Eugenio Martínez Hernández
Expediente 204/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eugenio Martínez Hernández
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diez de septiembre de dos mil veintiuno Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Eugenio Martínez Hernández, interpusiera recurso de queja en contra del acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia Archivo del expediente Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto que se tuvo por no presentada la demanda por lo que se dio por concluido sin decidir en lo principal, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso B, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la diligencia que antecede, de la que se advierte que el quejoso Eugenio Martínez Hernández, manifestó expresamente que no ratificaba la demanda de amparo promovida a su favor; en consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la misma, quedando sin efectos las providencias ahí decretadas. Por otra parte, glósense para que surtan sus efectos legales a que haya lugar, los informes relativos a la suspensión de plano que rinden el Comisario de Seguridad Pública Municipal, Director Operativo de Seguridad Pública y Comandante del Segundo Turno de la Comisaría de Seguridad Pública, del Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, por el que en cumplimiento a la suspensión concedida al quejoso, informan ya fue puesto en libertad después de haber pagado una multa. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de Rodrigo Cuervo Rosales, quien promovió la demanda a favor del directo quejoso Eugenio Martínez Hernández, por el que, bajo protesta de decir verdad, informa que éste ya se encuentra en libertad, por lo que han cesado los efectos de los actos reclamados, solicitando que no se dé trámite a la demanda de amparo. En su atención, y tomando en cuenta lo asentado en la razón actuarial que antecede, en la que se hace constar que Eugenio Martínez Hernández, el día de ayer a las doce horas con cincuenta minutos fue puesto en libertad, motivo por el cual la fedataria no estuvo en posibilidad de notificarle el acuerdo dictado el veintidós del actual, para que manifestara en ese acto, o dentro del término de tres días, si ratificaba o no la demanda de amparo promovida a su favor. En consecuencia, requiérase al promovente Rodrigo Cuervo Rosales, para que presente al directo quejoso, en este Juzgado de Distrito debidamente identificado con documento oficial con fotografía y vigente, a las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DEL ACTUAL, con la finalidad de que ratifique el contenido y la firma que calza el escrito presentado el veintidós de este mes, en el que indica que ya goza de su libertad personal y que por lo tanto no es su deseo continuar con el trámite de la demanda presentada a su favor; lo anterior, a efecto de acordar lo que en derecho proceda. Recábense los códigos QR correspondientes, para que el promovente del amparo y el directo quejoso estén en aptitud de ingresar en la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la diligencia correspondiente, los que se deberán entregar al momento de la diligencia de notificación. Con apercibimiento que de no presentar al directo quejoso, se impondrá al promovente Rodrigo Cuervo Rosales, una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación el numeral 238 de esa legislación. Con apercibimiento que no presentarse el directo quejoso en la fecha y hora señaladas, se entenderá que no es su deseo ratificar la demanda y, por ende, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 15, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a Rodrigo Cuervo Rosales y Eugenio Martínez Hernández. Así lo acordó y firma Mario Alberto Gómez Rétiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz; ante el Secretario que autoriza y da fe Luis Anselmo Félix Rodríguez. LAFR.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Rodrigo Cuervo Rosales, a favor de Eugenio Martínez Hernández, contra actos del Comisario de Seguridad Pública Municipal de Salina Cruz, Oaxaca y otras autoridades, que hace consistir literalmente en lo siguiente: I. Actos reclamados. a) La privación de la libertad personal fuera de procedimiento del quejoso Eugenio Martínez Hernández. b) La incomunicación de la cual está siendo objeto el quejoso Eugenio Martínez Hernández. c) Los actos de tortura del cual está siendo objeto el quejoso Eugenio Martínez Hernández." (sic) ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 204/2021 III-A. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, como en el caso, se trata de un asunto en donde se encuentra involucrada la libertad e integridad física de la persona por la que se promueve a su favor la presente demanda, en suplencia de la queja, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos -que protege el derecho a la integridad personal-, se decreta la suspensión de oficio y de plano a favor del directo quejoso Eugenio Martínez Hernández, para lo siguientes efectos: ACTOS PROHIBIDOS Que las autoridades responsables determinen el cese inmediato de los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad fuera de procedimiento, malos tratos e incomunicación; asimismo se abstengan de llevar a cabo cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. De igual forma, para que las autoridades responsables no le impidan tener comunicación de manera privada cuantas veces sea necesario con sus abogados, familiares o con quien estime pertinente; y le permitan realizar una llamada telefónica con sus familiares, con su defensa o con quien estime necesario. Ahora bien, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente refiere que dicho quejoso al parecer se encuentra privado de su libertad en los separos de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Salina Cruz, Oaxaca. En consecuencia, se comisiona al actuario para que de manera inmediata, se constituya en el aludido lugar, o en el domicilio de las autoridades responsables conforme a su jurisdicción, o bien, en el lugar en que pudiera encontrarse detenido, en busca del directo quejoso Eugenio Martínez Hernández, y en caso de localizarlo, en el acto de la diligencia, realice lo siguiente: Notifique personalmente a éste el presente auto, además, para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días, le requiera para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo en cuestión, así como los autorizados para efectos de notificaciones; hecho lo anterior se proveerá lo que conforme a derecho proceda; apercibido que de no ratificarla dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada, en términos de lo establecido por el artículo 15 de la Ley de Amparo, y se dejarán sin efectos las providencias que se hubieren dictado. ( Dar fe del estado físico en el que se encuentre el quejoso. ( Analizar el libro de registro de entrada, para verificar cuándo ingresó la persona buscada al lugar donde se le ubicó y en específico, el momento exacto de su arribo y de ser posible, los motivos o fundamentos de ingreso a dicho establecimiento y a cargo de qué autoridad se encuentra a disposición en cuanto a su libertad personal. ( Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Asimismo, notifique esta determinación al promovente del amparo Rodrigo Cuervo Rosales, en calle Francisco I. Madero, sin número visible, Colonia Lomas de Galindo en esta ciudad, en el despacho jurídico HR&V. DETENCIÓN POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DISTINTAS AL MINISTERIO PÚBLICO. a) Si la detención del directo quejoso fue efectuada por las autoridades administrativas señaladas como responsables, distinta del Ministerio Público, se concede la suspensión para el efecto de que éste sea puesto en libertad, salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional, casos en que la medida cautelar se concede para el efecto de que el directo quejoso quede a disposición de este juzgado por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público para que éste determine sobre su libertad si procediese o su detención dentro del plazo y en los términos que el párrafo noveno de dicho numeral Constitucional establece, o bien, determine su consignación a la autoridad judicial. DETENCIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. b) Si la detención es por parte del Ministerio Público en uso de las facultades que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional Federal, por tratarse de un caso urgente o en caso de flagrancia regulada por el párrafo cuarto del invocado dispositivo constitucional, la suspensión se concede para que el directo quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar en que se encuentre, y a disposición del Ministerio Público por lo que hace a la continuación del procedimiento penal, sin perjuicio de que el quejoso sea consignado dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas, según sea el caso, contadas a partir de su detención, o bien, ordene su libertad si procediere; si no se trata de flagrancia o urgencia el accionante constitucional, deberá quedar en inmediata libertad sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación; lo anterior, con fundamento en el párrafo noveno del multicitado numeral. Si la detención obedece a una orden judicial, la suspensión será para el efecto de que se ponga al quejoso de inmediato a disposición del juez correspondiente; en este caso, las autoridades responsables deberán indicar en su informe la fecha y hora de la detención y de la puesta a disposición ante la autoridad judicial. SOLICITUD DE INFORME RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas informen a este juzgado, la forma y términos en que dieron cumplimiento a esta suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo; apercibidas que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se les impondrá una medida de corrección disciplinaria consistente en una multa de cien Unidades de Medida y Actualización a que se refieren los artículos segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como en términos de lo dispuesto en el artículo 238, de la ley de la materia; apercibidas también que de no acatar lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del diverso 262, fracción lll, de esa legislación. En la inteligencia de que dadas las referidas medidas de contingencia sanitaria en los órganos jurisdiccionales de la Federación, dichos informes deberán ser enviado únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de optar por la vía ordinaria, a menos que lo que vayan a adjuntar se trate de constancias integradas en legajos voluminosos, autos originales o de un disco versátil digital; lo anterior a efecto de evitar duplicidad en las actuaciones judiciales correspondientes, así como la generación de proveídos innecesarios o redundantes. Ello, a efecto de resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. Comuníquese de inmediato esta determinación a las autoridades responsables, a fin de que den pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Asimismo, se les hace saber que el presente mandamiento judicial se dirige a tales dependencias en sí misma, por lo que tiene el alcance para todos los grupos o unidades que las conformen. Al respecto, es aplicable la tesis VI. 1o.A. 19 K, con registro 179731 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que establece: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." En consecuencia, las autoridades responsables deberán informar dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas el cumplimiento dado a esta suspensión de plano, apercibidas que de no acatar lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262, fracción lll, de la Ley de Amparo. SOLICITUD DE CORREO INSTITUCIONAL Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARSCOV2 (Covid-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil veinte, en caso que la entrega de las misivas se haga en el domicilio de la autoridad el actuario designado en el acto de la diligencia, deberá solicitar el correo institucional de cada responsable emplazada para que las subsecuentes notificaciones se realicen por ese medio y no se propicie el riesgo de contagio por el referido virus; ello, de conformidad a lo previsto en el numeral 28, fracción III de la Ley de Amparo. En el entendido que si el envío del oficio que se expida de este proveído, se haga vía mensajería acelerada "Estafeta", se constriñe a dicha responsable para que proporcione el referido correo institucional para dar cumplimiento a lo antes mencionado. APERCIBIMIENTO Se ordena a las autoridades responsables antes descritas, así como a las personas subordinadas a éstas, para que permitan al actuario judicial correspondiente el acceso a sus instalaciones, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Se hace la indicación a las autoridades responsables, que en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios correspondientes a este proveído dirigidos a su Oficialía, independientemente del turno al que se encuentre. Apercibidas que de no acatar la presente disposición, se dará vista inmediatamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que proceda conforme a sus atribuciones, pues dicha conducta constituye propiamente un delito contra la administración de justicia en términos del artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y únicamente como autorizadas para tales efectos a Nayieli Herrera Avalos y Shunachi Vásquez Aguilar, por no tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD. Con fundamento en los artículos 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables, previa vista que para conocimiento de tal eventualidad sea otorgada personalmente, sin contestación alguna, tendrá como efecto declarar su inexistencia, dejándola de tener con tal carácter, así como cesará toda comunicación con ellas, continuando con el trámite del juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega del oficio correspondiente a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente; sin ulterior acuerdo, previa razón que se levante de imposibilidad para debida constancia, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al Secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Por último, glósese el escrito aparentemente firmado por el directo quejoso Eugenio Martínez Hernández, por propio derecho, por el que, bajo protesta de decir verdad, hace del conocimiento que ya se encuentra en libertad y por ello han cesado los efectos del acto reclamado a las autoridades responsables, solicitando que ya no se le dé el trámite al juicio de amparo; en su atención, se reserva acordar lo que en derecho proceda, una vez que el actuario de la adscripción lleve a cabo la diligencia ordenada y en su caso transcurra el plazo de tres días que se le otorgó para que ratifique o no la demanda promovida a su favor. Ante lo anterior, de la misma manera requiérase al promovente Rodrigo Cuervo Rosales, para que en el plazo de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga. Notifíquese personalmente al quejoso y al promovente del amparo.
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