Ethel Pineda Ramos

Expediente 687/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
687/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Ethel Pineda Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de julio de la presente anualidad, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEIDO en el juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20, fracción I del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se hizo apertura de los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo IV-687/2023, promovido por Ethel Pineda Ramos, contra actos de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán.********************R E S U L T A N D O********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dos de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Federal, Ethel Pineda Ramos, promovió demanda de amparo indirecto contra la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán.****************************************El quejoso precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos 873 a 880 de la Ley Federal del Trabajo. ****************************************SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose con el número de expediente IV-687/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.****************************************En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación, previo diferimiento; y, presidida por Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", para fungir como encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023; y,****************************************C O N S I D E R A N D O****************************************PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor.****************************************No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece.****************************************SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.****************************************En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación.****************************************TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes:****************************************"Época: Novena Época ********************Registro: 181810 ********************Instancia: Pleno ********************Tipo de Tesis: Aislada ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta ********************Tomo XIX, Abril de 2004 ********************Materia(s): Común ********************Tesis: P. VI/2004 ********************Página: 255 ********************ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.".****************************************En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en:****************************************La omisión de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los plazos y términos a que refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo dentro del juicio laboral ********************.****************************************CUARTO. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, en la audiencia constitucional, se le tuvo como omisa en rendir el informe solicitado.****************************************Por tanto, se presume cierta la omisión reclamada, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo.****************************************Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 750, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 831, Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal, Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Materia Común, Novena Época, registro 1002816, que señala: ****************************************"INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías". ****************************************QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa que torne improcedente el juicio constitucional, bien porque se advierta de oficio o la haga valer parte legítima.****************************************Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia que establece lo siguiente:********************Época: Octava Época ********************Registro: 222780 ********************Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito ********************Tipo de Tesis: Jurisprudencia ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación ********************Tomo VII, Mayo de 1991 ********************Materia(s): Común ********************Tesis: II.1o. J/5 ********************Página: 95 ****************************************"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia".************************************************************En el caso, de oficio, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, la cual señala:****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************[.] ********************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia";****************************************El supuesto normativo trascrito establece la improcedencia del juicio en tratándose de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, es decir, porque no se produzca afectación real y actual en su esfera jurídica.****************************************Bajo ese contexto legal, en el caso, la improcedencia del juicio sobreviene por cuanto al quejoso no aportó medio de prueba alguno para acreditar que la omisión reclamada en el juicio laboral de origen, que trascienda de manera que perjudique su esfera de derechos. ****************************************Por supuesto, conforme la carga demostrativa que establece el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, corresponde a la parte quejosa acreditar los siguientes extremos:****************************************a) La existencia de un juicio en el que sea parte; ********************b) Que se encuentre en la etapa para señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y, ********************c) Que hubiese transcurrido el plazo que tenía la autoridad laboral para señalar la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones.****************************************Lo anterior, con independencia de la presunción de certeza del acto reclamado, debido a que la falta de informe no releva al solicitante de la acción constitucional de acreditar la inconstitucionalidad del mismo, habida cuenta que la falta de desahogo de diligencias o emisión del proveído correspondiente, no constituye un acto inconstitucional en sí mismo, por lo que era necesario que la parte quejosa aportara los medios idóneos para demostrarlo.****************************************Sobre el particular, cobra aplicación de manera analógica jurídica sustancial la jurisprudencia 2a./J.50/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 304, del Tomo VI, Octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197499, del tenor siguiente:****************************************"LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo."[El énfasis es propio].****************************************Asimismo, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 356, Tomo I, segunda parte-1, enero a junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 231468, del siguiente tenor:****************************************"INFORME JUSTIFICADO. SU OMISIÓN SOLO PRESUME LA CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO EL CONTENIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la autoridad responsable no rindió su informe justificado, ello no implica que deba tenerse como cierto el contenido de la demanda de amparo sino únicamente que se presuma cierto el acto reclamado, puesto que la Ley de Amparo, en su artículo 149, sólo establece esta última presunción, pero de ninguna manera la de las manifestaciones contenidas en la demanda."****************************************En tales condiciones, si no se advierte prueba de que la parte quejosa es parte en el procedimiento laboral de origen, deviene claro que no se configura afectación alguna sobre el derecho alegado por el peticionario de amparo.****************************************Consecuentemente, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el juicio en términos del numeral 65, fracción V, de la propia legislación.****************************************Es aplicable la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, página 206 (Registro 2006144), que señala:****************************************"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo."****************************************En tales condiciones, toda vez que el acto que se reclama en esta vía no es en sí mismo violatorio de derechos humanos y derechos constitucionales, ni de disposición legal secundaria alguna; lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo.****************************************En esa medida, con base en las consideraciones antes expuestas, debe precisarse que en el caso no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, esto es, no era procedente que el Juez de Distrito recabara oficiosamente las pruebas que estimara necesarias para la resolución del asunto, ya que de la lectura del aludido precepto, se advierte que tal posibilidad se circunscribe a los casos en que deben analizarse pruebas aportadas ante las autoridades responsables, con base en las cuales tales autoridades resolvieron, de modo que en el juicio de amparo el acto reclamado sea estudiado a la luz de ese acervo probatorio.****************************************Sin embargo, como ya se mencionó, en este caso, no se está en ese supuesto, toda vez que al controvertirse una la omisión de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral ********************, es evidente que no pueden recabarse pruebas, sino en su caso, debe la autoridad justificar su omisión.****************************************Se cita la tesis por ser aplicable al caso, con datos de localización, rubro y texto siguiente:********************Registro digital: 171439 ********************Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito ********************Novena Época ********************Materias(s): Común ********************Tesis: I.15o.A.29 K ********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ********************Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 2541 ********************Tipo: Aislada****************************************"INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DE RENDIRLO PRODUCE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA EN CUANTO A LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, PERO NO IMPONE AL JUEZ DE DISTRITO LA OBLIGACIÓN DE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS QUE NO OBREN EN AUTOS. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo señala que cuando no se rinda el informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. Por otra parte, el diverso 78, párrafo tercero, de la misma legislación establece que el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos; lo que indica que tal numeral se aplica sólo cuando la responsable tenga en su poder esa prueba pero no la haya remitido y, por su estrecha vinculación con el acto reclamado, resulta necesaria para resolver sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En ese orden de ideas, es patente que el párrafo tercero del citado artículo 78 establece una obligación para el juzgador de garantías que no se encuentra condicionada por la hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 149, sino relacionada directamente con la establecida en el párrafo segundo de este último numeral, es decir, con aquella en la que la autoridad responsable acepta la existencia del acto reclamado y no remite las constancias relativas a fin de demostrar su constitucionalidad. Luego, en la hipótesis de que la autoridad responsable no rinda su informe justificado, el Juez de Distrito no está obligado a recabar oficiosamente pruebas sobre los hechos que pudieran determinar la inconstitucionalidad del acto reclamado; lo que deja a salvo su facultad para hacerlo voluntariamente, de estimarlo necesario para la resolución del asunto".****************************************Tampoco la suplencia de la queja fundaría la decisión de recabar constancias requiriendo a la autoridad responsable, pues aparte de las razones indicadas, aquella no implica colmar cargas probatorias o procesales dentro del juicio de amparo.****************************************Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 7/2006, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, tomo XXIII, febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro digital 175753, con el epígrafe y texto:****************************************"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo."****************************************Ahora bien, dado el sentido de la presente determinación no se impone a la autoridad responsable la multa que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, no obstante la presunción de certeza del acto reclamado.****************************************Por otro lado, el hecho de que este juzgado no imponga la multa dada la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado no afecta de manera directa el interés jurídico del aquí peticionario de amparo, pues la sanción económica se aplicaría a favor del erario de la Federación y no en su beneficio.****************************************Se comparte en lo conducente, la tesis XX.2o.23 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007, página 2313, Novena Época, con registro digital 173481, que se lee:****************************************"QUEJOSO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR EN LA REVISIÓN LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR NO HABER RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. Si el Juez de Distrito no aplica una multa a la autoridad responsable que omitió rendir su informe justificado, la parte quejosa carece de legitimación para solicitar en el recurso de revisión la aplicación de dicha sanción, ya que tal proceder no afecta de manera directa su interés jurídico, pues la sanción económica se aplicaría a favor del erario de la Federación y no en su beneficio.****************************************Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria.****************************************Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio:****************************************"MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria."****************************************Por lo expuesto y fundado, se****************************************R E S U E L V E:********************ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************en relación con el acto reclamado y autoridad responsable referida en el considerando tercero de la presente sentencia, por las razones y consideraciones jurídicas vertidas en el último considerando del presente fallo.********************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Como del estado procesal que guardan los autos, se desprende que se encuentra transcurriendo el término de quince días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán rinda su informe justificado; en consecuencia, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, con fundamento en el referido numeral, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se DIFIERE para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de junio de dos mil veintitrés. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN FORMULA ALEGATOS. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano