Eufrosoina García Alonso

Expediente 1935/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1935/2015
Año
2015
Actuaciones
21
Última actuación
11/07/2016

Partes del expediente

  • Eufrosoina García Alonso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca, Estado de México, acusa recibo de las constancias que adjuntó al rendir su informe justificado, circunstancia de la que queda enterado este juzgado.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hubiesen recurrido la sentencia emitida en el presente asunto, en la que se negó el amparo en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 203, página 23, que es del tenor siguiente: REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. En el libro de gobierno háganse las anotaciones y archívese el presente juicio, glósese únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009. De conformidad, con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio de amparo donde se negó el amparo solicitado, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Por otra parte, el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones II y III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se negó la medida cuatelar. d) En atención a lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en mención, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurrido el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, con residencia en Ixtapan de la Sal, Estado de México, por medio del cual solicita se le informe sí ya causó ejecutoria el presente asunto, por tanto, mediante misiva que derive del presente auto, envíesele oficio con la transcripción del presente proveído; asimismo, devuélvansele las constancias que remitió al rendir su informe justificado (foja 34).

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agregan a los autos para los efectos legales conducentes el escrito signado por el apoderado legal de la tercero interesada Socorro García Alonzo, mediante el cual solicita copia certificada de la sentencia emitida en el presente asunto; asimismo, designa a diversas personas para recibirlas. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 278 de la legislación adjetiva civil aplicada supletoriamente a la ley de la materia, expídase a costa del promovente las copias que solicita, sin que ello signifique que con su expedición se causará contribución alguna, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para debida constancia legal; asimismo, se tienen autorizan para recibirlas a las personas que designó.

  4. Principal

    ÚNICO: LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NO PROTEGE A *****

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