Eugenia María Porrero Lichtle Albetina
Expediente 737/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 737/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/11/2016
Partes del expediente
- Eugenia María Porrero Lichtle Albetina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Visto el escrito de cuenta, signado por **** apoderado de la parte quejosa, atento al contenido del mismo, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2, devuélvase los documentos que indica, dejando en su lugar, copia certificada de los mismos, las cuales deberán estar perfectamente legibles y razón que de su recibo quede en autos, teniéndose como autorizados para recogerlos, únicamente a la parte quejosa, o bien, a su apoderado, o alguno de sus autorizados en términos del artículo 12 de la invocada Ley, con facultades amplias...I
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V I S T O el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de quince de abril de dos mil dieciséis, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito...I
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CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Vista el escrito de cuenta, mediante el cual , apoderado legal de ALBERTINA EUGENIA MARÍA PORRERO LICHTLE, da cumplimiento a la prevención decretada en auto de cinco de febrero del año en curso, por lo que atento a su contenido al efecto se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO Ahora, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Ahora, en el caso que nos ocupa se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la materia, que dispone literalmente lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (..) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Por su parte, los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." ACTO RECLAMADO En ese tenor, de la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que se combate el proceso legislativo para la entrada en vigor de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, por cuanto hace a los artículos 18, 19, 27, 29, 37, 41, 90, 91, 92 y 93; así como la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016; de igual manera, la aplicación de dichas leyes, visibles en los recibos oficiales, expedidos por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, con números de folio Z-2943603, Z-2943592, Z-2943593, Z-2943594, Z-2943595, Z-2943596, Z-2943597, Z-2943598, Z-2943599, Z-2943600, Z-2943601, Z-2943602, Z-2943589, Z-2943584, Z-2943585, Z-2943586, Z-2943587, Z-2943588, Z-2943590 y Z-2943591, todos ellos de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Dicho lo anterior, como ya se anticipó, la demanda de amparo que nos ocupa es extemporánea, toda vez que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis ALBERTINA EUGENIA MARIA PORRERO LICHTLE ordenó el pago del impuesto materia de la controversia constitucional, fecha en la que fueron generados los recibos de pago que se mencionan en el párrafo que antecede. En efecto, la confesión de la parte quejosa en el sentido de que desde el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis encomendó a diversa persona realizara el pago de los recibos de pago generadores del acto reclamado que refiere, hace prueba plena en su contra. Confesión realizada por la quejosa, que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, en razón de lo establecido por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establecen. "Artículo 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ellas las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio.". "Artículo 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.". Apoya lo anterior, por los datos que informa, la jurisprudencia 27/1996, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 294, Tomo LXXXIX, correspondiente a la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "AMPARO, CONFESION EN EL.- Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa". Ahora, el artículo 17 de la ley de Amparo, establece que término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, el cual le es aplicable al acto reclamado, consistente en el cobro del impuesto que se reclama, ya que no se encuentra dentro de los casos de excepción a que se refiere el referido artículo. En tanto, que el diverso 18 previene tres hipótesis, a partir de las cuales da inicio el referido plazo; La primera de ellas, relativa a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; La segunda hipótesis consiste en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; La tercera y última estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Dicho lo anterior, la parte quejosa se encuentra en la segunda de las hipótesis, esto es, a partir de que tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución (veintinueve de febrero de dos mil dieciséis). Sin que pase inadvertido que el apoderado legal manifiesta que dichos recibos le fueron entregados a la quejosa hasta el siete de marzo del año en curso, sin embargo, fue desde el momento en que encomendó el pago que sabía de la obligación de enterar el tributo, lo cual se materializó desde el momento mismo de la realización del pago y retención del impuesto, siendo ahí cuando se generó la aplicación concreta de los artículos reclamados dentro de su esfera jurídica, teniendo conocimiento del acto en ese momento, ya que al haber encomendado a diversa persona para que cumpliera con su obligación tributaria es inconcuso que la quejosa debió estar al pendiente de la realización de los pagos encargados; toda vez que tenía conocimiento que desde el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la persona a la que le confirió efectuar su obligación tributaria, podía ejecutar los pagos, situación que en el caso sucedió; por lo que no existía ningún impedimento para que tuviera conocimiento de los recibos de pago desde el momento en que se llevó a cabo el acto de aplicación; máxime que fue su voluntad delegar en un tercero la liquidación de sus obligaciones; en consecuencia, el computo de quince días comienza a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en razón de la segunda hipótesis señalada del artículo 18 de la Ley de la Materia. Luego, el término de quince días a que se refiere el numeral 18 de la Ley de Amparo para la interposición del juicio de garantías, corrió desde el día siguiente hábil al que tuvo conocimiento de los actos reclamados, es decir, desde el uno al veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, (sin que se contabilicen los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco del mismo mes y año por ser inhábiles). Por lo que en esas circunstancias, si el solicitante de garantías, no reclamó el acto dentro de los quince días, siguientes al en que tuvo conocimiento, sino hasta el uno de abril de dos mil dieciséis, en que presentó su escrito de demanda, según se desprende del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es evidente, que en esa fecha ya feneció el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por lo que, es de inferirse que tácitamente consintió los actos reclamados, al presentar en forma extemporánea su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que se lee así: "ACTOS CONSENTIDOS, NATURALEZA DEL CONSENTIMIENTO EN LOS.- No es cierto que el concepto de consentimiento definido por el artículo 1803 del Código Civil Federal, sea el que pueda servir para determinar cuando un acto ha sido consentido expresa o tácitamente, para fines del sobreseimiento, así se esté ante un criterio comparativo por algún autor sobre la materia. Y no debe ni puede privar ese concepto civilista, porque además de que en él campea un sentido que rige para el derecho privado, tan ajeno a la teoría del amparo, hay en la especie norma expresa al respecto en la ley reglamentaria del juicio de garantías, que hace inaplicables criterios ajenos o diversos al contenido directamente en la ley que debe regular y determinar la noción del consentimiento en cuanto a la improcedencia de la acción constitucional de amparo (artículo 73, fracciones XI y XII). La improcedencia del amparo es una cuestión que no fue acogida, en sus albores, por las leyes reglamentarias del juicio constitucional. No la consagra, para nada, la ley del 30 de noviembre de 1861, primigenia, en un orden cronológico, como tampoco contiene causales de improcedencia la Ley Orgánica Constitucional del 20 de enero de 1869 que sí menciona el sobreseimiento del amparo, aunque como causa de responsabilidad. En cambio, la Ley Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, datada el 14 de diciembre de 1882, sí trata la materia del sobreseimiento en su artículo 35, al prescribir en la fracción VI del mismo artículo 35, que se sobreseerá el amparo, cualquiera que sea el estado del juicio, cuando el acto hubiere sido consentido y no versare sobre materia criminal. No define, esa ley de 1882, en qué estriba ese consentimiento y otro tanto harán los artículos 702 y 779 del Código de Procedimientos Federales del 6 de octubre de 1897 y del Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre de 1908 que se concretan, al través de su fracción V, a consignar que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de aquella Constitución de 1857. La doctrina del acto consentido es elaborada por la ley del señor presidente Carranza, la del 18 de octubre de 1919, que sí contempla la improcedencia del amparo en ese aspecto y, por ende, define qué se entiende por consentido un acto contra el que no se haya interpuesto amparo dentro de los quince días siguientes al en que se haya hecho saber al interesado, a no ser que la ley conceda expresamente término mayor para hacerlo valer (artículo 43, fracción V). La ley del señor presidente Cárdenas, esto es, la promulgada el 30 de diciembre de 1935, complementa esta doctrina cuando en las fracciones XI y XII de su artículo 73 desenvuelve, cabalmente, la teoría de la improcedencia del juicio constitucional, en punto a actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (artículo 73, fracción XI), habiendo consentimiento tácito, si el juicio de garantías no se promueve dentro de los términos señalados por los artículos 21 y 22 de la ley en cuestión (artículo 73, fracción XII). La integración de esta doctrina del consentimiento de los actos reclamados, en el juicio de garantías, conduce a formular estas nítidas proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria." (Jurisprudencia 13, sustentada por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo VI, Común, Sección Precedente relevante S.C.J.N., Séptima Época, Apéndice 1917-2000) Así como, la tesis que establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.- Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." (Tesis 193, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 165, Tomo VI, Común, Sección Precedente relevante T.C.C., del Apéndice 1917-2000, Octava Época) Por lo anteriormente considerado y fundado, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida por MANUEL MENENDEZ PORRERO, apoderado legal de ALBERTINA EUGENIA MARÍA PORRERO LICHTLE, contra actos de la Legislatura del Estado de Querétaro y otras autoridades, ello con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo...I
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Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponde, el informe justificado de cuenta, rendido por la autoridad señalada como responsable y con el contenido de éste, dése vista a las partes para los efectos precisados en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Como lo solicita la citada autoridad responsable, se le tiene señalando como domicilio de su parte, para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe, de igual manera, se le tiene designando como delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de amparo, se tiene por admitida y desahogada la documental que anexa, consistente en el expediente 28/2014, de su índice, sin perjuicio de que sea relacionada en la audiencia constitucional, de conformidad con el diverso 124 de la citada Ley. Ahora, dada la voluminosidad de las constancias recibidas, con las mismas fórmese un tomo de pruebas por separado e identifíquese con el número del presente juicio de amparo. Por último, toda vez que de las constancias recibidas, se desprende que le reviste el carácter de terceros interesados a Noé, Raúl, J. Guadalupe, Esther, Ma. Rocío y Roberto, todos de apellidos Herrera Mendoza, quienes pueden ser localizados en el domicilio ubicado en Calle Calandrias, número 20, interior "C", del Fraccionamiento Diligencias de esta ciudad; en consecuencia, túrnese el sumario al Actuario de la adscripción, para que emplace a los referidos terceros interesados, en el domicilio señalado, y una vez que se cerciore de la identidad de los mismos, les hará saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente; además, con apoyo en el artículo 115 de la invocada Ley, deberá hacerle entrega de una copia de la demanda, del auto admisorio, así como de una copia certificada del presente proveído; y con sustento en el artículo 124 del mismo ordenamiento legal, enterarlo de que están señaladas las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio y, finalmente, en base a lo expuesto en el artículo 27, fracción II, de la propia Ley, deberá requerirlo para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; en el entendido de que hasta en tanto lo haga, éstas se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, aún las de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto por el precepto legal referido; sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV, del artículo 26, de la Ley Reglamentaria invocada. Asimismo, en caso de que no se encuentren los terceros interesados buscados, el Actuario deberá cerciorarse de que en el domicilio en el que se constituya puede ser localizado, y deberá proceder conforme a lo ordenado en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la mencionada Ley...IV
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