Etza Marilin Escobedo Malagón
Expediente 125/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 11/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Etza Marilin Escobedo Malagón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional, sin que se interpusiera; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se engrosó la sentencia dictada en el presente juicio, asimismo, que en escrito presentado el diecinueve de agosto posterior, la quejosa ... señaló nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, y que la resolución aludida se notificó el veinticuatro de ese mes y año; a fin de no dejar en estado de indefensión a la citada parte procesal y evitar nulidades en el procedimiento, se ordena realizar la diligencia respectiva en la localidad que la impetrante indicó para ello. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE 17 DE AGOSTO DE 2021 Y EL PROVEÍDO DE 7 DE OCTUBRE DE ESTE AÑO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "(SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE 17 DE AGOSTO DE 2021) V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 125/2021 promovido por ... por propio derecho y en representación de los menores de identidad protegida e iniciales .... y ..., contra actos de la Segunda Sala y Juez Vigésimo Sexto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El veinte de octubre de dos mil veinte, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, consistentes en: ".la resolución dictada en apelación, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte." Segundo. Admisión. Previa declinación de legal competencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el diez de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se dio intervención a la fiscal federal adscrita; se requirieron informes justificados; y, se ordenó emplazar a la tercera interesada. Tercero. Seguido el proceso constitucional, se rindieron los informes de ley; la parte tercera interesada fue emplazada, la representante social adscrita no formuló pedimento; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto, promovido contra actos derivados de un procedimiento familiar, tramitado ante un tribunal del orden común, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La sentencia emitida el veintiocho de septiembre de dos mil veinte en el toca 274/2020/2, por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó la interlocutoria de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Vigésimo Sexto de la propia especialidad y residencia en la controversia del orden familiar, alimentos 815/2011, y en su lugar fijó la pensión alimentaria definitiva en el treinta y cinco por ciento de los ingresos del deudor. La ejecución de dicho fallo. Tercero. Existencia. Al rendir su informe justificado la sala responsable aceptó la existencia de los actos reclamados, como se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, consultable en la página 153 del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia: Común, Quinta Época, de registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, el juzgador responsable fue omiso en rendir su informe de ley no obstante estar notificado del deber de allegarlo, por ello procede presumir la certeza de los actos ejecutivos que se le atribuyen, únicamente para efectos del juicio de amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se informa de las actuaciones que precedieron a los actos reclamados. I. El quince de agosto de dos mil once, las partes suscribieron un convenio en cuya cláusula primera se lee: "(.) De acuerdo a la pensión alimenticia para los menores (...) será la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), MENSUALES, mismos que serán descontados vía nómina al señor JOEL SIMBRON DEL PILAR, de manera quincenal en la cantidad de $2,250.00 (dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), quien trabaja en la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, y la cantidad antes mencionada será entregada a los acreedores alimentistas por conducto de la C. ..., asimismo, el señor ..., se obliga a absorber todos los gastos que requieran los menores por concepto de atención médica, ropa, calzado, útiles escolares y recreación de los mismos." II. El seis de marzo de dos mil diecisiete, se declaró disuelto el vínculo que unió en matrimonio a la quejosa con el tercero interesado. III. El tres de febrero de dos mil diecisiete, la impetrante planteó incidente de incremento de pensión alimenticia. El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia correspondiente tal como se indica: "R E S U E L V E (.) SEGUNDO.- Se CONDENA A ... al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de sus hijos (.), por el equivalente al 40% (CUARENTA POR CIENTO) de los ingresos tanto ordinarios como extraordinarios que percibe de su fuente de trabajo, a razón del 20% (veinte por ciento) para cada niño." T ERCERO.- Se ABSUELVE al señor ... a la fijación de una pensión alimenticia provisional en porcentaje reclamada en la prestación marcada con el número II romano. CUARTO.- Se ABSUELVE al señor ... del pago de la cantidad que se le reclama, al no haber quedado acreditado dicho adeudo. (.)" IV. Inconforme, el deudor alimentario interpuso recurso de apelación fallado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte en el toca 274/2020/2 por la sala responsable, en el siguiente sentido: "R E S U E L V E (.) SEGUNDO.- Se CONDENA A ... al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de sus hijos (.), por el equivalente al 35% (treinta y cinco por ciento) de los ingresos tanto ordinarios como extraordinarios que percibe de su fuente de trabajo, a razón del 17.5% (diecisiete punto cinco por ciento) para cada niño." TERCERO.- Se ABSUELVE al señor ... a la fijación de una pensión alimenticia provisional en porcentaje reclamada en la prestación marcada con el número II romano. CUARTO.- Se ABSUELVE al señor ... del pago de la cantidad que se le reclama, al no haber quedado acreditado dicho adeudo. (.)" La última de las decisiones judiciales y su ejecución integran la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación donde la parte quejosa sostiene: La sentencia reclamada contraviene las garantías de legalidad, exacta aplicación de la ley y seguridad jurídica, previstas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación con los ordinales 308 y 311 del Código Civil, 81, 82, 84, 94, 283 y 402 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para la Ciudad de México, por carecer de fundamentación y motivación. La sala responsable inacató el principio de legalidad porque dejó de valorar diversas pruebas ofrecidas y desahogadas en el expediente, particularmente el resultado del estudio en trabajo social, donde el deudor manifestó al trabajador social que tiene un superávit monetario por $2,974.00 (dos mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). En tanto que la quejosa sostuvo tener un déficit por $10,900.00 (diez mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional), y al amparo de tales factores es que la autoridad debió revisar las necesidades de cada acreedor y las posibilidades de los deudores. Por lo cual injusto es que la inconforme destine el cien por ciento de sus percepciones y el deudor el treinta y cinco por ciento, si cuenta con mayores ingresos. Máxime que los reportes bancarios recabados demuestran que en los años dos mil quince y dos mil dieciséis, respectivamente, el deudor tuvo saldos por $120,844.16 (ciento veinte mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 16/100 moneda nacional), y $981,548.00 (novecientos ochenta y un mil quinientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), lo cual deja claro que el enjuiciado tiene ingresos superiores a los reportados por su centro de trabajo. Aunado a que la cantidad líquida que se entregará en realidad será menor a lo pactado el quince de agosto de dos mil once por $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, que equivalía al 57.7% del sueldo que se tenía en ese momento, por lo cual al incrementar el salario actual, el porcentaje debe hacerlo también. En ese sentido, es desproporcional la pensión determinada, en perjuicio de los menores acreedores porque les coarta las aspiraciones que tienen sobre clases adicionales y actividades lúdicas. Son infundados los conceptos de violación, los cuales serán analizados de forma conjunta como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, porque integran un tema afín, aunque no corresponda estrictamente a la forma planteada por la parte quejosa. En efecto no asiste razón a la parte inconforme en cuanto a que la sala responsable dejó de fundar y motivar, porque en el acto reclamado sí se dieron razones para sostener su decisión, esto es, fijó la pensión alimenticia correspondiente en porcentaje de los ingresos del deudor alimentario y no en monto fijo de dinero, de donde modificó el cuarenta por ciento establecido por el juez primigenio para quedar en un treinta y cinco por ciento de los ingresos ordinarios y extraordinarios del mencionado. Conclusión que obtuvo conforme a la siguiente argumentación: - El cambio de la forma de pago de la pensión alimenticia fue solicitada en la demanda incidental y durante todo el procedimiento por la actora. - Fue demostrado el cambio de circunstancias que amerita el incremento de la pensión alimenticia fijada para sus menores hijos, comenzando por su edad actual, lo que genera mayores necesidades, lo cual se sustentó en el estudio socioeconómico practicado a las partes. Aunado a que se justificó dicha decisión de cambiar la forma de pago (de cantidad líquida a porcentaje), en la variación en los ingresos del deudor y atendiendo al principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 311 del Código Civil para esta ciudad. - El demandado incidentista no acreditó tener otros acreedores, pues los hijos que tiene de un primer vínculo cuentan con veintiséis y veintinueve años de edad, sin que demostrara que son sus dependientes económicos. - Si bien no se probaron con exactitud los ingresos totales que percibe el deudor, se consideró justo el incremento de alimentos reclamado por el porcentaje equivalente al treinta y cinco por ciento de ellos; lo que de ninguna forma resulta excesivo en relación a los diversos $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, pactados inicialmente a favor de sus menores hijos. Lo fallado es acorde a la constitución porque al haberse fijado el monto a pagar por concepto de pensión alimenticia en cantidad específica, el incidente de aumento debió ajustarlo a los índices de inflación correspondientes, conforme lo establecido en el artículo 311 del Código Civil para la Ciudad de México, lo cual de por sí representa un factor de incremento en beneficio de los acreedores. Además, en el convenio celebrado por las partes no se hizo tal prevención como lo establece el citado precepto legal, puesto que en la demanda incidental las prestaciones de la actora fueron precisadas de la siguiente forma: "I. El incremento de la pensión alimenticia a favor de mis menores hijos (.), decretada en convenio de fecha quince de agosto de dos mil once, ante el Juzgado Trigésimo Sexto de lo Familiar, en juicio con número 815/2011, ya que la misma resulta insuficiente para la manutención de los mismos. II. El pago y aseguramiento de una pensión provisional por porcentaje y en su momento procesal oportuno definitiva a favor de mis menores hijos (.), misma que deberá ser decretada por porcentaje (y no por cantidad líquida), sobre las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe el ahora reconvenido (sic) ... III. La modificación de la pensión alimenticia por porcentaje y no por cantidad, como se encuentra estipulado en el convenio de fecha quince de agosto de dos mil once, ante el Juzgado Vigésimo Sexto de lo Familiar, en juicio con número de expediente 815/2011, en virtud que la misma resulta insuficiente, debiendo considerarse que en el año que se convino la pensión que se pretende modificar, mis menores hijos tenían la edad de cuatro años (.) nueve meses. Resultando pertinente considerar que en la actualidad los gastos de mis menores hijos se han incrementado y que no se han hecho los incrementos correspondientes, debiendo considerar que se ignora a cuánto ascienden los ingresos ordinarios y extraordinarios del C. ... actualmente (.). En ese aspecto, fue correcto lo resuelto por la autoridad, porque integró con los derechos que efectivamente corresponden a la controversia de alimentos, cuando hay menores de edad involucrados, y con lo que al efecto el demandado, hoy quejoso, contestó, donde únicamente refirió la improcedencia de las pretensiones de su contraria, toda vez que el monto de la pensión alimenticia que quedó fijado en convenio judicial se ha cumplido y que ambas partes trabajan, y que les permite cubrir las necesidades de sus menores hijos. Sobre esa base se corrobora el cumplimiento a los principios de proporcionalidad y necesidad porque la autoridad no atendió únicamente a dicha prestación de la accionante incidentista, pues lo que procuró en todo momento fue velar por el interés superior de los menores involucrados con respecto a los alimentos que deben recibir, lo cual constituye una institución de orden público e interés social de carácter urgente e inaplazable. Sustenta lo anterior, respecto de la institución jurídica de los alimentos, la doctrina y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ha definido el derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista, para exigir a otra denominada deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato. A su vez, la modificación de la pensión tiene un sustento legal en la regla prevista en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, conforme a la cual las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. En tanto que de la justificación sustancial de la aplicación de la citada regla, la autoridad expuso las razones por las cuales fijaba la cantidad de la pensión alimenticia aumentada justo en el porcentaje determinado, por ser acorde a las circunstancias cuya variación se demostró que debía obedecer a la realidad del derecho de alimentos, conforme a las pruebas desahogadas que a su vez permitieron cuantificar las posibilidades económicas, y las necesidades de los acreedores. Lo anterior, porque se acreditó el cambio de circunstancias a fin de modificar la cuantía de la pensión, pues para el quince de agosto de dos mil once que se acordó un pago por $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, los menores contaban con nueves meses y cuatro años de edad y a la fecha tienen nueve y trece años, siendo un hecho notorio que por el transcurso del tiempo tienen mayores necesidades y sus gastos se van incrementando; mismas que se encuentran ajustadas a derecho y a las actuaciones del juicio de primera instancia, entre ellas, las del incidente natural. Ahora bien, en cuanto a la función probatoria, no asiste razón a la informe al señalar que la autoridad dejó de revisar los medios de convicción del proceso, porque al respecto consideró conjuntamente las siguientes pruebas: - Estudios socioeconómicos realizados a la partes por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. - Informe de ingresos de ..., remitido por el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que arrojó que cuenta con un sueldo mensual de $11,098.00 (once mil noventa y ocho pesos 00/100 moneda nacional). - Recibos de nómina del deudor alimentario. - Declaraciones fiscales del peticionario remitidas por el Servicio de Administración Tributaria, así como reportes bancarios que envió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de tres cuentas a su nombre. Probanzas con las que se concluyó que al ser evidente que tanto las partes como sus menores hijos requieren satisfacer los rubros de alimentos y que ambos progenitores, desempeñan un actividad laboral por la que obtienen ingresos económicos propios, siendo mayores los del demandado, consideró justo y equitativo decretar como monto por concepto de pensión alimenticia el treinta y cinco por ciento de los ingresos ordinarios y extraordinarios que obtiene por su trabajo. Por las razones expuestas, se considera que la actuación de la autoridad cuenta con los requisitos establecidos en la Constitución Federal, los cuales aseguran que las determinaciones del orden judicial sean realizadas siempre apegadas a las leyes. En ese aspecto, la AD Quem analizó las prestaciones reclamadas en el incidente de origen, valoró el caudal probatorio y justificó que lo decidido resultara equitativo para las partes, conforme al interés superior de los menores involucrados, y conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad que rige la materia de alimentos; en ese sentido es infundado que el porcentaje determinado sea ajeno a los principios del derecho de alimentos. Apoya lo expuesto, la tesis aislada XXXI.9 C, del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, de la Novena Época, de registro 166343, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA LA FIJACIÓN DE SU MONTO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA, EN UN PLANO DE EQUIDAD, LAS POSIBILIDADES REALES DEL DEUDOR, DERIVADAS DEL TOTAL DE SUS PERCEPCIONES, CONFRONTÁNDOSE CON LAS NECESIDADES DE LOS ACREEDORES PERO GARANTIZANDO SU SUBSISTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). El artículo 327 del Código Civil del Estado de Campeche establece: "Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos.", y del diverso numeral 324 se advierte que éstos comprenden vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad, y respecto de los hijos menores implica además sufragar los gastos necesarios para la educación primaria y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. Lo anterior significa que para fijar el monto de la pensión alimenticia, conforme a los principios de proporcionalidad y equidad, debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor, ponderándose también el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que represente la familia; sin que ello implique tomar como base para tal efecto únicamente las erogaciones demostradas por el deudor, sino que las posibilidades reales de éste derivan del total de sus percepciones, lo cual deberá confrontarse con las necesidades de los acreedores, por lo que debe buscarse un plano de equidad entre ambos aspectos; pues lo contrario, equivaldría a dar preferencia a los intereses económicos del deudor, con el riesgo latente de hacer nugatoria o insuficiente la mínima satisfacción de alimentos que garanticen su subsistencia; ya que se llegaría al absurdo de disminuir la pensión correspondiente en la medida en que el deudor alimentista contraiga nuevas obligaciones pecuniarias." Por otra parte, es infundado el planteamiento donde se argumenta que si el deudor goza de solvencia económica, entonces puede pagar más de la obligación impuesta en el acto reclamado. Para atender el planteamiento es necesario partir de una premisa más amplia y describir los dos elementos que integran la acción de alimentos, esto es, las posibilidades reales del deudor (primero) que sustenta la forma de cumplir, y las necesidades del acreedor (segundo) que da pauta a determinar el quantum de la erogación económica, para dar paso a explicar la materia de controversia. En el amparo directo en revisión 1340/2015 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que en relación con su origen, la obligación alimentaria surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia, para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo entre acreedor y deudor; y, (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación donde pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. El Alto Tribunal ha señalado que el estado de necesidad referido surge, como su nombre lo indica, de la necesidad y no de la comodidad, además, se trata de un derecho estrictamente individual, por lo que para que se actualice la obligación de alimentos es necesario tener en cuenta la necesidad del acreedor de los mismos y no el de las personas que tiene a su cargo. En cuanto al contenido material de la obligación de alimentos, la misma va más allá del ámbito meramente alimenticio, pues también comprende educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas que una persona necesita para sobrevivir, en tanto que el derecho a los alimentos, tiene como eje funcional la dignidad humana. Tales argumentos se ven reflejados en la jurisprudencia 1a./J. 41/2016 (10a.), de la Décima Época, de registro 2012502, que dice: "ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS. La institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto." Al amparo del precedente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para contestar el planteamiento de la inconforme, se infieren las siguientes conclusiones. Los alimentos se integran con dos aspectos que dependen de las condiciones de cada caso, esto es, las necesidades del acreedor y las posibilidades reales del deudor, en tanto que la autoridad familiar no puede imponer reglas totalizadoras, que dejen de distinguir las particularidades de los sujetos involucrados, ni reconozcan condiciones de los sujetos involucrados. Entre el acreedor y deudor alimentario existe una obligación irrenunciable que se origina por lazos de parentesco, es decir, porque integran o integraron un lazo familiar. La ley reconoce el derecho de recibir alimentos y la presunción de su necesidad, si se está colocado en determinada posición que impida al beneficiario valerse por medios o satisfacer las necesidades vitales propias, esto es, que el acreedor no pueda mantenerse por sí mismo, y el deudor tiene el deber de ministrar los satisfactores que integran el concepto de "alimentos". En cuanto al concepto de "necesidad", el precedente citado precisa que comprende la satisfacción de determinadas condiciones de vida, que no necesariamente se cubren con recursos monetarios, porque algunos de éstos demandan la función parental reflejada en proporcionar afecto, cariño, orientación, estimas y amor en los dependientes, es decir, el derecho a los alimentos tiene una connotación más amplia que el aspecto financiero, o que no se puede resumir y/o limitar a ésta. También, que en un contexto contencioso la acción de alimentos está acotada por límites precisos, esto es, dado que ningún derecho es absoluto y en el caso de los alimentos su límite es la propia relación bilateral con la contraparte, debe entenderse que una vez cubiertas las necesidades del acreedor en la porción, proporción, aspecto, segmento, forma o cantidad del caso específico, ya no le resulta exigible al deudor judicialmente una aportación adicional. Es necesario destacar que ordinariamente las posibilidades de quien debe proporcionar esos alimentos, deben ser suficientes para asumir los deberes alimentarios porque los progenitores son quienes fijan el estilo de vida durante la vigencia del núcleo familiar integrado, y ante la ruptura se entiende que sólo le dan continuidad. De modo que si la capacidad económica no determina las necesidades del acreedor porque en realidad depende de las necesidades del acreedor, y si uno de los progenitores cubre y/o cumple con la obligación alimentaria que le fue impuesta, aunque sus ingresos, percepciones o patrimonio fueran superiores en cualquier proporción, por ese sólo hecho ya no se le puede imponer un deber adicional, porque se asumiría un criterio estrictamente matemático, injustificado y desproporcional. Por el contrario, en materia alimentaria las necesidades perentorias del beneficiario deben ajustarse a las posibilidades del obligado a ministrarlos, de modo que no resulta válido considerar únicamente las erogaciones del acreedor, pues está involucrada la necesidad de garantizarle también el derecho a la subsistencia y su propio estilo de vida como resultado de su actividad laboral, esto es, un plano de igualdad entre ambos actores. En suma, el ejercicio judicial debe tener en cuenta la necesidad del acreedor de los mismos y no el de las personas que tiene a su cargo o con las cuales convive, las circunstancias de cada caso concreto para determinar el monto y la modalidad de la obligación alimentaria, considerar las posibilidades reales del deudor y las necesidades del acreedor. De modo que si el planteamiento de la quejosa sostiene que a mayor ingreso del deudor alimentario también debe ser superior la cantidad a enterar por alimentos, con independencia de las necesidades del acreedor, resulte incorrecto, pues la capacidad económica real del deudor no implica incrementar los fondos ministrados de forma líquida, dado que la diferencia entre el numerario descontado y el total percibido, no tiene el efecto de incrementar las necesidades de la parte acreedora, ni por ende sumar en el monto indispensable para cubrirlas, menos aun incrementaría el patrimonio de quien recibe el capital en administración. De lo contrario, se llegaría a sostener como de hecho lo hace la quejosa, que las necesidades de la parte acreedora deben entenderse como una prestación equivalente a las posibilidades del deudor, que en sí es contrario a los precedentes citados porque desconoce que los bienes y/o erogaciones a proporcionase únicamente deben sufragar vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad, gastos necesarios para educación primaria y para proporcionar una vida digna. Por ello es infundado el concepto de violación. Apoya lo expuesto, la tesis aislada I.3o.C.493 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época, de registro 178079, que dice: "ALIMENTOS. LA BASE SALARIAL QUE INTEGRA LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR NO INCLUYE LAS CANTIDADES POR DEDUCCIONES AL SALARIO PARA EL PAGO DE CRÉDITOS QUE SATISFACEN NECESIDADES DEL ACREEDOR ALIMENTARIO O DEL PROPIO DEUDOR. La base salarial que sirve para el cálculo del porcentaje decretado como pensión alimenticia, está conformada por la cantidad neta resultante con posterioridad a los descuentos que legalmente deben hacerse a la suma bruta devengada por el deudor alimentario, y, por regla general, sólo pueden formar parte de las deducciones excluidas de esa base salarial alimentaria, aquellas que se realizan por imperativo legal, como las fiscales, no así las contraídas personal y voluntariamente por el deudor alimentario, como son las provenientes del pago de préstamos de vivienda o mutuos de algún otro tipo, incluyendo los otorgados por el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pues de no haberse adquirido esas obligaciones libremente, el numerario retenido ingresaría directamente en su patrimonio, aunque, de hecho, ya entró previamente al haberse obtenido el préstamo, es decir, obtuvo dinero sobre el cual ningún descuento por concepto de alimentos se practicó. Sin embargo, deben considerarse como excepción a esta regla general los casos en que los préstamos están destinados a satisfacer necesidades ingentes del propio deudor o de los acreedores alimentarios, porque en esos supuestos debe atenderse a la causa que originó la solicitud de cantidades a terceros por parte del deudor, a fin de establecer si deben o no quedar excluidas de la base alimentaria las sumas correspondientes a tales préstamos. Por ende, y atendiendo, además, al principio de que los alimentos deben ser proporcionados conforme a la capacidad económica del deudor, cuando el deudor alimentario está cubriendo un préstamo que le fue otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para adquirir la vivienda en donde habitan los acreedores alimentarios, de tal suerte que el deudor con ese inmueble cumple con uno de los elementos de los alimentos, como la habitación, debe estimarse que dicho préstamo queda excluido de la base salarial alimentaria, hasta en tanto se cubra en su totalidad." Finalmente, es infundado el concepto de violación donde se alega que es injusto que la quejosa destine el cien por ciento de sus ingresos, y al enjuiciado sólo un porcentaje. Tal situación debe apreciarse frente a los hechos que fueron probados en el proceso y dan cuenta del acto reclamado, en el sentido que la solicitante tiene a su cargo el pago de un automóvil y el departamento que adquirió, lo cual tiene el efecto de reducir las percepciones generales. De modo que al ser esa la situación que prevalece en los ingresos de la impetrante y al haber quedado de manifiesto que sus percepciones dependen de la fuente de trabajo, es claro que su ingreso se verá disminuido. Empero, tales créditos son de carácter personal y no son aptos para descontarlos de la base salarial con la cual la quejosa, como deudora, debe hacer frente a las obligaciones alimentarias que tiene a cargo. Por el contrario, si uno de los parámetros de asignación de los alimentos es la necesidad del acreedor, debe entenderse que el legislador buscó que tanto con los ingresos ordinarios como con los extraordinarios, se calculen su pago en caso que los primeros por ser enterados de forma corriente no sean suficientes al amparo de la fórmula: necesidades-posibilidades, si es que son fijados sobre un porcentaje como ocurre en el caso. De ahí que en tratándose de alimentos, deben tomarse en cuenta todas las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtenga como producto de su trabajo, siempre que dichas prestaciones deriven del vínculo laboral y/o constituyan un ingreso directo a su patrimonio. De modo que la existencia de créditos personales a cargo de la quejosa, no es razón suficiente para disminuir su capacidad financiera y trasladar al enjuiciado esa porción para que asuma esa parte del deber alimentario, porque esas cantidades forman parte de la posibilidad económica del deudor alimentista, la cual se integra por todas sus percepciones, por ello es infundado el concepto de violación. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 114/2005, de la Primera Sala del Alto Tribunal, de la Novena Época, de registro 177088, que dice: "ALIMENTOS. CUANDO SE FIJAN CON BASE EN LAS PERCEPCIONES SALARIALES DEL DEUDOR ALIMENTISTA, DEBEN TOMARSE EN CUENTA TODAS AQUELLAS PRESTACIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS QUE OBTENGA COMO PRODUCTO DE SU TRABAJO QUE CONSTITUYAN UN INGRESO DIRECTO A SU PATRIMONIO, EXCLUYÉNDOSE LOS VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN. El artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. En ese sentido, la interpretación literal de ese precepto, conduce a establecer que cuando la ley laboral se refiere a cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, se debe entender en relación con todas las prestaciones ya sean ordinarias o extraordinarias, dado que objetivamente forman parte de su posibilidad económica, pues la única limitante que se impone para que las percepciones formen parte del salario, es que se entreguen al trabajador como producto de su trabajo, las cuales pueden ser generadas sólo por periodos determinados, sujetos a que se labore o no. Por tanto, para los efectos de fijar la pensión alimenticia, se deben considerar las horas extras, aguinaldo, prima vacacional, gasolina y demás remuneraciones que se entreguen al trabajador con motivo del trabajo desempeñado, siempre y cuando constituyan un ingreso directo a su patrimonio, independientemente de que sean ordinarias o extraordinarias, ello sin desatender que cuando no se obtengan, la obligación alimentaria necesariamente se fijará sobre la percepción que se genere en ese momento. Se excluyen del supuesto anterior, los viáticos y gastos de representación, porque si bien constituyen prestaciones extraordinarias, los mismos no son entregados al trabajador como producto de su trabajo. Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Negativa extensiva a los actos de ejecución, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... por propio derecho y en representación de los menores de identidad protegida e iniciales ... y ..., contra actos de la Segunda Sala y Juez Vigésimo Sexto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia.". "(PROVEÍDO DE 7 DE OCTUBRE DE ESTE AÑO) Visto el estado procesal de autos, se advierte que el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se engrosó la sentencia dictada en el presente juicio, asimismo, que en escrito presentado el diecinueve de agosto posterior, la quejosa ... señaló nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, y que la resolución aludida se notificó el veinticuatro de ese mes y año; a fin de no dejar en estado de indefensión a la citada parte procesal y evitar nulidades en el procedimiento, se ordena realizar la diligencia respectiva en la localidad que la impetrante indicó para ello.".
- Principal
Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la actuaria adscrita a este juzgado, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a ..., la resolución engrosada el diecisiete de agosto de este año; en consecuencia, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA la sentencia aludida, este auto y los subsecuentes, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. LA RESOLUCIÓN ENGROSADA EL DIECISIETE DE AGOSTO DE ESTE AÑO, SEÑALA: "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 125/2021 promovido por ... por propio derecho y en representación de los menores de identidad protegida e iniciales .... y ..., contra actos de la Segunda Sala y Juez Vigésimo Sexto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El veinte de octubre de dos mil veinte, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, consistentes en: ".la resolución dictada en apelación, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte." Segundo. Admisión. Previa declinación de legal competencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el diez de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se dio intervención a la fiscal federal adscrita; se requirieron informes justificados; y, se ordenó emplazar a la tercera interesada. Tercero. Seguido el proceso constitucional, se rindieron los informes de ley; la parte tercera interesada fue emplazada, la representante social adscrita no formuló pedimento; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto, promovido contra actos derivados de un procedimiento familiar, tramitado ante un tribunal del orden común, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La sentencia emitida el veintiocho de septiembre de dos mil veinte en el toca 274/2020/2, por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó la interlocutoria de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Vigésimo Sexto de la propia especialidad y residencia en la controversia del orden familiar, alimentos 815/2011, y en su lugar fijó la pensión alimentaria definitiva en el treinta y cinco por ciento de los ingresos del deudor. La ejecución de dicho fallo. Tercero. Existencia. Al rendir su informe justificado la sala responsable aceptó la existencia de los actos reclamados, como se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, consultable en la página 153 del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia: Común, Quinta Época, de registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, el juzgador responsable fue omiso en rendir su informe de ley no obstante estar notificado del deber de allegarlo, por ello procede presumir la certeza de los actos ejecutivos que se le atribuyen, únicamente para efectos del juicio de amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se informa de las actuaciones que precedieron a los actos reclamados. I. El quince de agosto de dos mil once, las partes suscribieron un convenio en cuya cláusula primera se lee: "(.) De acuerdo a la pensión alimenticia para los menores (...) será la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), MENSUALES, mismos que serán descontados vía nómina al señor JOEL SIMBRON DEL PILAR, de manera quincenal en la cantidad de $2,250.00 (dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), quien trabaja en la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, y la cantidad antes mencionada será entregada a los acreedores alimentistas por conducto de la C. ..., asimismo, el señor ..., se obliga a absorber todos los gastos que requieran los menores por concepto de atención médica, ropa, calzado, útiles escolares y recreación de los mismos." II. El seis de marzo de dos mil diecisiete, se declaró disuelto el vínculo que unió en matrimonio a la quejosa con el tercero interesado. III. El tres de febrero de dos mil diecisiete, la impetrante planteó incidente de incremento de pensión alimenticia. El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia correspondiente tal como se indica: "R E S U E L V E (.) SEGUNDO.- Se CONDENA A ... al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de sus hijos (.), por el equivalente al 40% (CUARENTA POR CIENTO) de los ingresos tanto ordinarios como extraordinarios que percibe de su fuente de trabajo, a razón del 20% (veinte por ciento) para cada niño." T ERCERO.- Se ABSUELVE al señor ... a la fijación de una pensión alimenticia provisional en porcentaje reclamada en la prestación marcada con el número II romano. CUARTO.- Se ABSUELVE al señor ... del pago de la cantidad que se le reclama, al no haber quedado acreditado dicho adeudo. (.)" IV. Inconforme, el deudor alimentario interpuso recurso de apelación fallado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte en el toca 274/2020/2 por la sala responsable, en el siguiente sentido: "R E S U E L V E (.) SEGUNDO.- Se CONDENA A ... al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de sus hijos (.), por el equivalente al 35% (treinta y cinco por ciento) de los ingresos tanto ordinarios como extraordinarios que percibe de su fuente de trabajo, a razón del 17.5% (diecisiete punto cinco por ciento) para cada niño." TERCERO.- Se ABSUELVE al señor ... a la fijación de una pensión alimenticia provisional en porcentaje reclamada en la prestación marcada con el número II romano. CUARTO.- Se ABSUELVE al señor ... del pago de la cantidad que se le reclama, al no haber quedado acreditado dicho adeudo. (.)" La última de las decisiones judiciales y su ejecución integran la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación donde la parte quejosa sostiene: La sentencia reclamada contraviene las garantías de legalidad, exacta aplicación de la ley y seguridad jurídica, previstas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación con los ordinales 308 y 311 del Código Civil, 81, 82, 84, 94, 283 y 402 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para la Ciudad de México, por carecer de fundamentación y motivación. La sala responsable inacató el principio de legalidad porque dejó de valorar diversas pruebas ofrecidas y desahogadas en el expediente, particularmente el resultado del estudio en trabajo social, donde el deudor manifestó al trabajador social que tiene un superávit monetario por $2,974.00 (dos mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). En tanto que la quejosa sostuvo tener un déficit por $10,900.00 (diez mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional), y al amparo de tales factores es que la autoridad debió revisar las necesidades de cada acreedor y las posibilidades de los deudores. Por lo cual injusto es que la inconforme destine el cien por ciento de sus percepciones y el deudor el treinta y cinco por ciento, si cuenta con mayores ingresos. Máxime que los reportes bancarios recabados demuestran que en los años dos mil quince y dos mil dieciséis, respectivamente, el deudor tuvo saldos por $120,844.16 (ciento veinte mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 16/100 moneda nacional), y $981,548.00 (novecientos ochenta y un mil quinientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), lo cual deja claro que el enjuiciado tiene ingresos superiores a los reportados por su centro de trabajo. Aunado a que la cantidad líquida que se entregará en realidad será menor a lo pactado el quince de agosto de dos mil once por $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, que equivalía al 57.7% del sueldo que se tenía en ese momento, por lo cual al incrementar el salario actual, el porcentaje debe hacerlo también. En ese sentido, es desproporcional la pensión determinada, en perjuicio de los menores acreedores porque les coarta las aspiraciones que tienen sobre clases adicionales y actividades lúdicas. Son infundados los conceptos de violación, los cuales serán analizados de forma conjunta como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, porque integran un tema afín, aunque no corresponda estrictamente a la forma planteada por la parte quejosa. En efecto no asiste razón a la parte inconforme en cuanto a que la sala responsable dejó de fundar y motivar, porque en el acto reclamado sí se dieron razones para sostener su decisión, esto es, fijó la pensión alimenticia correspondiente en porcentaje de los ingresos del deudor alimentario y no en monto fijo de dinero, de donde modificó el cuarenta por ciento establecido por el juez primigenio para quedar en un treinta y cinco por ciento de los ingresos ordinarios y extraordinarios del mencionado. Conclusión que obtuvo conforme a la siguiente argumentación: - El cambio de la forma de pago de la pensión alimenticia fue solicitada en la demanda incidental y durante todo el procedimiento por la actora. - Fue demostrado el cambio de circunstancias que amerita el incremento de la pensión alimenticia fijada para sus menores hijos, comenzando por su edad actual, lo que genera mayores necesidades, lo cual se sustentó en el estudio socioeconómico practicado a las partes. Aunado a que se justificó dicha decisión de cambiar la forma de pago (de cantidad líquida a porcentaje), en la variación en los ingresos del deudor y atendiendo al principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 311 del Código Civil para esta ciudad. - El demandado incidentista no acreditó tener otros acreedores, pues los hijos que tiene de un primer vínculo cuentan con veintiséis y veintinueve años de edad, sin que demostrara que son sus dependientes económicos. - Si bien no se probaron con exactitud los ingresos totales que percibe el deudor, se consideró justo el incremento de alimentos reclamado por el porcentaje equivalente al treinta y cinco por ciento de ellos; lo que de ninguna forma resulta excesivo en relación a los diversos $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, pactados inicialmente a favor de sus menores hijos. Lo fallado es acorde a la constitución porque al haberse fijado el monto a pagar por concepto de pensión alimenticia en cantidad específica, el incidente de aumento debió ajustarlo a los índices de inflación correspondientes, conforme lo establecido en el artículo 311 del Código Civil para la Ciudad de México, lo cual de por sí representa un factor de incremento en beneficio de los acreedores. Además, en el convenio celebrado por las partes no se hizo tal prevención como lo establece el citado precepto legal, puesto que en la demanda incidental las prestaciones de la actora fueron precisadas de la siguiente forma: "I. El incremento de la pensión alimenticia a favor de mis menores hijos (.), decretada en convenio de fecha quince de agosto de dos mil once, ante el Juzgado Trigésimo Sexto de lo Familiar, en juicio con número 815/2011, ya que la misma resulta insuficiente para la manutención de los mismos. II. El pago y aseguramiento de una pensión provisional por porcentaje y en su momento procesal oportuno definitiva a favor de mis menores hijos (.), misma que deberá ser decretada por porcentaje (y no por cantidad líquida), sobre las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe el ahora reconvenido (sic) ... III. La modificación de la pensión alimenticia por porcentaje y no por cantidad, como se encuentra estipulado en el convenio de fecha quince de agosto de dos mil once, ante el Juzgado Vigésimo Sexto de lo Familiar, en juicio con número de expediente 815/2011, en virtud que la misma resulta insuficiente, debiendo considerarse que en el año que se convino la pensión que se pretende modificar, mis menores hijos tenían la edad de cuatro años (.) nueve meses. Resultando pertinente considerar que en la actualidad los gastos de mis menores hijos se han incrementado y que no se han hecho los incrementos correspondientes, debiendo considerar que se ignora a cuánto ascienden los ingresos ordinarios y extraordinarios del C. ... actualmente (.). En ese aspecto, fue correcto lo resuelto por la autoridad, porque integró con los derechos que efectivamente corresponden a la controversia de alimentos, cuando hay menores de edad involucrados, y con lo que al efecto el demandado, hoy quejoso, contestó, donde únicamente refirió la improcedencia de las pretensiones de su contraria, toda vez que el monto de la pensión alimenticia que quedó fijado en convenio judicial se ha cumplido y que ambas partes trabajan, y que les permite cubrir las necesidades de sus menores hijos. Sobre esa base se corrobora el cumplimiento a los principios de proporcionalidad y necesidad porque la autoridad no atendió únicamente a dicha prestación de la accionante incidentista, pues lo que procuró en todo momento fue velar por el interés superior de los menores involucrados con respecto a los alimentos que deben recibir, lo cual constituye una institución de orden público e interés social de carácter urgente e inaplazable. Sustenta lo anterior, respecto de la institución jurídica de los alimentos, la doctrina y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se ha definido el derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista, para exigir a otra denominada deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato. A su vez, la modificación de la pensión tiene un sustento legal en la regla prevista en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, conforme a la cual las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. En tanto que de la justificación sustancial de la aplicación de la citada regla, la autoridad expuso las razones por las cuales fijaba la cantidad de la pensión alimenticia aumentada justo en el porcentaje determinado, por ser acorde a las circunstancias cuya variación se demostró que debía obedecer a la realidad del derecho de alimentos, conforme a las pruebas desahogadas que a su vez permitieron cuantificar las posibilidades económicas, y las necesidades de los acreedores. Lo anterior, porque se acreditó el cambio de circunstancias a fin de modificar la cuantía de la pensión, pues para el quince de agosto de dos mil once que se acordó un pago por $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, los menores contaban con nueves meses y cuatro años de edad y a la fecha tienen nueve y trece años, siendo un hecho notorio que por el transcurso del tiempo tienen mayores necesidades y sus gastos se van incrementando; mismas que se encuentran ajustadas a derecho y a las actuaciones del juicio de primera instancia, entre ellas, las del incidente natural. Ahora bien, en cuanto a la función probatoria, no asiste razón a la informe al señalar que la autoridad dejó de revisar los medios de convicción del proceso, porque al respecto consideró conjuntamente las siguientes pruebas: - Estudios socioeconómicos realizados a la partes por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. - Informe de ingresos de ..., remitido por el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que arrojó que cuenta con un sueldo mensual de $11,098.00 (once mil noventa y ocho pesos 00/100 moneda nacional). - Recibos de nómina del deudor alimentario. - Declaraciones fiscales del peticionario remitidas por el Servicio de Administración Tributaria, así como reportes bancarios que envió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de tres cuentas a su nombre. Probanzas con las que se concluyó que al ser evidente que tanto las partes como sus menores hijos requieren satisfacer los rubros de alimentos y que ambos progenitores, desempeñan un actividad laboral por la que obtienen ingresos económicos propios, siendo mayores los del demandado, consideró justo y equitativo decretar como monto por concepto de pensión alimenticia el treinta y cinco por ciento de los ingresos ordinarios y extraordinarios que obtiene por su trabajo. Por las razones expuestas, se considera que la actuación de la autoridad cuenta con los requisitos establecidos en la Constitución Federal, los cuales aseguran que las determinaciones del orden judicial sean realizadas siempre apegadas a las leyes. En ese aspecto, la AD Quem analizó las prestaciones reclamadas en el incidente de origen, valoró el caudal probatorio y justificó que lo decidido resultara equitativo para las partes, conforme al interés superior de los menores involucrados, y conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad que rige la materia de alimentos; en ese sentido es infundado que el porcentaje determinado sea ajeno a los principios del derecho de alimentos. Apoya lo expuesto, la tesis aislada XXXI.9 C, del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, de la Novena Época, de registro 166343, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA LA FIJACIÓN DE SU MONTO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA, EN UN PLANO DE EQUIDAD, LAS POSIBILIDADES REALES DEL DEUDOR, DERIVADAS DEL TOTAL DE SUS PERCEPCIONES, CONFRONTÁNDOSE CON LAS NECESIDADES DE LOS ACREEDORES PERO GARANTIZANDO SU SUBSISTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE).... ." Por otra parte, es infundado el planteamiento donde se argumenta que si el deudor goza de solvencia económica, entonces puede pagar más de la obligación impuesta en el acto reclamado. Para atender el planteamiento es necesario partir de una premisa más amplia y describir los dos elementos que integran la acción de alimentos, esto es, las posibilidades reales del deudor (primero) que sustenta la forma de cumplir, y las necesidades del acreedor (segundo) que da pauta a determinar el quantum de la erogación económica, para dar paso a explicar la materia de controversia. En el amparo directo en revisión 1340/2015 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que en relación con su origen, la obligación alimentaria surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia, para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo entre acreedor y deudor; y, (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación donde pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. El Alto Tribunal ha señalado que el estado de necesidad referido surge, como su nombre lo indica, de la necesidad y no de la comodidad, además, se trata de un derecho estrictamente individual, por lo que para que se actualice la obligación de alimentos es necesario tener en cuenta la necesidad del acreedor de los mismos y no el de las personas que tiene a su cargo. En cuanto al contenido material de la obligación de alimentos, la misma va más allá del ámbito meramente alimenticio, pues también comprende educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas que una persona necesita para sobrevivir, en tanto que el derecho a los alimentos, tiene como eje funcional la dignidad humana. Tales argumentos se ven reflejados en la jurisprudencia 1a./J. 41/2016 (10a.), de la Décima Época, de registro 2012502, que dice: "ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS. La institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto." Al amparo del precedente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para contestar el planteamiento de la inconforme, se infieren las siguientes conclusiones. Los alimentos se integran con dos aspectos que dependen de las condiciones de cada caso, esto es, las necesidades del acreedor y las posibilidades reales del deudor, en tanto que la autoridad familiar no puede imponer reglas totalizadoras, que dejen de distinguir las particularidades de los sujetos involucrados, ni reconozcan condiciones de los sujetos involucrados. Entre el acreedor y deudor alimentario existe una obligación irrenunciable que se origina por lazos de parentesco, es decir, porque integran o integraron un lazo familiar. La ley reconoce el derecho de recibir alimentos y la presunción de su necesidad, si se está colocado en determinada posición que impida al beneficiario valerse por medios o satisfacer las necesidades vitales propias, esto es, que el acreedor no pueda mantenerse por sí mismo, y el deudor tiene el deber de ministrar los satisfactores que integran el concepto de "alimentos". En cuanto al concepto de "necesidad", el precedente citado precisa que comprende la satisfacción de determinadas condiciones de vida, que no necesariamente se cubren con recursos monetarios, porque algunos de éstos demandan la función parental reflejada en proporcionar afecto, cariño, orientación, estimas y amor en los dependientes, es decir, el derecho a los alimentos tiene una connotación más amplia que el aspecto financiero, o que no se puede resumir y/o limitar a ésta. También, que en un contexto contencioso la acción de alimentos está acotada por límites precisos, esto es, dado que ningún derecho es absoluto y en el caso de los alimentos su límite es la propia relación bilateral con la contraparte, debe entenderse que una vez cubiertas las necesidades del acreedor en la porción, proporción, aspecto, segmento, forma o cantidad del caso específico, ya no le resulta exigible al deudor judicialmente una aportación adicional. Es necesario destacar que ordinariamente las posibilidades de quien debe proporcionar esos alimentos, deben ser suficientes para asumir los deberes alimentarios porque los progenitores son quienes fijan el estilo de vida durante la vigencia del núcleo familiar integrado, y ante la ruptura se entiende que sólo le dan continuidad. De modo que si la capacidad económica no determina las necesidades del acreedor porque en realidad depende de las necesidades del acreedor, y si uno de los progenitores cubre y/o cumple con la obligación alimentaria que le fue impuesta, aunque sus ingresos, percepciones o patrimonio fueran superiores en cualquier proporción, por ese sólo hecho ya no se le puede imponer un deber adicional, porque se asumiría un criterio estrictamente matemático, injustificado y desproporcional. Por el contrario, en materia alimentaria las necesidades perentorias del beneficiario deben ajustarse a las posibilidades del obligado a ministrarlos, de modo que no resulta válido considerar únicamente las erogaciones del acreedor, pues está involucrada la necesidad de garantizarle también el derecho a la subsistencia y su propio estilo de vida como resultado de su actividad laboral, esto es, un plano de igualdad entre ambos actores. En suma, el ejercicio judicial debe tener en cuenta la necesidad del acreedor de los mismos y no el de las personas que tiene a su cargo o con las cuales convive, las circunstancias de cada caso concreto para determinar el monto y la modalidad de la obligación alimentaria, considerar las posibilidades reales del deudor y las necesidades del acreedor. De modo que si el planteamiento de la quejosa sostiene que a mayor ingreso del deudor alimentario también debe ser superior la cantidad a enterar por alimentos, con independencia de las necesidades del acreedor, resulte incorrecto, pues la capacidad económica real del deudor no implica incrementar los fondos ministrados de forma líquida, dado que la diferencia entre el numerario descontado y el total percibido, no tiene el efecto de incrementar las necesidades de la parte acreedora, ni por ende sumar en el monto indispensable para cubrirlas, menos aun incrementaría el patrimonio de quien recibe el capital en administración. De lo contrario, se llegaría a sostener como de hecho lo hace la quejosa, que las necesidades de la parte acreedora deben entenderse como una prestación equivalente a las posibilidades del deudor, que en sí es contrario a los precedentes citados porque desconoce que los bienes y/o erogaciones a proporcionase únicamente deben sufragar vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad, gastos necesarios para educación primaria y para proporcionar una vida digna. Por ello es infundado el concepto de violación. Apoya lo expuesto, la tesis aislada I.3o.C.493 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época, de registro 178079, que dice: "ALIMENTOS. LA BASE SALARIAL QUE INTEGRA LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR NO INCLUYE LAS CANTIDADES POR DEDUCCIONES AL SALARIO PARA EL PAGO DE CRÉDITOS QUE SATISFACEN NECESIDADES DEL ACREEDOR ALIMENTARIO O DEL PROPIO DEUDOR. La base salarial que sirve para el cálculo del porcentaje decretado como pensión alimenticia, está conformada por la cantidad neta resultante con posterioridad a los descuentos que legalmente deben hacerse a la suma bruta devengada por el deudor alimentario, y, por regla general, sólo pueden formar parte de las deducciones excluidas de esa base salarial alimentaria, aquellas que se realizan por imperativo legal, como las fiscales, no así las contraídas personal y voluntariamente por el deudor alimentario, como son las provenientes del pago de préstamos de vivienda o mutuos de algún otro tipo, incluyendo los otorgados por el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pues de no haberse adquirido esas obligaciones libremente, el numerario retenido ingresaría directamente en su patrimonio, aunque, de hecho, ya entró previamente al haberse obtenido el préstamo, es decir, obtuvo dinero sobre el cual ningún descuento por concepto de alimentos se practicó. Sin embargo, deben considerarse como excepción a esta regla general los casos en que los préstamos están destinados a satisfacer necesidades ingentes del propio deudor o de los acreedores alimentarios, porque en esos supuestos debe atenderse a la causa que originó la solicitud de cantidades a terceros por parte del deudor, a fin de establecer si deben o no quedar excluidas de la base alimentaria las sumas correspondientes a tales préstamos. Por ende, y atendiendo, además, al principio de que los alimentos deben ser proporcionados conforme a la capacidad económica del deudor, cuando el deudor alimentario está cubriendo un préstamo que le fue otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para adquirir la vivienda en donde habitan los acreedores alimentarios, de tal suerte que el deudor con ese inmueble cumple con uno de los elementos de los alimentos, como la habitación, debe estimarse que dicho préstamo queda excluido de la base salarial alimentaria, hasta en tanto se cubra en su totalidad." Finalmente, es infundado el concepto de violación donde se alega que es injusto que la quejosa destine el cien por ciento de sus ingresos, y al enjuiciado sólo un porcentaje. Tal situación debe apreciarse frente a los hechos que fueron probados en el proceso y dan cuenta del acto reclamado, en el sentido que la solicitante tiene a su cargo el pago de un automóvil y el departamento que adquirió, lo cual tiene el efecto de reducir las percepciones generales. De modo que al ser esa la situación que prevalece en los ingresos de la impetrante y al haber quedado de manifiesto que sus percepciones dependen de la fuente de trabajo, es claro que su ingreso se verá disminuido. Empero, tales créditos son de carácter personal y no son aptos para descontarlos de la base salarial con la cual la quejosa, como deudora, debe hacer frente a las obligaciones alimentarias que tiene a cargo. Por el contrario, si uno de los parámetros de asignación de los alimentos es la necesidad del acreedor, debe entenderse que el legislador buscó que tanto con los ingresos ordinarios como con los extraordinarios, se calculen su pago en caso que los primeros por ser enterados de forma corriente no sean suficientes al amparo de la fórmula: necesidades-posibilidades, si es que son fijados sobre un porcentaje como ocurre en el caso. De ahí que en tratándose de alimentos, deben tomarse en cuenta todas las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtenga como producto de su trabajo, siempre que dichas prestaciones deriven del vínculo laboral y/o constituyan un ingreso directo a su patrimonio. De modo que la existencia de créditos personales a cargo de la quejosa, no es razón suficiente para disminuir su capacidad financiera y trasladar al enjuiciado esa porción para que asuma esa parte del deber alimentario, porque esas cantidades forman parte de la posibilidad económica del deudor alimentista, la cual se integra por todas sus percepciones, por ello es infundado el concepto de violación. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 114/2005, de la Primera Sala del Alto Tribunal, de la Novena Época, de registro 177088, que dice: "ALIMENTOS. CUANDO SE FIJAN CON BASE EN LAS PERCEPCIONES SALARIALES DEL DEUDOR ALIMENTISTA, DEBEN TOMARSE EN CUENTA TODAS AQUELLAS PRESTACIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS QUE OBTENGA COMO PRODUCTO DE SU TRABAJO QUE CONSTITUYAN UN INGRESO DIRECTO A SU PATRIMONIO, EXCLUYÉNDOSE LOS VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN. El artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. En ese sentido, la interpretación literal de ese precepto, conduce a establecer que cuando la ley laboral se refiere a cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, se debe entender en relación con todas las prestaciones ya sean ordinarias o extraordinarias, dado que objetivamente forman parte de su posibilidad económica, pues la única limitante que se impone para que las percepciones formen parte del salario, es que se entreguen al trabajador como producto de su trabajo, las cuales pueden ser generadas sólo por periodos determinados, sujetos a que se labore o no. Por tanto, para los efectos de fijar la pensión alimenticia, se deben considerar las horas extras, aguinaldo, prima vacacional, gasolina y demás remuneraciones que se entreguen al trabajador con motivo del trabajo desempeñado, siempre y cuando constituyan un ingreso directo a su patrimonio, independientemente de que sean ordinarias o extraordinarias, ello sin desatender que cuando no se obtengan, la obligación alimentaria necesariamente se fijará sobre la percepción que se genere en ese momento. Se excluyen del supuesto anterior, los viáticos y gastos de representación, porque si bien constituyen prestaciones extraordinarias, los mismos no son entregados al trabajador como producto de su trabajo. Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Negativa extensiva a los actos de ejecución, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... por propio derecho y en representación de los menores de identidad protegida e iniciales ... y ..., contra actos de la Segunda Sala y Juez Vigésimo Sexto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido del licenciado ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes
- Esther García Mandujano1374/2018
- ESTHER RODRÍGUEZ MEDINA y Otros.640/2015
- Esther Saucedo Ruiz906/2017
- Estrategia Juridica Y Mandatos Judiciales, Sociedad Civil286/2023
- Ethel Lydia Gutiérrez Aragón703/2017
- Ethel Lydia Gutiérrez Aragón739/2017
- Eucebio Castillo Hernández4/2021
- Eucebio Castillo Hernández498/2021
- Eucebio Castillo Hernández755/2021
- Eucebio Castillo Hernández1129/2022
- EUFEMIO FUENTES DELGADO y/o JOSÉ FUENTES DELGADO682/2023
- EUFEMIO FUENTES DELGADO y/o JOSÉ FUENTES DELGADO681/2023