Ethelvina de Liévano Martínez de la Cruz

Expediente 861/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 21 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
861/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
02/03/2021

Partes del expediente

  • Ethelvina de Liévano Martínez de la Cruz
  • Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Vigésimo Segundo, del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a)1 y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el once de febrero de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Ethelvina de Liévano Martínez de la Cruz; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 3 En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con diez minutos del once de febrero de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 861/2020-3, promovido por Ethelvina de Liévano Martínez de la Cruz. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, a saber: Copia simple de la credencial para votar emitida en favor de la hoy impetrante expedida por el Instituto Nacional Electoral. Copia certificada del formato para pago de contribuciones federales con número de documento 20070140355170, expedida por el Servicio de Administración Tributaria a nombre de la peticionaria de amparo con emisión de dos de julio de dos mil veinte. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. . Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 861/2020-3, promovido por Ethelvina de Liévano Martínez de la Cruz contra actos del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 5°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el ocho de octubre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común, con residencia en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el día siguiente, Ethelvina de Liévano Martínez de la Cruz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO El artículo 87, fracción I de la Ley de Salud del Estado de Tabasco, reformado mediante Decreto 215 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el veintiuno de agosto de dos mil veinte. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 2 Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. 3 Director del Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 4 Secretario de Gobierno del Estado de Tabaco. 5 Coordinador de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El trece de octubre de dos mil veinte, se radicó la demanda con el expediente 861/2020-3; se previno a la quejosa para el efecto de que aclarase el acto reclamado y manifieste los actos que atribuye a cada una de las autoridades que señaló como responsables. Así, el cinco de noviembre de dos mil veinte, se admitió la demanda a trámite; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran sus respectivos informes justificados; se dio la intervención correspondiente al Fiscal del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO. Mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la reanudación del presente juicio y se dio vista a las partes con diverso informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La aprobación, expedición, promulgación, ejecución, revisión, refrendo y publicación de la fracción I del artículo 87 de la Ley de Salud del Estado de Tabasco, reformado mediante Decreto 215 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el veintiuno de agosto de dos mil veinte. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado, atinente a la aprobación, expedición, promulgación, ejecución, revisión, refrendo y publicación del Decreto 215 respecto de la Ley de Salud del Estado de Tabasco, en el Periódico Oficial de esa entidad federativa con el número 3390, de veintiuno de agosto de dos mil veinte, edición 175, época 7A por haberlo reconocido el Subdirector y encargado del despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Tabasco en representación del citado órgano legislativo; el Director General de Servicios Legales de la Secretaría de Gobierno representando al Director del Periódico Oficial del Estado de Tabasco; el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Gobierno, en representación del Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Apoya lo anterior la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, debe considerarse que las disposiciones de carácter general no son objeto de prueba de conformidad con lo establecido en los preceptos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2; de ahí que deba tenerse cierta la existencia en relación con los numerales tildados de inconstitucionales. Soporta lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65 Primera Parte, página 15, que expresa: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas; debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." También sirve de apoyo al caso concreto, la jurisprudencia 2a./J.65/2000, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, que a la letra señala: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Lo anterior sin que sea óbice a esta autoridad, que tanto el Gobernador Constitucional como el Coordinador de Asuntos Jurídicos, ambos del Estado de Tabasco, fueron omisos al cumplir con la obligación de rendir sus respectivos informes justificados, no obstante de haber sido notificados de tal requerimiento mediante oficios 19749/2020 y 19752/2020, recibidos el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, de oficio se advierte que se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado quela norma reclamda no afecta el interés de la parte quejosa y por tanto, tampoco le causa un daño irreparable. Así, los artículos 61, fracción XII y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" [.] "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En ese sentido, según lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I, de la Constitución Federal; así como los numerales 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, el juicio de amparo está condicionado al cumplimiento de determinados requisitos, entre ellos, el de que la parte quejosa sea titular de un interés jurídico o legítimo, es decir, que resienta una afectación a un derecho subjetivo o a su esfera jurídica entendida en sentido amplio debido a su situación particular en el ordenamiento jurídico. El interés jurídico está vigente desde la instauración del juicio de amparo y ha sido definido como la facultad de exigencia consignada en una disposición normativa que se materializa mediante dicho juicio y sin la cual éste es improcedente. De manera que los elementos que lo constituyen son: a) Existencia de un derecho subjetivo que otorgue la potestad de exigir determinada conducta; y, b) Existencia de una disposición normativa que reconozca esa prerrogativa. Es ilustrativo al respceto el criterio aislado 1a. XCVII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 545, décima época, materia común, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA RELATIVA, ADEMÁS DE ADVERTIRSE LA PRESENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO, DEBE VERIFICARSE SI EXISTE UNO OBJETIVO CONFERIDO POR EL MARCO CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XIV/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 34, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO 'OBJETIVO' CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.", sostuvo que el concepto de "interés jurídico" tiene un amplio abanico de pronunciamientos, por los cuales, es posible entender que detrás de él, hay referencia a la existencia de derechos objetivos que conforme han sido reconocidos en el marco constitucional, otorgan a los individuos un interés jurídico de acuerdo a la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico; cuestión que atendiendo a la situación particular del quejoso puede otorgar facultad para acudir al amparo. Por tanto, para verificar la procedencia de la demanda relativa, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario verificar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio; de ahí que la figura del interés jurídico se traslapa con el concepto de interés legítimo, pues ambas figuras pueden actualizarse por la existencia de un derecho objetivo conferido por el marco constitucional en contraposición a la situación particular del individuo." Por su parte, el interés legítimo está vigente desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos realizada en dos mil once y ha sido definido como el interés personal individual o colectivo, real, cualificado, actual y jurídicamente relevante derivado de una afectación -que puede ser de diversa índole- a la esfera jurídica de la parte quejosa en sentido amplio, el cual puede implicar, en caso de concederse el amparo, un beneficio jurídico en favor de aquélla. De ahí que los elementos que lo constituyen son: a) Interés garantizado en una disposición normativa que resulte armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo; b) Afectación (directa o indirecta) a la esfera jurídica de la parte quejosa derivada de su situación especial frente al ordenamiento; y, c) Vínculo entre dicha parte y su pretensión, de forma que la anulación del acto reclamado le produzca un beneficio actual o futuro, pero cierto. Por ende, como así lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés legítimo constituye una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico (sin que sea un interés simple o genérico de la sociedad) que deriva de una situación jurídica identificable, surgida de una relación específica con el objeto de la pretensión reclamada, ya sea por una circunstancia personal -interés individual- o por una regulación sectorial o grupal -interés colectivo. Al respecto deviene aplicable la tesis P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, décima época, materia común, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Visto lo anterior, tratándose de la impugnación de normas generales, como sucede en la especie, tenemos que pueden ser controvertidas a través del juicio de amparo en dos vertientes, esto es, con motivo de su sola vigencia, como norma autoaplicativa, o bien a partir de un acto primigenio y concreto de aplicación, en su variante de heteroaplicativa. Ahora, para el efecto de determinar que carácter subyase a la norma impugnada resulta necesario someterle al escrutinio del concepto de individualización incondicionada, dado que esto permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición normativa en controversia de manifiesta de forma condicionada o incondicionada. La condición en comento consiste en la realización del acto indispensable para que la ley adquiera individualización, mismo que puede ser administrativo, jurisdiccional, o bien de un hecho jurídico ajeno a la voluntad humana. Desde esa óptica, cuando la sola vigencia de la norma afecta o vincula al gobernado desde su inicio, sin que sea necesario que se actualice condición alguna o un acto posterior de la autoridad o del propio destinatario para que se genere dicha obligatoriedad y consecuencias, se está en presencia de una norma autoaplicativa o individualización incondicionada, dado que vincula al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, debido a que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En cambio, cuando se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione la aplicación de la norma, ya sea el actuar de la autoridad o que el gobernado realice ciertas hipótesis que prevé la ley, se está en presencia de un ordenamiento heteroaplicativo o de individualización condicionada, ya que la autoridad o el gobernado activaron la obligatoriedad del mandato legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En ese contexto, tenemos que en el caso que nos ocupa, la quejosa reclama la aprobación, expedición, promulgación y ejecución, revisión, refrendo y publicación de la fracción I del artículo 87 de la Ley de Salud del Estado de Tabasco, reformado mediante Decreto 215 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el veintiuno de agosto de dos mil veinte, reforma que considera inconstitucional, dado que su mera entrada en vigor le genera afectación en su esfera jurídica en atención al hecho que la impetrante se encuentra colocada dentro de sus supuestos normativos. Así, a tratarse de legislación combatida como autoaplicativa, como sucede en la especie, debe quedar establecido que no se reclama la actualización previa de condición alguna, esto es, no debe primar un acto concreto de aplicación, dado que su cumplimiento es exigible desde el inicio de su vigencia; además, es requisito indispensable que los supuestos previstos en la norma se materialicen de manera automática y trasciendan en la esfera jurídica del gobernado, esto es, que se genere un perjuicio, entendido este como la afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora, visto lo anterior y para mejor referencia se reproduce a continuación la porción normativa combatida: "DECRETO 215 ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 87 y 88; y se deroga el articulo 163, todos de la Ley de Salud del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: ARTÍCULO 87. En el estado de Tabasco está prohibida: l. La venta, distribución, donación, dádiva y suministro de bebidas azucaradas preenvasadas, bebidas azucaradas carbonatadas, golosinas y alimentos preparados con predominio de carbohidratos refinados y grasas vegetales en su forma sólida que contengan ácidos grasos hidrogenados en su forma trans, a menores de edad. Se exceptúan de esta prohibición a las personas que realicen cualquiera de las conductas descritas en el párrafo anterior, en su calidad de madres, padres o tutores legales de menores de edad. Por lo que la provisión de estos productos a sabiendas que son nocivos para la salud y el consumo por parte de los menores de edad queda bajo la responsabilidad absoluta del padre, madre o tutor legal; (.) TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. (.)" De lo anterior se advierte la prohibición de venta, distribución, donación, dádiva y suministro de ciertos bebidas y alimentos nocivos por su composición alta en azucares, carbohidratos y grasas a menores de edad, exceptuando dicha condición a aquellas personas que tienen la calidad de madres, padres o tutores. Además, dicha normativa será vigente a partir del día siguiente de su publicación en términos del artículo primero transitorio. Ahora, el carácter autoaplicativo de la norma impugnada no debe confundirse, con el interés jurídico que debe acreditarse para controvertirla en vía de amparo, puesto que si bien la mera existencia de la legislación establece una obligación desde su entrada en vigencia, su reclamo se deriva de la afectación real y directa sufrida por quien impulsa la vía constitucional. De tal suerte que, para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no resulta suficiente que una ley genere un condición de cumplimiento obligatorio desde el comienzo de su vigencia, sino que deviene imprescindible demostrar que la persona gobernada se encuentra dentro de los supuestos de aplicación de la norma cuestionada y que, además tal condición le reviste detrimento en su esfera jurídica. Soporta la anterior afirmación y resulta aplicable la Tesis 3a. LII/91 de la entonces Tercersa Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Marzo de 1991, página 50, octava época, materia constitucional, registro 207025, de rubro y texto: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA UNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA. No debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el artículo 4o. de la Ley de Amparo previene que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo." En esa tesitura, es posible afirmar que en el caso que nos ocupa, como presupuesto de la acción de amparo se deben acreditar que la parte quejosa se dedica: A la "venta, distribución, donación, dádiva y suministro de bebidas azucaradas preenvasadas, bebidas azucaradas carbonatadas, golosinas y alimentos preparados con predominio de carbohidratos refinados y grasas vegetales en su forma sólida que contengan ácidos grasos hidrogenados en su forma trans". En ese orden de ideas, la impetrante presentó copia simple de su credencia para votar, así como copia certificada del formato para pago de contribuciones federales con número de documento 20070140355170, expedida por el Servicio de Administración Tributaria a su nombre, de fecha dos de julio de dos mil veinte, documental con pleno valor probatorio por tratarse de original de conformidad con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2 de esta última Ley. De lo anterior se coliga que la impetrante no es capaz de demostrar, fuera de toda duda, que se dedica a la elaboración y comercialización de los productos a los que alude la legislación impugnada, puesto que el formato de pago que se cita en el párrafo precedente, de forma alguna establece tal condición, ello es así, que de su lectura no se infiere motivo, cantidad, tipo de impuesto o derecho del que se trata, sino únicamente se advierten datos de identificación del propio documento y de la quejosa -nombre y RFC-; por tanto, puede afirmarse que tal probanza, no resulta apta para establecer una relación causal entre supuesto normativo y la afirmación que la peticionaria de amparo se ubica en el supuesto del ordenamiento reclamado. Es aplicable por analogía la jurisprudencia P./J. 63/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, página 9, novena época, materia administrativa, registro 164331, de rubro y texto: "EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA QUEJOSA ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y EL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES RESPECTO DE DICHO TRIBUTO Y DEL DIVERSO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). La documental de mérito no es apta para demostrar que, en efecto, la quejosa se ubica en los supuestos normativos de los ordenamientos señalados, pues no existe una relación de causalidad entre el hecho que puede estimarse demostrado, esto es, su constitución y existencia jurídica como persona moral, así como su propósito de realizar ciertas actividades como parte de su objeto social, con la circunstancia de que la ley y el decreto aludidos produzcan o puedan producir alguna afectación en su esfera jurídica desde que entraron en vigor. En particular, el hecho de que en la escritura constitutiva de la sociedad quejosa conste la enunciación de ciertas actividades que pueden asumirse como de las gravadas por el impuesto empresarial a tasa única, no significa que realmente las esté llevando a cabo y, menos aún, que con motivo de su eventual realización hubiese obtenido los ingresos que grava el impuesto, pues para acreditar tales extremos es necesario aportar otros medios de prueba que lleven a la convicción de que las actividades realizadas se encuentran gravadas. Esto es, si bien la escritura constitutiva de la sociedad quejosa podría demostrar que se encuentra en aptitud de realizar ciertos actos o actividades desde que surgió a la vida jurídica, de ello no se sigue que efectivamente los realice para asumir que se ubica en los supuestos exigidos por la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y el Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2007, por lo que es insuficiente para acreditar su interés jurídico para impugnarlos." Lo anterior amen que la copia simple de su credencial de elector es un mero indicio que funge como soporte de su calidad de ciudadana, que no abona en nada a tener por cierto su interés en el presente juicio. Aunado a ello, tampoco resulta suficiente la manifestación bajo protesta de decir verdad de la quejosa respecto que, se encontraba de manera incondicionada dentro del supuesto normativo impugnado dado que los productos que elabora y comercializa son objeto de regulación de esa legislación y por tanto la prohibición le genera una afectación en su esfera de derechos, lo que, por si solo resulta insuficiente dado que no acompaño medio de prueba idóneo para demostrar tal condición. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 9/94, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 76, Abril de 1994, página 17, octava época, materia común, registro 206625, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERES JURIDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARA BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." Resulta igualmente aplicable por analogía el criterio aislado del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Primera Parte, página 20, séptima época, materia constitucional, registro 232022, de rubro y texto: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. DEMOSTRACION DE SU AFECTACION POR LAS SOCIEDADES MERCANTILES. Si la ley impugnada se dirige a particulares que realizan actos de compraventa, arrendamiento y explotación de bienes raíces en determinadas modalidades y condiciones, es necesario, para poder reclamarla como autoaplicativa, demostrar en el expediente de amparo que la quejosa se encuentra en los supuestos de los artículos que pretende impugnar. Ahora bien, tratándose de sociedades mercantiles, no basta con que en su objeto social se prevea la realización de esas actividades para tener por demostrado tal extremo, sino que resulta indispensable, además, la prueba de que la persona moral está realizando actos tendientes a llevar al cabo ese objeto social, y aún más, de que los contratos se están celebrando con las modalidades y en las condiciones sancionadas por los preceptos materia de discusión; sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos de la demandante de garantías." En mérito de lo anterior, con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo resulta procedente sobreseer en el juicio, puesto que la quejosa no cumplió con los extremos necesarios para acreditar su interés jurídico para acudir en la presente instancia constitucional. Así, al quedar demostrado que el juicio de amparo indirecto es improcedente, resulta innecesario en análisis de las diversas causas de improcedencia hechas valer por las partes. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/9813 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Ethelvina de Liévano Martínez de la Cruz, contra los actos reclamados a las autoridades responsables referidas en el resultando primero por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de catorce del presente mes y año, se dio vista a las partes con el informe rendido por el Subdirector y Encargado del Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Tabasco, por lo que el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan de su contenido, transcurre del diecinueve al veintiocho de enero actual, con excepción de los días inhábiles que dispone el artículo 19 del citado ordenamiento legal. En mérito de lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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