Ethel Nalani Vela Ferruzca
Expediente 1236/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1236/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ethel Nalani Vela Ferruzca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Agréguese a los autos el escrito presentado por la quejosa **********, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada K.Z.A.V.; mediante el cual realiza diversas manifestaciones. En ese sentido, por lo que se refiere a las manifestaciones que realiza el promovente a través del escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrarse la audiencia constitucional, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista Tercero interesado Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal de los autos. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa y las constancias que lo integran, se advierte que aún no transcurre el término de o días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Jueza Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán 2. Imposibilidad legal para su celebración. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo1 , el órgano jurisdiccional podrá diferir o suspender la audiencia, según proceda, cuando no haya trascurrido un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional. En suma a ello, es menester acotar que, en términos de la redacción del citado precepto legal, dicho diferimiento habrá de realizarse a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Sin embargo, en el cuarto párrafo del numeral aludido se establece que los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero "podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Evidenciándose de esta manera la intención del legislador de otorgar a las partes la aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De ahí que, de una interpretación sistemática del contenido íntegro del precepto legal en cita, el órgano jurisdiccional se encuentra facultado para diferir, de oficio, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. Logrando así un debido equilibrio procesal de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."2 Criterio que resulta vigente de acuerdo con los artículos 2173 y sexto transitorio4 de la Ley de Amparo en vigor, al haberse emitido por el Máximo Tribunal conforme a normas de la Ley de Amparo anterior, que resultan sustancialmente similares a las normas correlativas de la Ley de Amparo vigente.5 2. Diferimiento. En consecuencia, a efecto de dar margen a que se cumpla lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 22 de dicho ordenamiento legal, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las diez horas con cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. 3. Por otro lado, se ordena agregar a los presentes autos, el escrito presentado por la quejosa **********, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales K.Z.A.V, mediante el cual realiza diversas manifestaciones y ofrece pruebas, al respecto se acuerda: Por lo que se refiere a las manifestaciones que realiza el promovente, se tienen por formuladas en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciada la prueba documental que exhibe, en todo lo que beneficie a su oferente, así como las documentales que refiere, sin perjuicio de hacer su relación en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista Tercero interesado Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se agrega informe justificado. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jueza Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo informe justificado, con el cual dese vista a las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En ese sentido, el principal objetivo de dicha vista, es respetar el derecho de audiencia del justiciable para: a) que tenga la oportunidad de expresar argumentos tendentes a refutarla; b) hacer notar aspectos no analizados por este juzgado al momento de recibir las constancias; o, c) hacer llegar elementos de prueba para desvirtuar lo manifestado por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, de manera analógica, la tesis XXI.2º.16 K, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN."1 . En el entendido de que de conformidad con el numeral 66 segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, el vocablo "dar vista" o "correr traslado" sólo significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados. 4. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales anexas a su oficio de cuenta, las cuales se admiten y desahogan, en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. 5. Formación de legajo. Finalmente, con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se ordena formar un legajo por cuerda separada para su mejor conservación y posterior uso. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Lista Tercero interesado Lista
- Incidental
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. 1. Se agrega promoción. Téngase recibido el escrito firmado por **********, mediante el cual amplía su demanda de amparo, en contra del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios en Toluca, México y otras autoridades. 2. Admisión. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA AMPLIACION DE DEMANDA DE AMPARO EN SUS TÉRMINOS. 3. Incidente de suspensión. Sin que se tramite el incidente de suspensión por no haberse solicitado en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo y, por no ubicarse los actos en ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 126 y 127 de la ley de la materia. 4. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional a las diez horas con treinta y cinco minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés. 5. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, las que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remita copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, considerando las siguientes directrices: Si algunas de las fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de las que se obtuvieron, entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las fotocopias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles, deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las fotocopias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así deberá realizarlo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 22/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 117 DE LA LEY DE AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO RINDA NO PUEDE REDUCIRSE."1 . En caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De conformidad con los artículos 17 constitucional, 119 de la Ley de Amparo, y 188 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, infórmese a la autoridad responsable que estén en aptitud de aportar como prueba de su parte toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrán adjuntar a su informe justificado el disco compacto (CD) que contenga la resolución reclamada, lo anterior, a la luz del principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. 6. Tratamiento de información clasificada. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de información con tal carácter, ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos de los artículos 101, 104 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sumando a las anteriores, los documentos que en su caso corresponda remitir por parte de la autoridad responsable los cuales deberán contener la leyenda precisada en el artículo 30 del reglamento de la ley aducida, en ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, la misma no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P/J.26/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MAS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LA PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". 2 7. Autorización para las personas actuarias de la adscripción. Se faculta a cualquiera de las personas actuarias de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir el comunicado a ellas dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Con fundamento en la fracción I, párrafo segundo del artículo 28 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que el error o la imprecisión no sustancial en la denominación o en la cita de su nombre que impida individualizarlas o distinguirlas, no será motivo para negarse a recibir el oficio respectivo o para rendir los informes que se soliciten; pues en su caso la persona actuaria al contar con fe pública podrá asentar la denominación correcta atendiendo al principio de economía procesal que debe imperar en los asuntos. Aunado a lo anterior, sí la persona secretaria encargada del asunto le es devuelto un oficio por las mismas circunstancias, éste podrá hacer la modificación a la denominación de la autoridad sin darle vista a la parte quejosa en atención al principio pro actione, ello atendiendo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, los que forman parte del principio a la tutela judicial efectiva, que tiene como objeto evitar entre otros, que el órgano jurisdiccional pueda convertir cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable para la prosecución del proceso, con la única limitante de no afectar garantías procesales de la parte contraria. Por ello ante, el error o la imprecisión no sustancial en la denominación o en la cita de su nombre que impida individualizarlas o distinguirlas, resulta innecesario dar vista a la parte quejosa y obligar al juzgador a realizar actuaciones que afectarían el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el principio de economía procesal. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.3o.C. J/4 (10a.)3 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "PRINCIPIOS DE FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE), DE SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS PROCESALES Y DE CONSERVACIÓN DE LAS ACTUACIONES, INTEGRANTES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU APLICACIÓN EN EL PROCESO.". 8. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa equivalente a treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 9. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. 10. Domicilio. Por otra parte, por lo que hace a la solicitud de autorización de correo electrónico que refiere, dígasele al quejoso que, no ha lugar a autorizar dicho medio de comunicación, ello en atención a que los mismos no se encuentran previstos dentro de los supuestos enunciados en el artículo 26 de la Ley Amparo. 11. Notificación a las autoridades responsables. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificará de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica de Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes ("S.I.S.E."). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."4 . Se autoriza a las personas secretarias adscritas a este órgano jurisdiccional a que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. 12. Notificación a las partes. Se instruye a la persona Secretaria y al Oficial de trámite respectivos, para que se efectúe y corrobore, el contenido y envío inmediato de los oficios relativos. En el entendido de que la responsabilidad tanto del envío efectivo del comunicado de referencia, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en la persona Actuaria de la adscripción. a. En juicios de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir un oficio de notificación, la persona actuaria deberá informarle que, no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que, si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada. b. Incluso cuando las autoridades no tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible que en amparos urgentes tramitados electrónicamente, las notificaciones a las autoridades responsables (previstas a su vez en el precepto 26, fracción II, de dicho ordenamiento) se hagan a través de cualquier medio oficial, incluyendo un "oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica", el cual puede enviarse por correo electrónico institucional. 13. Desechamiento de Incidente de Cumplimiento Sustituto. En diverso aspecto y con relación al incidente de cumplimiento sustituto que promueve el quejoso, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, atendiendo a las siguientes consideraciones. Conforme al párrafo tercero, de la fracción XVI, del artículo 1075 de la Constitución Federal, y 2046 de la legislación de la materia, la incidencia intentada, permite la posibilidad de cumplir la ejecutoria de amparo a través del pago de los daños y perjuicios al quejoso. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que uno de los elementos necesarios para la procedencia del incidente de cumplimiento sustituto, estriba en que resulte desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación; y que para determinar si se actualiza dicho supuesto, debe justificarse si retrotraer las condiciones que prevalecían antes de la violación implica un costo desproporcionalmente mayor que cumplir con la sentencia de amparo de manera sustituta. Resulta aplicable por analogía la tesis P. IV/2016 (10a.), de la Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Para la procedencia del cumplimiento sustituto de la sentencias de amparo, ya sea a petición de cualquiera de las partes o de oficio (caso en el que no existe conformidad de la parte quejosa para que la sentencia de amparo se cumpla de forma diversa a lo que establece), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no dispone de mayores requisitos que el consistente en que la autoridad responsable manifieste la imposibilidad o inconveniencia de cumplir la sentencia de amparo en sus términos o porque se afecte a la sociedad en mayor grado que los beneficios que pudiera obtener o porque sea imposible el cumplimiento en sus términos o desproporcionalmente gravoso. Ahora bien, con la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y que entró en vigor el cuatro de octubre de ese año, el supuesto relativo a la afectación social frente al beneficio del quejoso sufrió los siguientes tres cambios importantes: a) se suprimió el calificativo "gravemente" respecto de la afectación social, lo que supone la flexibilización de esta figura, dado que aquélla podría ser de una entidad menor; b) se excluyó a los terceros como sujetos cuya afectación podría generar el que una sentencia de amparo se cumpla de manera sustituta, de modo que sólo será la sociedad la que se proteja a través de esta figura; y, c) se eliminó el vocablo "económico", que modulaba el beneficio del quejoso, frente al cual se contrasta la afectación social, y esto sólo supone que el beneficio del quejoso no deberá tasarse única o preponderantemente en términos económicos, pues sin duda este criterio deberá seguir considerándose, ya que sería imposible que, de entre los beneficios que obtiene un quejoso con el cumplimiento de la sentencia de amparo, no se encuentre el económico. Se prevé, además, la posibilidad de que se decrete el cumplimiento sustituto cuando las circunstancias del caso impliquen que sea imposible (material o jurídicamente) cumplir con la sentencia de amparo, supuesto que si bien no se encontraba en la Constitución, ya se reconocía en la jurisprudencia. De este modo, el único supuesto introducido con motivo de esa reforma, al tenor del cual se puede decretar el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, es el referente a que resulte desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. Sobre este último aspecto, resulta importante precisar que, para determinar si se actualiza la condición referente a la "desproporcionalidad gravosa", deberá justificarse si retrotraer las condiciones que prevalecían antes de la violación implica un costo desproporcionalmente mayor que cumplir con la sentencia de amparo de manera sustituta. Es importante recalcar que esta condición no se actualizará si se aduce un gasto sólo mayor, ya que se requiere que el gasto que implica cumplir con la sentencia de amparo en sus términos sea mucho mayor que el que implica hacerlo de manera sustituta. Éste es un mandato de optimización para que en el caso del cumplimiento de las sentencias de amparo se aplique un criterio racional a partir del cual se maximice el beneficio individual (derivado de la concesión del amparo) sin sacrificar el beneficio social (representado por el recurso público destinado al cumplimiento de la sentencia de amparo). En este sentido, se autorizará el cumplimiento sustituto del fallo protector cuando el acatamiento en sus términos no cumpla con la condición óptima y, por ende, implique que el quejoso obtenga un beneficio y al mismo tiempo ello se traduzca en un decremento considerable para el Estado."7 En el caso, para efectuar el ejercicio establecido en el criterio citado, es necesario que se dicte sentencia definitiva, para determinar si existe una imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria de mérito y en su caso, establecer la posibilidad de resarcir a la parte quejosa de forma económica, a través del pago de daños y perjuicios; siempre que sea imposible cumplir con la sentencia de amparo, lo que en el caso no es aplicable, pues aún no se ha dictado una resolución definitiva en el presente asunto. En ese sentido, es dable afirmar que no resulta procedente la acción planteada, pues aún no se dicta algún fallo protector a favor del quejoso, como para restituir por medio de la incidencia planteada el goce de los derechos humanos que sufrió. 14. Desechamiento de incidente de repetición de acto reclamado. En otro sentido, el impetrante refiere su intención de denunciar una repetición del acto reclamado, mismo que resulta improcedente con base a los siguientes razonamientos. Es conveniente precisar si bien el artículo 199 de la Ley de Amparo8 , no prevé expresamente los requisitos que deben satisfacerse para efectuar la denuncia, lo cierto y jurídicamente relevante es que constituye un elemento sine qua non, que la denunciante señale expresamente cuál o cuáles son los actos que considera repetitivos del reclamo en la instancia constitucional. Lo anterior, pues a partir de ello, el órgano jurisdiccional estará en condiciones de determinar en principio, la procedencia de su denuncia, y de ser el caso, analizar si constituye o no una repetición del acto reclamado. Ahora bien, en el escrito de cuenta, el promovente señala "[.] APERTURAR INCIDENTE DE REPETICIÓN DE ACTO RECLMADO pues el fallo determinado en la sentencia de amparo fue ineficaz" En ese contexto y como lo plantea el recurrente, se advierte que no se configura la acción de repetición del acto reclamado por los razonamientos que expone, pues estos no revelan expresamente cuál o cuáles son los actos que considera repetitivos aunado a que como se dijo con anterioridad, en el presente sumario no se ha dictado sentencia. En ese sentido, ante la notoria improcedencia de los incidentes planteados, deben desecharse de plano. Con fundamento en el artículo 66 de la ley de amparo. 15. Incidente de violación a la suspensión de plano. Finalmente, respecto al incidente por violación a la suspensión concedida; con fundamento en los artículos 206, 207, 208 y 209, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente señalado; en consecuencia, se fija a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia respectiva. Con copia del escrito con el que se promovió el incidente, córrase traslado a las partes y requiérase a las autoridades responsables, para que dentro de un plazo de tres días, remitan a este juzgado federal, su informe y las constancias con las que acrediten el cumplimiento de la suspensión de plano concedida. Se hace del conocimiento de las autoridades que, en caso de acreditarse el incumplimiento de la medida suspensional, o el exceso o defecto en su cumplimiento, será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Vía electrónica
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