Eugenio Matamoros Resendiz
Expediente 840/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Eugenio Matamoros Resendiz
- Alba Fabiola González Aburto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el juicio de amparo 840/2023 del índice de este Juzgado con dos tomos de pruebas, así como el escrito original de agravios y copia con el que se interpuso recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Asimismo, informa que en auto de ocho de noviembre del año en curso se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la referida sentencia, quedando radicado dicho medio de impugnación bajo el número 360/2023; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En tal virtud, comuníquese a la Superioridad que quedan disponibles los autos del expediente para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como se aprecia de la imagen inserta en el presente acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las partes han sido notificadas de la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés y del auto de dieciocho de octubre del año en curso, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por el autorizado del quejoso Eugenio Matamoros Reséndiz contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, como está ordenado en dicho proveído, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo con dos cuadernos de pruebas, escrito de agravios y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de que se trata. Notifíquese. Así lo acordó y firma el Secretario Jordy Santos Ávila, encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, por licencia académica de la Titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial de conformidad con el oficio CCJ/ST/5452/2023, con motivo de la sesión celebrada el dos de octubre de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número ********************, promovido por********************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado en línea el dieciséis de junio de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y recibido el día doce siguiente en este órgano jurisdiccional,******************** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc con sede en Apizaco, Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: El retardo y omisión en emitir la interlocutoria que resuelva la primera junta de herederos en el juicio sucesorio ********************. Actos que considera violatorios de los derechos contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 1 a 8). SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. En proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se radicó la demanda con el número de juicio de amparo ******************** y se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento (fojas 11 a 15 y 18 a 20). De igual forma, en la tramitación del presente juicio de amparo se ordenó el emplazamiento a la tercera interesada ********************, diligencia que se efectuó en los términos que obran en autos (fojas 22 a 24). Posteriormente, mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, el quejoso******************** amplió su demanda de amparo (fojas 45 a 52), en la que señaló como acto reclamado: El acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés dictado por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc con sede en Apizaco, Tlaxcala, dentro del juicio sucesorio ********************, en el que se acordó que los autos no guardan estado para emitir la resolución de primera junta de herederos y nombramiento de albacea provisional y se requirió al aquí quejoso para que proporcionara el domicilio de ******************** y exhibiera copia certificada del acta de nacimiento de ********************. La falta de notificación de dicho acuerdo. Atento a lo anterior, en acuerdo de veinte de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por ampliada la demanda de amparo; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se corrió traslado a las partes con el escrito de ampliación; asimismo, se ordenó emplazar como parte tercera interesada al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc que interviene en el juicio sucesorio ******************** (fojas 53, 54, 56 a 58, 62 y 74). Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados, por grado, son del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia son de naturaleza civil y porque tienen ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse en forma clara y precisa los actos reclamados. ********************Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que el quejoso******************** reclama: La omisión de dictar la resolución relativa a la primera junta de herederos en el expediente número ********************, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************. El acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés dictado en el referido juicio, por el cual se requirió a******************** (aquí quejoso) para que proporcionara el domicilio de ******************** y exhibiera copia certificada del acta de nacimiento de ********************. La notificación que le fue practicada por estrados del acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés. ********************TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, al rendir sus informes justificados (fojas 27 y 65), aceptó los actos reclamados atinentes a la falta del dictado de la resolución de la primera junta de herederos y nombramiento de albacea provisional, ello con motivo del acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se formularon dos requerimientos al ahora quejoso; por tanto, se acredita la existencia de los actos combatidos por el impetrante ********************Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ********************"Registro digital: 917812 ********************Instancia: Pleno ********************Octava Época ********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia ********************Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, ********************Jurisprudencia SCJN ********************Materia(s): Común ********************Tesis: 278 ********************Página: 231 ********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." ********************Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a sus informes justificados, consistentes en copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario a bienes número ******************** de su índice, de donde se advierten los actos reclamados por el quejoso (foja 982 del tomo II de pruebas). ********************Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º y con las que se acredita la existencia de los actos reclamados. ********************Por lo que se refiere al acto reclamado por el quejoso, relativo a la notificación del acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, el Juez responsable negó que hubiera omitido notificar dicho auto al impetrante; sin embargo, debe tenerse por cierto dicho acto, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que si bien******************** señaló como acto reclamado la falta de notificación de dicho proveído, lo cierto es que en sus conceptos de violación, el impetrante en realidad se duele de que el juez responsable no ordenó que dicha notificación se hiciera de forma personal. ********************Por tanto, como a fojas 982 y 983 del tomo II de pruebas se advierte que en el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés dictado por el Juez responsable se aprecia que no se ordenó notificar personalmente dicho auto y que la notificación a******************** se hizo por estrados, se tiene por cierto el acto reclamado. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para una mejor comprensión del asunto, se estima necesario narrar el origen de los actos que se reclaman en esta instancia constitucional: 1.- Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintidós en la Oficialía de Partes del Distrito Judicial de Cuauhtémoc,******************** promovió juicio sucesorio a bienes de ********************, ello en virtud de que la Sala Civil - Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el toca civil ********************, repuso el procedimiento dentro del juicio ordinario civil de nulidad de escritura ********************, promovido por******************** contra ******************** y otros, ello a fin de que fuera llamada a la controversia la sucesión de ********************. Además, el promovente anexó a su escrito de denuncia de sucesión, copia certificada del acta de defunción de ********************, de la que se advierte que la fecha de su deceso ********************y que el nombre de su cónyuge es ********************, con estado civil de separado (foja 17 del tomo II del cuaderno de pruebas). 2.- De dicha demanda correspondió conocer al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, quien en acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós radicó el expediente ********************, relativo al juicio sucesorio a bienes de ********************; asimismo, dicha autoridad determinó que en razón de que el denunciante dijo desconocer el último domicilio del de cujus, ordenó girar oficios a diversas autoridades a fin de que proporcionaran el indicado dato, a fin de fijar la competencia del órgano jurisdiccional (foja 18 ídem.). 3.- Una vez que se estableció el último domicilio del finado ********************, en acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, se declaró competente para conocer del juicio sucesorio intestamentario a bienes del antes nombrado; además, se tuvo por justificado el interés jurídico del denunciante******************** - aquí quejoso - y se ordenó notificar a ******************** el trámite de la sucesión intestamentaria , diligencia que se efectuó el dos de diciembre de dos mil veintidós (fojas 919, 920 y 922 a 926 ídem.). 4.- En acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés, el juez responsable señaló las diez horas del trece de febrero de dos mil veintitrés para la celebración de la primera junta de herederos y nombramiento de albacea provisional (foja 932 ídem.). 5.- El trece de febrero de dos mil veintitrés se llevó a cabo la primera junta de herederos y nombramiento de albacea provisional, a la cual únicamente compareció el denunciante********************, quien solicitó que en virtud de que la presunta heredera ******************** no se presentó a la referida junta, se llamara a juicio a la Universidad Autónoma de Tlaxcala a través de su Rector; asimismo, en dicha audiencia, el juez de origen ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de su adscripción (fojas 934 y 935 ídem.). 6.- En acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el indicado juicio sucesorio intestamentario, se tuvieron por exhibidos los edictos por parte del denunciante******************** a fin de llamar al juicio a quien se creyera con derechos hereditarios (fojas 941 a 976 ídem.). 7.- Mediante proveído de doce de mayo de dos mil veintitrés, el juez responsable ordenó traer los autos a su vista para dictar la resolución relativa a la primera junta de herederos y nombramiento de albacea provisional (foja 980 ídem.). 8.- En resolución de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc determinó que los autos no guardan estado para resolver, en razón de que se omitió hacer saber el trámite de la sucesión intestamentaria a ********************, en su carácter de cónyuge supérstite, además de que el denunciante no exhibió copia certificada del acta de nacimiento de ********************; por tanto, se requirió a******************** para que proporcionara el domicilio de ******************** y exhibiera la indicada acta de nacimiento (foja 982 ídem.). 9.- El veintidós de junio de dos mil veintitrés se notificó a******************** dicho acuerdo por estrados (foja 983 ídem.) Hasta aquí se narran los antecedentes de los actos reclamados, por ser las actuaciones que obran en el juicio sucesorio de origen. QUINTO.- Improcedencia del juicio de amparo por el primer acto reclamado. Determinada la certeza de los actos reclamados y previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Efectivamente, para que esta autoridad pueda resolver la cuestión planteada por la parte quejosa, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional, lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo. Ahora bien, como quedó establecido con anterioridad, uno de los actos reclamados por el quejoso consiste en: La notificación que le fue practicada por estrados del acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Por principio, debe señalarse que de la ampliación de la demanda de amparo promovida por******************** (fojas 45 a 52), se aprecia que el quejoso combate en esta vía constitucional dicha notificación, respecto de la cual aduce que se practicó por estrados, cuando debió realizarse de forma personal, en términos del artículo 96 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, pues la indicada resolución contenía un requerimiento que le fue formulado. En el caso, se estima actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. "Se exceptúa de lo anterior: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; "b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; "c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. "d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. "Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Se estima lo anterior porque el quejoso******************** no agotó el principio de definitividad, al no haber promovido el incidente de nulidad contra la notificación del acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés que considera irregular. Como se precisó, el impetrante acude a esta instancia constitucional porque estima que la notificación del referido proveído fue realizada de manera indebida, pues considera debió serle practicada de manera personal. Empero, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece que, conforme al principio de definitividad, para que el juicio de amparo sea procedente, el acto reclamado debe ser impugnado previamente a través de los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige ese acto; de tal suerte que el amparo resulta improcedente si el quejoso no agotó algún medio ordinario de defensa. Esta limitante responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y protección de los derechos fundamentales; por lo que antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecido. Además, este principio atiende a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pues se pretende que la activación del control constitucional solo acontezca cuando el acto autoritario sea definitivo. No obstante, ello no opera de manera absoluta, en tanto que admite algunas excepciones, a saber: Que no se trate de actos que importen peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, que afecten la libertad personal del quejoso, o que el quejoso sea persona extraña al procedimiento o que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Ahora, en relación con el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés que el justiciable considera le fue notificado de manera irregular, importa señalar que el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala establece que el incidente de nulidad procede en contra de las notificaciones hechas indebidamente u omitidas, y cuyo resultado puede ser el de nulificar la notificación que no se haya hecho conforme a la ley de la materia, o en su defecto, ordenarla cuando no se haya realizado. Dicho numeral textualmente dice: "Artículo 109. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en este capítulo serán nulas; y son aplicables a ellas las reglas siguientes: "I.- La parte agraviada podrá promover ante el Juez o Tribunal que conozca del negocio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación hecha indebidamente; "II.- Son aplicables a este incidente, lo dispuesto por las fracciones II a V del artículo 41. "III.- Si se declara nulo lo actuado, se declarará también que el principal no se encuentra en estado de dictar sentencia; "IV.- De igual manera se procederá en caso de omisión o falsedad de las notificaciones; "V.- El secretario que hubiere hecho mal u omitido la notificación será civil y penalmente responsable, independientemente de la sanción disciplinaria que le imponga el Juez o Tribunal; "VI.- La sentencia que decida el incidente de nulidad de notificaciones no es recurrible cuando sea dictada por el Tribunal Superior; "VII.- Contra la sentencia que decida, en primera instancia, sobre la nulidad de notificaciones procede el recurso de queja; pero cuando esa resolución decida también la cuestión principal en una sola sentencia; ésta es apelable y el recurso versará sobre ambas cuestiones." Con lo anterior, puede establecerse que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio es un medio ordinario de defensa, en tanto tiene por objeto anular las actuaciones que agravian los intereses de la parte que se estime afectada por la irregularidad cometida en la notificación de una determinación, pues se encuentra establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado y tiene determinado un procedimiento para su resolución, a fin de que el juez responsable se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Así, conforme a lo anterior, se puede establecer que la notificación aquí reclamada es impugnable a través del incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 2017117 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8 Tipo: Jurisprudencia "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Aunado a lo expuesto, en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción de la causa de improcedencia en estudio. En primer lugar, porque el acto reclamado no afecta la libertad personal de la parte justiciable y aún menos implica peligro de privación de la vida o un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento; fundamentalmente porque se trata de una actuación jurisdiccional que se dirigió hacia la parte quejosa y sus efectos sólo inciden sobre los derechos que ostenta dentro del procedimiento de origen. En segundo término, porque el quejoso es parte del procedimiento de origen y no puede equiparársele como tercero extraño al controvertido natural. Ello es así, en virtud de que al momento en que se practicó la notificación que combate, el expediente de origen se encontraba en trámite y como parte denunciante en el juicio sucesorio de origen estuvo en aptitud de acudir directamente ante el juez del conocimiento a hacer valer sus derechos. Habida cuenta de que la oportunidad para promover el incidente de nulidad de notificaciones corre a partir de que se tiene conocimiento de la notificación irregular u omitida; de ahí que, una vez que se hizo sabedor de la notificación que tilda de irregular, debió agotar el aludido medio ordinario de defensa. Finalmente, porque la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no está sujeta a una interpretación adicional ni el fundamento legal es insuficiente; pues como se vio, el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, permite advertir claramente la procedencia del medio de defensa en mención. Luego, a través del incidente de nulidad de notificaciones el aquí quejoso estuvo en condiciones de lograr se nulificara la notificación que tilda de irregular y al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad sobre el que descansa la procedencia de la acción constitucional. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "Registro digital: 175974 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o.C. J/259 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1654 Tipo: Jurisprudencia "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en la fracción V del numeral 63 del ordenamiento invocado, se impone sobreseer en el juicio respecto al acto reclamado antes precisado. SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo por lo que se refiere al acto reclamado consistente en el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Como ya quedó establecido en esta sentencia, el quejoso******************** acude a esta instancia constitucional en reclamo del acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en el cual la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc determinó que el juicio sucesorio ******************** no guarda estado para resolver sobre la primera junta de herederos y nombramiento de albacea provisional. Lo anterior, en razón que la autoridad judicial responsable advirtió que no se ha hecho saber a ********************, cónyuge supérstite del finado ********************, sobre la sucesión intestamentaria, aunado a que el denunciante no exhibió copia certificada del acta de nacimiento del antes nombrado. En tal virtud, la juez de origen requirió al ahora quejoso******************** para que proporcionara el domicilio de ********************, a efecto de hacerle saber el derecho a apersonarse y además requirió al denunciante exhibiera copia certificada del acta de nacimiento de ********************. Dicha resolución es la que combate el quejoso en esta instancia constitucional; sin embargo, la suscrita juzgadora considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. "Se exceptúa de lo anterior: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; "b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; "c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. "d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. "Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como ya se explicó con anterioridad en esta sentencia, el precepto legal transcrito contiene el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo y sus excepciones, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Ahora bien, el quejoso******************** señaló como acto reclamado el referido acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés; sin embargo, esta Juzgadora estima que contra dicha determinación procede el recurso de revocación, previsto en el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que establece: "Artículo 504. La revocación procede contra los autos". En efecto, por imperativo del precepto transcrito, el recurso de revocación procede contra los "autos" dictados en un juicio de naturaleza civil, calidad tal que, según lo disponen los artículos 86 y 87 de la propia codificación, poseen todas las resoluciones que no sean sentencias, ya sean definitivas o interlocutorias, como se advierte a continuación: "Artículo 86. Las resoluciones judiciales son autos y sentencias". "Artículo 87. Las sentencias son definitivas o interlocutorias. Definitivas son las que resuelven un juicio en lo principal. Interlocutorias las que deciden un incidente". Como se ve, dicha legislación procesal prevé que las resoluciones en materia civil pueden ser de dos tipos: 1. Autos; y, 2. Sentencias. Así, de conformidad con el citado artículo 87; sentencia puede tener el carácter de definitiva e interlocutoria, entendiendo por la primera aquella que dirime la litis principal; y por la segunda, aquella que decide una cuestión surgida dentro del procedimiento y que es el resultado de la tramitación de un incidente, es decir, resuelve una cuestión dentro del juicio pero no pone fin al mismo. Aunado a ello, debe precisarse que el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés reclamado en este juicio, no constituye la resolución que ponga fin a la primera sección en el juicio intestamentario, sino que constituye una actuación intermedia en la que incluso se requirió al denunciante para que proporcionara el domicilio de ********************, quien fuera cónyuge del fallecido ********************, y a fin de que exhibiera el acta de nacimiento del antes nombrado y, una vez hecho ello, se resolverá sobre la primera junta de herederos y nombramiento de albacea provisional. De lo anterior, puede concluirse que la actuación reclamada no resolvió en definitiva la cuestión jurisdiccional, ni es el resultado de un incidente promovido dentro del juicio de origen. De ahí que, teniendo ese carácter, tal auto admite el recurso de revocación previsto en el ordinal 504 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. Sirve de sustento a lo anterior, por las consideraciones jurídicas que contiene, la jurisprudencia XXVIII. J/6 del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, que dice: "Registro digital: 167794 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: XXVIII. J/6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2499 Tipo: Jurisprudencia "APELACIÓN. CONTRA EL AUTO QUE LA DESECHA PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). De una interpretación armónica de los artículos 504 y 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala se desprende que los autos dictados tanto en primera como en segunda instancias son recurribles mediante la revocación, toda vez que el segundo de los numerales citados claramente precisa que si no se admite la revocación en primera instancia, procede el recurso de queja, y si no se admite dicha revocación en segunda instancia, no procede recurso alguno; por tanto, tal artículo crea la convicción de que los autos dictados en segunda instancia pueden ser combatidos mediante el recurso de revocación. De igual manera, el artículo 504 citado establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de los autos, siendo que el diverso numeral 508 del propio ordenamiento da la pauta a establecer que todos los autos de segunda instancia también pueden ser impugnados a través de la revocación, por lo que si no existe disposición expresa relativa a que el desechamiento de la apelación no es recurrible, entonces, se debe estar a la regla general que disponen los numerales en cuestión, por lo que en contra de los autos de segunda instancia que desechen una apelación cabe el recurso de revocación; máxime que la resolución que desecha la apelación se emite a través de un auto y no mediante sentencia, pues de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, las sentencias son definitivas o interlocutorias, siendo que las definitivas son las que resuelven el juicio en lo principal y las interlocutorias las que deciden un incidente, por lo que si la determinación que desecha la apelación no está resolviendo el juicio en lo principal, ni está decidiendo un incidente, entonces, la misma no puede considerarse una sentencia, sino un auto y, por ello, aun en segunda instancia procede el recurso de revocación. Además, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 8/92, relativo a que no puede existir la revocación por denegada apelación, ha sido superado por el criterio emitido por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal de la Nación, en la jurisprudencia 8/2002, que aparece bajo el rubro: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS)." En consecuencia, toda vez que existe una ley de carácter formal y material que prevé un medio de defensa por virtud del cual el acto reclamado en el juicio constitucional pueda ser revocado, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia advertida por la suscrita juzgadora, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que a su vez da lugar al sobreseimiento del presente juicio por lo que se refiere al acuerdo reclamado de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitrés, con fundamento en lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la propia ley invocada. Cabe indicar que similar criterio fue sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, al resolver el amparo en revisión ********************, correspondiente al recurso de revisión ********************, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. SÉPTIMO. Estudio del restante acto reclamado. Como quedó precisado en esta sentencia, del escrito inicial de demanda de amparo, el quejoso******************** reclama: La omisión de dictar la resolución relativa a la primera junta de herederos en el expediente número ********************, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************. Respecto a la omisión reclamada, el impetrante hizo valer como conceptos de violación los que a continuación se sintetizan: Que se viola el derecho humano a la impartición de justicia pronta e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Afirma que la autoridad responsable infringe lo establecido por los artículos 34 y 90 del Código de Procedimientos Civiles y 2914 del Código Civil, ambos del Estado de Tlaxcala, al no emitir la resolución relativa a la primera junta de herederos y nombramiento de albacea provisional. Considera que como no se ha emitido la indicada resolución, se infringe el mandato de resolver en breve término lo conducente. ********************Resultan infundados los conceptos de violación expresado por el quejoso, en los que de manera medular aduce violación en su perjuicio del artículo 17 Constitucional, pues considera que la autoridad responsable no ha acatado los plazos y términos previstos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala para resolver la primera junta de herederos y nombramiento de albacea provisional dentro del juicio sucesorio intestamentario ********************. ********************Al respecto, debe ponerse de manifiesto lo siguiente: ********************El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del citado precepto constitucional se desprenden diversos derechos fundamentales, entre el que destaca el relativo al derecho a la tutela jurisdiccional o acceso a la justicia, el cual puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita, -sin obstáculos- a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así, tal derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, traducida en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 171257 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 192/2007 Página: 209 "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De ahí que, si dicho derecho fundamental está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que aquéllas que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran, son todas las que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. En el caso a estudio se reclama la omisión en dictar la resolución relativa a la primera junta de herederos y nombramiento de albacea provisional el juicio sucesorio intestamentario a bienes ******************** del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. En ese sentido, cabe señalar que los artículos 86, 87, 90, 1197, 1198, 1199 y 1200 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, disponen: "Artículo 86.- Las resoluciones judiciales son autos y sentencias. "Artículo 87.- Las sentencias son definitivas o interlocutorias. Definitivas son las que resuelven un juicio en lo principal. Interlocutorias las que deciden un incidente. "Artículo 90.- Los autos deben dictarse dentro de tres días contados desde que la Secretaría dé cuenta con la promoción; las sentencias interlocutorias dentro de ocho días y las definitivas dentro de quince, salvo en los casos en los que la ley fije otros términos. "Artículo 1197.- En la misma denuncia o promoción, se expresará, si el autor de la herencia dejó cónyuge, descendientes, ascendientes o colaterales dentro del quinto grado. Artículo 1198.- El Juez citará a los presuntos herederos que aparecieren de la denuncia o a sus representantes legítimos, para una junta, para la que también citará al Ministerio Público "Artículo 1199.- Si los presuntos herederos residen en el lugar del juicio, la junta se verificará dentro de los ocho días que sigan a la fecha del auto; si residen fuera, el Juez señalará un término prudente, atendidas las distancias. "Artículo 1200.- Si en la junta a que se refiere el artículo anterior, acreditaren debidamente los presuntos herederos su derecho hereditario, el Juez los declarará herederos en la forma y porciones a que tuvieren derecho, y se procederá al nombramiento de un albacea provisional, conforme a los artículos 2969 a 2976 del Código civil, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 1208." De los preceptos transcritos se advierte que dentro del procedimiento para tramitar el juicio sucesorio intestamentario a bienes, se deberá citar a los presuntos herederos que aparezcan en la denuncia, ello a fin de celebrar una junta a efecto de que acrediten su derecho hereditario. Una vez celebrada dicha junta, deberá emitirse una resolución en la que el juez haga la declaratoria de herederos y nombre a un albacea provisional. Además, debe señalarse que la codificación procesal civil establece que las resoluciones judiciales son: autos y sentencias. Las segundas se dividen a su vez en definitivas e interlocutorias, dependiendo si resuelven el fondo del asunto o un incidente, mismas que se deben dictar en el término de quince y ocho días, respectivamente, a la citación. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable como justificación a su informe, se advierte que dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes ********************, el doce de mayo de dos mil veintitrés, la juez de origen ordenó traer los autos a la vista para emitir la resolución relativa a la primera junta de herederos y nombramiento de albacea provisional; sin embargo, por auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés determinó que los autos no guardaban estado para resolución. Ello, porque se estableció que en el juicio sucesorio intestamentario de que se trata, obra el acta de defunción de ********************, en la que aparece como cónyuge ********************, quien no fue llamada al procedimiento; además, se precisó que no fue exhibida el acta de nacimiento del antes nombrado. Por esas razones, la juez de origen requirió al denunciante******************** - aquí quejoso - para que proporcionara el domicilio de ******************** y para que exhibiera copia certificada del indicado documento del finado. Atento a las consideraciones anteriores y a la etapa en la que se encuentra el procedimiento de donde deriva el acto, si bien es cierto que el doce de mayo de dos mil veintitrés se ordenó tener a la vista los autos para resolver la primera junta de herederos y nombramiento de albacea provisional, no menos lo es que con posterioridad - diecinueve de junio de dos mil veintitrés - se requirió al denunciante******************** en los indicados términos; por ende, no existe violación al contenido del artículo 17 Constitucional, toda vez que hay un impedimento legal para que se pueda continuar con el procedimiento en sus etapas. Consecuentemente, el quejoso debe esperar a que el expediente ******************** guarde estado para resolución, de lo contrario se contravendrían las reglas a las que se sujeta el proceso. Máxime si se considera que en el proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, no se hizo uso de algún medio de apremio para que******************** señalara el domicilio de la cónyuge del autor de la sucesión y para que proporcionara copia certificada de su acta de nacimiento. En este orden de ideas, como el procedimiento de origen no guarda estado para resolución, lo procedente es negar la protección de la justicia federal a la parte quejosa. OCTAVO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. NOVENO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención, pueden obtenerlas del expediente electrónico, si cuentan con usuario, y tienen ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. ********************Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por********************, atento a lo expuesto en los considerandos quinto y sexto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a********************, conforme a lo razonado en el considerando séptimo de esta resolución. TERCERO. Captúrese esta resolución, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. QUINTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese por lista al quejoso y tercera interesada; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable y a la que le reviste el carácter de tercera interesada. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el día de hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con cuarenta minutos del ocho de septiembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 840/2023, promovido por********************, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin su asistencia. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran: 1.- la demanda de amparo presentada por********************; 2.- auto admisorio de diecinueve de junio de dos mil veintitrés; 3.- informe justificado rendido por la autoridad responsable, Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; 4.- escrito del quejoso********************, por el cual amplió su demanda de amparo; 5.- acuerdo de veinte de julio de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por ampliada la demanda de amparo y 6.- informe justificado rendido por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, respecto a la ampliación de la demanda. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que los terceros interesados********************y el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc que interviene en el juicio sucesorio intestamentario ********************, se encuentran debidamente emplazados. En relación con lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómense en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por la autoridad responsable y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a los terceros interesados. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la autoridad responsable, Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, adjuntó a su informe justificado copia certificada del acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dentro del expediente ******************** relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ******************** denunciado por******************** (aquí quejoso). Asimismo, remitió copia certificada de todo lo actuado dentro del referido expediente. Por su parte, el quejoso******************** ofreció como prueba la documental consistente en los escritos y notas taquigráficas contenidos en la libreta de registro con la que asignan expedientes pares que guardan estado para proyecto de resolución turnados al proyectista adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, las cuales solicitó fueran remitidas a este Juzgado de Distrito por la autoridad responsable. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas únicamente las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, respecto a la prueba documental ofrecida por el quejoso, debe decirse que en acuerdo de veinte de julio de dos mil veintitrés se determinó que se proveería lo conducente respecto a su idoneidad una vez que se contara con el informe justificado rendido por la responsable. En el caso, el impetrante reclama el retardo y omisión de dictar resolución relativa a la primera junta de herederos en el juicio sucesorio intestamentario a bienes ********************, así como el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se determinó que los autos no guardaban estado para resolver y se formularon diversos requerimientos al denunciante de la sucesión - aquí quejoso -. En ese sentido, se precisa que el objeto de la probanza ofrecida por el impetrante es demostrar que el expediente de origen ya había sido turnado para dictar la resolución interlocutoria de la primera junta de herederos. En tal virtud, la suscrita juzgadora estima innecesario recabar dicha probanza y, por ende, procede su desechamiento, toda vez que de acuerdo a las constancias que integran el juicio sucesorio de donde emana el acto reclamado, se advierte acreditado dicho extremo, esto porque obra el auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, emitido por la autoridad responsable, en el que ordenó traer los autos a la vista para resolver lo que en derecho correspondiera respecto a la primera junta de herederos y nombramiento de albacea provisional, aunado a que en resolución de diecinueve de junio del año en curso se determinó que el expediente no guardaba estado para resolver, de donde se demuestra que los autos ya habían sido turnados para emitir la resolución correspondiente. Por tanto, el extremo que pretende acreditar el oferente con la prueba que refiere, ya se encuentra acreditado con el contenido de dichos autos, pues de ellos se acredita que el juez responsable en un principio estimó que el expediente de origen ya guardaba estado para emitir resolución y posteriormente consideró lo contrario y formuló diversos requerimientos al denunciante de la sucesión; de ahí que no resulte procedente la admisión de la prueba ofrecida por el quejoso, al resultar sobreabundante en un aspecto que ya aparece probado. Con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario da cuenta con los formulados por el autorizado del quejoso en escritos con registros 13644 y 16113 y se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló pedimento. Atento a ello, la Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos de la parte quejosa y se tiene por realizada la certificación en el sentido de que el fiscal federal adscrito no presentó pedimento. En tal virtud, se concluye esta audiencia, de la que se levanta acta para constancia, firmando al calce los que en ella intervinieron y enseguida procédase a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. __________________________________________________ Juez Karina Juárez Benavides. El Secretario de Juzgado _________________________________________ Aldo Christian Gallegos Ortiz
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