Etelvina Ortega Naranjo

Expediente 1224/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1224/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/07/2019

Partes del expediente

  • Etelvina Ortega Naranjo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, se advierte que transcurrió el plazo de 5 días para interponer recurso de queja contra el acuerdo de 11 de julio de 2019 (fojas 9 a 16), que desechó la demanda y la parte quejosa no lo impugnó. 1.- Estado. Se declara que el acuerdo ha causado estado. 2.- Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 3.- Archivo. Archívese el presente por tratarse de un asunto concluido. 4.- Glosa de incidente. No se tramitó. 5.- Clasificación. Principal: Destruible. Original del incidente: No se tramitó. Duplicado del incidente: No se tramitó. 6.- Relevancia. El presente asunto carece de relevancia documental. 7.- Digitalización. Se ordena digitalizar las constancias del presente asunto, a efecto de contar con una copia electrónica para conservar y difundir su contenido. 8.- Transparencia. Al hacerse pública la resolución del presente asunto, deberá suprimirse la información clasificada como reservada o confidencial. 9.- Documentos originales. No existen 10.- Legajo. No existe.

  2. Principal

    7) La autoridad responsable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de quién la representa, en atención al requerimiento formulado el 13 de junio de 2019, informa la imposibilidad jurídica y material que tiene para dar cumplimiento a la suspensión concedida a la parte quejosa, por no encontrarse dentro de su ámbito de atribuciones. Acuerdo. Este Juzgado de Distrito toma conocimiento de lo informado por las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    6) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 11 DE JULIO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, once de julio de dos mil diecinueve. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A. Parte quejosa. *. B. Tercero interesado. No existe. C. Autoridades responsables. 1. Secretario de Educación Pública en el Estado de Puebla. 2. Dirección General de Centros Escolares de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Puebla. D.- Acto reclamado. 1. El acuerdo identificado como oficio *, notificado el dieciocho de junio de dos mil diecinueve. 2. El acuerdo identificado como oficio *, notificado el dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Acuerdo y/o motivación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. Al respecto la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de dichos preceptos, se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos transcritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De los numerales transcritos se pone de manifiesto que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por leyes, actos u omisiones de la autoridad que transgredan derechos humanos, y que se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por lo tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiendo por tal, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o tratándose de un particular, para ser considerado como sujeto de control constitucional, deberá realizar actos equivalentes a los actos antes señalados, y sus funciones deberán estar determinadas por una norma general, lo que no acontece en el presente asunto. Por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame, esto es, examinar si la norma legal lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Sobre este tópico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad en relación con los gobernados, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En esa virtud, estas características no restringen el concepto de autoridad a aquellos organismos que forman parte de la administración pública en sus distintos órdenes (federal, estatal o municipal); se trata de cualquier ente público, en donde se incluyen organismos centralizados, paraestatales, autónomos, cualquiera que sea su denominación. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo ya que para determinar la calidad de autoridad responsable es indispensable analizar: 1.- Las características particulares de aquél a quien se le imputa el acto reclamado; y, 2.- La naturaleza de éste. Bajo tal contexto, no todo acto, aun emitido formalmente por una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. En esa medida, este Juzgador, siguiendo los lineamientos de los criterios invocados, apreciando el caso en particular, estima que la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Administración de la Secretaría de Educación Pública y Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, todos del Estado de Puebla, quienes emitieron y ejecutaron el reclamado, no cuentan con la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Se sostiene lo anterior atento a que los oficios * y *, fueron emitidos con base en la relación de trabajo conformada por el quejoso y las autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, en términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla. En particular los artículos 1, 2 y 3 de la legislación invocada, disponen: "ARTICULO 1°.- La presente Ley es de observancia general para los Titulares y Trabajadores de las Dependencias de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, y para los de los Organismos Descentralizados creados por la Legislatura de la Entidad, que tengan a su cargo la prestación de servicios públicos. Los derechos, prerrogativas, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstas por esta Ley para el Estado y sus trabajadores, se entenderán establecidos también para los Organismos Descentralizados a que se refiere el párrafo anterior y para sus trabajadores, con las modalidades que se pacten en los contratos de trabajo respectivos. ARTICULO 2°.- Trabajador al servicio del Estado, es toda persona que presta a los Departamentos Legislativo, Ejecutivo y Judicial un servicio material, intelectual o de ambos géneros mediante la percepción de un sueldo y en virtud de nombramiento a su favor legalmente expedido o por efecto de su inclusión en lista de raya. ARTICULO 3°.- La relación jurídica de trabajo reconocida por esta Ley, se entiende establecida para todos los efectos legales, entre los trabajadores de base del Estado y los Departamentos Legislativos, Ejecutivo y Judicial, representados éstos por sus titulares respectivos." Las disposiciones transcritas permiten visualizar que el acto reclamado por el quejoso; se circunscribe a la solución de un conflicto de naturaleza laboral con motivo de la relación que mantiene con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, las cuales actúan como patrones o empleadores de aquél en términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio para la Entidad. Entonces, los actos atribuidos a las responsables, pertenecen a la esfera del derecho laboral, en una relación de patrón equiparado, y no al ejercicio de la función pública que también desarrolla la Secretaría de Educación Pública de la Entidad. Por consiguiente, no es dable tener como autoridades responsables en el juicio de amparo a las señaladas en la demanda, bajo los atributos establecidos para el juicio de amparo, dado que los oficios en que se contiene el reclamado derivan de la relación laboral del quejoso con aquéllas. Además, conviene indicar que cualquier conflicto suscitado entre el quejoso con su empleador, como bien pudiera ser el cese de la relación laboral o cualquier otro que viole sus derechos laborales, puede ser controvertido a través de un juicio laboral contemplado en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, como lo establecen sus artículos 76 y 82 en los términos siguientes: "ARTICULO 76.- Para los efectos de esta Ley se crea un Tribunal Colegiado, que se denominará Tribunal de Arbitraje y que se integra con un Magistrado, representante del Estado, designado por el Gobernador; un Magistrado, representante de los Trabajadores al Servicio del Estado, designado por el Sindicato, un Magistrado tercer árbitro, nombre (sic) por los dos representantes anteriormente citados. Este último fungirá como Presidente." "ARTICULO 82.- El Tribunal de Arbitraje será competente: I.- Para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre alguno de los Departamentos del Gobierno del Estado y sus trabajadores..." Por tanto, se concluye que el Secretario de Educación Pública y la Dirección General de Centros Escolares de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Puebla, señalados como responsables en este juicio, carecen de los atributos establecidos en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, motivo por el cual no es dable tenerlos como responsables y menos ante el hecho de que actuaron dentro de la esfera del derecho privado, es decir, en la relación laboral que tienen como patrones frente al quejoso -este con la calidad trabajador educativo-. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que para tal efecto se señala en el escrito de demanda de amparo. Autorizados. Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015 , respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y a fin de evitar que los juicios de amparo queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. Digitalización. Ahora bien, en términos de lo establecido por el artículo 3° y décimo primero transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada o confidencial. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, apercibidas que de no cumplir con lo anterior se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Expedición de copias Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, las que podrán obtener y recoger en cualquier día hábil, en un horario de diez a doce horas con treinta minutos, previa razón de recibo para constancia que se deje en autos. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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