Eufrosina Cortés Lomelí

Expediente 259/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
259/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Eufrosina Cortés Lomelí

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, se provee lo siguiente: I. Ejecutoria. Con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En atención a que el asunto se clasificó como DESTRUIBLE, transcurridos tres años a partir de la fecha del acuerdo de archivo, procédase a su destrucción en términos de los artículos 21, 22, 23 y 24 del ACJF.

  2. Principal

    S E N T E N C I A San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veinte. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 259/2020, promovido por...... contra actos del Congreso del Estado de Puebla, y otras autoridades; y, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ......, respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones expresadas en esta sentencia.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se desprende que en acuerdos de diecisiete de febrero y veintiuno de agosto pasado, se reservó proveer sobre prueba pericial en materia de valuación ofrecida por la parte quejosa hasta en tanto obran los informes justificados de las autoridades responsables, así como constancias requeridas al Congreso del Estado de Puebla y a la Secretaría de Planeación y Finanzas, lo que se advierte ha acontecido; en tales circunstancias, se levanta la reserva decretada. Es de precisar que conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, así como los diversos 79, 81, 93 y 94 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a la ley de la materia, en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas reconocidas por la ley, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho. Asimismo establece que cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial, pericial o de inspección judicial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o el cuestionario para los peritos de los puntos a inspeccionar; además dispone que el juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia; que no se admitirán más de tres testigos por cada hecho y que la prueba de inspección judicial deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial. Por ende, de dicho análisis se puede establecer que previo a la admisión y tramitación de las pruebas testimonial, pericial y de inspección, se requiere que las partes reúnan elementos formales y materiales, y la carencia de alguno de ellos generará procesalmente el desechamiento de tales probanzas. Los elementos de valoración formales para tener por anunciadas las pruebas de que se trata consisten en que: a) Se realice dentro del término de cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; b) Se exhiban los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos; del cuestionario para los peritos; o indiquen los puntos a desahogar en la inspección; c) Se exhiban las copias respectivas para correr traslado a las partes; y d) Tratándose de la prueba testimonial, únicamente se aceptarán tres testigos por cada hecho. Por su parte, el elemento material consiste en la idoneidad del medio probatorio ofrecido, esto es, que se trate de pruebas aceptadas por la Ley de Amparo y que se refieran a los hechos controvertidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que si no se cumplen los elementos formales o materiales relacionados, deben desecharse las pruebas testimonial, pericial y de inspección, por la falta de los elementos apuntados. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 189894 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 41/2001 Página: 157 PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez. En el presente asunto los actos reclamados son los siguientes: "I.El artículo 29, fracción 1, inciso a), apartado 1, párrafo cuarto, incisos a), b) y c), de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020. II. Los artículos 82, 83, fracción IV, 87 y 89, de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla. III. La omisión de cumplir con lo ordenado 84, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, esto es, de refrendar los decretos promulgatorios de la Ley de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla y de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020". Actos que atribuye al Congreso del Estado de Puebla y otras autoridades. Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha la prueba pericial en materia de valuación propuesta, en virtud de que no obstante que la parte quejosa no especificó su pretensión con el ofrecimiento de dicha probanza, se estima que la misma no es idónea para acreditar la afectación que dice la impetrante le producen las normas reclamadas, con su sola entrada en vigor. Es decir, el desahogo de la pericial en comento no es suficiente ni apta para ubicar a la quejosa en las hipótesis previstas en las normas reclamadas, pues previamente se requiere que el Gobierno del Estado emita el programa de canje de placas, así como el pago efectuado por ese concepto. Lo cual se considera, no es susceptible de demostrarse con la pericial en materia de valuación, razón por la que dicho medio de convicción no resulta procedente. Por otra parte, respecto a la solicitud del Director de Procedimientos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla, reservada en proveído de veintiuno de agosto pasado, consistente en que le sea notificado a la quejosa el oficio CJ/SJCAE/DGALE-DPC-D/1163-87/2020; no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que no justificó la relación del mismo con la tramitación del presente juicio. NOTIFICACIÓN. Dado que de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, se ordena al actuario de la adscripción remitir por correo electrónico a la Administración Regional en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, la lista a publicar, para que procedan a su colocación en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" [Registro: 2002576].

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