Eugenia Hernández Salinas

Expediente 1378/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1378/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Eugenia Hernández Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siete de octubre de dos mil veintidós. En un inicio, visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el artículo 21 fracción d del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será destruido en su totalidad, porque se desechó el juicio de amparo. En otro orden, en cumplimiento a lo que establece el capítulo quinto en su artículo quince del citado Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente a criterio del suscrito no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por E*******************por su propio derecho, contra actos de la *****************, con residencia en esta ciudad capital. Regístrese en el libro de gobierno con el número *************y fórmese expediente. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, respecto del acto reclamado la quejosa lo hace consistir en: ".Reclamo la ilegal puesta a disposición derivada del oficio número ************de fecha 13 de septiembre de 2022 del Ingeniero O*****************, Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, sin previa notificación a la quejosa." Luego, el suscrito juzgador estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en concatenación con lo dispuesto por los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Así, tenemos que los artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, contemplan la posibilidad de que los actos de particulares puedan ser objeto de tutela constitucional; lo cual condicionó a que realizaran actos equivalentes a los de la autoridad, es decir, que dictaran, ordenaran, ejecutaran o trataran de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omitieran realizar el acto que de efectuarse produciría esto último; violando el particular los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, ya sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, no obstante que la legislación vigente amplió el esquema de procedencia del juicio de amparo en lo que corresponde a actos que con antelación se consideraban como no emitidos por una autoridad exclusivamente para los efectos del juicio de amparo; de ello no se infiere que tal circunstancia implique que a la luz de tales preceptos legales sea procedente dilucidar en esta instancia constitucional conductas desplegadas dentro de relaciones de coordinación, pues se insiste, para que ello ocurra deben producirse actos equivalentes a los de una autoridad, pues de ser lo contrario excluiría la participación de autoridades de jurisdicción ordinaria para dirimir controversias suscitadas, por ejemplo, entre el Estado como patrón y sus servidores, pues si bien la actuación de la primera de ellas, encuentra su origen en una norma general, ésta debe provocar, en ejercicio de las facultades que la ley expresamente le otorgue, la afectación señalada en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, el acto reclamado no encuadra en dicho supuesto, puesto que éste se ha dado entre el patrón y trabajadora (como lo describe en su escrito de demanda al relatar que es empleada del Gobierno del Estado de Guerrero, desde el uno de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, con número de empleada 22569 con la categoría de niñera basificada con funciones de trabajadora social, adscrita a la Institución Educativa Juan de la Barrera), es decir, en un plano de coordinación. Sin que pueda determinarse que se trata de un acto autoritario en el que el patrón actuó con la potestad que le otorga la ley, puesto que el comparte una doble personalidad, como persona de derecho público en donde asume las funciones propias de autoridad y como persona moral oficial de derecho privado, en tanto, que es el depositario, administrador o representante de los intereses que constituyen parte del patrimonio estatal y con este carácter puede entablar relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación, quedando entonces sus actos comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejerce o ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. En consecuencia, congruente con esa doble personalidad, se concluye que solo podrá ser legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado actuando con el imperio que le otorga su investidura pública, es decir, cuando su actuación tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo, se insiste, es conocido como supra a subordinación. Al respecto, es necesario señalar que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En este último caso, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. En ese sentido, cabe recordar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Luego, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Sobre esas premisas, es evidente que la parte quejosa tiene una instancia (laboral) previa al juicio de amparo en contra de los actos que atribuye, ya que el acto reclamado deriva de una relación laboral, lo cual puede reclamarse en la vía correspondiente, antes de instar juicio de amparo. Como lo establece la Ley 248 del Estado en su articulo113, que para una mejor apreciación se transcribe: "DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ARTÍCULO 113.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será competente para: I.- Conocer y resolver de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de una dependencia, los municipios, entidades paraestatales y sus trabajadores; II.- Conocer y resolver de los conflictos colectivos que surjan entre las dependencias del Gobierno y la organización de trabajadores a su servicio; III.- Conceder y llevar el registro del sindicato existente en el Estado o, en su caso, dictar la cancelación del mismo; IV.- Conocer de los conflictos sindicales e intersindicales; V.- Efectuar el registro de las Condiciones Generales de Trabajo, Reglamentos de Escalafón, Condiciones Mixtas de Seguridad e Higiene y los Estatutos del sindicato, y VI.- Las demás que establezcan las leyes. En mérito de lo expuesto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes invocada; por tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que refieren para tal efecto. AUTORIZADOS. Téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *******************, en virtud de tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ***********************, por no contar con su registro en el aludido Sistema. Finalmente, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese a la Actuaria Judicial adscrito los correos electrónicos proporcionados con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso.

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