Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez

Expediente 1245/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 42 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1245/2021
Año
2021
Actuaciones
42
Última actuación
05/09/2022

Partes del expediente

  • Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    ::. Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Quintana Roo "2" de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, en atención a lo solicitado mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, informa que se encuentra en proceso de cobro la multa impuesta a la autoridad responsable Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez, circunstancia de la cual queda enterado este órgano jurisdiccional. Finalmente, devuélvanse los presentes autos al archivo de este órgano jurisdiccional del que se extrajo.

  2. Principal

    ::. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la promoción de cuenta remitida por el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación 1, de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Quintana Roo "2", con sede en Quintana Roo, a través de la cual solicita información relacionada con la aquí quejosa Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez, en los términos ahí indicados, a lo que se acuerda: Visto el estado que guardan los autos, así como de una revisión a las constancias que obran en el presente juicio, se informa a la autoridad ocursante que este órgano jurisdiccional únicamente cuenta con los datos de identificación siguientes: Nombre: Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez. Fecha de nacimiento: veintiocho de agosto de mil novecientos sesenta y uno. Registro Federal de Contribuyente: UISE610828LJ0. Domicilios ubicados en:  Calle de las Arboledas, número exterior 33, supermanzana 326, manzana 9, lote 33, fraccionamiento Jardines del Sur, en esta ciudad de Cancún.  Manzana 61, supermanzana 107, lote 37, número 5, en esta ciudad de Cancún. En ese sentido, comuníquese el presente auto a la autoridad oficiante, para que pueda realizar el cobro de la multa que se impuso a Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez, en proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós.

  3. Principal

    ::. I. Causa estado multa impuesta a parte quejosa. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que causó estado el acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintidós, en el cual -entre otras cosas- se impuso una multa de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, sin centavos, moneda nacional), a la quejosa Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez. I. Se ordena girar oficio para hacer efectiva multa. En ese contexto, gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Quintana Roo "2", de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, a fin de que haga efectiva la multa que se impuso a Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez, en proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, por la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, sin centavos, moneda nacional); para tal efecto, remítasele una impresión con firmas electrónicas del citado acuerdo. Asimismo, se informa a la autoridad tributaria que los datos con los que se cuenta en este expediente a efecto de hacer efectivo el cobro de la multa impuesta son los siguientes: Nombre completo: Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez. Registro Federal de Contribuyente: UISE610828LJ0 II. Causa ejecutoria sentencia y se ordena archivo definitivo. Por otro lado, visto el estado que guarda el presente juicio y la segunda certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil veintidós, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que el presente expediente se sobreseyó en el juicio, como consecuencia de lo anterior es susceptible su destrucción una vez transcurrido el plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otro lado, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el original del incidente de suspensión es depurable una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que por una parte se negó y por la otra se concedió la suspensión definitiva. Luego, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses. Por otra parte, toda vez que del estado de autos se aprecia que la autoridad Juez de Instrucción adscrito al Juzgado Civil Oral, ambos de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, remitió dos discos certificados; los cuales ya no resultan necesarios para la sustanciación de este asunto, por lo que se ordena su devolución a la autoridad responsable en cita. Asimismo, toda vez que se formó el tomo de pruebas I, con las constancias contenidas en los discos aportados por la autoridad responsable consistentes en las constancias que integran el juicio civil oral 1442/2016 de su consecutivo, se ordena remitir dicho legajo, dado que se trata de un expediente de su consecutivo, al que puede dar un uso adecuado.

  4. Principal

    ::.En Cancún, Quintana Roo, a las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós, hora y día señalados para la continuación de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 1245/2021-V, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Lourdes Cuevas Santiago, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la continuación de la audiencia constitucional que fue suspendida el veinticinco de enero de dos mil veintidós, con motivo del incidente de falsedad de firma respecto a la que calza la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, interpuesto por la tercera interesada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderada, sin la comparecencia de alguna de las partes, ni representante de ellas. Continuando con la audiencia la secretaria da cuenta al Juez con las constancias que obran en autos; en consecuencia el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas relativo al incidente de falsedad de firma, la secretaria hace constar que la parte tercera interesada ofreció la pericial en materia de grafoscopía respecto de la firma que calza la demanda de amparo; y las demás partes no presentaron prueba alguna; a lo que el Juez provee: en relación a la prueba pericial en materia de grafoscopía, ofertada por la parte tercera interesada se estima que se declara la imposibilidad material para desahogarla, en virtud de que en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se requirió a la quejosa Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez, para que se presentara en las instalaciones de este órgano jurisdiccional a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del once de mayo de dos mil veintidós, para efecto de que le fueran recabadas las referidas muestras caligráficas; bajo el apercibimiento que de no comparecer en la fecha y hora señaladas o manifestar el impedimento que tuviere, se tendría por cierta la objeción de falsedad de la firma plasmada en la demanda de amparo, materia del incidente que planteó la parte tercero interesada en el presente asunto. Dicho auto le fue notificado personalmente, el veintiocho de abril de dos mil veintidós, sin que la aquí quejosa Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez compareciera el día y hora indicados, según se desprende de la certificación de once de mayo de dos mil veintidós, elaborada por la secretaria de la adscripción. Por lo tanto, se declarada cerrada la etapa probatoria en el incidente de falsedad, y se prosigue a la siguiente etapa de la audiencia constitucional. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos relativo al incidente de falsedad de firma, la secretaria hace constar que la parte tercera interesada realizó manifestaciones a manera de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: téngase a la tercera interesada realizando las manifestaciones vía alegatos en relación con el incidente de falsedad de firma, por lo que se da por concluida esta etapa de la audiencia. Cerrado el período de alegatos, se concluye la preparación del incidente de falsedad de firma que obra plasmada en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, y se reanuda la audiencia constitucional. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito realizó manifestaciones a manera de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formuló el fiscal de la adscripción; con lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. V I S T O para resolver el juicio de amparo 1245/2021-V, promovido por Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez, por propio derecho, contra actos del Juez Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido por razón de turno el mismo día a este juzgado de distrito, Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades responsables i] Juez Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y ii] Actuario de la adscripción, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO.- - - El ilegal emplazamiento realizado a la quejosa directa, así como todo lo subsecuentemente actuado dentro del Juicio Especial Hipotecario, número 1442/2016, entablado en mi contra por parte de la tercera perjudicada BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, ante la autoridad señalada como responsable el C. JUEZ ORAL CIVIL, del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por los motivos que más adelante se precisarán." SEGUNDO. Radicación y prevención. Recibida que fue la demanda de amparo el seis de octubre de dos mil veintiuno, ante este juzgado de distrito, en auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó formar el expediente que fue registrado bajo el número 1245/2021-V; y se previno a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Instrucción adscrito al Juzgado Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. TERCERO. Cumple prevención y admisión. Por acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de la quejosa por el cual desahogó la prevención realizada y se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló el pedimento 169; se reconoció el carácter de tercera interesada a Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, quien en su oportunidad fue emplazada, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Interposición de incidente de falsedad de documento. En acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por interpuesto el incidente de falsedad de la firma que obra plasmada en el escrito inicial de demanda, planteado por Claudia Sahagún Nuño, apoderada del tercero interesado Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, y se reservó a proveer lo conducente hasta la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Audiencia constitucional. El veinticinco de enero de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional en su etapa de pruebas y dado que la parte tercera interesada había interpuesto incidente de falsedad de firmas, se admitió a trámite dicha incidencia y suspendió la audiencia constitucional para su reanudación una vez preparado dicho incidente. SEXTO. Reanudación de la audiencia constitucional. En esta fecha, se reanudó la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, concluyéndose con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de autoridades judiciales en materia civil con ejecución en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, y demás constancias de autos, se hacen consistir en: a) El acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecisiete mediante el cual se ordena el emplazamiento de la aquí quejosa Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez al juicio oral especial hipotecario 1442/2016 del índice del Juzgado Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, realizado por edictos, los cuales fueron publicados el seis, diez y dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete en el periódico "QUEQUI", b) Todo lo actuado en dicho expediente a partir del emplazamiento de la demandada Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez, incluyendo la sentencia de diez de abril de dos mil dieciocho y su ejecución. c) El auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio oral especial hipotecario de origen, en el que se, determinó que se firmaría en rebeldía de la demandada la escritura pública de la adjudicación respecto del bien inmueble identificado como casa marcada con el número 5, ubicada en la calle Ascarza, lote 37, manzana 61, supermanzana 107 del fraccionamiento "Urbi Villa del Rey", en esta ciudad, nombrando para tal efecto a petición de la parte actora al Titular de la Notaría Pública Sesenta y dos del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad para la elaboración de la misma y su ejecución. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Existencia de actos reclamados. Las autoridades responsables Jueces 1] de Instrucción y 2] Civil Oral, ambos adscritos al Juzgado Civil Oral de Primera Instancia y 3] Secretaria de Actas Mínimas en funciones de Actuaria Adscrita a la Administración de Gestión Judicial Civil Oral, todas del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, al rendir sus informes justificado, negaron en la existencia de los actos que se les reclaman; sin embargo, en seguida realizan manifestaciones de las que se advierte la certeza de los actos reclamados, dado que indican que la parte quejosa fue emplazada por medio de edictos. Asimismo, la segunda de las autoridades citadas, refiere que en el órgano jurisdiccional de su adscripción se encuentra radicado el juicio oral especial hipotecario 1442/2016, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en contra de Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez, en el cual mediante proveído de diez de enero de dos mil dieciocho, se declaró la rebeldía en que incurrió la parte demandada y previa las etapas procesales correspondientes el diez de abril de dos mil dieciocho se dictó sentencia. Además, su afirmación se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias que integran el juicio especial hipotecario 1442/2016 del índice del Juzgado Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo (tomo de pruebas I), a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, de las que se advierte que lo siguiente: 1. Mediante demanda presentada el veinte de octubre de dos mil dieciséis (foja 2 del tomo de pruebas), Claudia Sahagún Nuño, apoderada de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, promovió juicio especial hipotecario en contra de Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez, en la que demandó el pago de las prestaciones ahí mencionadas, de la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Primero Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, cuyo juez de instrucción, mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis (foja 84 del tomo de pruebas), la radicó bajo el número 1442/2016 de su índice, la admitió a trámite y ordenó se emplazara a la parte demandada. 2. Mediante constancia actuarial de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis (foja 86 del tomo de pruebas), el Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Civiles Orales de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, hizo constar que el domicilio proporcionado como de la demandada Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez, se encontraba deshabitado, por lo que no pudo llevar a cabo su emplazamiento. 3. El veintiuno de marzo de dos mil diecisiete (foja 88 del tomo de pruebas), el juez responsable tomando en consideración lo solicitado por la parte actora, giró oficio a diversas dependencias a efecto de investigar un domicilio en el que pudiera ser emplazada la demandada. 4. Por proveído de seis de septiembre de dos mil diecisiete (foja 121 del tomo de pruebas), el Juez de Instrucción adscrito al Juzgado Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, consideró que el domicilio de la parte demandada era ignorado, por lo que ordenó el emplazamiento de Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez mediante edictos, los cuales fueron publicados el seis, diez y dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en el periódico "QUEQUI". 5. Seguido el juicio en sus etapas, diez de abril de dos mil dieciocho (fojas 172 a 174 del tomo de pruebas), en el juicio especial hipotecario 1442/2016, se dictó sentencia en la que se condenó a la parte demandada Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez al pago de las cantidades ahí especificadas, el cual debería hacerse en el término de cinco días a partir de la fecha en que causara ejecutoria dicha resolución, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería al remate del inmueble cuya garantía hipotecaria era materia del proceso, y en esa misma fecha causó ejecutoria la sentencia en comento (foja 175 del tomo de pruebas), por no haber sido recurrida por las partes y se ordenó se requiriera a la parte demandada al pago de las prestaciones condenadas. 6. En auto de trece de agosto de dos mil veinte (foja 223 del tomo de pruebas), se adjudicó en favor de la parte actora Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, el bien inmueble objeto de la garantía hipotecaria identificado como casa marcada con el número 5, ubicada en la calle Ascarza, lote 37, manzana 61, supermanzana 107 del fraccionamiento "Urbi Villa del Rey", en esta ciudad. 7. Mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte (foja 225 del tomo de pruebas), el Juez de Instrucción adscrito al Juzgado Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, ordenó se requiriera a la parte demandada, aquí parte quejosa para que en el término de tres días hiciera entrega a la parte actora de la escritura relativa al predio identificado como casa marcada con el número 5, ubicada en la calle Ascarza, lote 37, manzana 61, supermanzana 107 del fraccionamiento "Urbi Villa del Rey", en esta ciudad, así como para que nombrara fedatario para que realice dicha actuación, con el apercibimiento que de no hacerlo, el juzgado de origen lo haría en rebeldía. 8. En auto de catorce de enero de dos mil veintiuno (goja 228 del tomo de pruebas), se determinó que firmaría en rebeldía de la demandada la escritura pública de la adjudicación respecto del bien inmueble identificado como casa marcada con el número 5, ubicada en la calle Ascarza, lote 37, manzana 61, supermanzana 107 del fraccionamiento "Urbi Villa del Rey", en esta ciudad, nombrando para tal efecto a petición de la parte actora al Titular de la Notaría Pública Sesenta y dos del Estado de Quintana Roo, para la elaboración de la misma. Por tanto, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en el considerando tercero, incisos a), b) y c), de esta sentencia. QUINTO. Resolución del incidente de falsedad de firma. Con apoyo en los artículos 122, 123 y 124, todos de la Ley de Amparo, previamente al fondo del asunto se procede resolver el incidente de falsedad de la firma promovido por la parte tercera interesada, respecto a la que calza en la demanda de amparo que dio origen a este juicio, por ser una cuestión que debe examinarse conjuntamente con la sentencia principal, dado que se tramita en la audiencia constitucional y de resultar fundado podría actualizarse una causa de improcedencia por tratarse del escrito inicial por el que la parte quejosa instó el presente juicio constitucional; cuyo estudio además de ser de oficio también es preferente al fondo del asunto. En el caso, resulta fundado el incidente de falsedad de la firma promovido por la parte tercera interesada, respecto a la que calza la demanda de amparo. Para justificar esa afirmación es conveniente citar los siguientes antecedentes del incidente en cuestión: 1. Mediante escrito presentado electrónicamente el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, Claudia Sahagún Nuño, apoderada del tercero interesado Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, planteó incidente de falsedad de firma respecto a la que calza en la demanda de amparo. La parte actora incidentista en dicho escrito ofreció pruebas para justificar la falsedad de la firma cuestionada, entre ellas, la pericial en materia de grafoscopía. 2. El veinticinco de enero de dos mil veintidós, se ordenó suspender la audiencia constitucional en el presente juico constitucional y se dio vista a las partes por el plazo de tres días hábiles, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto a la indicada incidencia y ofrecieran pruebas de su intención. 3. En auto de uno de marzo de dos mil veintidós, se señaló fecha y hora para que le fueran recabadas las muestras de firma a la quejosa Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez, que se establecieron como base de cotejo para la emisión del peritaje respectivo, por lo que se le requirió para que compareciera en la fecha y hora indicadas. El proveído en cita le fue notificado personalmente a la parte quejosa, el siete de marzo de dos mil veintidós, sin que compareciera el día y hora indicado. 4. En proveídos de catorce y veinticuatro de marzo, así como el once de abril de dos mil veintidós, se volvió a requerir a la citada quejosa Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez, para que se presentara en las instalaciones de este órgano jurisdiccional para efecto de que le fueran recabadas las muestras necesarias para la emisión del dictamen correspondiente. Dichos autos le fueron notificados personalmente a la parte quejosa, el veinticinco de marzo, cinco y veintiocho de abril de dos mil veintidós, respectivamente, sin que compareciera los días y horas indicadas. 5. En auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se requirió nuevamente a la quejosa Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez, para que se presentara en las instalaciones de este órgano jurisdiccional a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del once de mayo de dos mil veintidós, para efecto de que le fueran recabadas las referidas muestras caligráficas; bajo el apercibimiento que de no comparecer en la fecha y hora señaladas o manifestar el impedimento que tuviere, se tendría por cierta la objeción de falsedad de la firma plasmada en la demanda de amparo, materia del incidente que planteó la parte tercera interesada en el presente asunto. El proveído en cita fue notificado personalmente a Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez por conducto de su autorizado, el veintiocho de abril de dos mil veintidós, sin que Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez compareciera el día y hora indicados, según se desprende de la certificación de once de mayo de dos mil veintidós, elaborada por la secretaria de la adscripción. 6. El trece de mayo de dos mil veintidós, se hizo constar que mediante proveído de veintiocho de abril de la presente anualidad, se requirió a Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez para que se presentara, en las instalaciones de este órgano jurisdiccional a las doce horas cincuenta y cinco minutos del once de mayo de dos mil veintidós, a fin de que le fueran recabadas las muestras caligráficas necesarias, para la emisión del dictamen ofertado en autos; sin que hubiera comparecido a esa diligencia ni justificado su inasistencia, como se desprende de la certificación de esa fecha, a pesar de haber sido debidamente notificada; con lo cual se ordenó dar cuenta al momento de resolver el presente incidente. 7. En razón de lo anterior, al reanudarse la audiencia constitucional, se declaró la imposibilidad para desahogar la prueba pericial en materia de grafoscopía ofertada por la parte tercera interesada. En las relatadas consideraciones, es dable asegurar que la quejosa Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez se ha negado reiteradamente a presentarse a efecto de que le fueran recabadas las muestras de firma que sirvieran como base de cotejo para la emisión del peritaje respectivo, en contravención al principio de buena fe que rige al juicio de amparo. Luego, de los preceptos relativos al incidente planteado en autos tanto de la Ley de Amparo como de su legislación supletoria, no se advierte una sanción para el caso de la negativa injustificada y contumaz en que incurre la parte quejosa; por tanto, el suscrito considera que se debe atender al método de integración de la norma, como lo prevé el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, al resolver la cuestión jurídica de naturaleza civil lato sensu (entre la que se encuentra la ley procesal civil), se deberá hacer conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, fundándose en los principios generales del derecho. Así, se da la posibilidad de que el juez de amparo aplique diversos medios de interpretación, y ante la laguna que existe en la codificación aplicable y supletoria, debe recordarse que los Jueces se encuentran facultados para disipar toda disputa, amén de existir silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, con la aplicación debida de los principios generales del derecho, toda vez que bajo ninguna circunstancia podrán dejar de resolver la controversia suscitada ni permitir que el litigio quede a merced de la voluntad de una de las partes que pretenda beneficiarse de su propio dolo. Por tanto, se considera que para subsanar esa laguna legal deben aplicarse, por analogía, las disposiciones concernientes a los principios reguladores de la confesión ficta contenidos en el artículo 124 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales se tiene por confesa a la parte citada a absolver posiciones cuando se niega a declarar o no comparece a la diligencia sin justa causa. En la inteligencia de que, como sucede con cualquier prueba ficta, en la especie, la presunción derivará de la omisión de la parte quejosa de permitir el desahogo de la prueba pericial para dilucidar la autenticidad de la firma objetada. Por tanto, se tiene por cierta la objeción de falsedad de la firma plasmada en la demanda de amparo, materia del incidente que planteó la parte tercera interesada en el presente asunto, en cumplimiento al apercibimiento decretado en auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que se cita: "Época: Novena Época Registro: 164980 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Marzo de 2010 Materia(s): Civil Tesis: IV.1o.C.103 C Página: 3021 OBJECIÓN DE FALSEDAD DE FIRMA. PROCEDE QUE EL JUZGADOR APERCIBA A LA PARTE CONTUMAZ CON TENERLA POR CIERTA, CUANDO SE NIEGUE INJUSTIFICADAMENTE A PROPORCIONAR EL DOCUMENTO ORIGINAL PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA RESPECTIVA PUES, DE LO CONTRARIO, SU DESLEAL PROCEDER LE ACARREARÍA UN BENEFICIO PROCESAL EN DETRIMENTO DE QUIEN FORMULÓ AQUÉLLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El hecho de que la parte demandada se niegue reiteradamente, a pesar de la aplicación de las medidas de apremio, a allegar un documento original para analizar las firmas en él plasmadas, no implica que el resultado del litigio se deje a su voluntad, porque de cualquier manera esa negativa u oposición debe tener una consecuencia jurídica que incida en el resultado del juicio; sin embargo, esto no se plasma expresamente en la ley. No obstante lo anterior, debe apuntarse, que cuando una parte se niegue o se oponga a cumplir con el mandato que le ordene allegar un documento, atendiendo al principio de buena fe del proceso, y ante la ineficacia de los medios de apremio, es menester que los juzgadores se conduzcan conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, al resolver la cuestión jurídica de naturaleza civil lato sensu (entre la que se encuentra la ley procesal civil), deberán hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, fundándose en los principios generales del derecho. Así, se da la posibilidad de que apliquen diversos medios de interpretación, y ante la laguna que existe en la codificación adjetiva civil del Estado, en establecer una sanción para el caso de negativa injustificada y contumaz en allegar los documentos originales en detrimento de la parte que pretende demostrar la falsedad de la firma, se tiene que recurrir al método de integración de la norma. Así tenemos que si bien la legislación del Estado de Nuevo León, no contiene norma expresa que precise la consecuencia de la negativa a allegar el original para permitir el desahogo de la prueba pericial grafoscópica que analice la autenticidad de las firmas, debe recordarse que los Jueces se encuentran facultados para disipar toda disputa, amén de existir silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, con la aplicación debida de los principios generales del derecho, toda vez que bajo ninguna circunstancia podrán dejar de resolver la controversia suscitada ni permitir que el litigio quede a merced de la voluntad de una de las partes que pretenda beneficiarse de su propio dolo. Por tanto, se considera que para subsanar esa laguna legal deben aplicarse, por analogía, las disposiciones concernientes a los principios reguladores de la confesión ficta contenidos en el artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles local, conforme a los cuales se tiene por confesa a la parte citada a absolver posiciones cuando se niega a declarar o no comparece a la diligencia sin justa causa. En la inteligencia de que, como sucede con cualquier prueba ficta, en la especie, la presunción derivará de la omisión del demandado de permitir el desahogo de la prueba pericial para dilucidar la autenticidad de las firmas y, en su caso, deberá estar adminiculada con otras pruebas." En ese sentido, como se anticipó, resulta fundado el incidente de falsedad de firma promovido por la parte tercera interesada, respecto de la que obra plasmada en la demanda de amparo. En tal virtud, ahora procede resolver lo que corresponde sobre el juicio de amparo. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así las cosas, este órgano de control constitucional estima, que al haberse determinado que Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez no suscribió la demanda de amparo que dio lugar al juicio en que se actúa, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I, y 6°, ambos de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes. En efecto, el precepto citado en primer lugar dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, los numerales 5º, fracción I, y 6º, mencionados establecen: "Artículo 5º.- Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (.)." "Artículo 6º.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los numerales 5º y 6º transcritos se desprende que en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; esto es, la legitimación a que se refiere dicho precepto para iniciar y seguir el juicio de derechos fundamentales debe fundarse en el agravio causado por un acto u omisión de autoridad, o por la ley, al interés jurídico o legitimo del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. De ahí que, el principio de instancia de parte agraviada reflejado en el artículo 5° de la Ley de Amparo, por mandato constitucional de la fracción I artículo 107 de la Constitución Federal, dada su vinculación con el tema de la legitimación, revela que ésta sólo existirá si se interpone válidamente por quien reúna la condición de agraviado, es decir, el particular que se haya visto afectado en sus derechos con motivo de la emisión u omisión, de un acto de autoridad. Por su parte, el artículo 6°, párrafo primero, de la legislación en consulta, previene que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado y podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. De la interpretación conjunta de estos dos últimos preceptos, se concluye que la demanda de amparo debe ser formulada por el propio quejoso o bien, por quien acredite ser su representante legal o su apoderado. Por su parte, la legitimación procesal es uno de los requisitos que dota de validez a un juicio, y en tratándose de juicios donde se dilucidan derechos de personas morales, la legitimación procesal la tienen sus representantes o apoderados, de ahí que por regla general es a través de ellos que la persona jurídico colectiva puede acudir al juicio constitucional. En el caso a estudio, en el considerando que antecede, este órgano jurisdiccional determinó, que Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez no suscribió la demanda de amparo, motivo por el cual se considera que no se encuentra exteriorizada la voluntad de la directamente interesada en la promoción del juicio de amparo. Ciertamente, la voluntad de las partes de ejercer un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no saben firmar, mediante la huella digital o la firma de otra persona a su ruego. Así las cosas, los documentos que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor y ante tal omisión, no pueden producir efectos, al no reflejar la voluntad del promovente, como en el caso acontece con la demanda de amparo. En consecuencia, si la demanda de amparo no fue promovida por la persona a quien afectan los actos aquí reclamados, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados de los Jueces 1] de Instrucción y 2] Civil Oral, ambos adscritos al Juzgado Civil Oral de Primera Instancia y 3] Secretaria de Actas Mínimas en funciones de Actuaria Adscrita a la Administración de Gestión Judicial Civil Oral, todas del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Es fundado el incidente de falsedad de la firma promovido por la parte tercera interesada, respecto a la que calza la demanda de amparo. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Eugenia de los Ángeles Uicab Sánchez, contra los actos reclamados de los Jueces 1] de Instrucción y 2] Civil Oral, ambos adscritos al Juzgado Civil Oral de Primera Instancia y 3] Secretaria de Actas Mínimas en funciones de Actuaria Adscrita a la Administración de Gestión Judicial Civil Oral, todas del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, precisados en el considerando tercero de este fallo, en términos de lo expresado en el diverso quinto de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Lourdes Cuevas Santiago, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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