garantías no la dejan sin defensa ni constituyen una violación de carácter irreparable, pues el auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, en el cual el Juez responsable admitió la prueba pericial en materia de veracidad y acreditación de audios (grabaciones y/o notas de voz), y los efectos derivados de su ejecución., así como el auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, en el cual el Juez responsable tuvo por realizadas las manifestaciones del quejoso con relación a la prueba pericial en materia de veracidad y acreditación de audios (grabaciones y/o notas de voz), y designando como perito de su parte a Marcos Antonio Ramos Zúñiga, a quien le requirió aceptará y protestara el cargo y rindiera si dictamen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por conforme con el dictamen pericial rendido por su contraparte, y los efectos derivados de su ejecución, y el auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, en el cual el Juez responsable requirió al quejoso compareciera en compañía de los peritos designados por las partes a las once horas del uno de octubre de dos mil veinte, a fin de que los expertos tomen las muestras de audios correspondientes, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por conforme con el dictamen que exhibiere su contraparte, sólo tiene efectos intraprocesales, ya que son actos intermedios; máxime que en el presente caso no se ha dictado sentencia en cuanto al fondo de la controversia. De ahí que los actos reclamados no afectan de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos, pues no son de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que no se causa un gravamen de imposible reparación, existiendo por ende la posibilidad de que se pueda obtener una sentencia favorable a sus intereses, y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama, y en caso contrario, tal acto es factible de impugnarse como violación procesal a través del amparo directo que en su caso, pueda promover en contra de la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen. Se cita en apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J.6/94, registro 205484, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 39/90, consultable en la página 13, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Apoya por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 56, Agosto de 1992, Materia Común, página 11, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En consecuencia, con fundamento en los numerales invocados y con apoyo además en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, como lo solicita, se le tiene autorizando a los usuarios ******** y ********, para que realicen la consulta del expediente electrónico y para recibir notificaciones por ese medio, toda vez que los nombres de los usuarios se encuentran registrados en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico, atendiendo a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 720la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese electrónicamente al quejoso.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, a treinta de septiembre de dos mil veinte. QUEJOSO: XXXXXXX, también conocido como XXXXXXX (codemandado en el juicio de origen).La demanda es promovida por XXXXXXX, en su carácter de apoderado del quejoso XXXXXXX, también conocido como Eugenio Minvielle y Zamudio, personalidad que solicita le sea reconocida en términos de la escritura número noventa y un mil doscientos setenta y seis, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, pasada ante la fe del Notario Público número uno de la Ciudad de México. AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS:Los contenidos en los artículos 1, 6, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 501/2020-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de expediente electrónico en mención. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el solicitante del ampro señala como actos reclamados, los siguientes: 1. El auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, en el cual el Juez responsable admitió la prueba pericial en materia de veracidad y acreditación de audios (grabaciones y/o notas de vos), y los efectos derivados de su ejecución. 2. El auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, en el cual el Juez responsable tuvo por realizadas las manifestaciones del quejoso con relación a la prueba pericial en materia de veracidad y acreditación de audios (grabaciones y/o notas de voz), y designando como perito de su parte a Marcos Antonio Ramos Zúñiga, a quien le requirió aceptará y protestara el cargo y rindiera si dictamen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por conforme con el dictamen pericial rendido por su contraparte, y los efectos derivados de su ejecución. 3. El auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, en el cual el Juez responsable requirió al quejoso compareciera en compañía de los peritos designados por las partes a las once horas del uno de octubre de dos mil veinte, a fin de que los expertos tomen las muestras de audios correspondientes, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por conforme con el dictamen que exhibiere su contraparte. Todos emitidos dentro del juicio ordinario civil, expediente 1096/2019, promovido por Licio Minvielle Zamudio, en contra del quejoso y Gloria Minvielle Lagos, tramitado ante el Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México. PREVENCIÓN A efecto de acordar lo que proceda sobre la admisión o inadmisión de la demanda, SE PREVIENE al quejoso para que dentro del término de cinco días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del auto que se dicta, con fundamento en los artículos 112, 114, fracciones I, II y III, con relación al 110, todos de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: 1. Acredite la personalidad con la que comparece al presente juicio de amparo Alberto Trueba Martens, quien se ostenta apoderado del quejoso Eugenio Minville Zamudio, también conocido como XXXXXXX, lo anterior, al ser éste un presupuesto procesal, que debe examinarse en forma oficiosa desde la presentación de la demanda. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el ocursante haya promovido la demanda y presentado la escritura con la que aduce acredita la personalidad con la que se ostenta de manera electrónica; en virtud de que fue omiso en realizar la protesta que exige el artículo 12, segundo párrafo, inciso f), del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, y artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para que dicho documento público no perdiera su valor probatorio.1 1 Artículo 12. El expediente electrónico coincidirá íntegramente en su contenido con el expediente impreso que se lleva en los órganos jurisdiccionales, y será administrado desde el sistema electrónico de control de expedientes de cada órgano del Poder Judicial de la Federación. (.) f) Los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso; representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Es aplicable, de igual forma por identidad, la Jurisprudencia P./J. 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IV, Julio de 1996, página cuarenta y ocho, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." En la inteligencia que el desahogo deberá realizarlo el propio quejoso y no por conducto de autorizado, ya que, al realizarse bajo protesta, constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promovió la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la Jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, Julio de 2006, página 348, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." También sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 50/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, página 210, Libro 9, Agosto de 2014, de la Décima Época, con número de registro 2007285, que a la letra dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Cabe precisar que el quejoso al ser parte en el juicio de donde derivan los actos reclamados, se encuentra en posibilidad de consultar el expediente y así dar cumplimiento a la presente prevención. 2. Deberá presentar su aclaración por escrito y con CINCO copias (en caso de que presente su aclaración físicamente y no vía electrónica), con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, a efecto de estar, en su caso, en aptitud de correr traslado a cada una de las partes; a saber: UNA para la autoridad responsable que señaló, UNA para el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, UNA para el tercero interesado que precisó en su demanda y DOS más para formar los cuadernos incidentales, que de conformidad con el artículo 128 de la citada ley, se debe formar por duplicado. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento a lo anterior; es decir, no desahogar la prevención respecto a los puntos marcados con los números UNO A DOS SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA SU DEMANDA, con fundamento en el artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el caso, que sólo exhibiere las copias necesarias para correr traslado a las partes y fuere omiso en presentar las relativas al incidente de suspensión, se acordará su demanda de garantías, sólo en caso de que ésta se admita, sin proveer con relación a la medida cautelar solicitada, hasta en tanto las exhiba, de conformidad con la última parte del artículo 114 de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior consideración, la Jurisprudencia 86/2002 emitida en contradicción de tesis por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta el veintiuno de julio del dos mil dos, cuyo rubro y texto a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUELLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE.- el artículo 146 de la ley reglamentaria de los artículos 106 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del términos de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho juez mandará correr traslado al ministerio público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe de interpretar en forma aislado, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto por los numerales 120 y 141 de la Ley citada, que establece, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiere promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlos en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. en congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con los copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público." Se hace del conocimiento las sanciones contempladas en la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. (.)" Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, y se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que refiere en la demanda de amparo porque tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con excepción de los últimos cuatro profesionistas que indica por no tener registrada su cédula profesional en el sistema respectivo. Por ende, a ellos como a las diversas personas que menciona se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo. Se autoriza el uso de medios electrónicos, cámaras, grabadora o lectores ópticos, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo solicita la quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico bajo el registro correspondiente con nombres de usuarios "RFERNANDEZDELVALLE_SYS" y "ATRUEBA_SYS", con fundamento en el artículo 3° de la Ley de paola ruiz medina 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.1e 03/06/23 10:21:45 Amparo, ello por tener debidamente registrados los usuarios referidos. En cuanto a los correos electrónicos que proporciona, ténganse por señalados únicamente para comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y no para realizar notificaciones personales como lo señala. Por otro lado, requiérase a la quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, manifieste si es su deseo que se le autorice para oír y recibir notificaciones vía electrónica y en su caso proporcione el nombre de usuario que proporcionó al registrarse en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico para tal efecto, apercibida que de no desahogar dentro del término concedido para ello o no hacer manifestación alguna al respecto, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señaló en su escrito inicial de demanda. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis I.1o.P.35 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 2366, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo III, que dice: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. SI EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS SOLICITA QUE SE LE PRACTIQUEN VÍA ELECTRÓNICA, PERO DEL ESCRITO DE DEMANDA O DEL APERSONAMIENTO A JUICIO, SE ADVIERTE QUE SU AUTORIZANTE (QUEJOSO O TERCERO INTERESADO) INDICÓ UN DOMICILIO CONVENCIONAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE PRECISE CUÁL ES LA VÍA QUE ELIGE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. Si el autorizado en términos amplios solicita que las notificaciones de los autos o resoluciones emitidos en el juicio de amparo se le practiquen vía electrónica, pero del escrito de demanda o del apersonamiento a juicio, se advierte que su autorizante (quejoso o tercero interesado) indicó un domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, el Juez de Distrito debe requerir a éste para que -por sí o sus autorizados- precise cuál es la vía que elige para esos fines. Lo anterior, porque debe tomarse en consideración que los autorizados que el quejoso o, en su caso, el tercero interesado puedan designar en el trámite del controvertido constitucional, no pueden ser partes para efectos del juicio de amparo, pues esa calidad no se las reconoce el artículo 5o. de la Ley de Amparo, ya que únicamente tienen ese carácter: el quejoso, el tercero interesado, la autoridad responsable y el Ministerio Público de la Federación; sino que de conformidad con los diversos 12 y 24 de la propia ley, los autorizados sólo son representantes de aquéllos en la litis constitucional, con el propósito de que realicen actos procesales a favor de los intereses legales de la parte que los designó, tan es así, que por mandato legal, no pueden sustituir o delegar dicha autorización a un tercero. Por tanto, a los autorizados no se les puede desvincular o desligar de la parte procesal -principal- a la que representan, pues quien se beneficia o se perjudica de las decisiones adoptadas tanto de trámite como de fondo que se emitan en el juicio de amparo, es su autorizante (quejoso o tercero interesado). Es decir, cualquier acto procesal que los autorizados realicen durante la tramitación y resolución del juicio de amparo, no lo hacen "a nombre propio", sino como representantes de la persona (física o moral) quien los autoriza. En consecuencia, en atención al hecho de que según la notificación que se practique en el caso concreto, ésta surte efectos de manera distinta conforme al artículo 31 de la Ley de Amparo, no puede aceptarse que existan dos clases de notificación y, por ende, dos cómputos para una misma parte procesal, como por ejemplo, que por un lado la directa parte quejosa señale la forma "tradicional" para oír y recibir notificaciones mediante la referencia de un domicilio convencional para esos fines en su escrito de demanda y, por otro, sus autorizados (en ese mismo ocurso o en uno diverso) adopten como vía de notificación la electrónica, pues no se trata de dos partes procesales distintas entre sí, sino los segundos son únicamente representantes de la parte principal que conforma al juicio de amparo, o sea, la parte quejosa. De ahí la necesidad de que el Juez de Distrito requiera al autorizante para que precise cuál vía de notificación es la que elige para los efectos legales a que haya lugar." PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Conforme a lo dispuesto en los artículos 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema paola ruiz medina 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.1e 03/06/23 10:21:45 de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal, ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 55-40-24-64-83, con un horario de atención de las nueve a las trece horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. Hágase saber que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente al quejoso.

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