Ethan Nicolas Villalva Hernandez
Expediente 680/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 680/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ethan Nicolas Villalva Hernandez
- ETHAN NICOLAS VILLALVA HERNANDEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, a uno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes en proveídos de siete de abril y cuatro de mayo de dos mil veintidós, para que señalaran las constancias que se tienen que remitir vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, con motivo de los recursos de queja interpuestos en el presente juicio, en contra de los autos de veintinueve de marzo y veintidós de abril del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 99, y 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe justificado, dígase a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, en Turno, que son ciertos los actos reclamados y remítanse los recursos de manera digital a través del sistema de interconexión, para que tenga a bien resolver lo que en derecho proceda. Ahora bien, tal como lo establece el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; que a la letra refiere: "En los casos de la interposición de recursos, los órganos jurisdiccionales del PJF pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, incluida la SCJN, la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Electrónico del PJF"; hágase disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el Tribunal Colegiado que por turno le corresponda conocer de los recursos que se remiten, se encuentren en aptitud de relacionar y consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, en el entendido que en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente requiera las constancias físicas que integran el presente asunto, una vez que lo haga del conocimiento le serán remitidas de inmediato. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia del Coordinador General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, informa que se encuentra a la espera de que el Director General de Programación, Organización y Presupuesto otorgue la suficiencia presupuestal correspondiente. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, cabe destacar que en el presente asunto, del estado procesal de autos, se advierte que desde el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado cuenta con la planilla de liquidación correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno; asimismo, que mediante acuerdo de cinco de noviembre del año inmediato anterior, se cuenta con la suficiencia presupuestal autorizada, y que el diecinueve de enero de dos mil veintidós, el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, remitió la cuenta por pagar número 1000853 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno y desde el diecinueve de enero de dos mil veintidós, se ha requerido la emisión del título de crédito a favor de la parte quejosa, por la cantidad de $284,200.97 (doscientos ochenta y cuatro mil doscientos 97/100 moneda nacional), por concepto de diferencias en nómina de profesionalización, disponibilidad y perseverancia en el servicio, por el periodo comprendido del uno de enero de dos mil dos al treinta y uno de octubre de dos mil quince, esto es, desde hace aproximadamente cuatro meses y medio, sin que a la fecha lo hayan realizado, lo que evidencia su contumacia y renuencia para acatar el cumplimiento de la sentencia de amparo. En efecto, derivado de los múltiples asuntos que se substancian en este Juzgado de Distrito, es un hecho notorio para el suscrito las prácticas dilatorias de las autoridades vinculadas, para retrasar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa, en específico del Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como lo es que ante el inicio del ejercicio fiscal en curso, pretende reiniciar el procedimiento de pago bajo el pretexto de solicitar la planilla de liquidación actualizada, y en consecuencia, evadir el cumplimiento de los requerimientos que le formula este órgano jurisdiccional; actuación que constituye una práctica dilatoria y negligente que obstaculiza y dificulta el cumplimento de la sentencia dictada en autos. Aunado a la mala fe con la que evidentemente se conducen las autoridades aquí requeridas, puesto que, emiten una cuenta por pagar el último día del año inmediato anterior, y que únicamente se encuentra pendiente la elaboración del cheque correspondiente y pagárselo a la parte quejosa, ahora pretenden reiniciar el procedimiento de pago desde el principio, argumentando que necesitan reinicar el procedimiento de pago desde el inicio, dejando sin efectos todos los actos emitidos en cumplimiento al fallo protector, lo que implica prolongar el procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria de amparo en perjuicio de la parte quejosa, sin restituirla en sus derechos violados al no pagarle la cantidad que tiene derecho a recibir con motivo de una sentencia de amparo firme, evadiendo su obligación constitucional de atender lo ordenado por este Juzgado de Distrito y cumplir con la ejecutoria de amparo. Además, si las autoridades mencionadas, ahora requieren una planilla actualizada al presente ejercicio fiscal, es un trámite generado precisamente como consecuencia de su incumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues de haber atendido los requerimientos que se le formularon oportunamente desde el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, ahora no tendría que recabar nuevamente la citada planilla. En ese sentido, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Director General de Programación, Organización y Presupuesto, y su superior jerárquico Coordinador General de Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han sido omisos en coadyuvar con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que no han emitido el título de crédito a favor del quejoso por la cantidad de $284,200.97 (doscientos ochenta y cuatro mil doscientos 97/100 moneda nacional), por concepto de diferencias en nómina de profesionalización, disponibilidad y perseverancia en el servicio, por el periodo comprendido del uno de enero de dos mil dos al treinta y uno de octubre de dos mil quince, el cual les fue requerido mediante acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintidós, y prórroga de once de mayo del presente año, pese a estar debidamente notificadas. En consecuencia, con el objeto de procurar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y restituir plenamente al quejoso en sus derechos, toda vez que ya fue agotada la primera etapa del procedimiento de ejecución de sentencia previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo; y con finalidad de continuar procurando el cumplimiento del fallo protector, con fundamento en el artículo 192 de la referida ley en relación con el artículo 297 fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se REQUIERE POR ÚLTIMA OCASIÓN al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, debe: ? Haber emitido el título de crédito a favor del quejoso por la cantidad de $284,200.97 (doscientos ochenta y cuatro mil doscientos 97/100 moneda nacional), por concepto de diferencias en nómina de profesionalización, disponibilidad y perseverancia en el servicio, por el periodo comprendido del uno de enero de dos mil dos al treinta y uno de octubre de dos mil quince. En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Alonso Antonio Hernández Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.4d 10/02/23 10:54:07 Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 297 fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se REQUIERE POR ÚLTIMA OCASIÓN al Coordinador General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de la vinculada responsable, la conmine a dar cumplimiento al fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la vinculada responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Alonso Antonio Hernández Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.4d 10/02/23 10:54:07 JUICIO DE AMPARO P- 1020/2019-II Apercibidas que en caso de omisión, términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a las personas físicas que ostentan los cargos precisados, una multa por TRESCIENTAS VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Lo anterior, tomando en consideración el tiempo que ha trascurrido en exceso para acatar lo ordenado en el fallo protector dictado en autos, aunado a que el cumplimiento de una determinación judicial constituye una cuestión de orden público, por lo que deben evitarse actuaciones o decisiones que la dificulten. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO ES DE ORDEN PUBLICO DEBIENDOSE EVITAR ACTUACIONES O DECISIONES QUE LO DIFICULTEN O IMPIDAN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107,fracción XVI, de la Constitución, y 105 y 113 de la Ley de Amparo, en cuanto a las medidas que deben adoptarse para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, debe establecerse que éste es de orden público, lo que exige que las decisiones y acciones que se adopten en esa materia, no tiendan a propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a ese objetivo. Por consiguiente, si bien la improcedencia del incidente de inejecución de sentencia se produce cuando existe un acto que entraña un principio de cumplimiento, ello solo resulta aplicable cuando tal situación se presente con anterioridad a la promoción del referido incidente y no cuando ello ocurre durante su tramitación pues, en este caso, en el debe lograrse el pleno cumplimiento de la sentencia y proceder, en su caso, a adoptar las medidas consignadas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución (Época: Octava Época, Registro: 206968, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Materia(s): Común, Tesis: 3a. XCI/91, Página: 99). En ese sentido, no obstante no se desconoce que existe un procedimiento interno que se sigue dentro de dicha dependencia para realizar un pago, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la Alonso Antonio Hernández Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.4d 10/02/23 10:54:07 entrega de recursos monetarios, las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia, por lo que deberá atender el presente requerimiento de forma pronta y completa, en los términos fijados por este Juzgado de Distrito, Apoya lo anterior la jurisprudencia que establece: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. (Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10.) Alonso Antonio Hernández Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.de.4d 10/02/23 10:54:07 JUICIO DE AMPARO P- 1020/2019-II En el entendido, de que no se otorgara ninguna prórroga para atender lo solicitado en el presente proveído, por las razones anteriormente expuestas, por lo que transcurrido el termino aludido, en caso omiso de su parte, sin mayor providencia se hará efectivo el apercibimiento decretado. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director General de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al requerimiento de once de mayo de dos mil veintidós, informa que mediante oficio SSC/OM/DGF/DT/2030/2022 de doce de mayo del año en curso; el Director de Tesorería remitió a la Directora General de Administración de Personal, el contra recibo a favor del quejoso para efecto de que se lleve a cabo su entrega. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a sus autos para que obren como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero y 197 de la Ley de Amparo; así como la tesis P.I/2016 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de agosto de dos mil veinte, en el Semanario Judicial de la Federación, que determina el procedimiento de ejecución de sentencia; se REQUIERE a la Directora General de Administración de Personal la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, acrediten haber realizado lo siguiente: ? Haber entregado al quejoso el contra recibo a favor del quejoso, por la cantidad de $85,080.75 (ochenta y cinco mil ochenta pesos 75/100 moneda nacional), por concepto de veinte días por cada año de servicio, como parte de la indemnización constitucional que le corresponde. Asimismo, con fundamento en los artículos 192, tercer párrafo y 194, ambos de la Ley de Amparo, se requiere; al Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de la Directora General de Administración de Personal de la secretaria citada, lo conmine a cumplir con el fallo protector y remitan a éste órgano jurisdiccional, dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable al cumplimiento del presente requerimiento, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 57/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, visible en la página: 144, de rubro siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.". En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo; con el apercibimiento a todas las autoridades requeridas de que en caso de no hacerlo así, sin causa justificada se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización vigente. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley ya citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior se determina, toda vez que con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto el escrito del autorizado del quejoso, por medio del cual interpone recurso de revisión adhesiva en relación al recurso interpuesto por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese sus autos para obre como corresponda y una vez que se encuentre integrado el recurso de revisión interpuesto en autos remítase el presente escrito al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por Rodolfo Hernández Rodríguez, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, solicita le sea devuelta la copia certificada de la póliza número mil setecientos treinta y cuatro (1734), de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, exhibida en el escrito inicial de demanda; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda. Respecto de su solicitud, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que la persona que promueve fue autorizada expresamente por la parte quejosa, solo para oír y recibir notificaciones, no para suscribir escritos en su nombre y/o representación; esto es, la quejosa no le otorgó las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.
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