Etsli Yannin Alonso Avila
Expediente 1510/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1510/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Etsli Yannin Alonso Avila
Actuaciones
- Principal
MESA X.-...agréguense a los autos el oficio del Consejero Jurídico Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en representación del Presidente Municipal del citado Ayuntamiento, mediante el cual informa que se conminó al Tesorero a efecto de que cumpla con la ejecutoria de amparo. En ese tenor, téngase a la autoridad responsable en vías de cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de ocho de noviembre del año en curso, no obstante, una vez que transcurra el plazo otorgado en el auto referido, provéase lo conducente. CSH
- Principal
MESA X.- ....Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por los quejosos *****, mediante el cual subsanan la prevención formulada en proveído de treinta de octubre de dos mil diecinueve. Ahora, de acuerdo al artículo 112 en relación con el 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas desde que la demanda fue presentada o en su caso turnada, deberá resolver si desecha o admite. Por su parte el diverso numeral antes citado refiere que se deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, los numerales en comento disponen: "***** Los citados artículos imponen la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Por su parte, el numeral 113 de la Ley de Amparo, refiere que se deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. **** Ahora, la parte quejosa, señala como acto reclamado la resolución de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente *****, en la que se impuso a los promoventes cambio de centro de adscripción por advertirse una deficiencia e inestabilidad en el servicio a la educación. En ese sentido, al tratarse de un conflicto entre el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y sus trabajadores, el mismo es de naturaleza laboral, por lo cual no puede considerarse como actos de autoridad para efectos del amparo. Bajo esa tesitura, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que con respecto a dicho acto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, de la Ley de Amparo y por las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "*****." De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. **** Consecuentemente, es posible obtener como características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. Que sea emitido por un órgano público, al cual las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 2. Que sea un acto unilateral, a través del cual se cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, una situación jurídica concreta. 3. Que afecte la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el particular resultan ilustrativas las tesis publicadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles bajo los encabezados y datos de localización siguientes: "**** Respecto a la primera nota distintiva que refiere la citada jurisprudencia, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior permite establecer que, en el caso, el acto que la parte quejosa hace consistir en la resolución de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente *****, en la que se impuso a los promoventes cambio de centro de adscripción por advertirse una deficiencia e inestabilidad en el servicio a la educación, corresponde a una controversia que se ciñe exclusivamente al plano laboral existente entre el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y la parte quejosa. Ello es así, pues de lo expuesto por los quejosos en su escrito de demanda, se desprende que entre ellos y el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, existe una relación laboral al desempeñarse como docentes y subdirector del turno vespertino de la Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano, y por ende, su relación como trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Morelos queda acreditada. Lo cual constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, es evidente que entre ellos subyace un vínculo empleado-patrón, por ende, una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno-gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 constitucional, ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante los tribunales correspondientes (Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje) pues el acto impugnado, no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ambos existe una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. **** Al respecto, los artículos 1 y 14 , del Decreto que crea el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, establecen que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es un organismo descentralizado, así como que será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre dicho Instituto (como en el caso) con sus trabajadores. De lo anterior se deduce que la génesis de la resolución reclamada deriva de una relación patrón-trabajador (en igualdad de condiciones por encontrarse en un plano de coordinación) y no particular-Estado, por tanto, es evidente que los quejosos debieron acudir ante la autoridad laboral para dilucidar la afectación de sus derechos. Por consiguiente, los actos combatidos por los impetrantes de amparo, son determinaciones que se circunscriben exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; lo cual implica que la parte quejosa, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice, le vulneran con dicha determinación, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. Dicho de otra manera, en las relaciones entre el Estado y sus trabajadores, aquél no actúa como autoridad, aunque, sí se afecten los derechos de éstos y, para evitarlo se establecen los tribunales ordinarios de carácter burocrático; de ahí que no sea la vía de amparo la procedente. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ******. ***** Lo anterior es así, ya que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; es decir, en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, que no haya duda alguna de que se actualiza la misma. ***** Finalmente, por lo que hace a la designación de ***** como representante común de los promoventes, no ha lugar a tenerla con dicho carácter, toda vez que la misma es autorizada en términos amplios (foja 50); en consecuencia, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a *****. CR.....
- Principal
MESA I.-...agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación d|e Morelos "1", mediante el cual informa que procedió a realizar la baja en los sistemas institucionales con los que cuenta el Servicio de Administración Tributaria, de la sanción pecuniaria impuesta al Tesorero Municipal de Zacatepec, Morelos ************, toda vez que realizó el pago respectivo con fecha cinco de junio de dos mil diecinueve. Atento a su contenido, queda enterada la suscrita juzgadora de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. CSH
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