Eugenio Antonio Martínez Gallegos

Expediente 2195/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2195/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/01/2022

Partes del expediente

  • Eugenio Antonio Martínez Gallegos

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintisiete de enero de dos mil veintidós.I. Colegiado confirma.Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio y anexos remitidos por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al cual adjuntó el juicio de amparo 345/2019, del índice de este Juzgado y testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión virtual ordinaria de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en el expediente auxiliar 470/2021, de su índice, relativo a la revisión principal 101/2020, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en la cual confirmó la resolución que sobreseyó en el juicio de amparo; acúsese el recibo de estilo respectivo.En cuanto al cuaderno de antecedentes.Se ordena glosar a las actuaciones del principal, el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión promovido en autos.Orden de archivo.Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción.En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa.Información reservada.Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.Acuerdo en incidente.Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar.Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno en original, que devolver a las partes.Devolución de constancias.Al resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas por la autoridad responsable Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, con su informe justificado en auto de veintiuno de enero de dos mil veinte, devuélvanse a su lugar de origen.Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    AVISO. Por este medio se notifica a la parte tercera interesada Francisco Javier Obregón Gutiérrez, la resolución de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, que dice: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1405/2021, promovido por --------, por derecho propio, contra los actos que reclama del Juez Décimo Primero en Materia Mercantil del Primer Partido Judicial y del Director del Registro Público de la Propiedad, ambos del Estado de Jalisco; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el seis de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado a este Juzgado el dieciséis siguiente, ------------ solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las siguientes autoridades: Autoridades responsables:Juez Décimo Primero en Materia Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco. Actos reclamados: Medida precautoria de retención del inmueble que refiere, ordenado por el Juez Décimo Primero en Materia Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el juicio oral mercantil expediente ---------- y sus consecuencias. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, a la que le correspondió el número de expediente 1405/2021, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe con justificación y se ordenó dar vista a la representante social de la adscripción, quien no formuló alegatos ministeriales; posteriormente, se reconoció el carácter de terceros interesados a diversas personas, ordenando su emplazamiento a juicio, asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, a la cual se dio inicio en los términos del acta de veintitrés de noviembre del año en curso, la cual se suspendió en virtud de la objeción de documento formulada por el tercero interesado, misma que se reanudó en el acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad a lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como con el diverso 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo1, de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias integrantes del presente sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados consisten, en síntesis, en la retención del inmueble que refiere, ordenado por el Juez Décimo Primero en Materia Mercantil del Primer Partido Judicial, en el expediente ----------- y sus consecuencias. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Décimo Primero en Materia Mercantil del Primer Partido Judicial y del Director del Registro Público de la Propiedad, ambos del Estado de Jalisco, al rendir su informe justificado, confesaron la existencia de los actos reclamados; lo que se corrobora con las copias certificadas del procedimiento natural; constancias con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Incidente de objeción de falsedad. Con relación a la incidencia hecha valer por el tercero interesado respecto de la falsedad del contrato exhibido por el quejoso. Al respecto el artículo 1222 de la Ley de Amparo faculta a la juzgadora para que aprecie la falsedad o autenticidad de los documentos que las partes presenten, con base en las probanzas que las partes ofrezcan; empero, ello sólo se contrae a establecer para efectos exclusivos del juicio constitucional, si los mismos son falsos o auténticos, pero no para determinar en definitiva la existencia o validez del acto que contengan, y menos aún para determinar la comisión de algún delito en su confección. Entonces, debe decirse que el incidente de objeción de documento en un juicio de amparo únicamente tiene por objeto desvirtuar o corroborar la autenticidad de alguna documental ofrecida por las partes, verbigracia, se pueden controvertir alteraciones como adiciones, tachaduras o enmendaduras, la suplantación de la firma de su suscriptor, falsedad de sellos y papel membretado, etcétera. En caso de que alguna irregularidad en el documento objetado fuera probada, el efecto que produce es dejar de conferirle valor probatorio en el juicio y omitir tomar en consideración el acto jurídico que implícitamente conlleva; decisión que sería exclusivamente para los efectos del respectivo juicio de amparo. En el caso, la parte tercera interesada sustenta su objeción en el sentido de que el acto jurídico que contiene la escritura pública ----------, de ---------, pasada ante la fe del notario público titular -- de Zapopan, Jalisco, es un acto simulado, intentando acreditar que la aquí quejosa no cuenta con suficiencia económica para realizar el pago por la compraventa realizada, incluso intentando acreditar que el numerario señalado en el referido testimonio público no fue entregado al vendedor, así como, que el protocolo del fedatario público carece de la firma de una de las partes, sin señalar si es la del vendedor o la de la compradora. Luego, para acreditar dicha objeción, el tercer interesado ofreció las documentales públicas consistentes en lo actuado dentro del presente juicio y las remitidas por la autoridad responsable en conjunto con su informe justificado. Sin embargo, tanto las actuaciones del presente juicio de amparo, como las copias certificadas del juicio de origen, no acreditan por sí mismas que el acto contenido en la citada escritura pública, sea un acto simulado, debido a que la aquí quejosa no cuenta con suficiencia económica para realizar el pago por la compraventa realizada, que el numerario señalado en el referido testimonio público no fue entregado al vendedor, así como, que el protocolo del fedatario público carece de la firma de una de las partes, sin señalar si es la del vendedor o la de la compradora. Lo anterior no significa que lo actuado en el presente juicio o en el natural, carezca de valor probatorio, pues si bien puede considerarse que es una prueba plena, no significa que tenga el alcance y eficacia probatorias para demostrar fehacientemente lo que pretende la tercera interesada. Esto es, a pesar de ser una prueba que tiene valor probatorio pleno, no tiene el alcance para acreditar que el acto jurídico contenido en la escritura pública sea simulado o, que en el protocolo del notario no obra la totalidad de las firmas de las partes contratantes, pues para ello, se debieron ofertar diversos medios de convicción encaminados a probar lo aseverado. Ante las circunstancias expresadas debe concluirse que, al no quedar acreditada la objeción planteada, se declara infundado el incidente respectivo y, en consecuencia, en este juicio de amparo se tienen como auténtica la escritura pública -----------, pasada ante la fe del notario público titular ---- de Zapopan, Jalisco. A lo anterior, resulta aplicable la tesis de rubro y texto siguientes: "Séptima Época Registro: 241948 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 49, Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 33 DOCUMENTOS, OBJECION DE. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido que para que la objeción a los documentos privados dé motivo para negarles valor probatorio, no basta con que una de las partes se limite a decir "objeto el documento", pues como se trata de invalidarlo deben señalarse las causas en que se funde la objeción y demostrarse, para que carezca de eficacia como elemento probatorio al aparecer algún vicio que lo haga inútil para acreditar el hecho a que se refiere, y que si la objeción no se justifica, no puede tenerse por hecha legalmente y el documento conserva el valor probatorio que le corresponda, aunque no haya sido reconocido.". Así las cosas, ya que el tercero interesado------------, actor en esta incidencia no probó los hechos constitutivos de su pretensión, se concluye para los efectos legales conducentes y exclusivamente por lo que a este juicio de amparo atañe, debe considerarse auténtica la escritura pública ------, de --------------, pasada ante la fe del notario público titular -- de Zapopan, Jalisco; sin que lo aquí considerado implique considerar resuelto, de manera definitiva, el cuestionamiento de falsedad planteado por la parte tercera interesada, puesto que, dicha determinación, como se señaló en líneas que anteceden, es con fines declarativos única y exclusivamente para efectos del presente juicio de amparo. Sustenta la anterior conclusión, la tesis visible bajo rubro y texto: "Novena Época Registro: 191448 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: XXI.1o.87 K Página: 1190 DOCUMENTOS. LA OBJECIÓN DE FALSEDAD QUE DE ELLOS SE HAGA EN EL AMPARO, SÓLO AUTORIZA AL JUEZ DE DISTRITO A ESTIMAR SU AUTENTICIDAD PARA FIJAR SU ALCANCE PROBATORIO, SIN QUE SU DECISIÓN DEBA REFLEJARSE EN LOS RESOLUTIVOS DEL FALLO CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo previsto en el artículo 153 de la Ley de Amparo, la objeción de falsedad que se haga a los documentos que presente alguna de las partes, sólo da competencia al Juez de Distrito para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad del documento con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, lo que implica, conforme a una correcta interpretación de dicho numeral, que el órgano de control constitucional sólo está facultado para valorar la autenticidad del documento y determinar su alcance probatorio en el amparo, pero no para hacer una declaración acerca de la falsedad del documento, menos para que esa declaración se refleje en un resolutivo de la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo, pues no debe perderse de vista que de acuerdo con el artículo 77, fracciones II y III, de la propia ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Carta Magna, las sentencias que se dicten en los juicios de garantías se deben concretar a sobreseer en el juicio, a conceder o negar el amparo, según el caso, sin hacer pronunciamiento respecto de la autenticidad de documentos, aunque haya estudio al respecto en los considerandos relativos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.". QUINTO. Cuestiones previas al estudio del fondo. I. Oportunidad de la demanda. La parte quejosa se ostenta sabedora de los actos reclamados el dieciséis de julio de dos mil veintiuno; en tal virtud, el plazo para la presentación del juicio de amparo transcurrió del diecinueve de julio al seis de agosto de dos mil veintiuno; de ahí que, al haberse presentado la demanda el seis de agosto del año en curso, debe estimarse oportuna, pues fue presentada dentro del plazo de quince días establecido en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tomando en consideración que los días veinticuatro y veinticinco de julio y uno y dos de agosto de dos mil veintiuno, fueron inhábiles, por ser sábados y domingos, conforme al numeral 19 de la ley de la materia. II. Causa de sobreseimiento. Examinado el expediente que se tiene a la vista, se inadvierte la aparición de alguna causa de improcedencia que pueda estudiarse de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo; por ello, no se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita; en consecuencia, no existe imposibilidad para analizar la inconstitucionalidad planteada por los quejosos en su demanda de amparo. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. I. Fijación de la litis3. En principio, es menester señalar que la litis en el presente juicio, se centra en determinar si la quejosa acreditó su interés jurídico respecto del inmueble embargado en el juicio de origen. II. Antecedentes y fundamentos de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es menester realizar una breve relación de algunos antecedentes de los actos reclamados, los cuales se desprenden de las copias certificadas del procedimiento de origen, allegadas por las autoridades responsables en apoyo a su informe de ley, en los términos siguientes: 1. ----------, demandó en la vía oral mercantil, en lo que aquí interesa a --------, por el pago de ----------, como suerte principal, más consecuencias legales. 2. Mediante acuerdo de uno de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda y se decretó de plano la medida precautoria de retención respecto del inmueble del que ostenta propietaria la aquí quejosa. 3. El tres de junio de dos mil veintiuno, se remitió el oficio al Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, con sede en Guadalajara, Jalisco, a efecto de que retuviera el inmueble del que se ostenta como propietaria la quejosa. III. Conceptos de violación. La quejosa alude, de forma medular, que se violaron, en su perjuicio, los derechos humanos consagrados en los preceptos 1, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque sin ser parte en el procedimiento natural, se afectó su derecho de propiedad, al retenerse un bien que no corresponde al tercero interesado (demandado en el juicio natural), pues lo adquirió desde el veinte de mayo de dos mil veintiuno; además, aduce que la autoridad responsable no realizaron una debida fundamentación y motivación de su actuar, ya que en ningún momento determinó el embargo del bien de su propiedad, sin llamarla a juicio, con lo que se le dejó en estado de indefensión y en una absoluta inseguridad legal. IV. Decisión sobre la litis constitucional. El motivo de disenso sintetizado es esencialmente fundado, para conceder el amparo solicitado, como se verá enseguida. En principio debe destacarse que el artículo 14 constitucional, en lo que interesa, dispone lo siguiente: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho Del precepto transcrito, se colige que para privar a alguna persona de sus derechos, en general, debe ser mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia siguiente: "Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Julio de 1996 Página: 5 Tesis: P./J. 40/96 Jurisprudencia Materia(s): Común ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.". Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló al interpretar el contenido del artículo 107 de la Constitución vigente4, que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, del que es titular el agraviado, es decir, enfatizó, tenga un interés jurídico, lo que se advierte de la tesis siguiente: "Décima Época Registro: 2003067 Instancia: Segunda Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a. XVIII/2013 (10a.) Página: 1736 INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Amparo en revisión 553/2012. Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. 14 de noviembre de 2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda. Amparo en revisión 663/2012. Marco Antonio Tinoco Álvarez. 21 de noviembre de 2012. Mayoría de tres votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda.". De ese modo, el concepto titularidad de un derecho subjetivo, está asociado al interés jurídico; por lo que es plausible estimar que éste es el derecho subjetivo derivado de alguna norma en particular o sustentado en alguna figura jurídica, que concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Luego, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, por otra, la afectación personal y directa producida por los actos reclamados. Sobre el particular son aplicables, por las razones que las informan, las tesis, cuyos datos de identificación y contenido, son del tenor literal siguiente: "Décima Época Registro: 2003293 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.) Página: 1807 INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." "Décima Época Registro: 2001950 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: IV.3o.A.6 K (10a.) Página: 2606 INTERÉS JURÍDICO. SOBRE LA BASE CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL, SE TIENE PARA EXIGIR EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE TODO DERECHO HUMANO FRENTE A UN ACTO DE AUTORIDAD. El concepto de interés jurídico ha sido desarrollado a través de la jurisprudencia; ha sido estático, no dinámico, aunque con ciertas precisiones, pero en lo esencial, sigue la línea de identificación con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derivado de la norma objetiva que se concreta en forma individual y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Sin embargo, es necesario reconstruir dicho concepto para que, en la medida de lo permisible, pueda ser útil y eficaz para salvaguardar los derechos humanos y garantizar la vigencia de una Constitución Normativa que instituye a éstos como pilares en el Estado constitucional democrático de derecho; por ello, no puede afirmarse que un derecho esté tutelado o protegido sin establecer prerrogativa a favor de un sujeto o medio para garantizarlo de manera efectiva. De este modo, desde la perspectiva constitucional, si el interés jurídico tiene su origen en la norma jurídica que otorga al particular la facultad de exigencia y las normas constitucionales e internacionales que reconocen derechos humanos son eminentemente jurídicas, entonces, sobre la base constitucional e internacional (tratados sobre derechos humanos), se tiene un interés jurídico o facultad para exigir el respeto y cumplimiento de todo derecho humano frente a un acto de autoridad. En otras palabras, se está frente a la invocación de un derecho humano que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 498/2011. Juan Antonio Rodríguez Sepúlveda. 27 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretario: José Antonio Bermúdez Manrique." "Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación VIII, Diciembre de 1991 Página: 117 Tesis: VI. 3o. J/26 Jurisprudencia Materia(s): Común INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." "Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Abril de 2004 Página: 1428 Tesis: II.2o.C.92 K Tesis Aislada Materia(s): Común INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE. Tratándose del juicio de garantías, el interés jurídico como noción fundamental lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo por virtud de un acto de autoridad, de ahí que sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese esa situación cuando se transgreda, por la actuación de cierta autoridad, determinada garantía. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 20/2004. Eufracia Ronquillo Gaspar. 10 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretaria: Sonia Gómez Díaz González." Por otra parte, no debe perderse de vista el criterio: "Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Página: 5 Tesis: P./J. 1/2002 Jurisprudencia Materia(s): Civil POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común.". De donde se colige, que si una persona tercera extraña a un juicio civil aduce que se afectaron los derechos de propiedad que manifiesta ejercer sobre un bien determinado, para que éstos puedan ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal contemplados en la legislación secundaria relativa, que genere, a su favor, con anterioridad a la emisión del acto reclamado, el derecho a la propiedad. De tal suerte que el promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que es titular de ese bien, pues la simple tenencia material de la cosa no es tutelada por el derecho fundamental de audiencia, consagrado en el artículo 14 constitucional. Precisado lo anterior, cabe señalar que los quejosos invocaron conculcados, en su perjuicio, los derechos fundamentales consagrados, entre otros, en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que en el juicio oral mercantil ----------, en donde es persona extraña, la autoridad responsable la pretende privar del derecho de propiedad que aduce, ejercer, sobre el inmueble que refiere en la demanda de amparo, por lo que es claro que debió acreditar, necesariamente, la existencia de ese derecho de propiedad, que alegan tener; lo que, en la especie, aconteció, como se precisará a continuación. La parte peticionaria de amparo para acreditar su interés jurídico aportó al sumario constitucional, como elementos de convicción, los siguientes: I. Documental, consistente en la copia certificada de la escritura pública escritura pública ------, de --------, pasada ante la fe del notario público titular ----- de Zapopan, Jalisco, donde consta el contrato de compraventa celebrado entre -------, como parte vendedora, y -------, como compradora, respecto del lote de terreno y finca ahí construida ------ II. Documental, consistente en copia certificada del escrito de solicitud de registro, boleta registral, aviso de transmisiones patrimoniales y recibo de pago correspondiente, relativos a la escritura pública escritura pública -------- de ---------, pasada ante la fe del notario público titular 43 de Zapopan, Jalisco. III. Certificado de existencia o inexistencia de libertad de gravamen, relativo al inmueble del que se aduce propietaria la aquí quejosa, con folio real --------, expedido por el Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco. El medio de convicción descrito en el punto uno, al haber sido expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y que, además, se encuentra revestido de fe pública, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y es apto para acreditar que los peticionarios de amparo son propietarios del bien inmueble cuya afectación reclaman, pues justifica que desde el veinte de mayo de dos mil veintiuno, adquirió la finca ubicada en -------. Probanza que es eficaz para demostrar que es propietaria del inmueble retenido en el procedimiento de origen, con anterioridad a la medida precautoria decretada en el juicio de origen, pues la adquirieron por medio del contrato de compraventa formalizado en la escritura pública escritura pública -------, desde el ----------, en tanto que la retención de bienes se decretó hasta el uno de junio de dos mil veintiuno. Además, dicho contrato de compraventa, al haber sido celebrado ante el Notario Público cuarenta y tres de Guadalajara, Jalisco, por ese sólo hecho, adquirió fecha cierta. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el siguiente criterio: "Novena Época Registro: 164792 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Abril de 2010 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 21/2010 Página: 259 DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." Y, la identidad del bien se encuentra acreditada, pues el adquirido por la quejosa en la escritura pública -------, corresponde a la finca ubicada en --------- y el bien que se retuvo en el juicio natural se describió como ------------, con lo que se justifica la identidad del bien retenido en el proceso de origen, con el que defiende la peticionaria de amparo. En tales condiciones, si en el juicio oral mercantil de donde derivan los actos reclamados, fue retenido el bien que es propiedad de la quejosa, se estima que, con ello, se transgredió, en su perjuicio, el derecho fundamental de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional. Por tanto, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa. La concesión de mérito deberá hacerse extensiva a los actos de ejecución y a los que como consecuencia se reclaman, porque su ilegalidad se hace depender de la retención reclamada y no fueron impugnados por vicios propios5. Sin que se realice mayor pronunciamiento respecto a los diversos medios de convicción que acompañó la parte quejosa, pues con la prueba valorada es suficiente para conceder el amparo solicitado. Debe reiterarse que las decisiones de este órgano de control constitucional sobre la eficacia de las documentales valoradas en vía de prueba, es para efectos exclusivos del presente juicio de amparo, sin decidir sobre derecho sustantivo alguno, ya que esta cuestión deberá dilucidarse, en todo caso, ante la potestad de las autoridades comunes. V. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de restituir a los quejosos en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la Justicia Federal se otorga para el efecto de que las autoridades responsables: Deje insubsistente la retención y sus consecuencias, de la finca ubicada en -----. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73 a 77, todos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Sedeclara infundado el incidente de objeción de documento, que promovió el tercero interesado --------, ya que no probó los hechos constitutivos de su pretensión, se concluye para los efectos legales conducentes y exclusivamente por lo que a este juicio de amparo atañe, debe considerarse auténtica la escritura pública -------, de -------------, pasada ante la fe del notario público titular 43 de Zapopan, Jalisco. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ------, contra los actos que reclama del Juez Décimo Primero en Materia Mercantil del Primer Partido Judicial y del Director del Registro Público de la Propiedad, ambos del Estado de Jalisco, precisados en el considerando segundo de esta sentencia, para los efectos señalados en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto el contenido del oficio de cuenta, signado por el Director de lo Jurídico Contencioso del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, quien en representación del Presidente Municipal, informa que en su carácter de superior jerárquico, ordenó cumplir con la ejecutoria de amparo al Tesorero Municipal de dicha alcaldía; con fundamento en el párrafo tercero del artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante, demostrando, en su carácter de superior jerárquico, que dio la orden para cumplir con la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. Intégrese expediente físico. Por último, se instruye al Secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído, y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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