Eudoxio Montes Alcaraz
Expediente 30/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 30/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Eudoxio Montes Alcaraz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
1. Iguala de la Independencia, Guerrero, veinte de abril de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan las actuaciones, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el precepto 98 del ordenamiento invocado, sin que el impetrante haya hecho valer el medio de impugnación referido en contra del proveído del veintinueve de marzo del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de protección de derechos fundamentales, promovida por *** *** ***, por derecho propio, contra actos del Presidente Municipal de Huitzuco de los Figueroa, con domicilio en la misma localidad, y otra autoridad; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2°, de la legislación citada, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado. En consecuencia, toda vez que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Se hace constar que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que el mismo no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso el auto del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: "1. Iguala de la Independencia, Guerrero, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan las actuaciones, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que el impetrante haya desahogado la prevención del nueve de los actuales; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en esa fecha, por lo que se tiene como acto reclamado, según refirió en su escrito inicial de demanda, la multa que se impuso al chofer del promovente, el cual labora en la unidad de transporte público, en la ruta Tulimán-Huitzuco. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la normativa de la materia, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que se traduce en un obstáculo para que el órgano de control pueda pronunciarse sobre la regularidad del acto que se reclama, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad o convencionalidad que resulten aplicables. Cabe precisar que, por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Bajo esa perspectiva, debe señalarse que el promovente del amparo bajo protesta de decir verdad señaló como acto reclamado la multa que se realizó a su chofer que labora en su unidad de transporte público, así como el impedimento para poder trasladar a más del cincuenta por ciento de los pasajeros en su unidad en la ruta Tulimán-Huitzuco; sin embargo, dado la prevención que se le realizó y al no desahogar la misma, únicamente se tiene como acto reclamado la medida pecuniaria referida. Luego, en el presente caso, debe desecharse la demanda de amparo, porque del estudio integral de la demanda, se advierte que respecto al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º y 6°, ambos de la Ley de Amparo. Así, en términos del arábigo, señalado en segundo término, "el juicio de amparo, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame"; por ello, no es suficiente que se acredite la existencia de alguna situación abstracta, o en su caso futura e incierta que pueda estimarse violatoria de derechos fundamentales, para poder concluir, que quien acude a la acción constitucional, en efecto se vea afectado por ésta; sino que es necesario que, quien acude debe acreditar una afectación actual, presente y cierta al derecho que desea se respete, para poder estimar que el acto que reclama le ha ocasionado un agravio personal y directo; pues si un acto de autoridad no lo ocasiona, no existe legitimación para intentar válidamente la acción constitucional contra dicho acto. De la interpretación de dichos dispositivos se desprende que dentro de los principios que rigen la procedencia del juicio de amparo se encuentra el principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 constitucional, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la ley fundamental, las cuales son principalmente la supremacía respecto a las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. La causa citada encuadra en el caso, ya que el acto reclamado consiste en la multa impuesta a una persona que según refiere el promovente es el chofer de la unidad móvil Marca Toyota, con número de placas A85AFHS, que dice es de su propiedad. De ahí, se estima que el accionante de la tutela constitucional no sufre un perjuicio de manera concreta, cierta, actual, real, personal, directa e inmediata, al no haberse dirigida esa sanción pecuniaria, por lo que no se le afecta ningún derecho sustantivo en forma actual ni directa, siendo que el agravio no es actual ni directo, pues se insiste dicho acto no va dirigido a él, sino a la persona que refiere bajo protesta de decir verdad, es su chofer. Se concluye lo anterior, pues del apartado que denominó del acto reclamado y de los antecedentes que narra el impetrante, se advierte que la sanción pecuniaria que reclama va dirigida a su chofer, actuación que no genera afectación al impetrante que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues de conformidad con la manifestación efectuada por el ocursante, la destinataria de dicho acto es persona diversa al aquí promovente. De esta forma, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 6°, ambos numerales de la normativa de la materia, procede desechar la demanda de amparo promovida por ****, contra el acto del Presidente Municipal de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, por notoriamente improcedente, pues no existe duda en el suscrito juzgador, para formarse un criterio distinto, ya que, por las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de J. Dorian Cabrera Hernández, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe".
- Principal
1. Iguala de la Independencia, Guerrero, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan las actuaciones, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que el impetrante haya desahogado la prevención del nueve de los actuales; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en esa fecha, por lo que se tiene como acto reclamado, según refirió en su escrito inicial de demanda, la multa que se impuso al chofer del promovente, el cual labora en la unidad de transporte público, en la ruta Tulimán-Huitzuco. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la normativa de la materia, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que se traduce en un obstáculo para que el órgano de control pueda pronunciarse sobre la regularidad del acto que se reclama, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad o convencionalidad que resulten aplicables. Cabe precisar que, por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Bajo esa perspectiva, debe señalarse que el promovente del amparo bajo protesta de decir verdad señaló como acto reclamado la multa que se realizó a su chofer que labora en su unidad de transporte público, así como el impedimento para poder trasladar a más del cincuenta por ciento de los pasajeros en su unidad en la ruta Tulimán-Huitzuco; sin embargo, dado la prevención que se le realizó y al no desahogar la misma, únicamente se tiene como acto reclamado la medida pecuniaria referida. Luego, en el presente caso, debe desecharse la demanda de amparo, porque del estudio integral de la demanda, se advierte que respecto al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º y 6°, ambos de la Ley de Amparo. Así, en términos del arábigo, señalado en segundo término, "el juicio de amparo, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame"; por ello, no es suficiente que se acredite la existencia de alguna situación abstracta, o en su caso futura e incierta que pueda estimarse violatoria de derechos fundamentales, para poder concluir, que quien acude a la acción constitucional, en efecto se vea afectado por ésta; sino que es necesario que, quien acude debe acreditar una afectación actual, presente y cierta al derecho que desea se respete, para poder estimar que el acto que reclama le ha ocasionado un agravio personal y directo; pues si un acto de autoridad no lo ocasiona, no existe legitimación para intentar válidamente la acción constitucional contra dicho acto. De la interpretación de dichos dispositivos se desprende que dentro de los principios que rigen la procedencia del juicio de amparo se encuentra el principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 constitucional, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la ley fundamental, las cuales son principalmente la supremacía respecto a las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. La causa citada encuadra en el caso, ya que el acto reclamado consiste en la multa impuesta a una persona que según refiere el promovente es el chofer de la unidad móvil Marca Toyota, con número de placas A85AFHS, que dice es de su propiedad. De ahí, se estima que el accionante de la tutela constitucional no sufre un perjuicio de manera concreta, cierta, actual, real, personal, directa e inmediata, al no haberse dirigida esa sanción pecuniaria, por lo que no se le afecta ningún derecho sustantivo en forma actual ni directa, siendo que el agravio no es actual ni directo, pues se insiste dicho acto no va dirigido a él, sino a la persona que refiere bajo protesta de decir verdad, es su chofer. Se concluye lo anterior, pues del apartado que denominó del acto reclamado y de los antecedentes que narra el impetrante, se advierte que la sanción pecuniaria que reclama va dirigida a su chofer, actuación que no genera afectación al impetrante que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues de conformidad con la manifestación efectuada por el ocursante, la destinataria de dicho acto es persona diversa al aquí promovente. De esta forma, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 6°, ambos numerales de la normativa de la materia, procede desechar la demanda de amparo promovida por ****, contra el acto del Presidente Municipal de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, por notoriamente improcedente, pues no existe duda en el suscrito juzgador, para formarse un criterio distinto, ya que, por las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de J. Dorian Cabrera Hernández, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
1. Iguala de la Independencia, Guerrero, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Eudoxio Montes Alcaraz, por derecho propio, contra actos del Presidente Municipal de Huitzuco de los Figueroa, con domicilio en la misma localidad, y otra autoridad; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 30/2021-1-D. Ahora bien, de conformidad con el artículo 114 de la normativa de la materia, se mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Establecido lo anterior, cabe precisar que el artículo 108 de la legislación referida, dispone lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame." Del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que el promovente señala: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: ".La ilegal multa que se realizó a mi chofer que labora en mi unidad de transporte público, así como el impedimento para poder trasladar a más del 50% de los pasajeros en mi unidad en la ruta Tulimán-Huitzuco." De lo transcrito, y del análisis de la demanda no se distingue de forma clara cuál es el acto o actos, atribuido a cada una de las responsables, lo que genera incertidumbre al respecto. En consecuencia, previo al acuerdo respectivo, con fundamento en lo dispuesto en por el artículo 114, en relación con la fracción IV, del diverso 108, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, y con las copias suficientes de su escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: Precise el acto reclamado o actos reclamados. Si reclama la limitación en la unidad de transporte marca Toyota con número de placas A85AFHS que dice ser de su propiedad a fin de trasladar a más de 50% de pasajeros en la ruta de Tulimán-Huitzuco. En caso de ser afirmativa su respuesta, refiera cuando se hizo sabedor de dicha negativa. Hágase del conocimiento del impetrante el contenido del artículo 261 de la ley de la materia, que prevé las sanciones para el quejoso, para su abogado, autorizado o para ambos, cuando con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les conste con relación al acto reclamado; numeral que al efecto se transcribe: ".Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Dígasele que su aclaración deberá presentarla por escrito con las copias respectivas para correr traslado, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del plazo concedido, únicamente se tendrá como acto reclamado únicamente la multa que menciona en su escrito. Se habilitan días y horas inhábiles, para que se realicen las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal en este sumario constitucional. Es preciso destacar que para la práctica de la notificación personal, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica al encontrarse dentro de la residencia de este Juzgado Federal. Se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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