Eugenio Arrif Cabrera Pech

Expediente 1167/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1167/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
14/04/2021

Partes del expediente

  • Eugenio Arrif Cabrera Pech
  • Director General del Hospital General Regional No. 12 del Imss Lic. Benito Juarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veintitrés de marzo del presente año, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracciones a) y b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por analogía de razón, se indica que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, ya que se concedió la suspensión de oficio y de plano; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación en los Libros de Gobierno. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo número 1167/2020-V-B, promovido por ***, contra los actos que reclama del Director del Hospital General Regional Número 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, ***solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Director y Director General, ambos del Hospital General Regional Número 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán y con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda y suspensión de plano. Por acuerdo dictado en esa propia fecha (veinticinco de noviembre de dos mil veinte), en atención a la naturaleza de los actos reclamados, se decretó la suspensión de oficio y de plano instada por el quejoso; se admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 1167/2020-V-B. Se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales. CUARTO. Reanudación de términos. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en la Circular CAP/3/2020 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se reanudaron los términos en el presente procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Autoridad por no designada. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno se dejó de tener como autoridad responsable al Director General del Hospital General Regional Número 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el mismo. SEXTO. Prevención para ampliar demanda. Mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, atendiendo a lo informado por el Director del Hospital General responsable, respecto a la omisión del dictamen de invalidez que reclama el quejoso, la cual dijo es expedida por el médico adscrito al servicio de salud en el trabajo de las unidades de medicina familiar de su adscripción, se previno a la parte quejosa para que manifestara si también lo señalaba como autoridad responsable. Bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolvería el asunto únicamente por cuanto a las autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda; siendo que el cuatro de marzo pasado, debido a que la parte quejosa no realizó manifestación alguna, se hizo efectivo el apercibimiento efectuado el ocho de febrero anterior. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de ordenar se le practique y otorgue el tratamiento denominado como Terapia VAC (Vacuum Assited Closure), para la atención de las lesiones externas que lo ponen en grave estado de salud; subrogando dicho tratamiento ya sea en una institución de salud pública y/o privada; y, La omisión de entregarle el dictamen de invalidez debido a la pérdida de extremidad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Director del Hospital General Regional Número 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, con sede en esta ciudad, pues no obstante que al rendir su informe justificado, negó su existencia, hace manifestaciones que evidencian la existencia de las omisiones que se le reclaman; lo que se corrobora con las constancias que acompañó al mismo. Cobra aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-Julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, en el caso, respecto del acto reclamado marcado como 1, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita obedece a la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que aun cuando subsiste, ya no está surtiendo sus efectos y que, por consecuencia, haría ociosa la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora, para establecer la naturaleza de la causa de improcedencia en comento conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido conculcadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio, que condicionan la misma a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio constitucional que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la cual el legislador tomó en consideración que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el mencionado acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesora. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación de la que emanaba la prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. Los razonamientos antes expuestos se encuentran plasmados en la jurisprudencia 2ª./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la página 189 del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En el caso, el impetrante del amparo acudió a esta instancia doliéndose de la omisión de ordenar se le practique y otorgue el tratamiento denominado como Terapia VAC (Vacuum Assited Closure), para la atención de las lesiones externas que lo ponen en grave estado de salud; subrogando dicho tratamiento ya sea en una institución de salud pública y/o privada. Luego, de las constancias remitidas por el Director responsable, documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el día ocho de noviembre de dos mil veinte, el aquí quejoso Eugenio Arrif Cabrera Pech, fue referido de su Unidad de Medicina familiar con un diagnóstico de hipoglucemia, siendo que el nueve de noviembre fue valorado por cirugía general y se solicitó su pase a piso para manejo médico por parte de su cirugía de escara sacra, muñón dehisciente de amputación supracondilea con fibrina y fascia integra. Por lo que, el día diez de noviembre siguiente fue ingresado al piso de cirugía general, proporcionando la atención médica necesaria a fin de realizar el tratamiento correspondiente. Es el caso, que dicho tratamiento se dio por finalizado el diez de diciembre de dos mil veinte, en atención al alta de la unidad voluntaria del quejoso y un familiar. Según se advierte del resumen médico de dieciocho de diciembre de dos mil veinte emitido por la Jefatura de Cirugía del Hospital General Regional Número 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, así como de las constancias emitidas durante el ingreso del paciente. Por tanto, si la procedencia del juicio de amparo se condiciona, como se puntualizó en párrafos precedentes, a la circunstancia de que la sentencia concesora que en su caso se llegare a dictar pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Es inconcuso, en las condiciones apuntadas, que aun cuando la omisión de ordenar se le practique y otorgue el tratamiento denominado como Terapia VAC, en efecto subsiste, pues la autoridad responsable no emitió dicha orden de tratamiento; por no considerarlo necesario, en razón de que dijo no requería el citado tratamiento, otorgándole el que estimo adecuado, sin que ello se haya controvertido, -y siendo materia del fondo del asunto, al que no se entra al estudio con motivo de la causa de improcedencia advertida de oficio-; lo cierto es, que el objeto o materia de la misma ha dejado de existir, ya que el propio quejoso, el diez de diciembre de dos mil veinte, voluntariamente se dio de alta, -sin que hubiere hecho manifestación alguna ante este órgano judicial de inconformidad-, con lo que finalizó la atención médica que se le estaba brindando. En ese sentido, ningún efecto jurídico tendría el fallo protector que llegare a emitirse, pues no podría cumplir su finalidad, dado que resulta inconcuso que el objeto o materia de la omisión que por esta vía constitucional reclamó la parte quejosa desapareció del mundo jurídico, aun cuando de hecho subsista, pues a pesar de que se analizara la constitucionalidad de dicho acto reclamado; lo cierto es, que de considerarse que éste es contrario a derecho, de cualquier forma la concesión del amparo no podría materializarse, ya que el objeto del amparo era que la autoridad responsable emitiera la orden de realizar al quejoso el tratamiento denominado como Terapia VAC (Vacuum Assited Closure), empero, con su alta voluntaria abdicó a la atención y tratamiento brindado por la responsable, y al ser así, volvió estéril la concesión del amparo, que en su caso se hubiese decretado de considerarse violados sus derechos fundamentales. Es por ello, que se advierte que se actualiza la referida causal de improcedencia, prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que reclama la parte quejosa, aun cuando subsiste, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Lo que trae como consecuencia el sobreseimiento del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Actualización de diversa causal de improcedencia. Respecto del acto reclamado marcado como 2, se estima que se actualiza una diversa causal de improcedencia. Esto es, de oficio, se advierte que respecto a la omisión de entregarle el dictamen de invalidez debido a la pérdida de extremidad que reclama el quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. (.)" De los anteriores numerales se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso no señala a la autoridad responsable emisora del acto reclamado, pues no sería posible examinar la constitucionalidad de éste, cuando dicha autoridad no fue llamada a juicio. En el caso, como ya se expuso previamente, mediante acuerdo dictado el ocho de febrero de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso para que manifestara si señalaba como autoridad responsable al médico adscrito al servicio de salud en el trabajo de las unidades de medicina familiar de su adscripción; dado que dicha autoridad, según información que proporcionó el Director del Hospital General Regional Número 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, con sede en esta ciudad, es quien expide dicha licencia de invalidez. Sin embargo, el quejoso no controvirtió lo manifestado por el Director del Hospital General Regional Número 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, ni realizó manifestación alguna al respecto dentro del término concedido, por lo que en auto de cuatro de marzo del presente año, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en ese auto, y en consecuencia, el presente asunto se resuelve teniendo como autoridad responsable únicamente a la señalada en el escrito inicial de demanda. Por tanto, al no haber señalado el quejoso a la autoridad que podría emitir el dictamen de invalidez que alude, a pesar de habérsele apercibido para ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo Y, por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con en el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia, pues al no haberse llamado a juicio al médico adscrito al servicio de salud en el trabajo de las unidades de medicina familiar de su adscripción, no es jurídicamente posible analizar la constitucionalidad de su actuación. Encuentra apoyo la anterior consideración, la Jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995; página 468, que señala: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal. " Así como la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo IX, Enero de 1999; Pág. 113, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Finalmente, se precisa que tal sobreseimiento impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda, sin que ello genere agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 58 del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993, Materia Común, página 57 y registro 214593, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ***en contra del acto reclamado marcado como 1; por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por *** en contra del acto reclamado marcado como 2; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que la parte quejosa no hizo manifestación alguna con relación a la prevención efectuada en auto de ocho de febrero del año en curso, a efecto de que dentro del término de quince días computados legalmente, ampliara su demanda manifestando si también señala como autoridad responsable al médico adscrito al servicio de salud en el trabajo de las Unidades de Medicina Familiar de su adscripción con sede en esta ciudad. Por tanto, haciendo efectivo el apercibimiento efectuado en el referido proveído de ocho de febrero del año en curso, téngase como autoridades responsables en el presente asunto, únicamente a las que señaló en su escrito inicial de demanda; esto es, Director General y Director, ambos del Hospital General Número 12 del Instituto Mexicano de Seguridad Social, Lic. Benito Juárez. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: toda vez que por proveído de doce de enero del año en curso se tuvo por rendido el informe justificado rendido por la Directora del Hospital General Regional Número 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual manifestó que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de entregarle el dictamen de invalidez debido a la pérdida de extremidad, es facultad de los médicos adscritos a los servicios de salud en el trabajo de las Unidades de Medicina Familiar de la adscripción de la aquí quejosa, autoridad no señalada como responsable en el presente asunto, y no así de la Directora oficiante. Por lo tanto, para estar en aptitud de resolver lo que legalmente corresponda en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del improrrogable término de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, amplíe su demanda en los siguientes términos: - Manifieste si también señala como autoridad responsable al médico adscrito al servicio de salud en el trabajo de las Unidades de Medicina Familiar de su adscripción, con sede en esta ciudad; y en caso afirmativo, deberá exhibir una copia más de su escrito inicial de demanda, para correrle traslado a todas las partes. En la inteligencia de que deberá proporcionar el nombre completo del médico adscrito y de la Unidad de Medicina Familiar a la que se encuentra adscrito, así como si ya realizó la solicitud del dictamen de invalidez ante su Unidad de Medicina Familiar, y en su caso, adjunte copia de la referida solicitud a su escrito de ampliación de demanda. Hágase de su conocimiento que deberá exhibir tres copias de su escrito de ampliación de demanda, para correrle traslado a las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la ley de la materia, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: una para la autoridad responsable y otra para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal; y en su caso, una más para el médico adscrito al servicio de salud en el trabajo de las Unidades de Medicina Familiar de su adscripción. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con los requerimientos hecho con anterioridad, dentro del plazo otorgado, se tendrá únicamente como autoridad responsable, la que señaló en su escrito inicial de demanda. Cobra aplicación, por analogía de razón, la Jurisprudencia materia común, número 2a./J.112/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, visible en la página 93, con número de registro 182617, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada". En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las once horas con nueve minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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