Eufracia Sánchez Cortés
Expediente 875/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/10/2020
Partes del expediente
- Eufracia Sánchez Cortés
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, Advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa, la parte promovente no se inconformó con el desechamiento de demanda dictado el cinco de octubre de dos mil veinte; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ....
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil veinte. Cumplimiento a la prevención Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, intégrese a los presentes autos el escrito de cuenta de E****s, por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada por auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, en tal virtud, se acuerda: Análisis de demanda De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. .... Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades responsables: el citatorio de diecisiete de septiembre de dos mil veinte signado por Alejandra López por el Comité Ejecutivo de la Federación Democrática de Trabajadores de Puebla Reg. 6510 del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria Química y la Construcción, Similares y Conexos en Zonas Federales de la República Mexicana Reg. 10/14221-1, a través de cual se solicita a la aquí quejosa que presente diversa documentación -auditoria de patrones-, con el apercibimiento que de no hacerlo, se solicitará la intervención de las autoridades del trabajo correspondientes. De lo anterior, este juzgado de Distrito advierte que respecto de los citados actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 5°, fracción II, este último a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Los preceptos legales transcritos, en su conjunto, establecen que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no sean ordenados, dictados o ejecutados por autoridad, ni contra sus omisiones. Además, destaca que tiene el carácter de autoridad, la que, con independencia de su naturaleza formal, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior, como lo ha considerado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/201112, consultable en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". De lo expuesto, se pueden advertir que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes circunstancias: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley o decreto, a través del cual se dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares. 4. Que para emitir tales actos no requiera acudir a los órganos jurisdiccionales ni precisar del consenso de la voluntad de los afectados. De tal suerte que, para que un ente sea considerado como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, deberá ejercer actos equivalentes a los de autoridad previstos en una norma general, y para ser considerados como actos de autoridad deben situarse por encima del particular que está obligado a obedecer los actos, es decir, cuando la norma general les permite actuar en una relación de supra a subordinación con relación a otro particular, es decir, en los casos en que, conforme a sus funciones, los particulares puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Por tanto, cuando en el actuar de un ente, falte alguna de las características que se mencionaron, se concluye que no se está en presencia de actos de autoridad, o de actos de particulares equivalentes a los de una autoridad. En ese contexto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste será improcedente contra actos de particulares que no ejerzan actos de autoridad o equivalentes a los de una autoridad; por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. Las primeras (de coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir las controversias que surgen de ellas se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Además, la nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; las partes están en el mismo nivel y existe bilateralidad. En torno al concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación; el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si en vez de aquella vinculación se trata de una relación de coordinación, la que excluye la idea de autoridad, ya que por su propia naturaleza existirá un procedimiento establecido en el derecho privado para ventilar cualquier controversia que se suscite en vía civil o mercantil, o bien, puede suceder que las normas constitucionales coloquen al Estado en situación jurídica parecida a la de un particular, como en la relación asimilada a la laboral que guarda con sus servidores públicos. Así las cosas, para determinar si los actos reclamados a las entidades responsables son o no impugnables a través del juicio constitucional, debe analizarse si los mismos fueron emitidos en una relación supra a subordinación o de igualdad, frente a la hoy quejosa, actuando como entes de derecho público o privado. Asentado lo anterior, es necesario destacar que del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la pretensión de la promovente Eufracia Sánchez Cortés, consiste en reclamar el citatorio de diecisiete de septiembre de dos mil veinte signado por Alejandra López por el Comité Ejecutivo de la Federación Democrática de Trabajadores de Puebla Reg. 6510 del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria Química y la Construcción, Similares y Conexos en Zonas Federales de la República Mexicana Reg. 10/14221-1; lo que, a consideración de este juzgado no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para una mejor comprensión de la conclusión anterior, resulta necesario traer a cuenta el contenido de los artículos 356, y 375 de la Ley Federal del Trabajo disponen: "Artículo 356.- Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses". "Artículo 375.- Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato". De la interpretación literal de las disposiciones trascritas se advierte, en lo que interesa, que el Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses; también se desprende que los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato. De tal suerte que el acto que se reclama del Federación Democrática de Trabajadores de Puebla Reg. 6510 del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria Química y la Construcción, Similares y Conexos en Zonas Federales de la República Mexicana Reg. 10/14221-1, tiene sustento en sus estatutos y contrato colectivo de trabajo, los cuales no tienen las características de ser una norma general (impersonal y abstracta), precisamente, por no haber sido emitidas por un órgano del estado mexicano encomendado para tal efecto, en esa medida es que sus actuaciones no encuadran en la hipótesis a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues sus funciones no están determinadas por una norma general por lo que no puede considerarse que los actos provengan de una autoridad para efectos del juicio de amparo. ...... Es por lo anterior, que se estima que la causal de improcedencia se actualiza de manera patente, y se tiene certeza de que aun de admitirse la demanda, no sería posible arribar a una convicción diversa independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Desechamiento En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el primer párrafo de la fracción II del diverso 5º, interpretado en sentido contrario, y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Determinación que se hace extensiva a la autoridad que señaló el promovente como responsable Instituto Mexicano del Seguro Social. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil veinte. Cumplimiento a la prevención Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, intégrese a los presentes autos el escrito de cuenta de E****s, por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada por auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, en tal virtud, se acuerda: Análisis de demanda De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. .... Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso reclama de las autoridades responsables: el citatorio de diecisiete de septiembre de dos mil veinte signado por Alejandra López por el Comité Ejecutivo de la Federación Democrática de Trabajadores de Puebla Reg. 6510 del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria Química y la Construcción, Similares y Conexos en Zonas Federales de la República Mexicana Reg. 10/14221-1, a través de cual se solicita a la aquí quejosa que presente diversa documentación -auditoria de patrones-, con el apercibimiento que de no hacerlo, se solicitará la intervención de las autoridades del trabajo correspondientes. De lo anterior, este juzgado de Distrito advierte que respecto de los citados actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 5°, fracción II, este último a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Los preceptos legales transcritos, en su conjunto, establecen que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no sean ordenados, dictados o ejecutados por autoridad, ni contra sus omisiones. Además, destaca que tiene el carácter de autoridad, la que, con independencia de su naturaleza formal, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior, como lo ha considerado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/201112, consultable en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". De lo expuesto, se pueden advertir que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes circunstancias: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley o decreto, a través del cual se dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares. 4. Que para emitir tales actos no requiera acudir a los órganos jurisdiccionales ni precisar del consenso de la voluntad de los afectados. De tal suerte que, para que un ente sea considerado como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, deberá ejercer actos equivalentes a los de autoridad previstos en una norma general, y para ser considerados como actos de autoridad deben situarse por encima del particular que está obligado a obedecer los actos, es decir, cuando la norma general les permite actuar en una relación de supra a subordinación con relación a otro particular, es decir, en los casos en que, conforme a sus funciones, los particulares puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Por tanto, cuando en el actuar de un ente, falte alguna de las características que se mencionaron, se concluye que no se está en presencia de actos de autoridad, o de actos de particulares equivalentes a los de una autoridad. En ese contexto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste será improcedente contra actos de particulares que no ejerzan actos de autoridad o equivalentes a los de una autoridad; por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. Las primeras (de coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir las controversias que surgen de ellas se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Además, la nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; las partes están en el mismo nivel y existe bilateralidad. En torno al concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación; el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si en vez de aquella vinculación se trata de una relación de coordinación, la que excluye la idea de autoridad, ya que por su propia naturaleza existirá un procedimiento establecido en el derecho privado para ventilar cualquier controversia que se suscite en vía civil o mercantil, o bien, puede suceder que las normas constitucionales coloquen al Estado en situación jurídica parecida a la de un particular, como en la relación asimilada a la laboral que guarda con sus servidores públicos. Así las cosas, para determinar si los actos reclamados a las entidades responsables son o no impugnables a través del juicio constitucional, debe analizarse si los mismos fueron emitidos en una relación supra a subordinación o de igualdad, frente a la hoy quejosa, actuando como entes de derecho público o privado. Asentado lo anterior, es necesario destacar que del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la pretensión de la promovente Eufracia Sánchez Cortés, consiste en reclamar el citatorio de diecisiete de septiembre de dos mil veinte signado por Alejandra López por el Comité Ejecutivo de la Federación Democrática de Trabajadores de Puebla Reg. 6510 del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria Química y la Construcción, Similares y Conexos en Zonas Federales de la República Mexicana Reg. 10/14221-1; lo que, a consideración de este juzgado no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para una mejor comprensión de la conclusión anterior, resulta necesario traer a cuenta el contenido de los artículos 356, y 375 de la Ley Federal del Trabajo disponen: "Artículo 356.- Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses". "Artículo 375.- Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato". De la interpretación literal de las disposiciones trascritas se advierte, en lo que interesa, que el Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses; también se desprende que los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato. De tal suerte que el acto que se reclama del Federación Democrática de Trabajadores de Puebla Reg. 6510 del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria Química y la Construcción, Similares y Conexos en Zonas Federales de la República Mexicana Reg. 10/14221-1, tiene sustento en sus estatutos y contrato colectivo de trabajo, los cuales no tienen las características de ser una norma general (impersonal y abstracta), precisamente, por no haber sido emitidas por un órgano del estado mexicano encomendado para tal efecto, en esa medida es que sus actuaciones no encuadran en la hipótesis a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues sus funciones no están determinadas por una norma general por lo que no puede considerarse que los actos provengan de una autoridad para efectos del juicio de amparo. ...... Es por lo anterior, que se estima que la causal de improcedencia se actualiza de manera patente, y se tiene certeza de que aun de admitirse la demanda, no sería posible arribar a una convicción diversa independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Desechamiento En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el primer párrafo de la fracción II del diverso 5º, interpretado en sentido contrario, y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Determinación que se hace extensiva a la autoridad que señaló el promovente como responsable Instituto Mexicano del Seguro Social. ...
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