Eugenio Lozano García

Expediente 629/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
629/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Eugenio Lozano García
  • Juez Decimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión en su contra, el cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, quien por ejecutoria dictada en el amparo en revisión 18/2022 de su estadística, revocó la sentencia recurrida, para en su lugar conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Eugenio Lozano García, para los efectos siguientes: ".que el juez responsable: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada; 2. En su lugar dicte otra, en la que, siguiendo los lineamientos precisados en esta ejecutoria, determine procedente el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso, contra la pensión provisional decretada en el auto de inicio a favor del hoy tercero interesado, y con libertad de jurisdicción, fije el nuevo monto de la pensión alimenticia que debe corresponder al referido acreedor, el que deberá ser menor al fijado en la resolución que constituye el acto reclamado." En esas condiciones, mediante auto de veintidós de septiembre del año en curso, se requirió su cumplimiento al 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en auto de veintisiete de septiembre actual se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así toda vez, que obra en autos el oficio 6267 de fecha veintiséis de septiembre de la presente anualidad, signado por el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; al cual anexó copia certificada de la resolución de la misma data, de la que se advierte, que dejó insubsistente la resolución de fecha doce de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 186/2021-III de su estadística y, al resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, el juez responsable declaró procedente la reclamación planteada por el demandado (aquí quejoso) Eugenio Lozano García, reduciendo la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, del diecisiete punto cinco por ciento al DIEZ POR CIENTO del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado de su fuente de empleo; lo anterior bajo las siguientes consideraciones: En primer lugar, el juez señaló que tuvo por reproducidas las manifestaciones realizadas por el demandado en su escrito de reclamación, con el cual dio vista a la parte contraria sin que dicha parte haya dado contestación alguna al mismo. Acto seguido, realizó una relación de las pruebas ofrecidas por el reclamante, documentales que valor en términos de los artículos 210, 235, fracciones II y III, 261, Fracción II, 265 y 333 del Código Procesal Civil. Posteriormente, señaló que conforme a los dispuesto por el artículo 210 del citado código procesal, el juzgador debe resolver la reclamación planteada, tomando en cuenta únicamente los documentos y pruebas que obren hasta ese momento, es decir, no se deben acreditar de manera fehaciente los hechos, dada la materia del recurso y la prontitud con que se ordena resolver; sin embargo existe la obligación del reclamante de probar de manera indiciaria o presuntiva, con documentos idóneos, todas sus afirmaciones, y que estas sean eficaces para tal efecto. Por tanto, para que dicho recurso proceda, el inconforme debe acreditar de manera indiciaria o presuntiva, que lo que le resta sea insuficiente para solventar sus propias necesidades; o que la medida decretada de manera inicial es desproporcionada o excesiva. Luego entonces, el juez responsable determinó que resultaba procedente la reclamación, y que el material probatorio que obra en autos, resultaba suficiente para reducir la medida provisional decretada, toda vez del mismo se tiene que el reclamante cuenta con otra pensión alimenticia que fuera decretada a favor de Margarita Rodríguez Uriza, a razón del cincuenta y dos punto cinco por ciento; por lo que es evidente que se ve disminuida la capacidad económica del reclamante; por lo que si tiene un descuento del cincuenta y dos punto cinco por ciento, que sumado al diecisiete punto cinco por ciento del presente juicio, nos da un total de setenta por ciento; restándole al reclamante un treinta por ciento de su sueldo y demás prestaciones. Así mismo señaló, que el demandado debe guardar para sí un porcentaje suficiente de sus ingresos para satisfacer sus propias necesidades, las que evidentemente son mayores a las de sus acreedores, tomando en cuenta que él es el generador de los alimentos; el alto costo de la vida, que por ser hecho notorio no requiere ser probado en términos del artículo 232 párrafo segundo del Código Procesal Civil local, así como atendiendo al principio de proporcionalidad señalado en el diverso 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz. Por tanto, con fundamento en el 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado y en el diverso 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, redujo la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno; del diecisiete punto cinco por ciento al DIEZ POR CIENTO del sueldo y demás prestaciones que percibe Eugenio Lozano García, de su fuente de empleo; esto sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia definitiva. En tales condiciones, se advierte que la ejecutoria de amparo está cumplida en su totalidad, toda vez que el juez responsable dejó insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar dictó otra, en la que siguiendo los lineamientos aquí dictados, determinó procedente el recurso de reclamación interpuesto por el quejoso, contra la pensión provisional decretada en el auto de inicio a favor del aquí tercero interesado, y fijó un nuevo monto de la pensión alimenticia que deberá corresponderle, el cual es menor al anteriormente fijado. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con ésta fecha se notifica a la parte tercero interesada, el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, que dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión en su contra, el cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, quien por ejecutoria dictada en el amparo en revisión 18/2022 de su estadística, revocó la sentencia recurrida, para en su lugar conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Eugenio Lozano García, para los efectos siguientes: ".que el juez responsable: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada; 2. En su lugar dicte otra, en la que, siguiendo los lineamientos precisados en esta ejecutoria, determine procedente el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso, contra la pensión provisional decretada en el auto de inicio a favor del hoy tercero interesado, y con libertad de jurisdicción, fije el nuevo monto de la pensión alimenticia que debe corresponder al referido acreedor, el que deberá ser menor al fijado en la resolución que constituye el acto reclamado." En esas condiciones, mediante auto de veintidós de septiembre del año en curso, se requirió su cumplimiento al 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en auto de veintisiete de septiembre actual se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así toda vez, que obra en autos el oficio 6267 de fecha veintiséis de septiembre de la presente anualidad, signado por el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; al cual anexó copia certificada de la resolución de la misma data, de la que se advierte, que dejó insubsistente la resolución de fecha doce de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 186/2021-III de su estadística y, al resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, el juez responsable declaró procedente la reclamación planteada por el demandado (aquí quejoso) Eugenio Lozano García, reduciendo la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, del diecisiete punto cinco por ciento al DIEZ POR CIENTO del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado de su fuente de empleo; lo anterior bajo las siguientes consideraciones: En primer lugar, el juez señaló que tuvo por reproducidas las manifestaciones realizadas por el demandado en su escrito de reclamación, con el cual dio vista a la parte contraria sin que dicha parte haya dado contestación alguna al mismo. Acto seguido, realizó una relación de las pruebas ofrecidas por el reclamante, documentales que valor en términos de los artículos 210, 235, fracciones II y III, 261, Fracción II, 265 y 333 del Código Procesal Civil. Posteriormente, señaló que conforme a los dispuesto por el artículo 210 del citado código procesal, el juzgador debe resolver la reclamación planteada, tomando en cuenta únicamente los documentos y pruebas que obren hasta ese momento, es decir, no se deben acreditar de manera fehaciente los hechos, dada la materia del recurso y la prontitud con que se ordena resolver; sin embargo existe la obligación del reclamante de probar de manera indiciaria o presuntiva, con documentos idóneos, todas sus afirmaciones, y que estas sean eficaces para tal efecto. Por tanto, para que dicho recurso proceda, el inconforme debe acreditar de manera indiciaria o presuntiva, que lo que le resta sea insuficiente para solventar sus propias necesidades; o que la medida decretada de manera inicial es desproporcionada o excesiva. Luego entonces, el juez responsable determinó que resultaba procedente la reclamación, y que el material probatorio que obra en autos, resultaba suficiente para reducir la medida provisional decretada, toda vez del mismo se tiene que el reclamante cuenta con otra pensión alimenticia que fuera decretada a favor de Margarita Rodríguez Uriza, a razón del cincuenta y dos punto cinco por ciento; por lo que es evidente que se ve disminuida la capacidad económica del reclamante; por lo que si tiene un descuento del cincuenta y dos punto cinco por ciento, que sumado al diecisiete punto cinco por ciento del presente juicio, nos da un total de setenta por ciento; restándole al reclamante un treinta por ciento de su sueldo y demás prestaciones. Así mismo señaló, que el demandado debe guardar para sí un porcentaje suficiente de sus ingresos para satisfacer sus propias necesidades, las que evidentemente son mayores a las de sus acreedores, tomando en cuenta que él es el generador de los alimentos; el alto costo de la vida, que por ser hecho notorio no requiere ser probado en términos del artículo 232 párrafo segundo del Código Procesal Civil local, así como atendiendo al principio de proporcionalidad señalado en el diverso 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz. Por tanto, con fundamento en el 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado y en el diverso 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, redujo la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno; del diecisiete punto cinco por ciento al DIEZ POR CIENTO del sueldo y demás prestaciones que percibe Eugenio Lozano García, de su fuente de empleo; esto sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia definitiva. En tales condiciones, se advierte que la ejecutoria de amparo está cumplida en su totalidad, toda vez que el juez responsable dejó insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar dictó otra, en la que siguiendo los lineamientos aquí dictados, determinó procedente el recurso de reclamación interpuesto por el quejoso, contra la pensión provisional decretada en el auto de inicio a favor del aquí tercero interesado, y fijó un nuevo monto de la pensión alimenticia que deberá corresponderle, el cual es menor al anteriormente fijado. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, primero de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio recibido vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por el Actuario Adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase a la Superioridad informando que admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, el cual fue radicado con el número 18/2022; por tanto, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado; esto es, obran en autos las notificaciones a las partes de la sentencia dictada en el presente asunto, así como del recurso de revisión interpuesto. En esas condiciones, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se ordena remitir el presente juicio, así como el original y duplicado del escrito de agravios, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, a fin de que turne estos autos al Tribunal que corresponda, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos. Notifíquese en términos de ley.

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