Etzikey Beltran Legy

Expediente 687/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
687/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
05/11/2020

Partes del expediente

  • Etzikey Beltran Legy

Actuaciones

  1. Incidental

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO AL QUEJOSO EL AUTO DE CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EL CUAL DICE: Certificación: En Mexicali, Baja California, a cinco de noviembre de dos mil veinte, el suscrito Herzel Godínez Salas, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, certifica y hace constar: que ha transcurrido el plazo de cinco días hábiles que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita, contra el proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio, el cual transcurrió del veintiocho de octubre al cuatro de noviembre del presente año; de igual forma, certifico: Que el oficial de partes de este juzgado, a la fecha, no entregó al suscrito, promoción alguna a través de la cual se intentara el recurso en cuestión; finalmente se hace constar: que en el presente juicio: A) No existe documento en original a que se refiere la fracción XVIII, del punto segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; B) No existe tomo de pruebas que devolver. Doy fe. En cinco de noviembre de dos mil veinte, el suscrito Secretario da cuenta con la anterior certificación y con el estado procesal de autos. Conste. MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días hábiles que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. 13/02/21 12:42:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.89.99 HERZEL GODINEZ SALAS CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un expediente que sin decidir el juicio en lo principal se dio por concluido. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, 13/02/21 12:42:46 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.89.99 HERZEL GODINEZ SALAS FIRME DESECHAMIENTO AMPARO 687/2020-4A notifíquese a la parte quejosa, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho1 anótese en el libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acuerda y firma José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Herzel Godínez Salas, que autoriza y da fe. XL El suscrito Secretario h

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, DEL PROVEÍDO DE VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veinte de octubre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ETZIKEY BELTRÁN LEGY, regístrese en el Libro Uno del Juzgado con el número 687/2020. DESECHAMIENTO Ahora, derivado del análisis integral del escrito petitorio de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por ETZIKEY BELTRÁN LEGY, contra el acto que reclama del Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California. Ello es así, ya que del análisis integral que se hace de la demanda de amparo de amparo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Del precepto anteriormente transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley que rige el acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, dicho juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo es procedente, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la Ley de Amparo precisan, cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial. El reproducido precepto, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Así las cosas, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior, patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 113/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005039, cuyo rubro dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD". En ese orden, respecto al acto reclamado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, consistente en el acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte, emitido por el Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, dentro del cuaderno preliminar 00377/2020, en el que se negó a la quejosa, en su calidad de víctima, la celebración de la Audiencia General, a fin de que se le proporcionen medidas de protección, la quejosa inobservó el principio de definitividad para hacer procedente el juicio de amparo, ya que de conformidad con los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debió de interponer el recurso de revocación en contra de la resolución reclamada, por virtud del cual pudo ser modificada, revocada o nulificada. Ahora bien, los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son del tenor literal siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." De los numerales transcritos se desprende, que la parte quejosa se encontraba obligada a interponer el recurso de revocación contemplado en la legislación procesal penal, dado que, tratándose de actos emanados de tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Ahora, un medio de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto y en el mismo sentido, certeza legal de que en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación. Por lo que, el legislador impuso la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo Juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. Por ello, se insiste, en el caso en análisis, el auto previamente citado, cuya constitucionalidad se cuestiona en esta vía, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite, consecuentemente, de acuerdo con los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio, dado que los citados numerales establecen la procedencia del recurso de revocación en cualquiera de las etapas del procedimiento penal, en las que interviene la autoridad judicial y en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Tiene aplicación a lo anterior por los razonamientos de su contenido, la tesis XVII.1o.P.A.63P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable a foja 1596, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017381, cuyo rubro dice: "RESOLUCIÓN QUE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA EL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. AL TRATARSE DE UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO VIOLA DERECHOS SUSTANTIVOS, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO". Así como la tesis XXVII.2o.1 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable a foja 2504, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2019815, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA SOLICITADA AL JUEZ DE CONTROL PARA EXPONER LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO. CONTRA LA NEGATIVA DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA QUE SE REALICE, DEBE AGOTARSE PREVIO AL AMPARO, EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Sin que obste el hecho que el citado medio ordinario no suspenda la ejecución del acto reclamado, ya que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o. J/85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a foja 51, Núm. 67, Julio de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 215770, cuyo rubro dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO". En relatadas condiciones, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, procede desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, del ordenamiento invocado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa, el que indica en su escrito de demanda, por autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a los profesionista que indica, así como para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHABILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..."

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