Eugenia Ximello Cohetero

Expediente 667/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
667/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
21/01/2021

Partes del expediente

  • Eugenia Ximello Cohetero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 667/2020, promovido por * * , contra actos del Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Colima, por estimarlo violatorio de derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, dirigido por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, Eugenia Ximello Cohetero (en adelante, quejosa, agraviada o parte quejosa, o parte agraviada), solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que enseguida se precisan: ".III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Con tal carácter, son las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado y denominadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública: Secretaría de Planeación y Finanzas. Secretaría de Administración y Gestión Pública. Dirección General de Capital Humano. Dirección de Administración de Personal. IV.- Actos reclamados.- A LA AUTORIDAD SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS LE RECLAMO: La omisión de proveer en breve término la petición que le realicé el día 16 de octubre de 2020; La omisión de coordinar el ejercicio de los recursos públicos, a fin de que se pague a quien suscribe el monto de * * por concepto de seguro de vida por muerte colectiva que me confiere el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020; La omisión de ejercer sus atribuciones irrenunciables, a fin de que pueda procederse conforme al Artículo 23 Fracción XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. La ejecución en forma discriminatoria del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, en lo que respecta del tabulador de prestaciones, al no pagar a quien suscribe, el seguro de vida por muerte colectiva. A LAS AUTORIDADES DENOMINADAS: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITAL HUMANO Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, LES RECLAMO: La omisión de proveer en breve término la petición que le realicé el día 16 de octubre de 2020; La omisión de instruir a la Dirección General de Capital Humano, a fin de que pueda procederse conforme al Artículo 25 Fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública. La omisión de ejercer sus atribuciones irrenunciables, a fin de que pueda procederse conforme al Artículo 27 Fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, la cantidad de $295,000.00 por concepto del seguro de vida por muerte accidental colectiva que me confiere el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020." SEGUNDO. Admisión y trámite de demanda. Por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró con el número 667/2020; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito, quien no formuló pedimento; se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Una vez exhibidos en autos los informes justificados; seguidos los trámites legales se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 904, párrafo primero, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, visible en la página: 255, con número de registro IUS: 181810, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral del escrito de demanda, y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La omisión de proveer la solicitud presentada el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el que solicitó el pago del seguro de vida por muerte colectiva de su cónyuge, previsto en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Abril de 2000, visible en la página 32, con registro IUS: 192097, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige el juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado. El Director General de Capital Humano y Director de Administración de Personal, negaron el acto reclamado por la quejosa, consistente en la omisión de proveer el escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el que solicita el pago del seguro de vida por muerte colectiva de su cónyuge, previsto en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020. Luego, ante esa negativa, a la parte quejosa le corresponde demostrar la existencia del acto reclamado, en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2°, básicamente porque en esas condiciones existe una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." En efecto, de las documentales exhibidas por la quejosa, se advierte que los escritos cuya omisión de acordar reclama, fueron presentados al Titular de la Secretaria de Planeación y Fianzas y a la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno de Estado de Colima, tal como se acredita con el sello de recibido de dichas dependencias, por lo que esa probanza resulta inconducente para los efectos que pretende, pues de la misma no se desprende que haya presentado petición alguna al Director General de Capital Humano y Director de Administración de Personal, como lo refiere en su demanda, pues si la quejosa señala que las citadas autoridades no han acordado los escritos que presentó el dieciséis de octubre de dos mil veinte, se requería la demostración de que efectivamente presentó la petición ante las autoridades responsables que refiere, pues de otra manera no sería dable responsabilizarlas de la falta de hacerlo; lo cual, no aconteció en la especie, pues la inconforme no acompañó con su demanda de amparo, el acuse de recibo de los escritos presentados ante las referidas autoridades. Es así, pues tratándose de actos de naturaleza negativa en el juicio de amparo, como sucede en el caso que ahora nos ocupa, la carga de demostrar su existencia le corresponde no a quien funda en ellos su derecho, sino más bien a su contendiente, de ahí que, sin duda, en ese evento es a las autoridades responsables a quienes corresponde acreditar que no incurrió en los actos de la índole de que se trata, desde luego, salvo el supuesto de que la existencia de la conducta negativa de la propia autoridad requiera, previa y necesariamente, una solicitud del quejoso para que las autoridades ejerzan la facultad prevista en la ley respectiva, como en este asunto. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la entonces integración del Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "ACTOS NEGATIVOS. CARGA DE LA PRUEBA. Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 20. Página: 14.) "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOSREQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto. Tesis: 682. Página: 765.) "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente." constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de laresponsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VI, Diciembre de 1997. Tesis: 2a. CXLI/97. Página: 366.) A juicio del suscrito, tratándose de casos como el que nos ocupa, o sea, relacionado con los actos omisivos reclamados, precisados en párrafos anteriores, sin duda se requiere de la instancia y solicitud de la parte interesada para que, así, las autoridades estén en aptitud de actuar en el ámbito de su competencia, lo que no aconteció. Esto resulta lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que en las leyes de la materia no hay norma que constriña a las autoridades a dar respuesta a algo que no se ha solicitado, pues lo cierto es que dicho acto involucra el derecho de petición, cuya operatividad se halla supeditada a la instancia del gobernado sobre el particular, lo que, se insiste, no quedó demostrado en este juicio de amparo. En efecto, a criterio de este juzgador la documental ofrecida por el quejoso resulta inconducente para demostrar el acto reclamado, pues como se dijo no surte la pretensión que pretende el inconforme, toda vez que de la misma se aprecia únicamente el recibo de depósito de lo que el quejoso refiere se trata de una denuncia dirigida a las autoridades que señala en su demanda, pero no existe dato o elemento alguno del cual se advierta, siquiera indiciariamente, que la parte quejosa ha presentado una denuncia ante las citadas autoridades. Siendo así, es claro que no se puede exigir que las autoridades procedan en el ámbito de sus atribuciones legales, pues para ello es necesaria la pretensión de la parte quejosa, por lo que al no existir se torna jurídicamente imposible que exista la omisión de que se trata. Esto se explica de mejor manera, sobre todo, si se toma en cuenta que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva, como el que nos ocupa, ante todo debe examinarse si la autoridad, en realidad, está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si hay obligación jurídica de actuar en determinada forma, pues, de lo contrario, se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayándose la exigencia objetiva de que se debe obrar en cierto sentido, de ahí que, se insiste, como en este caso no hay razón jurídica alguna para atribuir a la autoridad responsable la omisión que nos ocupa, pues para ello lógica y necesariamente se tuvo que elevar la solicitud de la parte impetrante respecto de lo que pretende obtener respuesta, lo cual no ocurrió, es evidente, desde luego, la inexistencia de la omisión delatada en este juicio de amparo. Sobre el particular, cabe citar la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, que dice así: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA OFALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En congruencia con lo anterior, lo procedente en la especie es sobreseer en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.) "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 187-192 Primera Parte. Página: 88.) CUARTO. Análisis respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado del Titular de la Secretaria de Planeación y Fianzas y Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno de Estado de Colima, pues aceptaron que la quejosa presentó un escrito el dieciséis de octubre de dos mil veinte; sin embargo, refieren que el veintinueve del mes y año en cita, la quejosa recibió el cheque 0027475, por el concepto solicitado en su escrito respectivo, como lo acreditan con las documentales que exhibieron con sus informes justificados entre las que destaca la orden de pago de veintinueve de octubre de dos mil veinte, firmada de recibido por la quejosa. De ahí que, debe tenerse por cierto tal acto de autoridad. En consecuencia, ante la aceptación de que es cierto el acto que se le reclama; es que debe tenerse éste como plenamente probado. Es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 2000, Quinta Época, tomo VI, Común, Materia: Común, tesis: registro IUS: 917812, página 231, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, esa confesión de que existe el acto reclamado, está corroborada con las constancias que se anexaron a la demanda por la parte quejosa consistente en copia certificada de los escritos presentados ante las citadas autoridades el dieciséis de octubre de dos mil veinte, y copia certificada exhibida por las responsables relativa a la orden de pago 0027475, de veintinueve de octubre de dos mil veinte, a favor de Eugenia Ximello Cohetero, mismas que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, visible en la página: 153, con número de registro digital IUS: 394182, que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado consistente en la omisión de proveer el escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apéndice de 1985, quinta época, parte VIII, visible en la página: 262, con número de registro digital IUS: 395571, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis IV.3o.108 K, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, visible en la página: 353, con número de registro digital IUS:208448, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." Este órgano de control constitucional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, el artículo 77, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Al respecto, de la interpretación efectuada de los artículos antes transcritos, se advierte que para que se surta la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. De modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto reclamado no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Máxime en el supuesto jurídico de que se reclame la omisión de la autoridad responsable a dar contestación a una petición formulada dentro de un juicio, toda vez que para que se encuentre actualizada la causa de improcedencia en estudio, debe obrar constancia dentro del juicio de amparo de una respuesta congruente a la petición formulada y que la misma se hizo del conocimiento del promovente, con el objeto de que se desestime la violación al derecho humano reclamado en esta instancia constitucional. Tiene aplicación, en su parte conducente, la jurisprudencia 2ª./J.98/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Julio de 2004, visible en la página 248, con número de registro digital 181149, la cual establece lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. (Énfasis añadido)" De esta manera, este órgano jurisdiccional considera que para poder determinar si en el caso se actualiza o no la causa de improcedencia en estudio, resulta necesario que en el caso se actualicen los supuestos siguientes: Existencia de una respuesta congruente a lo solicitado; y, Notificación de la respuesta emitida a la solicitud formulada. Expuesto lo anterior, a continuación se procederá a verificar la actualización de cada uno de los supuestos precisados a efecto de establecer si se actualiza la causa de improcedencia invocada. De esta manera, en lo que respecta al inciso 1), la parte quejosa reclama la omisión de proveer respecto a los escritos presentados el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en los que solicitó, se le informara el motivo por el cual no se le realiza el pago del cheque valioso por la cantidad de $295,000.00 (doscientos noventa y cinco mil pesos) por concepto de seguro de vida por muerte de su cónyuge. En este sentido, se tiene que de las documentales anexadas a su informe justificado, obra constancia de la orden de pago número 0027475, de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, por la cantidad de $295,000.00 (doscientos noventa y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), con firma de recibido de la propia quejosa. En tales condiciones, al tomar en consideración la emisión de la orden de pago en cita, es por lo que en el caso se considera que se cumplió con el inciso 1). Por otra parte, en lo que respecta al inciso 2), relativo a la notificación de la respuesta emitida a la solicitud formulada por el quejoso, debe indicarse que en el caso concreto dicha circunstancia también se encuentra acreditada. Lo anterior es así, al tomar en consideración que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte la firma de la quejosa Eugenia Ximello Cohetero, con lo que se acredita que recibió la orden de pago 0027475, por los conceptos ahí señalados, con la cual se satisface el requisito antes aludido. En consecuencia, al haber recibido la quejosa la orden de pago 0027475, de veintinueve de octubre de dos mil veinte, por la cantidad de $295,000.00 (doscientos noventa y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), es por lo que se encuentra cumplido el requisito referido en el inciso 2). Por tanto, resulta claro que al haberse emitido la orden de pago 0027475, de veintinueve de octubre de dos mil veinte, a favor de la quejosa Eugenia Ximello Cohetero, la omisión que se reclama de la autoridad responsable dejó de existir; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 205/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIX, Enero de 2009, visible en la página 605, con número de registro digital IUS: 168189 la cual establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, Junio de 1999, página 38, registro IUS: 193758 siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En conclusión, con motivo de los antes expuesto y al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, con relación con el diverso numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juico de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. SEXTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso * * * , contra los actos reclamados al Titular de la Secretaria de Planeación y Fianzas; Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno de Estado de Colima; Director General de Capital Humano y Director de Administración de Personal, en los términos precisados en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución.

  3. Principal

    De la certificación que antecede y como se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que el informe rendido por la autoridad responsable no fue conocido por las partes con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por ello y a efecto de que éstos se impongan del contenido del mismo, a fin de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo; lo procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con cuatro minutos del diez de diciembre de dos mil veinte. Lo anterior es acorde con la tesis jurisprudencial número 54/2000, aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el veintiocho de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 5, registro 191995, bajo la voz: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."

  4. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través de los cuales, las autoridades que los suscriben, rinden sus informes justificados; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como delegados a los profesionistas que señalan las autoridades, en términos del artículo 9º de la ley de la materia. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · 15,493 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano