Eudez Patricio Herrera

Expediente 516/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
516/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • Eudez Patricio Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Eudez Patricio Herrera, por propio derecho, contra actos del Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, y otras autoridades. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 516/2023 que le corresponde, para lo cual se forman expedientes, tanto físico como electrónico, acorde a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el invocado dispositivo legal, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Consideraciones previas. En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar la demanda, a fin de determinar su procedencia o improcedencia. "ARTÍCULO 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos legales transcritos se advierte la posibilidad de desechar una demanda de amparo indirecto, cuando del análisis de su contenido, incluyendo los anexos, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable; entendiéndose por lo primero, lo que no requiere de mayor demostración, y por lo segundo, de lo que se tiene certeza y plena convicción. Así es, de acuerdo con el artículo 113 invocado, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. Sobre este aspecto, la Jurisprudencia V.2o. J/75, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 68, agosto de 1993, Registro digital: 215188, página 77, cuyo rubro a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda debe satisfacer los siguientes requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, se insiste, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes un juicio que, desde su promoción, se aprecia infructuoso, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causales previstas en el artículo 61 de la propia Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Precisión del acto reclamado: En términos de lo dispuesto en el precepto 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia constitucional es: La orden de desalojo y lanzamiento emitida en los autos del juicio especial de desahucio 130/2008, por el Juez Vigésimo Séptimo de los Civil de la Ciudad de México, respecto del inmueble identificado como Villa 13 Clouster Verona (Verona Villa 13), ubicado en los lotes de terreno 1 y 13, Granja 68 del fraccionamiento Granjas de la Marqués, en esta ciudad y puerto, del cual mantiene la posesión, la que se ordenó ejecutar mediante exhorto que al efecto se libró al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, al que le asigno el número 24/2023-3. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra del ocurso constitucional, pues este Juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos ahí contenidos, en un sentido congruente con todos sus elementos, así corno la totalidad de la información del expediente del presente juicio, lo que incluye la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo dé esta manera se logra congruencia entrelo pretendido y lo resuelto. Al caso se considera aplicable la Jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Torno XI, abril de 2000, Novena Época, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 192097, página 32, que a la letra dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente, el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforma a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Fundamentos para desechar la demanda. Este Juzgado considera que en el caso sometido a estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Se explica. La acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio). Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 135, que es del tenor literal siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." El interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo 82, Octubre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." En el caso, la quejosa se ostenta tercera extraña auténtica al juicio especial de desahucio 130/2008, del índice del Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México; y reclama la orden de desalojo y lanzamiento respecto del inmueble identificado como Villa 13 Clouster Verona (Verona Villa 13), ubicado en los lotes de terreno 1 y 13, Granja 68 del fraccionamiento Granjas de la Marqués, en esta ciudad y puerto, que afirma poseer en calidad de arrendadora. Por tanto, debió demostrar fehacientemente ser titular del derecho que afirma fue infringido con el acto reclamado. Para solventar esa carga procesal, manifestó que posee el inmueble materia del litigio, lo cual puede ser materia de protección constitucional siempre y cuando derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho de posesión. Debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de ese derecho. En efecto, quien ejercita la acción de amparo debe ser titular de un interés necesario para justificar esa afectación o perjuicio que se demuestre que el derecho del inmueble que defiende deriva de un título de posesión objetivo, como lo es una escritura pública o un contrato. Resulta aplicable, por sus consideraciones, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1/2002, consultable en la página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra se transcribe: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Ahora bien, la parte peticionaria exhibió en conjunción con su demanda, el original del contrato de arrendamiento de fecha cinco de enero de dos mil diecinueve, que celebró con Leticia Barrila Manzo; sin embargo, los documentos provenientes de terceros que consignan contratos, para que tengan eficacia plena, deben tener fecha cierta anterior al inicio del proceso y ello acontece: A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y, Desde la muerte de los que firmaron. De manera que, si no se actualiza alguno de estos supuestos, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico ante terceros, por carecer de certeza de la fecha en que se celebró. Así, se debe tener como fecha cierta de un documento privado aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, dado que dicho Registro es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. Asimismo, presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que esta investido de fe pública y cuenta con facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce así a garantizar la certeza de la fecha de su realización, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. Finalmente, el fallecimiento de alguno de los contratantes también genera certidumbre en la fecha del documento, pues al ocurrir el deceso no existiría posibilidad de prefabricar un pacto de voluntades por no poder contrariarse el orden cronológico y natural de los eventos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 77, Tomo XXI, Junio de 2005, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, 1917 - 2000, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." Asimismo, sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 46/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, consultable en la página 78, Tomo X, Diciembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." La exhibición de un contrato privado de arrendamiento original que carece de fecha cierta, es insuficiente para acreditar el interés de la parte quejosa cuando ostenta la calidad de tercera extraña al juicio, pues ello imposibilita determinar con certeza jurídica si el contrato es anterior o posterior al reclamo de que se duele; además de que con ese documento sólo acreditaría la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble, pero no así la fecha cierta, lo cual garantiza la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 11, Novena Época, Materia Civil, aplicada analógicamente, cuyo rubro y texto son: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Igualmente, en el supuesto no concedido de que efectivamente la parte quejosa tuviera la posesión material del inmueble, este sólo hecho no es suficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de autoridad, pues tratándose de casos en que el agraviado se ostenta como tercera extraña a juicio, aduciendo tener la posesión de un bien por virtud de un contrato, es indispensable la plena comprobación de que dicho título tiene fecha cierta anterior al inicio del proceso; ello es así, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación y, por tanto, no protegida a través del juicio constitucional. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, de Febrero de 2002, página 5, en materia civil, de la novena época, con número de registro 187733, cuyo rubro y texto es: "TERCERO EXTRAÑO. INTERES JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACION MATERIAL EL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, esposeedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por sunaturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional." Por tanto, se reitera, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico que reúna los requisitos legales para tal efecto, es decir, que por sus características sea oponible a terceros, ya que sólo así, se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio; lo que en la especie no ocurre, pues como se precisó, la documental ofrecida por la parte quejosa es insuficiente para demostrar la posesión que defiende. Además, aunque la narración de antecedentes del acto reclamado y fundamento de los conceptos de violación se haga bajo protesta de decir verdad, dichas manifestaciones no llegan al extremo de acreditar el derecho sustantivo protegido por la ley, que asiste a quien insta el juicio de derechos fundamentales, ya que esto, necesariamente, debe ser acreditado en forma indefectible y no con base en meras afirmaciones, que en todo caso vienen a constituir presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 297, visible en la página 245 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." A mayor abundamiento, conviene señalar que la quejosa resulta ser causahabiente de la demandada Leticia Barrila Manzo; por lo que, la agraviada se sustituye en la obligación que tiene su causante para cumplir el auto que requiere la entrega del bien raíz que defiende; pues dicha figura, no es otra cosa que la sustitución de una persona de las obligaciones de otra. Es decir, el hecho de haber celebrado un contrato de arrendamiento con la parte demanda en el juicio natural, hace que esta se sustituya de las obligaciones de la parte vencida y para el caso de que la arrendataria no haya intervenido en el juicio de origen, es a ella a quien le corresponde la defensa del bien inmueble de su propiedad. De ahí resulta que, el contrato de arrendamiento en que apoya su derecho pone de manifiesto la maniobra del demandado o demandada (arrendador) para no cumplir con la sentencia en la cual fue vencido, razón por la que, mientras siga pendiente el cumplimiento de esa sentencia, el arrendatario (quejoso) se sustituye en la obligación de su arrendadora para cumplir el mandato judicial de entrega y se actualiza la facultad del Juez de primer grado para exigirle a la solicitante del amparo el cumplimiento de la misma, quien, en todo caso, conserva su derecho para ejercer la acción que estime procedente en contra de su arrendadora. Se cita de manera ilustrativa por analogía y en lo que interesa, la tesis XVII.2o.28 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que aparece publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, abril de 2003, Materia Civil, página 1061, del tenor siguiente: "CAUSAHABIENTE. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO EL ARRENDATARIO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, CUANDO LA CONVENCIÓN DE ARRENDAMIENTO SE CELEBRE CON EL DEMANDADO EN EL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, CON POSTERIORIDAD A SU INICIO, PUES NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO A JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). De una interpretación sistemática de los artículos 2786 y 2787 del Código Civil para el Estado de Chihuahua, que disponen que la hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en grado de preferencia, los que quedan sujetos al gravamen impuesto, aunque pasen a favor de terceros, en relación con los preceptos 446, 449, 450, 452, 453 y 455 del Código de Procedimientos Civiles de la misma entidad, que prevén la tramitación del juicio especial hipotecario, se arriba a la conclusión de que una vez iniciado ese procedimiento especial y registrada la cédula hipotecaria ante la autoridad administrativa correspondiente, si con posterioridad el demandado, como arrendador, celebra contrato de arrendamiento con un tercero, como arrendatario, respecto del bien inmueble afectado en el contrato de hipoteca, es inconcuso que el inquilino adquiere el carácter de causahabiente del demandado y, por ende, se somete a las resultas o consecuencias jurídicas de lo que se resuelva en ese juicio, en razón de que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 449, 452 y 455 del ordenamiento jurídico procesal citado, el registro de la cédula tiene como efectos jurídicos sujetar la finca que sirve de garantía al resultado del juicio hipotecario, así como que se haga saber a las autoridades y al público que no se practique en la finca algún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquiera otra que entorpezca el curso del procedimiento o viole los derechos en él adquiridos por el actor acreedor hipotecario, quedando desde ese momento el deudor constreñido a cumplir con la obligación de un depositario judicial respecto del bien afectado, lo que resulta congruente con el principio de persecución de la cosa que caracteriza a la hipoteca como un contrato de garantía real, y que consiste en que el derecho adquirido por un tercero, cualquiera que sea su naturaleza, siempre estará sometido a la acción hipotecaria. En esa virtud y en atención al principio general de derecho consistente en que no se puede transmitir a otro más de lo que se tiene, es evidente que cuando se celebre un contrato de arrendamiento en las circunstancias apuntadas, el derecho de posesión que transmita el demandado al arrendatario no es un derecho pleno, en la medida en que estará gravado o restringido su disfrute a lo que se decida en el juicio correspondiente, lo que significa que el demandado en su calidad de depositario judicial, deberá entregarlo cuando así se le requiera por resolución que se emita en ese procedimiento, sin que el inquilino pueda oponerse a tal mandamiento, puesto que carece de interés jurídico propio para acudir al juicio de garantías como tercero extraño al juicio de origen, pues como causahabiente del demandado en el juicio hipotecario el derecho de defensa que protege la garantía de audiencia se ejerce a través de su causante, por lo que en ese supuesto se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Con base en lo expuesto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XII; por ende, con fundamento en el precepto 113 de la invocada ley, se desecha por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por Eudez Patricio Herrera. La causa de improcedencia invocada, se estima de estudio preferente a cualquier otra que en su caso pudiera actualizarse respecto del acto reclamado en estudio, lo que tiene sustento en la parte conducente de la Jurisprudencia 1a./J. 3/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo IX Enero de 1999, Materia Común, Registro digital: 194697, 194697, página 13, que a la letra establece: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Precisiones. Se considera indispensable puntualizar que el análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo, no configura una denegación de justicia, tal como lo dispone la tesis III.2o.C.3 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro digital 2002537, página 2066, que establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Asimismo, se considera necesario precisar que si bien es cierto que la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de Derechos Humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional, doctrinalmente denominados como principio pro persona o pro homine, también es cierto que ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales, tales como los de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, etcétera, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 6, mayo de 2014, tomo II, registro digita 2006485, página 772, que a la letra dispone: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Así como la Jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, registro digital: 2004748, página 906, que a la letra establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Se habilitan horas y días inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el precitado arábigo constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Autorizados y domicilio procesal de la parte quejosa. Se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Delfino Martínez Comino, Joel Iván Serna Macedo, German de Dios Miranda Mayren y Jazmín Santana Chávez; respecto de las demás personas que señala, únicamente se les autoriza para recibir y oír notificaciones e imponerse de los autos, conforme al precepto 24 de la invocada ley, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. En relación al correo electrónico y el teléfono que se proporcionan, no ha lugar a realizar notificaciones a través de esos medios electrónicos, toda vez que esa opción se estableció como transitorio en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 cuya vigencia ya feneció y el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en vigor no contempla esa posibilidad, sino sólo para cuestiones no procesales. Notificaciones vía electrónica. Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona el usuario: "D.MARTINEZ", se autoriza la consulta del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Por su parte, respecto a que las notificaciones que se ordenen en el asunto se realicen de manera electrónica, atendiendo a las razones jurídicas expuestas en la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes catorce de junio de dos mil diecinueve, en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO."; se autoriza que por dicho medio se le realicen únicamente las notificaciones personales. En cambio, las demás notificaciones que se ordenen en sumario, que no ameriten realizarse de manera personal, se publicarán por medio de lista electrónica, conforme lo estipula el artículo 29 de la Ley de Amparo; medio de comunicación oficial, que también está en posibilidad de consultar de manera electrónica, a través del Portal Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Estadística Judicial, con la página web: <www.dgepj.cjf.gob.mx>. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior, la el criterio I.1°.A.23. K (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, materia común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Expedición de copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que llegasen a solicitar durante la tramitación del presente juicio, sin que sea necesario que la soliciten por escrito ni que sea necesario emitir acuerdo posterior; la que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto. Transparencia y datos personales. También, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia. Criterios invocados. Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.

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