Eugenia Núñez López
Expediente 37/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 37/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Eugenia Núñez López
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, primero de marzo de dos mil diecisiete. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 37/2017-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de siete de febrero de dos mil diecisiete, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que signa la Apoderada Legal del Organismo Público Descentralizado HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE, mediante el cual rinden su informe justificado. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y, por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, por tratarse de su residencia oficial. Ahora bien, el acto que se reclama en el presente juicio de amparo es la falta de respuesta a la solicitud de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis y presentado ante la responsable el diecinueve de septiembre de ese año. Por su parte, de las constancias que anexó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, se aprecia que emitió el oficio HNAM/DG/DDA/CASJ/55/2017 de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, por el cual dio contestación a la solicitud de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. Dichas constancias merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copia certificada, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De lo anterior se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa, ha cesado, ya que al haberse emitido el oficio HNAM/DG/DDA/CASJ/55/2017 de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sin que constituya un obstáculo para arribar a la anterior determinación, la circunstancia de que no obre agregada en autos la constancia con que se acredite que la responsable haya notificado a los quejosos el oficio HNAM/DG/DDA/CASJ/55/2017 de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, por el que dio contestación al escrito de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis y presentado ante la responsable el diecinueve de septiembre de ese año, puesto que al oficio de cuenta acompañó copia certificada de dicha documental, con la cual se le corre traslado y, con dicha circunstancia la impetrante queda enterada de la determinación emitida en respuesta a su solicitud En lo conducente se invoca por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 605 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX enero de dos mil nueve, correspondiente a la Novena Época, del rubro "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA". En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior, conclusión la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Sin que pase inadvertido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra apoyo en la Jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I correspondiente a la Décima Época, de rubro y "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de enero de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda presentado por J. Efraín Alcantar García, María Guadalupe Minerva, Angelino Maldonado, Hilda Loya Ortega, Amalia Villamil García, Sofía Aguilar Rodríguez, Mirna Almanza Pérez, Esthela Álvarez Bahena, Mercedes Cardoso Portillo, Teresita del Niño de Jesús Coronel Alonso, Sonia Cortes Pérez, Ma. Cristina Franco Pacheco, Antonio Flores Rosas, Martha Gama Estrada, Alma Graciela García Álvarez, Ma. del Refugio González Moreno, Alejandro Hernández Salazar, Bertha Beatriz Hidalgo Monroy Fernández, Margarita Jiménez Solís, Ana María López Trinidad, María Eva Macedonio Herrera, Romualda Montes González, Ernesto Moreno Imm, Gala Florentina Mulato Guzmán, Marivel Nieto Toledo, Patricia Guadalupe Ontiveros Nevares, Ma. Candelaria Ramírez Brugada, Inés María Luisa Rodríguez Apáez, Víctor Manuel Romero Manzanares, Alma Delia Salinas Pineda, Marcela Sánchez Jaime, Arturo Sandoval Román, Rosa Téllez Corrales, Elvia Vega Fuentes, Julián Villagrán González, Eugenia Núñez López, Armando Carrillo Salgado y Teresa Orozco Cisneros, por su propio derecho, contra actos del HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese bajo el número 37/2017-II-B. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. En ese sentido, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el escrito de demanda de garantías presentado el nueve de enero de dos mil diecisiete a las catorce horas con diecinueve minutos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, carece de firma autógrafa en respecto a los quejosos señalados como J. Efraín Alcantar García, María Guadalupe Minerva, Angelino Maldonado, Hilda Loya Ortega y Amalia Villamil García, al igual que las copias simples que acompañan dicho escrito. En mérito de lo anterior, no es posible proveer sobre la demanda respecto a J. Efraín Alcantar García, María Guadalupe Minerva, Angelino Maldonado, Hilda Loya Ortega y Amalia Villamil García, por no contener firma autógrafa, siendo esto necesario al constituir un conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento judicial expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, y con ella se acredita la autenticidad del documento y se logra la eficacia prevista en la Ley, y ante la falta de ésta, se desconoce si es voluntad del peticionario ejercitar la acción constitucional y, en ese orden de ideas, tomando en consideración que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución General de la República, debe establecerse que en la demanda de garantías que hoy se estudia, no se pone de manifiesto esa expresión de voluntad, por lo que deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 4º, aplicado a contrario sentido, de la Ley de Amparo y en términos del artículo 112 de la propia ley, se desecha de plano respecto a la demanda de garantías únicamente respecto a J. Efraín Alcantar García, María Guadalupe Minerva, Angelino Maldonado, Hilda Loya Ortega y Amalia Villamil García, ante la manifiesta e indudable improcedencia. Es aplicable la tesis aislada VI.1o.151 K,sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación XV-II, Febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, de la literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por otra parte, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda de amparo, promovida por Sofía Aguilar Rodríguez, Mirna Almanza Pérez, Esthela Álvarez Bahena, Mercedes Cardoso Portillo, Teresita del Niño de Jesús Coronel Alonso, Sonia Cortes Pérez, Ma. Cristina Franco Pacheco, Antonio Flores Rosas, Martha Gama Estrada, Alma Graciela García Álvarez, Ma. del Refugio González Moreno, Alejandro Hernández Salazar, Bertha Beatriz Hidalgo Monroy Fernández, Margarita Jiménez Solís, Ana María López Trinidad, María Eva Macedonio Herrera, Romualda Montes González, Ernesto Moreno Imm, Gala Florentina Mulato Guzmán, Marivel Nieto Toledo, Patricia Guadalupe Ontiveros Nevares, Ma. Candelaria Ramírez Brugada, Inés María Luisa Rodríguez Apáez, Víctor Manuel Romero Manzanares, Alma Delia Salinas Pineda, Marcela Sánchez Jaime, Arturo Sandoval Román, Rosa Téllez Corrales, Elvia Vega Fuentes, Julián Villagrán González, Eugenia Núñez López, Armando Carrillo Salgado y Teresa Orozco Cisneros, por su propio derecho, contra actos del HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a EUGENIA NÚÑEZ LÓPEZ. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, no se ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberán rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrán que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Infórmese a las autoridades responsables que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a éste tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Nicolás Bravo, número 411, colonia Altavista, Cuernavaca, Morelos; asimismo, se tiene como autorizado para tales efectos a Jonathan Hernández Cortés, toda vez que no acredita ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de abogado como lo exige el artículo 12 de la Ley de la materia, por lo que una vez que registre su cédula profesional y se haga del conocimiento de lo anterior a este tribunal, se proveerá de nueva cuenta sobre el carácter y facultades con las que en el caso concreto se le autoriza y en tanto no exista este último acuerdo, se insiste, sólo será para efectos de oír y recibir notificaciones; y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas Francisco Xicoténcatl Moreno Pérez y Patricia Figueroa Reza. PRUEBAS. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas la documental que exhibe, la que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarse en la audiencia constitucional. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1.- Llenar el formulario, proporcionando su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario y Contraseña" y vincular al registro su firma electrónica (el registro de cada usuario es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra). 2.- Una vez que los usuarios cuenten con su usuario y contraseña podrán solicitar al Juzgado de Distrito que conozca del juicio de amparo de su interés, la consulta del expediente electrónico proporcionándole el nombre de usuario, y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 3.- Una vez acordada favorablemente la solicitud, el usuario podrá entrar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de su Nombre de "Usuario y Contraseña", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad de Certificaciones del Poder Judicial Federal, y que se encuentre vigente. 4.- Una vez que el usuario acceda, podrá notificarse electrónicamente al ingresar al Juzgado de Distrito en el que se tramite el asunto correspondiente, ya sea en las opciones de Estrados o Expediente Electrónico, o bien a través de un listado condensado que contendrá las resoluciones electrónicas pendientes de notificarse. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, habida cuenta que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época. Por último, se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la carta magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos; además, se les indica que las promociones que dirijan a este asunto deberán contener el número de expediente y mesa de trámite. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del titular, concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/8737/2016, remitido por el Secretario Técnico, en sesión celebrada el trece de diciembre de dos mil dieciséis, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
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