Eugenia Martinez Martinez
Expediente 2364/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2364/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Eugenia Martinez Martinez
Actuaciones
- Principal
MESA 3-B.- Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, toda vez que existen documentos que la parte quejosa ofreció como pruebas en el presente juicio de amparo, en esas condiciones, en acatamiento al punto Vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto invocado, se le previene para que acuda a este Juzgado, dentro del plazo de noventa días hábiles a recoger los documentos que hubiera exhibido en este expediente, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
MESA 3-B.- Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Eugenia Martínez Martínez, por conducto de su apoderado legal José Roberto Vázquez Castillo, personalidad que refiere tiene acreditada en autos del expediente agrario 382/2016 de origen, según documental que exhibe en copia simple y el instrumento notarial numero dos mil ochocientos diecisiete, volumen treinta y cuatro, pasado ante la fe del notario público Edgar Valente de León Gallegos, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuatro, con sede en esta ciudad, consistente en: ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 2364/2019. En consecuencia, el auto de siete de noviembre de dos mil diecinueve, en el que el Tribunal responsable no realizó pronunciamiento respecto a las pruebas ofrecidas, toda vez que omitió y no desglosó cada probanza, que oferto en su calidad de demandada en el juicio agrario 382/2016 de origen, no es reclamable en amparo indirecto, pues, por un lado, no impide el libre ejercicio de algún derecho, y por otro lado, no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa; por lo que, en su caso, sólo puede ser reclamado como violación procesal en la vía del amparo directo, una vez que sea dictada la sentencia en el citado juicio de origen. Ello es así, pues existe la posibilidad de que pueda obtener una sentencia favorable al final del juicio, que torne intrascendentes las violaciones que pudieran derivarse de dicha actuación. En mérito de lo anterior, debe estimarse improcedente el juicio de amparo, máxime que, conforme al artículo 172 de la Ley de Amparo, dicha violación procesal es reclamable en la vía directa, pues al resolverse en definitiva el juicio, la parte que se considere afectada puede hacerla valer, ya que hasta entonces, en su caso, habrá de materializarse la afectación de lo que reclama. Ciertamente, el acto reclamado no es de imposible reparación, pues tiene que ver con aspectos meramente intraprocesales, ya que la única consecuencia legal que se genera por la emisión del acto reclamado, será que el juicio continúe en todas sus etapas y de dictarse sentencia favorable a sus intereses, la violación procesal que ahora reclama la promovente, no le causará un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pudiendo quedar dicha violación insubsistente al resolverse el juicio natural y en caso de que la resolución le fuera adversa, podría combatirla junto con la sentencia definitiva a través del juicio de amparo directo. Por ello, las consecuencias del acto no se traducen al exterior del procedimiento, menos aún en la afectación de algún derecho sustantivo, salvaguardado en favor de los gobernados. En ese tenor, resulta inconcuso que ello actualiza la causal de improcedencia contenida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Eugenia Martínez Martínez, por conducto de su apoderado legal José Roberto Vázquez Castillo, por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a la autoridad responsable a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal.
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